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¿HACIA LA DESCOMPOSICIÓN DEMOCRÁTICA?

POR LUIS SALAZAR CARRIÓN

Sin un Estado de derecho digno de ese nombre; sin una nueva relación entre los poderes ejecutivo y legislativo y sin partidos verdaderamente representativos y obligados a rendir cuentas ante la sociedad, la democracia mexicana corre el riesgo inminente de conducirnos a una verdadera crisis de gobernabilidad.

Muchas y muy preocupantes son las señales de que nuestra flamante democracia no sólo no está promoviendo soluciones para los graves problemas que padece la sociedad, sino que además está degenerando en riñas y pleitos fuertemente personalizados que ponen en riesgo la propia estabilidad política del país. El mayor de los desórdenes parece privar en el gobierno federal, en el que se multiplican las renuncias espectaculares en buena medida causadas por la disparatada e irresponsable idea de que la señora del presidente pudiera convertirse en «heredera» designada del poder ejecutivo. Todo ocurre como si Vicente Fox fuera incapaz ya no digamos de mantener la disciplina en su equipo de gobierno sino de contener las ambiciones políticas de su esposa.

Como si esto fuera poco, se ha promovido una judicialización de la política que además de desacreditar todavía más a las instituciones federales y locales de procuración e impartición de justicia, parece transformarlas en meros instrumentos de una sorda e irresponsable lucha por el poder. Apenas puede discutirse que las actitudes del jefe de gobierno del Distrito Federal expresan un profundo desprecio por la legalidad y por las atribuciones del poder judicial, pero cabe preguntarse por la pertinencia política e institucional de iniciar un proceso de desafuero en su contra que sólo puede interpretarse como un intento de sacarlo de la competencia electoral de 2006. ¿Era este el único camino para frenar las presuntas ilegalidades del gobierno de la ciudad, o simplemente se prefirió utilizar pretextos legales por incapacidad para contener políticamente los desplantes autoritarios de López Obrador? Politizar la justicia y transformar a este personaje en una aparente víctima de oscuras conspiraciones puede llegar a ser, paradójicamente, la mejor manera de impulsarlo como potencial redentor anti-institucional, que podría legitimar ante los ojos de buena parte de la población sus posturas autoritarias.

Ahora bien, más allá de las manifiestas torpezas, ambiciones desaforadas e irresponsabilidades de nuestra clase política, algo parece estar fallando en el diseño institucional de nuestra incipiente democracia. Algo que la preocupación exclusiva por los procedimientos electorales y. peor aún, la simplista y equivocada idea que identificaba el cambio democrático con la derrota del PRI, impidieron reconocer, y que ya hace muchos años Carlos Pereyra señaló con precisión, a saber: que el sistema político mexicano estaba organizado bajo el supuesto de que sólo el partido oficial podía gobernar, lo que introducía fuertes riesgos de inestabilidad en el caso de que se diera la alternancia. Este señalamiento, lamentablemente olvidado, tenía que ver con el hecho de que el PRI era mucho más que el brazo electoral de los gobiernos «de la Revolución», era la maquinaria que contenía y disciplinaba a la mayor parte de la clase política y que, en consecuencia, posibilitaba la gobernabilidad del país, al convertir al presidente en turno en árbitro supremo y casi único de todos los conflictos políticos y sociales.

Se trataba, obviamente, de una gobernabilidad autoritaria, de arriba a abajo, que sin embargo aseguraba, en un contexto siempre signado por la debilidad y deformidad de las instituciones públicas y de la propia sociedad civil, que esos conflictos no se desbordaran poniendo en riesgo la estabilidad. Era igualmente una disciplina servil y hasta ignominiosa, sustentada en el hecho de que del presidente en turno dependía el futuro, el éxito o el fracaso, de la inmensa mayoría de los políticos. Las reglas no escritas de este presidencialismo en cualquier caso hicieron posible una prolongada estabilidad a pesar de —o más bien, complementando— la debilidad de las instituciones estatales. Por eso, el surgimiento y fortalecimiento de alternativas electorales, de partidos de oposición realmente competitivos, terminó por desmontar esas reglas y por demoler esa disciplina y esa contención, lo que sin duda significó un gran paso hacia una verdadera democracia, pero también planteó ingentes desafíos —hasta ahora no abordados seriamente— para la construcción de una nueva gobernabilidad democrática.

El primer eje esencial de esta nueva gobernabilidad habría tenido que ser un pacto por el imperio de la legalidad, es decir, por el fortalecimiento de las instituciones básicas de un auténtico Estado de derecho. Por el fortalecimiento y acreditación entonces del poder judicial en todos sus niveles, pero también por el fortalecimiento y acreditación de las procuradurías de justicia y de los cuerpos encargados de la seguridad pública. En cambio, lo que hemos tenido es no sólo la desvergonzada negativa de todos los partidos a asumir su responsabilidad por las sanciones que les han impuesto las instancias encargadas de garantizar la legalidad electoral; hemos tenido también escándalos y filtraciones que claramente muestran la intención de utilizar los mecanismos de procuración y administración de justicia como instrumentos para desacreditar e incluso excluir a posibles competidores en los comicios de 2006; hemos tenido, en suma, una verdadera conspiración de todas las fuerzas políticas encaminada a profundizar la desconfianza y el escepticismo de la mayor parte de la población en relación a la justicia legal y sus procedimientos.

El segundo eje de la nueva gobernabilidad habría debido ser la redefinición constitucional de las relaciones entre un poder ejecutivo fuertemente debilitado por su imposibilidad de obtener mayorías absolutas como las que garantizaba el viejo sistema autoritario, y un poder legislativo carente de incentivos para cumplir con relativa eficiencia sus tareas fundamentales. Lo que hemos tenido, en cambio, es un permanente esfuerzo por desprestigiarse recíprocamente, culpando el presidente a las Cámaras y las Cámaras al presidente por la manifiesta incapacidad de alcanzar las reformas —por lo demás nunca bien presentadas o discutidas— para enfrentar desafíos y problemas cada vez más graves y costosos para la sociedad mexicana. Sin reconocer las consecuencias que este desprestigio recíproco implica para el Estado en su conjunto, todos los actores políticos parecen considerar solamente la posibilidad de sacar ventaja electoral de escándalos, estancamientos y torpezas que debilitan y desacreditan a ambos poderes.

El tercer eje habría debido ser una reforma profunda de nuestro sistema de partidos. Un sistema escasamente representativo, configurado por una larga y accidentada transición que, por ello mismo, forjó identidades y organizaciones partidarias anómalas carentes de fortaleza programática y organizativa. Un sistema que sin duda hizo posible la ruptura del monopolio priista, pero que siguió sustentándose ya sea en una representación clientelar autoritaria tradicional, ya sea en una representación mediática sin contenidos. Lo que hemos tenido, en cambio, es el intento de los partidos registrados de garantizar su oligopolio, elevando los requisitos para el registro de nuevos partidos, y su conversión en meros espacios para una lucha interna desenfrenada protagonizada por «personalidades fuertes», es decir, por presuntos aspirantes a ser candidatos presidenciales en el 2006. Divididos y debilitados por esta lucha, estos partidos no sólo resultan incapaces de agregar y representar democráticamente intereses ciudadanos, sino también de establecer compromisos y acuerdos recíprocos, pues, como se ha visto, cualquier pretensión en este sentido es rápidamente evaluada en términos puramente electorales por esas personalidades.

Sin un Estado de derecho digno de ese nombre; sin una nueva relación entre los poderes ejecutivo y legislativo y sin partidos verdaderamente representativos y obligados a rendir cuentas ante la sociedad, la democracia mexicana corre el riesgo inminente de conducirnos a una verdadera crisis de gobernabilidad generada, paradójicamente, por la conversión de lo que fue su gran conquista —las elecciones limpias y competidas— en lo único relevante para una lucha mafiosa por el poder entre personalidades cuyo capital político reside, exclusivamente, en el desprestigio de sus adversarios. La marcha ciudadana del pasado 27 de junio, con todas sus ambigüedades, es quizá el único signo positivo de una sociedad que comienza a despertar y a exigir sus derechos. Cabe temer que la marejada subsecuente de escándalos termine por extinguir, incluso, esa posibilidad, convenciendo a la mayoría de la población de que, en efecto, con esta clase política, no tiene ningún caso comprometerse con nada que tenga que ver con la vida pública y sus instituciones. n