A quien nos lee,
si quieres apoyar nuestro trabajo te invitamos a suscribirte a la edición impresa.

SUSCRÍBETE

La reforma al artículo 3 constitucional aprobada por el Congreso de la Unión en diciembre de 2012 crea el servicio profesional docente. Se trata de un paso de la mayor trascendencia para apoyar el desarrollo profesional de los maestros y dignificar su quehacer. Por las ventajas que representa para los maestros y para el país, la reforma recibió el decidido impulso de las principales fuerzas políticas y de amplios sectores de la sociedad mexicana.

proceso

La reforma es necesaria porque en la actualidad no existe base constitucional para regular la relación del Estado con los maestros de manera diferenciada respecto de los demás trabajadores al servicio del Estado. La sociedad mexicana reconoce que la función magisterial tiene características que le brindan identidad propia y que la distinguen del resto de los servidores públicos. Los maestros, por su parte, piden la aplicación de reglas que sean conducentes al desarrollo de su profesión.
La reforma que da base para la creación del servicio profesional docente consiste en una inserción a la fracción III del artículo 3, que dice:

      

…el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley…

Son cuatro los conceptos clave de este texto: ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia. La evaluación obligatoria acompaña a estas palabras. Para dimensionar las implicaciones de la reforma en el desarrollo profesional de los maestros, conviene analizar cada uno de estos conceptos y el significado asociado de la evaluación obligatoria.

Ingreso
El ingreso al servicio docente debe estar sujeto a reglas claras que den seguridad de que las personas mejor preparadas y con mayores capacidades sean quienes ocupen las plazas. Es una demanda de la sociedad y de la propia profesión docente. Un maestro que ingresa al servicio como resultado de su esfuerzo disfrutará de la satisfacción de su logro, y tenderá a transmitir valores asociados a ese orgullo; un maestro que compra una plaza o la adquiere por herencia ingresa a su carrera con una falta que debilita su función como educador, además de que podría estar ocupando la plaza de otro maestro con mejor preparación.

Debe señalarse que a veces los aspirantes a una plaza, que se han preparado seriamente para obtenerla, no tienen más remedio que comprarla. Ello obedece a fallas en las reglas o en su aplicación. Cuando la autoridad educativa consiente mecanismos viciados para el otorgamiento de plazas, se deja abierto el espacio para que operen intereses distintos al único que debería prevalecer: asignarlas a los mejores candidatos para la función docente.

El país ha avanzado de manera gradual en el propósito de otorgar las plazas docentes —nuevas y, en menor medida, vacantes definitivas— mediante concursos de oposición. Diversas entidades pusieron en práctica esta modalidad desde hace por lo menos 15 años, en la educación básica, además de que también opera en diversos subsistemas de educación media superior. Más recientemente, con la firma de la Alianza por la Calidad de la Educación de 2008 se dio un avance adicional, al crecer la proporción de plazas asignadas mediante concursos. No obstante, éstos siguen abarcando sólo a una fracción de las vacantes que se ocupan, si bien la proporción varía significativamente entre estados. Los maestros y la sociedad observan que hay docentes que logran su plaza mediante concurso, en tanto que otros siguen procedimientos que ya no debieran existir. La reforma al artículo 3 termina con esta dualidad y obliga a todos por igual, sin más privilegio que el mérito para ingresar al servicio.

Un aspecto que necesariamente tendrá que perfeccionarse en los concursos de oposición es la evaluación de los candidatos. En los concursos hoy vigentes los maestros son seleccionados con base en pruebas de opción múltiple. Esta clase de pruebas permite identificar ciertos conocimientos básicos de los aspirantes, pero difícilmente mide las múltiples capacidades que se requieren para ser maestro. Sería muy deseable introducir etapas en los concursos. En una primera etapa se podría seleccionar a candidatos que reúnen los conocimientos básicos; en una segunda, se podrían medir otras capacidades como las de escritura o de comunicación para la enseñanza. Los candidatos así seleccionados se incorporarían a prueba al servicio, y obtendrían la definitividad después de haber mostrado un desempeño satisfactorio durante un periodo razonable. La construcción de procedimientos de esta naturaleza implica cambios culturales importantes, así como sistemas de evaluación que requieren de tiempo para consolidarse. Por ello es necesario cimentar los cambios sobre bases jurídicas sólidas, como las que proporciona la reforma al artículo 3.

Promoción
Los concursos de oposición para la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión reconocen el papel central de quienes desempeñan esos cargos: son los funcionarios que ejercen la responsabilidad de autoridad en el ámbito escolar. En consecuencia, tienen el deber de propiciar un clima de trabajo y un ambiente escolar favorables al aprendizaje; deben coordinar, asistir y motivar a los docentes en su trabajo; realizar los procesos administrativos y de vinculación de la escuela con la comunidad; y diseñar, implementar y evaluar los procesos de mejora continua en el plantel.

Actualmente, el procedimiento para la asignación de puestos en la educación básica no corresponde a un método que garantice que las personas que ocupen los cargos de dirección y supervisión sean las idóneas para esas funciones. Tampoco estimula a quienes desean ocupar esos cargos en razón de su mérito profesional.

El modelo de promociones actual prevé que los ascensos se otorguen en función de los conocimientos, aptitudes y antigüedad. Pero no se cuenta con un sistema de evaluación que permita medir seriamente los conocimientos y las aptitudes. En consecuencia, es muy común que los aspirantes a una promoción acrediten la totalidad de los puntajes posibles en la medición de estos factores; ello equivale a anularlos y que las promociones se terminen dando sólo por antigüedad. No hay duda de que la experiencia puede ser una ventaja importante para ocupar cargos de dirección o de supervisión; pero ello es diferente a suponer que sólo por tener mayor antigüedad se tengan las mejores aptitudes o incluso el derecho a ocupar posiciones para las que otros aspirantes podrían estar mejor preparados.

La reforma al artículo 3 propone “la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan”, sustentada en la evaluación obligatoria, como el criterio central para otorgar las promociones. Por ello, éstas quedarán abiertas a todos los maestros, no sólo para los de mayor antigüedad o para quienes logran puntos por razones que no necesariamente responden al interés de la educación.

Reconocimiento
El reconocimiento de los maestros ha sido planteado por la profesión docente desde décadas atrás. Al incorporarse a la redacción del artículo 3, como parte del servicio profesional docente, adquiere una especial jerarquía. No solamente se trata de una cuestión declarativa, sino de la posibilidad real de construir las condiciones necesarias para mejorar el reconocimiento a los maestros.

Será indispensable que el sistema de reconocimiento para docentes se base en un proceso de medición y evaluación justo y adecuado. Los reconocimientos deben considerar la contribución de los docentes para mejorar los aprendizajes; deben apoyar al docente en lo individual, al equipo de maestros en cada escuela y a la profesión en su conjunto. Además de considerar incentivos económicos y no pecuniarios, los reconocimientos deben de abarcar diversas dimensiones de motivación para el propio docente, al ofrecer mecanismos de apoyo y reflexión sobre la práctica del maestro y el acceso al desarrollo profesional.

Permanencia
Para algunos la permanencia podría ser considerada como el aspecto más polémico de la reforma al artículo 3, en particular porque estiman que una consecuencia de la reforma sería la pérdida del derecho adquirido de estabilidad en el empleo. Sin embargo, tal preocupación no tiene sustento: el nuevo texto señala expresamente el pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación.

Los docentes que estén en servicio cuando entre en vigor la reforma del artículo 3 deben quedar sujetos a las reglas de permanencia vigentes cuando ellos fueron contratados; los nuevos maestros tendrán que sujetarse a las nuevas reglas que la legislación establezca. Pero unos y otros tienen garantizada la estabilidad laboral en los términos de la ley, según las reglas que les resulten aplicables.

En todos los casos la evaluación docente es necesaria y debe estar dirigida al cumplimiento de las obligaciones inherentes de la función que los maestros realizan. En este sentido, habrá que construir criterios, mecanismos e instrumentos de evaluación que permitan una valoración integral, sólida y confiable, del desempeño docente que tenga en cuenta la complejidad de las circunstancias en las que el ejercicio de la función de los maestros tiene lugar. Con la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación como órgano constitucional autónomo, que es la otra parte de la reforma al artículo 3, se construyen las bases para una evaluación técnicamente adecuada de los maestros y de los demás aspectos de la educación nacional.

Asimismo, debe asegurarse que la evaluación de los maestros tenga, como primer propósito, el que ellos y el sistema educativo cuenten con referentes fundamentados para la reflexión y el diálogo conducentes a una mejor práctica profesional. El sistema educativo deberá otorgar los apoyos necesarios para que los docentes puedan, prioritariamente, desarrollar sus fortalezas y superar sus debilidades, como lo señala el artículo quinto transitorio de la reforma. La evaluación debe servir, ante todo, para mejorar la calidad de la educación, no para buscar responsables de fallas complejas que sólo entre todos, mediante un esfuerzo colaborativo, podrán ser corregidas.

La autoridad tiene la delicada encomienda de facilitar y apoyar el ejercicio de los cientos de miles de docentes que cumplen con su responsabilidad. Bajo la premisa de una evaluación justa, pertinente en relación con los distintos tipos de maestros y técnicamente sólida, será posible conciliar la exigencia de la sociedad por el buen desempeño de los maestros, con el justo reclamo del magisterio y de la sociedad que exigen la dignificación de la profesión docente.

La reforma del artículo 3 aún tiene un largo camino por recorrer antes de que surta todos sus efectos. En primer lugar, el Congreso deberá analizar y aprobar la legislación reglamentaria, y posteriormente habrá de crearse el andamiaje institucional que dé sustento a la evaluación que será base del servicio profesional docente. El sistema de evaluación docente debe ser construido mediante procedimientos que aseguren la participación de los maestros en el diseño y desarrollo del sistema. Adicionalmente, serán necesarias otras acciones que atiendan a factores diversos e indispensables para mejorar la calidad de la educación.

El México de hoy presenta nuevas oportunidades y desafíos que la educación debe afrontar. La educación debe responder a las exigencias del acelerado avance científico y tecnológico, de nuevas formas de convivencia y del desarrollo económico y social. Estos cambios significan nuevas demandas a las escuelas y al quehacer de los maestros. La creación de un servicio profesional docente responde a la necesidad de fortalecer el quehacer de los maestros y al propósito de brindarles apoyos para que puedan responder a los retos de la realidad contemporánea.

Carlos Mancera. Socio de la Consultoría Valora S. C.