Ofrezco un breve análisis crítico de un ejemplo sobresaliente de encuesta utilizada para fines diversos: “Observación de la calidad de la jornada electoral 2012”, realizada y difundida por la organización Alianza Cívica.

caprichosa

Dos consideraciones iniciales: una, que el reporte de Alianza Cívica difiere diametralmente de los reportes de otros organismos y misiones de visitantes extranjeros para la observación electoral, tales como los de la Unión Europea, la Organización de los Estados Americanos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (e incluso estudiosos experimentados como Robert Pastor del Center for Democracy and Election Management de la American University) que coincidieron en extender un amplio reconocimiento al ejercicio electoral, a su legalidad, participación, civismo y equidad. Dos, este examen está limitado a lo que la propia Alianza Cívica califica como resultados “preliminares” (a un mes de la jornada, no se había publicado un reporte final). No obstante ese carácter preliminar, los resultados y las interpretaciones de Alianza Cívica han sido utilizados o invocados para “sustentar” acusaciones sobre supuestas anomalías graves que “evidenciarían” una elección de baja calidad y hasta la existencia de un fraude considerable.

La “Nota metodológica” que acompaña el boletín de Alianza Cívica no es clara en varios aspectos críticos para una valoración estadística del ejercicio y sus limitaciones: cuál fue el esquema de muestreo empleado; selección y distribución espacial de la muestra, si ésta fue aleatoria y cálculo de estimadores. Esta organización informa que la muestra consistió en 170 casillas, una fracción de muestreo de alrededor de 0.1% —muy difícilmente representativo del universo completo— y, dentro de ellas, tres mil 170 ciudadanos entrevistados. Las limitaciones propias del esquema estadístico utilizado (o la ausencia de uno pertinente), de ningún modo permiten sostener que los hallazgos de sus conclusiones puedan extenderse a la totalidad del escenario electoral. Esta afirmación se robustece al examinar las supuestas irregularidades detectadas por Alianza Cívica.

Alianza Cívica revisó, inicialmente, la integración y funcionamiento de las casillas y concluye que 4% de ellas no estuvo presidido por el ciudadano que para tal efecto había sido designado y capacitado. Los reportes puntuales del IFE demuestran cifras notoriamente diferentes. Donde Alianza Cívica reporta cinco mil 725 casos “estimados”, en realidad fueron 84 casos. Estadísticamente la diferencia es desproporcionada (96% vs. 99.99%).

Esta organización refiere la presencia “excesiva” e “intimidatoria” de representantes de partidos dentro de las casillas y atrás de los funcionarios de éstas. Parece ignorarse que la ubicación de los representantes de partidos está prevista en la ley y obedece al área disponible dentro de la casilla y al derecho de los representantes de los partidos a cotejar de manera simultánea el procedimiento de identificación de los ciudadanos que acuden a votar. El término “intimidatorio” es un calificativo sujeto a percepciones diversas y discrecionales del propio encuestador, por lo que difícilmente puede ser cuantificable en términos válidos para una estadística seria.

Reporta “graves irregularidades” en torno al secreto del voto, señalando diversos factores entre los que sobresale numéricamente la presencia de niños que acompañaban a votantes. No se reporta que un mismo niño acompañase a adultos diferentes a votar o que informasen a un tercero o alguna conducta sospechosa. En mi opinión, la presencia de niños obedece a que la jornada se lleva a cabo en domingo y es usual que los hijos menores estén con sus padres. Añade que en la “fila había personas hablando”. Resulta difícil caracterizar la conversación entre vecinos como inducción del voto. En todo caso, si estos fenómenos son el sustento de que “21% de las casillas reportó que los ciudadanos no pudieron votar en secreto”, tal conclusión de Alianza Cívica carece de un respaldo estadístico objetivo y serio.

Asimismo, detectó transporte masivo de votantes, calificándolo invariablemente como “acarreo” sin probar que ello se hizo coartando o pretendiendo coartar la libertad de quienes emitirían su voto —que es condición necesaria de la tipificación penal—. Se refieren 24 casos que Alianza Cívica traduce como: “Hubo acarreo en 14% de las casillas en todos los estados”. No hay explicación ni sustento estadístico para esta extrapolación.

El ejercicio de Alianza Cívica refiere también errores de cómputo (“los observadores reportaron 3% de casillas donde se contaron mal los votos”), y no obstante esta baja incidencia, Alianza Cívica lo presenta como: “En el 3% de las casillas no se contaron bien los votos, hubo trampa”. En otras palabras, en ningún caso hubo errores aritméticos, se trató siempre de faltas de mala fe. La dolosa conclusión no merece comentario adicional.

Alude, también, a la presunta compra del voto y en el ejercicio postula dos preguntas: “¿El día de hoy, para que viniera a votar, usted o alguien que conoce fue sujeto a alguna práctica de compra de votos?” (18% contestó afirmativamente); “¿El día de hoy, para que viniera a votar, usted o alguien que conoce le ofreció…?” (14% de respuestas afirmativas). Hay aquí dos deficiencias claras: la primera, extender la pregunta a cualquier conocido del entrevistado (el espectro de respuesta es incalculable); la segunda, haber cruzado dos resultados que no son independientes entre sí, ya que en principio parecen ser la misma pregunta con distinto fraseo para obtener un mismo dato. Sin embargo, concluye que 28% de los entrevistados estuvo expuesto (o conoce a alguien que lo estuvo) a prácticas de compra de voto. Llama la atención el afán de que las “irregularidades” ronden el 25%, porcentaje establecido por la ley para invalidar una elección.

Finalmente, presenta conclusiones generales que poco tienen que ver con lo observado en la jornada electoral, por ejemplo, inequidad en el acceso al financiamiento a los partidos como el factor determinante de los resultados. De ser sólida esta sugerencia, jamás habríamos vivido la alternancia en el poder y las elecciones del año 2000, 2003, 2006, 2009 y 2012 muestran alternancia de partidos en las mayorías legislativas federales y, en dos de tres, en la presidencia de la República.

En resumen, la encuesta de Alianza Cívica ofrece una metodología poco clara y cuestionable, está fundada en una muestra raquítica y una excesiva discrecionalidad en su interpretación. En mi concepto, sus resultados no reflejan la realidad del escenario electoral mexicano. La extrapolación de los hallazgos de Alianza Cívica puede servir para fines personales o de grupo legítimos o no, pero ciertamente no estamos ante un estudio que por su fortaleza metodológica y su adecuada ponderación de resultados pueda contribuir a elevar la calidad de la democracia electoral.

Así como urge realizar una reflexión colectiva, científica, intelectualmente honesta sobre el papel de las encuestas en nuestros procesos electorales, también urge emprender un ejercicio semejante sobre los reportes, interpretaciones y resultados de los organismos y misiones que realizan observación electoral.

Carlos Barros Horcasitas. Actuario. Fue Asesor de la presidencia del Consejo General del IFE para la construcción del Programa de Resultados Electorales Preliminares (1993-1994) y para la difusión preliminar de resultados (2004-2008). En las elecciones de 2012 participó como asesor del IEDF para los Conteos Rápidos y Conteos Dinámicos.