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Amor y odio por el viejo
y el nuevo orden

Los síntomas médicos de la depresión en las personas son: tristeza, decaimiento, irritabilidad y otros que hacen perder la autoestima. Los países pueden sufrir síntomas similares bajo lo que podríamos llamar el síndrome de la decepción democrática; esto resulta de la crisis de expectativas que provoca la relación entre el volumen de demandas y el tiempo de cumplimiento de éstas. Cuando se descubre que la democracia es incertidumbre, diferencia, debate y mecanismos complejos para tomar decisiones, se produce una nostalgia inconsciente por los mecanismos autoritarios del pasado.

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En las teorías sobre la democratización, se dice que el autoritarismo está hecho de procesos inciertos con resultados ciertos, y la democracia de procesos ciertos con resultados inciertos. Mientras las sociedades no aprenden a lidiar con la incertidumbre y a entender que los progresos en democracia son sólidos, pero relativos, graduales e imperfectos, una parte de sus ciudadanos considera que todo está mal, no distingue entre gobierno y Estado y entre la política partidista y el interés nacional. Muy a pesar de que México tuvo una de las transiciones democráticas más suaves del mundo, no quedó exento de padecer nostalgias, confusiones, criticismo autoflagelante y pérdida de perspectiva.

En buena parte, las visiones extremas en el debate sobre la lucha contra el narcotráfico y la seguridad tienen mucho que ver con la decepción y la nostalgia, en las cuales, simultáneamente, se odia y se ama tanto al viejo como al nuevo orden. Hay nostalgia por el México que se perdió y que supuestamente ya no se quería y decepción por el México democrático que se ganó y que supuestamente se anhelaba. Las posiciones en el debate sobre la seguridad no son todas del mismo signo, y se mueven desde la exageración hasta el reduccionismo. Desde los que ven el peligro de Estado fallido y creen que no se puede hacer nada, hasta los que piensan que el gobierno se inventó el problema y que en realidad no se debió hacer nada. La crisis de seguridad de México tiene mucho que ver, como ha ocurrido en otras partes, con su transición a la democracia. No es fácil pasar de una seguridad basada en el derecho del Estado a una basada en el Estado de derecho.

No se debe ignorar ni exagerar
el problema

Bajo el régimen que se conoció como “autoritarismo incluyente”, México tenía una seguridad basada esencialmente en el control social que generaba su sistema corporativo en el que se relacionaban estrechamente Estado, partido y organizaciones sociales. Este control social que producía mucha inteligencia desde abajo de forma natural, era apoyado por una coerción moderada pero sin control y la justicia no constituía un poder relevante. El control social es el mejor mecanismo para crear seguridad porque funciona preventivamente desde los ciudadanos, es una inteligencia muy eficiente para detectar delincuentes y prevenir delitos. Obviamente, existen sistemas de control social democráticos basados en la interiorización de la ley, como en Gran Bretaña con los “vecinos vigilantes”, y también otros antidemocráticos basados en el fanatismo ideológico, como los “comités de defensa de la revolución” en Cuba.

Si la seguridad en México estaba basada en el control social y en una coerción sin control, nadie veía problema en que las policías fueran mal pagadas, poco preparadas y corruptas. Con la transición, la coerción pasó a ser controlada, la Justicia se volvió relevante y el control social se desmontó porque la llegada del pluralismo rompió la relación partido-Estado-organizaciones sociales y no ha sido sustituido por un control social democrático que funcione desde la diversidad de pensamiento. En esa condición, el bajo nivel de preparación de las policías y la corrupción pasaron a ser un gran problema. Todo esto coincidió con que México se volvió la principal ruta de la droga hacia Estados Unidos, y con ello el narcotráfico transitó de delito irrelevante que corrompía algunas instituciones a poder fáctico que compite con el Estado a partir de tener poder financiero, ejército propio, fuerza social, narco-cultura y territorios que gobierna con la ley de “plata o plomo”.

México no puede ignorar el problema, pero tampoco exagerar su dimensión. La situación es grave, pero no tan grave como la contaminación política y social que inundó a Colombia; tampoco es una explosión mafiosa como la de Rusia. En Colombia el narcotráfico creció durante un periodo en que la tolerancia era universal, ni los Estados Unidos veían a la droga como amenaza. Luego se mezcló, por razones ideológicas, financieras y territoriales, con un conflicto que ya existía entre la insurgencia (FARC) y la contrainsurgencia (paramilitarismo), y todo esto le abrió las puertas a una modalidad de narco-política. En Rusia no existía el capitalismo, y como resultado de la transición se desmontó un descomunal aparato militar policial y se abrió una economía de mercado, ambas cosas dieron oportunidad a formaciones mafiosas de gran escala. En Latinoamérica sólo Cuba representa un peligro potencial similar al de Rusia. En México no se ha desmontado ningún aparato policial militar a la escala de Europa del Este, existe una economía capitalista muy potente que supera por mucho a la del narcotráfico, y las drogas no tienen una relación ideológica estructural con la política como en Colombia, su impacto ha sido esencialmente a nivel local. No hay en México un involucramiento de las elites económicas y políticas: una cosa es que éstas se hayan podido beneficiar del llamado “capitalismo de compadres” y de la “corrupción estatal”, y otra es querer convertirlas en cómplices del narcotráfico.


El debate no es sobre estadísticas

Algunos analistas han tratado de centrar la discusión en las estadísticas sobre consumo de drogas, violencia y corrupción en las policías. Quienes sustentan este argumento dicen que estos tres problemas no habían empeorado al inicio del actual gobierno, cuando éste se decidió a confrontar al narcotráfico, por lo que la situación era “normal” y no ameritaba la estrategia de combate frontal que se emprendió. Sin embargo, el punto central de esta discusión no son las estadísticas —que sirven más bien de apoyo para sostener un argumento— sino sobre la pertinencia de aceptar como “normal” que en México existieran lugares donde los criminales tenían más poder que el Estado y donde la violencia se había vuelto cotidiana. Se estaba aceptando también como “normal” que aumentara exponencialmente la droga en las calles en virtud de que los cárteles fomentaban el consumo pagando internamente con ella. Para un país como México, con una clase media urbana grande y creciente, más droga en la calle significa mayor riesgo de consumo, presente o futuro. Las pandillas dedicadas al narcomenudeo echan raíces profundas en la pobreza urbana, son más peligrosas, más violentas y mucho más difíciles de controlar que el narcotráfico, tal como lo demuestra la experiencia en las grandes ciudades de Brasil.

Algunos prestigiosos intelectuales piensan que México debería evitar la confrontación con los cárteles y hacer lo mismo que Estados Unidos: administrar el problema y considerar a las drogas un asunto de salud pública. El problema es que son realidades completamente distintas: Estados Unidos tiene menos pobres, es fundamentalmente consumidor de drogas, posee instituciones fuertes y niveles elevados de cultura cívica en sus ciudadanos. México, por el contrario, tiene muchos pobres, produce, exporta y consume drogas, sus instituciones son débiles y existe una cultura de ilegalidad ampliamente difundida entre sus ciudadanos. Esta asimetría de problema menor con mejores defensas, frente a un problema mayor con bajas defensas, vuelve inviable el modelo estadunidense en México y en cualquier país del tercer mundo.

La idea de que países con debilidades institucionales y pobreza económica, social y cívica, pueden convivir con grupos criminales sin que éstos aumenten su poder social y territorial es muy ingenua. Estados Unidos no ha tenido infiltraciones de los narcotraficantes en el FBI o en la oficina del fiscal general. En México los cárteles ya habían penetrado la Policía Federal, la Procuraduría General de la República y habían cooptado instituciones policiales completas. Una política de indiferencia frente al narcotráfico pondría a México en la misma línea de Venezuela, que por no ocuparse del problema se está convirtiendo en un territorio narco. Igual puede pensarse de los problemas que le sobrevendrán a Bolivia, que en vez de luchar por lograr la corresponsabilidad con Estados Unidos decidió expulsar a la DEA de su territorio.

La lucha por la despenalización debe darse en Estados Unidos,
no en México

Mientras los países ricos consumidores mantengan las drogas en la ilegalidad habrá violencia y crimen organizado en los países que las producen y trafican; esto es injusto, pero por ahora insoluble. Los avances en la despenalización de la mariguana son positivos, pero insuficientes. Esto no es sólo un asunto de buena voluntad de los gobernantes. No habrá cambio por razones éticas: los países consumidores modificarán su posición cuando las redes de distribución callejera les generen niveles intolerables de violencia, porque sólo así se volverá entendible el tema para sus electores.

Despenalizar requiere un acuerdo internacional simultáneo en los países ricos consumidores y en los países de producción y tráfico. Hacerlo sólo en países de producción y tráfico —que tienen más oferta que demanda— fortalecería al crimen organizado en éstos, porque el diferencial de precios mantendría la exportación ilegal como la actividad más rentable. Por otro lado, estos países se verían también afectados por un aumento en el consumo, es decir, no resolverían un problema, les crecería otro. Si los gobiernos de Colombia o México cambiaran de estrategia pasando a demandar la despenalización internacional de las drogas en vez de continuar combatiendo el narcotráfico, no sólo enfrentarían graves problemas en su relación con Estados Unidos, sino que su propia seguridad colapsaría. Este cambio daría legitimidad y fuerza a los cárteles; desmoralizaría a los policías y soldados que están arriesgando sus vidas enfrentándose a los narcotraficantes; borraría la contención moral de la sociedad frente a las organizaciones criminales; más gente se sentiría tentada a entrar en el “negocio” y los funcionarios locales y federales perderían incentivos para luchar y los ganarían para corromperse. No estamos hablando ni de Holanda ni de Suecia, que son países donde la ley tiene un gran peso moral en sus ciudadanos, sino de países donde la ley no está interiorizada; tampoco estamos hablando de abrir espacio a pacíficos empresarios, sino a El Chapo, La Barbie, El Teo, El Mochomo, El Chango, El Barbas y muchos otros delincuentes. En parte la brutal resistencia que hizo Pablo Escobar se fundó en que siempre mantuvo la esperanza de que cuando la cocaína fuera legal él se convertiría en un gran empresario. Pero Pablo Escobar nunca fue un empresario, sino un terrible asesino.

La inexistencia de una clara definición pública de combate al narcotráfico contribuye al desarrollo de una ética delictiva en ciudadanos y servidores públicos, facilitando que los cárteles infiltren instituciones al más alto nivel. Esto ocurrió en el pasado en México y Colombia, es lo que ha pasado recientemente en Guatemala y lo que está ocurriendo ahora en Venezuela. Nuestros países no tienen, entonces, más opción que combatir al narcotráfico. Una cosa es que algunos estemos intelectualmente de acuerdo con la despenalización y otra es pensar en la viabilidad de esa política en este momento. Sólo la despenalización internacional simultánea impediría una explosión criminal, a partir de regulaciones de seguridad, inversiones legítimas y planes para combatir las adicciones y reducir la expansión del consumo. La batalla por la despenalización de las drogas es una buena causa y un importante frente de lucha para ex presidentes y grandes líderes de opinión, pero esa lucha debe librarse en Estados Unidos y Europa, no en México o Colombia, porque quienes están gobernando estos últimos países no tienen más opción que enfrentar al narcotráfico.

Se vivía una paz ficticia

Emprender una lucha contra el narcotráfico en México, así se le llame “controlar daños colaterales” o “guerra frontal”, no era una opción entre varias; el uso de la fuerza era inevitable, porque ya no era posible obviar la impunidad cínica de los cárteles. Éstos se han convertido en una clase social de nuevos ricos que demanda legitimidad y reconocimiento a través de la violencia, el crimen y la muerte. Al acumular dinero tratan de entrar a la economía legal y obligan a que empresarios legítimos les vendan propiedades. La economía formal se corrompe con la entrada de criminales que hacen “negocios” matando, extorsionando y secuestrando. De esta forma se han vuelto grandes terratenientes en Guatemala. En Colombia pretendieron entrar en los clubes sociales de la clase alta. Comienzan matando para ajustar cuentas entre ellos y terminan matando a cualquiera por diversión.

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Es ilógico pensar que fue la intervención del gobierno federal la que provocó la violencia, ésta ya estaba enraizada en la sociedad y era una bomba que ya no se podía desactivar. México vivía una paz ficticia, es imposible que una violencia tan organizada y sistemática y al mismo tiempo tan irracional y brutal, surja espontáneamente por reacción. Es muy positiva la indignación y demanda por el fin de la violencia, porque lo peor que le puede pasar a una sociedad es que se acostumbre a los muertos. Pero no se puede vivir en paz si al mismo tiempo se acepta convivir con criminales. Es fundamental demostrarle a la gente que el poder coercitivo del Estado es más fuerte y eficaz que el poder de intimidación de los cárteles, y esto no es tan fácil. Represión y prevención son ambas importantes, la sola prevención no resuelve; en Venezuela Chávez ha realizado enormes inversiones sociales en los mismos barrios donde la violencia y el crimen se han multiplicado exponencialmente desde que él llegó al gobierno. El problema es muy complejo y los planes para atenderlo van desde lo represivo hasta la atención a problemas sociales, creación de capital social vía cultura de legalidad, mejora de la autoestima e identidad de las comunidades, participación ciudadana para rehacer un control social democrático y reconstrucción cultural de las zonas donde el delito echó raíces. Sin embargo, no hay que engañarse, en esta lucha no hay ni solución de corto plazo ni camino sin muertos.

El reto transformará al país

Durante décadas México fue muy seguro a pesar de la corrupción e ineficiencia en sus instituciones policiales, pero el crimen organizado volvió insostenible esta situación. Por ello es importante ver la otra cara de la moneda, México está realizando las mayores inversiones de su historia en seguridad, está reformando y depurando sus policías; ha creado la central de información más grande y avanzada de Latinoamérica; ha incorporado a más de cuatro mil jóvenes universitarios a tareas de investigación e inteligencia policial; sus policías y soldados han dado los golpes más grandes de la historia del mundo en capturas de dinero, armas y drogas al crimen organizado y, a pesar del debate, ha logrado consensos entre sus fuerzas políticas para reformar leyes, echar adelante programas de prevención y coordinar la seguridad a nivel federal, estatal y municipal.

México es una potencia emergente llamada a ser un país líder de Latinoamérica por su tamaño e importancia económica, por su ventajosa ubicación geográfica, por su gran fuerza cultural, porque posee una intensa e incomparable historia de relaciones con las clases políticas de todo el continente y porque habla el idioma que hablan la mayoría de latinoamericanos que viven en el continente y en Estados Unidos. Según el Fondo Monetario Internacional, en 2009 México superó a España como la economía más grande entre los países de habla hispana. Contrario a las visiones alarmistas, la realidad es que México tiene un Estado fuerte, una potente intelectualidad y unas fuerzas políticas beligerantes pero responsables. El país tiene cómo y con qué ocuparse del crimen organizado para hacerlo transitar de amenaza a la seguridad nacional a problema de seguridad pública. Lo más probable es que esta costosa lucha transformará al país en una potencia en seguridad que podrá ayudar a otros a enfrentar la amenaza global que representa el crimen organizado. Las reformas, inversiones y esfuerzos en seguridad que se están haciendo en México superan a lo que se pueda estar haciendo en Brasil y en la mayoría de países del continente, donde la seguridad sigue sin ser reformada. Colombia era un país que estaba casi desahuciado y enfrentó un reto similar al de México; eso lo obligó a repensar, reconstruir y fortalecer una doctrina democrática y un predominio civil en la dirección y estrategia de las instituciones de seguridad. En ese proceso se combinaron varios gobiernos locales y nacionales de diferente signo ideológico: el resultado fue que ahora Colombia es un país que exporta conocimientos en materia de seguridad.

México debe asumirse
como país líder

México puede abordar el reto de la seguridad —y otros temas— desde una perspectiva más amplia, asumiendo la responsabilidad continental que le corresponde. Al sur tiene a Guatemala, cerca de convertirse en un Estado fallido, y a El Salvador, Honduras y Nicaragua, con serios problemas de gobernabilidad y una crisis de seguridad mucho peor que la del propio México. En el Caribe el régimen cubano, a pesar de los poderes casi mágicos que se le atribuyen para sobrevivir, se encuentra ahora en la cuenta regresiva hacia su final, con todas las consecuencias políticas, sociales, migratorias y de seguridad que esto representa. Con este escenario sorprende la escasa importancia que los periódicos y medios de comunicación mexicanos dan a los temas globales y regionales; han dejado ese papel a los medios españoles y estadunidenses.

La inseguridad es hoy un problema global, sin embargo, son los propios mexicanos quienes se empeñan en presentar la situación de su país como la peor, sin usar referentes ni mirar las dimensiones reales del problema en otros lugares. En Venezuela, por ejemplo, en 2009 hubo más de 15 mil homicidios y éstos son más que los ocurridos en México en los últimos tres años. Sobre violaciones a los derechos humanos, Human Rights Watch denunció que en Brasil, durante los gobiernos de Lula, en las ciudades de Río de Janeiro y Sao Paulo la policía asesinó a 11 mil personas en los últimos cinco años y la mayoría de estos asesinatos fueron ejecuciones extrajudiciales que han quedado impunes. En contraste, el grueso de las violaciones a los derechos humanos en México son por abusos de autoridad. Hay también un empeño en presentar la realidad de Ciudad Juárez como si fuera la realidad de todo México, cuando esa ciudad tiene condiciones geográficas, sociales, demográficas y económicas muy particulares que explican las dificultades que impiden resolver su inseguridad y violencia a corto plazo.

Se afirma que México está militarizando la guerra contra el narco, pero no es lo mismo militarizar que utilizar al ejército como un recurso auxiliar de emergencia. El ejército mexicano es, en términos comparativos, el menos represivo y el más obediente del poder civil del continente, el único que no ha dado golpes de Estado ni ha gobernado en la historia reciente. En la mayoría de países de Latinoamérica, África y Asia la seguridad sigue siendo un tema militar en manos de militares y esto incluye a Brasil, Chile, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, Paraguay, Cuba, etcétera. A excepción de Nicaragua y El Salvador, donde hubo una revolución y una guerra civil, en el resto del continente los militares siguen preservando mucho poder aunque los gobiernos sean de izquierda. En México hay un claro predominio institucional civil en la seguridad que se ha venido reforzando desde la creación del Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (CISEN). En Guatemala, con la bandera de la democratización, se redujo la presencia del ejército en el territorio y esto permitió a los narcotraficantes apoderarse del país.

México debería dejar de verse demasiado a sí mismo y cambiar la visión parroquial con la que está juzgando sus propios problemas. Desde su pluralidad debería asumirse como el país líder con visión global que Latinoamérica necesita. Porque si sólo se ve el ombligo pierde marco comparativo, sobredimensiona, no aprende de otros, no logra ver sus progresos y, lo que es peor, provoca que todos, dentro y fuera, se dediquen a ver sólo los problemas.


La discusión es sobre seguridad, no sobre mi biografía

Resultado de mi ensayo sobre los 12 mitos (nexos, núm. 385, enero 2010)hubo reacciones positivas, críticas seriamente formuladas y también posturas negativas que intentaban llevar la discusión a otro lado. Mi participación en este debate tiene que ver, fundamentalmente, con que quiero mucho a México porque le guardo una gratitud enorme por su apoyo a la paz en mi patria. Sobre mis actividades profesionales he dado y doy asesorías a gobiernos y empresas, pero ésos son acuerdos privados que no tienen nada que ver con la discusión. Si se considera que mi visión es interesada, el camino correcto es analizar si mis argumentos son lógicos, coherentes y sustentados, no descalificar las ideas por su origen. El debate es sobre la seguridad en México y América Latina, no sobre las biografías que me inventan mis adversarios; no me considero tan importante como para debatir sobre mi pasado, pero les agradezco me den tanta importancia. En la guerra aprendí que demonizar e insultar al contrario con la intención de que la gente no tuviera en cuenta sus ideas, era impotencia intelectual, pérdida del control emocional y una confesión de dolor y derrota.

 Joaquín Villalobos. Ex miembro del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Consultor para la resolución de conflictos internacionales.