Los avances democráticos de las naciones suelen tener repercusiones favorables en su vida cultural, pero hasta ahora en México ha ocurrido lo contrario. En el año 2000, cuando la voluntad mayoritaria derrotó en las urnas al partido de Estado, muchos creíamos, ingenuamente quizá, que la caída del antiguo régimen auguraba un porvenir brillante a las instituciones culturales. Si bajo una dictadura de partido y con una libertad de expresión restringida, el aparato cultural del Estado se había envilecido y desprestigiado a extremos patéticos, era de esperarse que el autonombrado “gobierno del cambio”, libre de corruptelas e inercias burocráticas, impulsaría un renacimiento cultural de grandes alcances. Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda trató de fomentar esa expectativa ofreciendo embajadas y agregadurías a cineastas, pintores y miembros destacados de la república literaria, para dejar en claro que el nuevo gobierno, o cuando menos la dependencia bajo su cargo, tenía en alta estima el mérito intelectual y el talento artístico. Pero muy pronto, desde el nombramiento de Sari Bermúdez en el Conaculta, impuesta en su cargo por un capricho de Marta Sahagún, después de un proceso de auscultación amañado, los partidarios del nuevo régimen comprendimos que la política cultural del foxismo había caído en manos de gente inepta y estrecha de miras. El único logro cultural de este sexenio es la magna necedad de haber construido, a un costo exorbitante, una fastuosa megabiblioteca que duplica las funciones de la Biblioteca Nacional de la UNAM, discrimina al 80% de la población lectora y centraliza el acervo libresco del país, en menoscabo de las bibliotecas públicas de provincia.
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