En la discusión sobre los problemas del mercado de trabajo en México, sobre todo a propósito del debate de la reforma laboral, hay un asunto que a pesar de su magnitud y de ser la principal característica de los empleos en el país, queda relegado a un distante segundo plano: la dimensión de la informalidad.

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No sólo se trata de crear fuentes de trabajo para quienes están desocupados, sino de crear empleos de calidad para los millones de trabajadores que laboran en condiciones de informalidad, en muy distintos ámbitos, en un fenómeno que se ha extendido y que hoy constituye el destino mayoritario de la fuerza de trabajo de nuestro país.

La baja cifra de informalidad que manejan las estadísticas oficiales no refleja fielmente la realidad laboral mexicana. De acuerdo con el INEGI, en el comunicado con que difundió las estadísticas de ocupación y empleo del segundo trimestre de 2012 (dato más reciente) el pasado 10 de agosto, “un total de 14.2 millones de personas, que representan al 29.3% de la población ocupada (proporción que superó a la de igual trimestre de 2011), se encuentran en esta circunstancia, habiendo aumentado en 830 mil personas respecto al dato de un año antes”. Y en una nota al pie de su comunicado el INEGI señala que el sector informal “se refiere a todas aquellas actividades económicas de mercado que operan a partir de los recursos de los hogares, pero sin constituirse como empresas con una situación independiente de esos hogares”.

Se lee entonces que tres de cada 10 trabajadores se encuentran en el sector informal, un dato elevado que, sin embargo, da lugar a pensar que siete de cada 10 ocupaciones en México son formales. Un análisis más detenido de los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del propio INEGI, a partir de los criterios vigentes para medir la informalidad que utiliza la Organización Internacional del Trabajo (OIT), permite concluir que la mayoría de los trabajadores en México se encuentra en la informalidad.
Como se muestra en la tabla 1, en México hay casi 29 millones (28.85) de trabajadores informales, más del doble de los 14.2 millones que señala el INEGI. La enorme diferencia se explica porque el INEGI sigue publicando los datos del “sector informal urbano” tal como fue definido por la 15ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET) de la OIT en 1993. No obstante, la propia OIT, a partir de la resolución relativa al trabajo decente y la economía informal de la 90 Conferencia Internacional del Trabajo de 2002, optó por dejar atrás la mera definición de sector informal para atender al más amplio fenómeno del empleo informal. En consecuencia, desde la 17ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo celebrada en 2003, se utiliza una metodología para medir el empleo formal que considera, por ejemplo, a los trabajadores por cuenta propia que son dueños de sus propios establecimientos del sector informal, a los asalariados que tienen empleos informales aunque estén empleados por empresas del sector formal, así como a los trabajadores domésticos asalariados.

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La tabla 1 es lo que se conoce como la matriz Hussmanns, que permite identificar con precisión qué trabajador, independientemente del tipo de unidad económica donde labore, se encuentra en una situación de informalidad. Así, hay 9.7 millones de trabajadores por cuenta propia informales, la mayoría propietarios de sus negocios (7.3 millones); casi un millón de empleadores del sector informal (954 mil); 3.1 millones de trabajadores sin remuneraciones —que trabajan o no para sus familias—, y 15 millones más de trabajadores que son subordinados pero no cuentan con las prestaciones propias de un empleo formal. En estos últimos destacan siete millones que trabajan para empresas formales y, a pesar de ello, no tienen contrato —son los casos de los trabajadores que laboran para un solo patrón, de tiempo completo, pero cobran por honorarios, por ejemplo—; un millón adicional de trabajadores informales que trabajan para instituciones públicas formales —también los gobiernos emplean a gente de tiempo completo sin contrato—, así como dos millones de empleados —en su mayoría empleadas— domésticos que no cuentan con contrato ni acceso al seguro social.

Como se aprecia, no basta con trabajar en un “changarro” para ser informal. La informalidad no es sólo un “sector” sino es una condición laboral que se ha extendido a todas las áreas de actividad de la economía mexicana, y en la que se identifican micro y pequeños negocios, pero también empresas medianas y grandes, así como las administraciones públicas. Si se toma en cuenta sólo al empleado del puesto ambulante o al vendedor en los cruceros, la cifra de informalidad es alta (30%), pero si se considera a todos aquellos trabajadores que no tienen las prestaciones de ley y son excluidos de la regulación que, entre otras cosas, les permitiría aspirar a tener una pensión al concluir su vida activa, podemos ver que seis de cada 10 ocupados mexicanos son informales, el doble de lo que estima el INEGI (ver gráfica 1).

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Ahora bien, ¿cómo se distribuye la informalidad entre la población trabajadora? Por sexos, en términos generales no hay mayores diferencias con lo que muestran otros indicadores del mercado de trabajo. Por ejemplo, mientras el 61.8% de los ocupados totales son hombres y el 38.2% mujeres, la informalidad se compone por un 61.1% de hombres y un 38.9% de mujeres. Pero el panorama cambia drásticamente según el tipo de actividad, pues la informalidad cuando se presenta en las instituciones formales —en el gobierno, partidos y otros organismos— es mayoritariamente femenina (54.6%) y, sobre todo, en el trabajo doméstico remunerado (93%); en cambio, predomina de manera drástica el empleo informal de los hombres en la agricultura de subsistencia (82.5%) y en las labores agropecuarias por cuenta propia (95.6%).

Por edad, la informalidad afecta de manera acentuada a los más jóvenes (86% entre los trabajadores de 14 a 19 años) y va descendiendo entre los adultos de mediana edad (54% entre los que tienen de 30 a 39 años), para luego repuntar entre las personas de la tercera edad (75.1% de los trabajadores de más de 60 años son informales) (ver gráfica 2).

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También la educación es un factor clave que influye sobre la informalidad, que afecta al 87.6% de quienes no concluyeron la primaria, al 77.7% de quienes tienen primaria completa y al 59.3% de quienes terminaron la secundaria. No es sino hasta que se cursaron estudios de educación media superior y superior que es más probable estar en el sector formal que en la informalidad (34.5%) (ver gráfica 3).

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Los datos anteriores permiten reconocer que los más severos problemas del mercado de trabajo no se reflejarán, como ocurre en otras naciones, en una elevada tasa de desempleo, sino en la amplia extensión de la informalidad. Aquí el desempleo es relativamente bajo (menor que en Estados Unidos y que los países europeos) no porque haya mejores oportunidades de encontrar empleo, sino por el refugio forzoso que representa la actividad informal en un país donde no se cuenta con seguro de desempleo. Como se ha insistido desde hace tiempo: “en México estar desempleado es un lujo que muy pocos pueden darse”. Nuestro desequilibrio laboral mayor se refleja en la informalidad, más que en el desempleo abierto. Hoy en día, la tasa abierta de desocupación, del 4.8%, podría indicar que el 95.2% restante de la población trabajadora se encuentra ocupada en buenas condiciones, aunque se vio que de los que no están desempleados seis de cada 10 están en la informalidad, que es sinónimo de inestabilidad y precariedad laboral.
Como en la informalidad no hay contrato, ni prestaciones, ni despido propiamente dicho —y por ello, no hay indemnización—, ni paga por baja —maternal o por enfermedad o accidente—, estamos hablando de un escenario de plena flexibilidad laboral en el que, insistimos, ya se ubica el 60% de la población ocupada.

Es evidente, por otra parte, que el indicador de “sector informal urbano” que maneja el INEGI se ha quedado corto para medir el fenómeno cada día más extendido de la informalidad, que hoy constituye el destino mayoritario de la fuerza de trabajo en países como el nuestro.

La informalidad no sólo se da en el ámbito urbano, o en pequeños establecimientos sin registro, sino que abarca al empleo que generan las familias y, en un número creciente, al que se produce en empresas formales e instituciones públicas bajo modalidades que eluden las prestaciones legales y la seguridad social para el trabajador.

La propia OIT emitió en 2003 una nueva recomendación para medir la informalidad laboral en este sentido más amplio. Es ésta la definición a la que hoy se apegan las comparaciones internacionales y los marcos estadísticos, y es la utilizada en este texto. Nuestro país, a pesar de haber participado activamente en los grupos técnicos que generaron este nuevo indicador, de tener una encuesta que hace posible el nuevo cálculo, e incluso a pesar de haber aprobado la autonomía del INEGI respecto al Ejecutivo, sigue teniendo como información oficial las estimaciones aferradas al viejo concepto que data de 1993. Hoy día tanto los organismos internacionales, como los investigadores especializados en mercado laboral, e incluso otros organismos internacionales como el Banco Mundial, emplean definiciones de informalidad más amplias que la del INEGI. De hecho, hoy en día sólo la prensa encargada de comentar los boletines del INEGI utiliza las estadísticas de dicho instituto como indicador del trabajo informal en México, lo que confunde a la opinión pública y tiende a dar una imagen distorsionada del mercado laboral.

Si queremos avanzar hacia una discusión más informada sobre la realidad del empleo en México y a decisiones legislativas y políticas que en efecto vayan a los problemas estructurales de nuestro mercado laboral, debemos empezar a trabajar con fuentes estadísticas actualizadas, confiables y rigurosas. El inicio de un nuevo sexenio puede ser un buen momento para dejar atrás las viejas cifras que ocultan más de lo que muestran.

Norma Samaniego. Economista especializada en temas laborales. Ciro Murayama. Economista, profesor titular de la Facultad de Economía de la UNAM.