Los empresarios en México se quejan, con toda razón, que hacer negocios en México es muy difícil. Trámites de todos tipos en todos los niveles de gobierno les consumen una gran cantidad de recursos ya que éstos incluyen, muchas veces, derechos que hay que pagar o mordidas para agilizar el proceso. Consumen, además, un recurso no renovable, el tiempo. El IMCO, el Banco Mundial y la OCDE, entre otros organismos, han mostrado lo rezagados que estamos frente a otros países para facilitar la creación de negocios.

México es uno de los países de la OCDE donde los trabajadores laboran más horas al año. Esto, sin embargo, no nos hace más ricos. Una parte de esas horas las gastan ciudadanos haciendo trámites inútiles y burócratas cobrando un sueldo por procesarlos. Así no se puede ser competitivo.

competitividad

Además, muchos de los servicios que provee el gobierno son tan malos que el empresario tiene que comprarlos nuevamente, aunque ya los haya pagado con sus impuestos. La proliferación de guardias privadas es un ejemplo extremo de esto. Todo ciudadano que opta por una educación privada, o que estando afiliado al IMSS o al ISSSTE decide pagar sus servicios médicos, da cuenta del poco valor que le da a los servicios públicos.

Los recursos y tiempo gastado en los vericuetos de nuestra ineficaz burocracia, sin embargo, no son un problema exclusivo de los empresarios. Implementar decisiones en el gobierno es probablemente aún más tortuoso que en el mundo privado.

Primero están todas las restricciones autoimpuestas. Un dueño de una empresa puede tomar decisiones. Es su dinero. En el gobierno el dueño es supuestamente el ciudadano. Aunque en la práctica no somos más que espectadores, la toma de decisiones es mucho más difícil que en el mundo privado. Una bien ganada cultura de la desconfianza ha llevado a controles de todo tipo que hacen que, por ejemplo, la compra por parte del gobierno de un bien o servicio sea un proceso lento e ineficaz. Ni hablemos de la lógica absurda para comprar los terrenos de una refinería que no tiene sentido construir. Estos controles tristemente, sin embargo, no parecen haber llevado a una administración con menor corrupción. Sólo a mucha simulación e ineficacia.

Segundo, los derechos de los trabajadores sindicalizados del gobierno importan más que los derechos de los usuarios. Por ello no hay una cultura de servicio en el sector público. Sus trabajadores saben que no pueden ser despedidos. Además, la forma estrecha en la que están definidas las tareas de muchos de los trabajadores sindicalizados lleva a una mala administración de los recursos humanos en el sector público.

Tercero, nuestro pacto federal, con tres niveles de gobierno mal definidos, ha llevado a un traslape de responsabilidades y con ello a recriminaciones mutuas y/o vacíos de responsabilidades. Esto ha sido evidente en el manejo de las inundaciones en el oriente del Valle de México o en la crisis de seguridad en Ciudad Juárez. La complejidad de un sistema federal mal definido consume una gran cantidad de recursos y tiempo en la administración de los problemas y lleva muchas veces a soluciones subóptimas.

Cuando, finalmente, el gobierno decide y actúa corre el riesgo de enfrentar el amparo de algún privado afectado por su acción. Incluso las entidades públicas se amparan contra las decisiones de otras entidades. De ser una figura para proteger al individuo de los excesos de la autoridad, lo cual hace todo sentido en un país con gobiernos abusivos, el amparo a las decisiones administrativas del gobierno se ha vuelto un mecanismo de reproducción de privilegios y un instrumento para evitar la regulación con todo tipo de triquiñuelas para alargar casi sin fin cualquier proceso.

La Constitución es lo que los jueces digan. Nuestro poder judicial ha optado por ser mucho más celoso del individuo dañado que de las implicaciones para el resto de la sociedad de otorgar un amparo o por lo menos una suspensión definitiva. Así, importa más el supuesto daño a una empresa que no ganó un contrato de obra importante, como en el caso de la línea 12 del metro capitalino, que el daño a la empresa que lo ganó y a la sociedad en su conjunto, ya que al aceptar una suspensión definitiva del acto reclamado entorpece la obra durante el tiempo que dure el juicio.

El amparo se utiliza desde impuestos y aranceles hasta áreas de larga distancia, subasta del espectro radioeléctrico y reglas de interconexión, pasando por licitaciones frenadas, giros negros, taxis pirata, envolturas de cigarros, lo que usted guste. Con nuestro alcance y lógica, se trata de una figura inexistente en otros países y nos termina costando a todos porque congestiona el poder judicial y puede atrasar todo tipo de actos administrativos del gobierno. Incluso cuando al final de cuentas resultara que los amparados no tenían razón, la suspensión del acto reclamado muchas veces hace aún más inoperativo al gobierno.

Para hacer más competitiva a la economía mexicana necesitamos un Estado más eficiente en su lógica burocrática, donde los derechos de los usuarios importen más que los derechos de los trabajadores sindicalizados y donde estén mejor definidas las facultades entre los tres niveles de gobierno. Finalmente, hay que repensar el juicio de amparo. Éste debe ser un instrumento que proteja al débil frente al Estado, no a los grandes intereses frente a la regulación.

En cualquiera de estos ámbitos hay intereses que se oponen a cualquier cambio. Los excesos regulatorios siempre tienen un dueño, por ello los esfuerzos por eliminar regulaciones suelen ser tan infructuosos. Los sindicatos no parecen capaces de moverse de una defensa a ultranza de sus intereses a una que no afecte al usuario y que no parta de la premisa de trabajar poco y mal. Nuestro arreglo federal requiere cirugía mayor, pero ni cambios como eliminar las inefectivas políticas municipales se ven viables.

En materia de amparo es donde están en curso las reformas más ambiciosas. Sin embargo, una que limitaba el amparo en materia tributaria pasó por unanimidad en la Cámara de Diputados para irse a atorar a la de Senadores ante la presión de muchos, pero sobre todo de los abogados que se quedarían sin su bien remunerado trabajo de amparar a los contribuyentes, aunque cabe subrayar que un gobierno que litiga mejor y una Corte más cuidadosa ha dejado de dar amparos en la materia a la menor provocación. Con todo, la solución pasa por una redefinición de fondo de este instrumento para que el gobierno no sea fácilmente frenado a través de juicios infinitos.

Como se puede apreciar en todos estos atorones hay un fuerte Estado de derecho. En general, se trata de reglas que se cumplen. Sin embargo, son reglas contrarias a la eficacia. No se requiere Estado de derecho para ser competitivo, sino uno basado en principios prácticos y orientado al interés general.

Carlos Elizondo Mayer-Serra. Ex director e investigador del CIDE. Autor de Lecturas sobre el cambio político en México.