En la mayoría de los países de América Latina el aborto es legal únicamente si es para salvar la vida de la mujer o si el embarazo es producto de una violación. En cinco países —Chile, El Salvador, Honduras, República Dominicana y, hace poco, Nicaragua— el aborto está prohibido de manera absoluta y por cualquier causa. Son pocas las naciones que consideran otros supuestos —razones terapéuticas, malformaciones del producto o causas socioeconómicas—. En la región cada año se practican tres millones 800 mil abortos en condiciones de riesgo (IPPF, 2006). Por eso, más de cinco mil mujeres mueren al año debido a complicaciones relacionadas con abortos inseguros, cifra que corresponde a 21% de las muertes maternas a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que el aborto es la causa primordial de mortalidad materna en Argentina, Chile, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú, y segunda o tercera causa de muerte en Costa Rica, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, México y Nicaragua. La tragedia no acaba ahí. De todas las mujeres que se someten a un aborto en condiciones de riesgo, aproximadamente entre 10% y 50% necesitan atención médica para el tratamiento de las complicaciones. Muertes, infecciones y cárcel son algunos de los riesgos que corren las latinoamericanas al recurrir al aborto clandestino.

Aunque los índices de fecundidad han disminuido en casi todos los países de América Latina debido al notable acceso de las mujeres al uso de anticonceptivos, en el grupo etario de menores de 20 años hay una tendencia creciente de la fecundidad. Por eso se encuentran naciones con una tasa global de fecundidad baja y tasas de fecundidad adolescente moderadas o altas. La maternidad temprana se circunscribe fundamentalmente a los estratos pobres (CEPAL, 2006) y constituye un determinante en la condición de exclusión, discriminación y violencia de las mujeres. En el estrato socioeconómico más bajo en América Latina, el número de jóvenes de las zonas rurales que tiene hijos a los 17 años supera claramente al de jóvenes de esa edad que pertenecen a los estratos urbanos. En otros términos, menos de 5% de las jóvenes urbanas serán madres a dicha edad, en tanto en zonas rurales la incidencia alcanza el 35%, dependiendo del país (CEPAL, 2005). A los 22 años, entre 20% y 35% de las latinoamericanas en los estratos urbanos son madres, en tanto en los estratos rurales esa proporción llega a 60% y en ciertos países a 80% (CEPAL, 2005). El círculo vicioso de maternidad precoz, número de hijos, falta de educación y menor capacitación laboral conforma una “estructura de desventaja” (CEPAL, 2006) que refuerza la pobreza y la desigualdad.

La CEPAL (2006) habla de “la dinámica demográfica de la pobreza” que agudiza las desigualdades sociales iniciales. De esta manera, el tema de la maternidad forzada no sólo abarca a las jovencitas, sino también a mujeres adultas, con dos o tres hijos, quienes no se resignan a llevar a término un embarazo que significará otra boca que alimentar. Pero como la interrupción voluntaria del embarazo se permite nada más en tres países (Cuba, Puerto Rico y Guyana), tanto las jóvenes como las mayores enfrentan los graves riesgos de la clandestinidad del aborto.1

En América Latina el aborto es un problema de justicia social porque las mujeres con recursos económicos abortan sin peligro en los consultorios de sus ginecólogos, mientras las demás arriesgan su salud y sus vidas. No obstante la gravedad de la situación, la decisión de despenalizar esta práctica continúa atorada, soterrada o negada por gobiernos supuestamente democráticos. Pese a contar con el apoyo de un amplio sector de la ciudadanía, la alianza del fundamentalismo eclesiástico con el conservadurismo norteamericano obstaculiza un tratamiento jurídicamente adecuado del problema.2

La agenda de El Cairo y Beijing

Las feministas han emprendido la batalla para que todas las mujeres puedan decidir si son o no madres. En los años noventa, las conferencias de Población y Desarrollo (El Cairo 1994) y de la Mujer (Beijing 1995) de Naciones Unidas, representaron un escenario decisivo en la lucha por la definición de mujer: ¿madre o ciudadana?, ¿receptáculo de una nueva vida o sujeto con derechos? En América Latina el episodio tuvo una dimensión cardinal, pues el Vaticano operó a través de varios representantes oficiales de los países latinoamericanos, muchos de ellos integrantes del Opus Dei. La Santa Sede acudió a la Conferencia de El Cairo con una delegación de obispos, curas y profesionistas, con la firme intención de imponer su agenda teológica en asuntos de población, sexualidad y reproducción. El Programa de Acción de la Conferencia pretendía que se reconociera que el aborto realizado en condiciones ilegales es un grave problema que es necesario enfrentar.3

Este pequeño reconocimiento, que abarcó sólo uno o dos párrafos de un documento de más de 100 páginas que aboga por un desarrollo integral dirigido a erradicar las desigualdades, fue magnificado por el Vaticano como “la imposición de una política criminal de aborto legal” y junto con Irán y Malta no aprobó los capítulos relativos a “Derechos reproductivos y salud reproductiva”. Para la Conferencia de Beijing, la Santa Sede modificó su estrategia y envió una delegación encabezada por una importante jurista norteamericana, conocida por sus posturas antiaborto. Por su parte, un grupo de organizaciones feministas lideradas por Catholics for a Free Choice plantearon una dura revisión al estatuto de la iglesia católica romana en la ONU. Cuestionaron la calidad de observador permanente de la Santa Sede, ya que es el brazo gobernante de una institución religiosa y no una nación, y denunciaron que la norma de imparcialidad y neutralidad a la que aspira Naciones Unidas se quiebra cuando sólo una iglesia posee privilegios que las demás no tienen. La iniciativa, que sigue en pie, decantó en un debate sobre la validez del principio de separación iglesias-Estado en una organización que reúne a los gobiernos de los países (CFFC, 1996).

Pese a todos los esfuerzos del Vaticano, la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing) reafirmó el contenido de El Cairo.4 Además, agregó la recomendación de que los países revisaran las leyes que penalizan a las mujeres cuando se someten a abortos ilegales (párrafo 106 K).

En El Cairo y Beijing el Vaticano se alió con los fundamentalistas islámicos, y no contó con el apoyo del gobierno de Bill Clinton. Pero con la ascensión de George Bush Jr., Karol Wojtyla volvió a tener el respaldo de la administración norteamericana.

La lucha por los no nacidos

Pese a que en América Latina desde principios del siglo XX varios países modernizaron sus códigos penales, permitiendo el aborto terapéutico para salvar la vida y el compasivo/ético en caso de violación (Htun, 2003),5 el Vaticano y los Estados Unidos, aliados en una “campaña a favor de la vida”, han logrado hacer retroceder legislaciones y detener varios procesos liberalizadores. Un caso escandaloso es el de El Salvador, cuya legislación permitía el aborto cuando el embarazo era producto de una violación sexual, cuando la vida de la mujer estaba en riesgo y cuando se detectaba una malformación grave en el feto. En abril de 1997, por la presión del Vaticano y con la participación activa de grupos católicos de derecha, diputados de los partidos políticos ARENA y Partido Demócrata Cristiano (PDC) votaron un proyecto de ley que derogaba las excepciones al aborto del Código Penal (CRLP, 2000). Además, aumentaron las sanciones por abortar e introdujeron el delito de “inducción o ayuda al aborto”. Dos años después se aprobó una reforma constitucional en la que se reconoce desde el momento de la concepción al óvulo fecundado como persona. Y también se introdujo la tipificación penal “lesiones en el no nacido”, que penaliza a quien cause lesiones o enfermedad a un feto.

Otro caso similar es el de Honduras, donde el aborto ocupa desde hace 25 años la segunda causa de egreso hospitalario. También en 1997 se derogaron por decreto los artículos aprobados por el Parlamento que despenalizaban el aborto por razones terapéuticas, eugenésicas y jurídicas. Los retrocesos son producto de una campaña liderada por la iglesia católica a favor del “no nacido”. En la víspera de la Conferencia de El Cairo, el entonces presidente argentino Carlos Menem, propuso a los mandatarios de América Latina reunidos en la IV Cumbre Iberoamericana en Cartagena firmar una condena al aborto. Según Htun (2003), Menem recibió una carta del papa Karol Wojtyla agradeciéndole su iniciativa. Al no lograr su objetivo, Menem instauró el Día del No Nacido. La primera celebración en 1995 reunió en Argentina al arzobispo de Boston, cardenal Bernard Law (posteriomente acusado de proteger a los sacerdotes pederastas) y a monseñor Renato Martino, observador permanente de la Santa Sede ante Naciones Unidas.

Fijada el 25 de marzo —día en que según la iglesia católica se celebra la anunciación a la Virgen María de la gestación del hijo de Dios—, esta fecha ha sido declarada “oficialmente” en Argentina, Costa Rica, Chile, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y República Dominicana.6

La defensa del no nacido llega a extremos absurdos, como ilustran las actitudes de muchos jueces y políticos latinoamericanos católicos frente a la anencefalia. La anencefalia es una alteración del tubo neuronal del feto, que deja el cerebro expuesto, en tanto el líquido amniótico disuelve gradualmente la masa encefálica. La anencefalia no admite tratamiento ni curación posible, y en la mayoría de los casos los fetos no resisten la gestación. Los pocos que llegan al parto mueren pocas horas o días después. En Perú, en 2001, Karen Llantoy, embarazada de 17 años, al tener un feto anencefálico solicitó un aborto que le fue negado: la obligaron a llevar a término su embarazo y a amamantar a la criatura, que murió a los cuatro días. El escándalo social en ese caso derivó en la presentación de una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que resolvió en su periodo 85 de sesiones en 2005 que el sufrimiento por el que pasó Karen fue por omisión del Estado y se determinó que Perú cometió una violación al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (cuyo protocolo facultativo había firmado en 1980) relativa al trato cruel e inhumano. La ONU planteó la necesidad de una indemnización y exigió la adopción de medidas para evitar casos similares (Demus et al., 2005).

En abril de 2004 la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud de Brasil interpuso una demanda ante la Suprema Corte de Justicia de ese país, para que se autorizara el aborto a las mujeres que llevan un feto anencefálico. Cuatro meses duró el permiso provisional que otorgó un ministro, hasta que, argumentando que el instrumento jurídico para esa resolución no era el adecuado, la Corte Suprema decidió cancelarlo (en octubre de 2004). Las palabras pronunciadas en esa ocasión por el juez Cesar Peluzo condensan la postura católica ante la vida intrauterina, pues arguyó la necesidad de “preservar la dignidad de la vida intrauterina, independientemente de las eventuales deformidades que el feto pueda presentar”. Al ser confrontado con que la anencefalia no permite sobrevida, contestó: “no me convence el argumento de que el feto anencéfalo sea un condenado a muerte. Todos lo somos, todos nacemos para morir” (Diniz y González Vélez, 2006). Mientras en Brasil el tema sigue siendo objeto de debate, en otros países sólo se acepta interrumpir legalmente el embarazo de un anencefálico cuando existe la causal de malformaciones del producto.

Recurrir ante instancias multilaterales como el Comité de Derechos Humanos de la ONU o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido un mecanismo usado por las feministas.7 En México, Paulina, a punto de cumplir 14 años, quedó embarazada después de una violación (GIRE, 2000).

Cuando solicitó la interrupción legal a que tenía derecho, el director del hospital la llevó con un sacerdote para que la convenciera de no abortar.

Ante la firme decisión de la adolescente el funcionario amedrentó a la madre de ésta, diciéndole que su hija podía perder la vida en la intervención. Asustada, la señora sacó a Paulina del hospital. Paulina parió un niño y tuvo que dejar de estudiar y entrar a trabajar, pues la familia no contaba con los recursos necesarios para mantener una boca más. Como las autoridades de Baja California no quisieron cumplir con la recomendación de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de ese estado, ni con la emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Paulina, acompañada por representantes de organizaciones feministas, emprendió una batalla legal para que el Estado reparara el daño ocasionado (GIRE, 2004). EL caso se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, con miras a llevarlo a la Corte Interamericana de Justicia. Finalmente, la Secretaría de Relaciones Exteriores medió y logró un acuerdo de solución amistosa. Seis años después, el gobierno bajacaliforniano aceptó que había obstaculizado el derecho de la adolescente al aborto legal por violación, e hizo un reconocimiento público de responsabilidad donde, entre otras cuestiones, la Secretaría de Salud se comprometió a elaborar un comunicado para los servicios estatales de salud explicando que tienen la obligación de prestar de manera clara y expedita los servicios de interrupción legal del embarazo.

El desenlace del caso Paulina sienta un precedente alentador para la región, pues exhibe que al negar a una mujer la opción de un aborto legal se interfiere su derecho a decidir sobre un asunto que tiene enormes implicaciones para su libertad personal.

Feministas vs. gobiernos

Si, como dice Manuel A. Garretón (2001), “la democratización ha sido vivida en América Latina como un proceso que unificaba los principios éticos de igualdad y libertad”, no es de extrañar que las latinoamericanas persistan en plantear la despenalización del aborto como uno de los asuntos principales en la agenda democrática. Los derechos reproductivos suponen libertad e igualdad: libertad para decidir e igualdad de acceso a la educación y a los servicios médicos. Pero para que esta libertad de decisión realmente pueda ser ejercida se requiere la existencia de un Estado laico que no admita imposiciones religiosas a la decisión ciudadana. Por eso para las feministas no basta con exhibir los usos y costumbres en materia de presión eclesiástica: se requiere una acción más comprometida en defensa de la laicidad del Estado. Por ello el laicismo cobra cada vez mayor importancia en el discurso feminista.

Así, durante la reunión “El aborto en América Latina y el Caribe, los derechos de las mujeres frente a la coyuntura mundial”, en Río de Janeiro en 2001, se aprobó la Carta de Guanabara, que señala: “Para que se consolide una vida social democrática es preciso que mujeres de todas las clases, razas y etnias, de todas las edades, de todas las culturas, con distintas religiones y diversas orientaciones sexuales, puedan controlar sus cuerpos y tomar decisiones que deben ser respaldadas por un Estado laico. Exigimos la despenalización del aborto como cuestión de ciudadanía y justicia social” (Guanabara, 2001).

En Colombia, por tener un concordato con el Vaticano, se prohibía el aborto. La reforma constitucional de 1992 eliminó el concordato y sentó las bases para que una abogada feminista planteara una acción de inconstitucionalidad y consiguiera, finalmente, que las mujeres puedan abortar cuando un embarazo amenaza su vida o su salud, en casos de violación y/o cuando se presenten malformaciones del feto (Roa, 2006).

En Chile, en cambio, no se ha podido avanzar desde que en 1989, durante las últimas semanas de la dictadura militar de Pinochet, fue eliminada la excepción del aborto terapéutico, que había estado permitido desde 1931 por el Código de Salud. Como en Chile la relación de las feministas con la iglesia católica ha sido compleja, pues durante la dictadura de Pinochet aquélla jugó un papel importante de defensa de los derechos humanos y protección a los perseguidos políticos, se han sentido maniatadas para enfrentarse abiertamente a la jerarquía eclesiástica, pese a que Chile es de los escasos países donde se encarcela a las mujeres que abortan (CRLP, 1998).

En el panorama latinoamericano incluso en sociedades con menos compromisos con la Iglesia, gobiernos democráticos y de izquierda siguen la política del avestruz. Tal es el caso de Uruguay, sociedad laica si las hay en América Latina. Desde la reinstauración democrática en 1985, cada periodo legislativo se presentaron distintos proyectos de ley que proponían desde la despenalización total hasta diversas formas para garantizar y regular la práctica del aborto. En 2002 la Bancada Femenina, integrada por diputadas de distintos partidos miembros de la Comisión de Género y Equidad, desempolvó las cuatro iniciativas que existían en el Parlamento y las presentó a la Comisión de Salud. El tema generó uno de los debates de mayor nivel y participación ciudadana de los últimos años en Uruguay (Abracinskas y López, 2006). En ese marco fue creada la Coordinación Nacional para la Defensa de la Salud Reproductiva, una alianza estratégica sin precedentes conformada por organizaciones feministas, sindicales, religiosas, profesionales, de derechos humanos, de diversidad sexual y de jóvenes, a la que se sumaron declaraciones públicas de adhesión de la Universidad de la República y del Sindicato Médico del Uruguay (Carbajal, 2006). Finalmente, se elaboró un proyecto de ley que habilita la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas de gestación si la mujer así lo decide, extiende el plazo hasta las 24 semanas por malformación fetal y no fija plazo cuando esté en riesgo la vida de la mujer. El proyecto se aprobó en la Cámara de Diputados el 10 de diciembre de 2002 con una ajustada mayoría: 47 votos a favor y 40 en contra.

Cuando la iniciativa se discutiría en el Senado, la iglesia católica desplegó una estrategia de presión a través de cartas y llamadas personales a los parlamentarios; presiones a los hijos de legisladores que iban a colegios católicos y, no podía faltar, transmisión del video amarillista de Pro Vida. El gobierno de Estados Unidos envió faxes de congresistas estadunidenses a todos los despachos de los senadores instándolos a no cometer “el mismo error que se había cometido en Estados Unidos en 1973, que permitió el infanticidio de miles de millones de niños” (Carbajal, 2006a).

Días antes de la votación se sumó al debate el arzobispo de Montevideo, Nicolás Cotugno, declarando que ningún legislador cristiano podía votar en favor de la ley en cuestión. Aludiendo al atentado terrorista ocurrido semanas antes —el 11 de marzo de 2004— en España, agregó: “¿Qué diferencia hay entre un joven de 18 años que vuela por los aires despedido de un tren en Madrid a consecuencia de kilos de dinamita, y un ser humano de dos meses de gestación que está dentro de su madre, meten una pinza que le aplasta la cabeza, lo sacan a pedazos y lo tiran a un tacho de basura?” (Carbajal, 2006).

El entonces presidente Batlle se comprometió ante el Vaticano a vetar el proyecto en caso de que fuera sancionado. No fue necesario: año y medio más tarde la iniciativa fue rechazada en el Senado por 17 votos en contra y 13 a favor. Margarita Percovich, senadora por el Frente Amplio, declaró: “Si al proyecto no hubiera que aprobarlo levantando la mano y la votación fuera por voto secreto, la mayoría lo votaría” (Carbajal, 2006).

En 2004 el triunfo de la izquierda en las elecciones presidenciales despertó nuevas esperanzas. Durante la campaña electoral el hoy vicepresidente Rodolfo Nin Novoa se comprometió, en diálogos públicos que mantuvo con las feministas, a que iba a ser uno de los primeros proyectos que se aprobarían en el Parlamento. Sin embargo, la sorpresa fue mayúscula cuando el socialista Tabaré Vázquez anunció que mientras él fuera presidente de la República no habría una ley de despenalización del aborto, y si el Parlamento la llegara a aprobar él la vetaría.

Pulgas necias

En cada país las feministas han trabajado arduamente para conseguir que las mujeres tengan acceso seguro al aborto. Unas han creado organizaciones específicamente para ello, y otros grupos se han centrado en el trabajo de base con organizaciones populares. Una vertiente distinta pero muy productiva ha sido acercarse al personal de Salud, pues este sector se ha mostrado especialmente sensible respecto al tema. Un ejemplo paradigmático es el de Brasil. En 1998, durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, el secretario de Salud brasileño, José Serra, expidió una norma técnica para el tratamiento de las víctimas de violencia sexual en todos los hospitales públicos, incluyendo el acceso al aborto. Hoy en día, gracias a la labor de la Sociedad de Ginecólogos de Brasil, basta que una mujer diga que su embarazo es producto de la violencia para que sea atendida, sin que se le requiera la presentación de denuncia policial.

En la actualidad hay una cantidad de iniciativas y acciones que los grupos feministas impulsan en sus diferentes países. Además, existe una Coordinación Regional de la “Campaña 28 de septiembre por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe”, que se impulsa en 21 naciones y que trabaja bajo los lemas “Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir” y “Las mujeres deciden, la sociedad respeta, el Estado garantiza y la Iglesia no interviene”. Una de sus tareas es la reconceptualización discursiva del aborto como un derecho humano de las mujeres.

El aborto ha sido planteado como un derecho a la autodeterminación reproductiva, vinculándolo al principio más amplio de autonomía corporal que es el derecho a la integridad física. Pedro Morales Aché afirma que: “Atendiendo a la indivisibilidad e integralidad de los derechos humanos, resulta obvio que los derechos reproductivos participan tanto de la naturaleza de los derechos civiles y políticos (que básicamente requieren abstenciones estatales), como de la naturaleza de los derechos económicos y sociales (que generalmente presuponen la realización de actividades prestacionales)” (Morales Aché, en prensa). Sí, aceptar el aborto como un derecho reproductivo implica, simultáneamente, un establecimiento de servicios públicos por parte del Estado y una abstención de intervención en las decisiones íntimas de la ciudadanía.

Para ello hay que ir a la raíz del problema: mujeres y hombres somos iguales como seres humanos, pero distintos como sexos. Por eso es indispensable contar con una perspectiva que comprenda el derecho de las mujeres a esa diferencia. En ese sentido va la reflexión del jurista italiano Luigi Ferrajoli (1999), quien sostiene que “la prohibición del aborto equivale a una obligación: la de convertirse en madre, soportar un embarazo, parir, criar un hijo” (1999: 85). Por lo tanto, para subsanar las discriminaciones producidas por la diferencia sexual, entre las que destaca la instrumentación de las mujeres como medio de reproducción, él propone la elaboración de ciertas garantías sexuadas, que justifican tratamientos diferenciados en todas las ocasiones en que un tratamiento igual penaliza al sexo femenino. “La diferencia sexual debe traducirse en derecho desigual o, si se quiere, sexuado” (1999: 85). Para Ferrajoli la existencia de un derecho fundamental que corresponde exclusivamente a las mujeres —como el de la maternidad voluntaria— y la instauración de nuevas y específicas garantías sexuadas no es suficiente para poner en crisis el valor del principio de igualdad, ni para estar fuera del paradigma de la igualdad.

No obstante el trabajo de argumentación jurídica encaminado a poner al día los avances en la teorización del derecho a la diferencia, en el mundo político existe una resistencia a comprender qué significa despenalizar el aborto en relación con el desarrollo y la vida democrática. Pese al claro vínculo que hay entre desarrollo y libertad personal, los gobiernos latinoamericanos siguen sin asumir la importancia de que las mujeres tengan el control de sus cuerpos. Aunque la disputa por el aborto permea cada vez más la política, agencias internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que llegaron a condicionar sus préstamos a los gobiernos latinoamericanos a que éstos tuvieran “perspectiva de género”, han guardado un silencio cómplice en relación a las tragedias que ocasiona la penalización del aborto. Sólo algunas instancias de la cooperación internacional siguen comprometidas con el apoyo a los grupos que sostienen las batallas contra el fundamentalismo católico.

Algunas de estas voces se dejaron oír este 25 de octubre en Nicaragua. A una semana de las elecciones presidenciales y ante la inminente reforma que cancelaba el aborto terapéutico (vigente desde 1893), un grupo de diplomáticos de las Naciones Unidas y de la Unión Europea (entre los que destacan la embajadora de Suecia, el representante del PNUD, la embajadora de Finlandia, la representante de la Unión Europea y el jefe de la cooperación de Canadá) mandaron a los congresistas una carta dirigida al presidente del Congreso, Eduardo Gómez, y solicitaron a los diputados una reunión para “dialogar y hacer una reflexión profunda y no apresurada sobre el aborto terapéutico, antes de la decisión final que vayan a tomar”. Huelga decir que el Congreso no les hizo caso y el 27 de octubre de 2006 fue aprobada en Nicaragua la cancelación del aborto terapéutico con el voto de 52 de los 90 diputados, ninguno en contra y cero abstenciones (el resto de los congresistas no asistió o se ausentó en el momento de votar).

De espaldas al debate internacional sobre el estatuto jurídico del embrión, ciegos a las consecuencias criminales de sus decisiones, los políticos y legisladores latinoamericanos insisten en alimentar el desencanto de millones de ciudadanas con el proceso democrático en sus países. Si bien es evidente que los gobiernos latinoamericanos no ven el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos como un elemento fundamental de su idea de desarrollo integral, sorprende que ni siquiera se planteen acabar con la “estructura de desventaja” que implica la maternidad vivida no sólo como coerción a la autonomía personal sino también como restricción educativa y laboral. Como la libertad reproductiva no les parece a los políticos un derecho a ser defendido, les irrita la insistencia de las organizaciones feministas que lo exigen. Por eso no consideran a las activistas como socias en la construcción de una cultura de corresponsabilidad entre gobierno y ciudadanía, ni se dan cuenta de que la participación ciudadana contribuye al saneamiento democrático de la política. De ahí que los gobiernos avestruces se quejen de que las pulgas feministas pican.

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