Los consejeros electorales de los Organismos Públicos Electorales (Ople) Colima no daban crédito a la notificación recibida. Era 2021 y el Tribunal Electoral resolvió y confirmó el decreto del Congreso estatal que recortó 8 millones de pesos a su presupuesto para organizar la elección local y federal. Nirvana Rosales, entonces titular del órgano, recuerda bien el momento. “El Tribunal Electoral entra al fondo y finalmente confirma el decreto del Congreso. Nunca habíamos presentado un recurso jurídico de esa naturaleza, el camino fue algo extenso y terminamos en la misma posición y el mismo lugar”.
Ir contra el Congreso en términos jurídicos fue en realidad su última opción. Los meses anteriores buscaron rutas alternas: mesas de diálogo con la Secretaría de Finanzas donde explicaron una a una sus necesidades presupuestales frente a compromisos en puerta (elaborar material electoral, logística, desarrollo del Programa de Resultados Electorales Preliminares y operación de órganos desconcentrados en municipios, entre otros).
Expusieron necesitar ya el dinero para comenzar a organizar la elección, y no recibirlo a fin de año cuando la elección había pasado; pero fueron ignorados. La Secretaría de Finanzas dejó de tomar sus llamadas, acudieron a invitación de los diputados locales para repetir sus argumentos, pero tampoco pasó nada. La legislación electoral señala que incurren en omisión grave si no actúan frente a un recorte presupuestal; entonces interpusieron el recurso legal ante el Tribunal Electoral estatal sin prever que éste también les dio la espalda. “El escenario era de completa incertidumbre”, describe Rosales, hoy integrante de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales.
Recurrieron entonces a una última estrategia en conjunto con el resto de los consejeros. Pidieron una cita con el secretario de Gobierno y por esta vía hicieron llegar un mensaje al gobernador priista José Ignacio Peralta a sabiendas de que él daría, o no, luz verde a cualquier ampliación presupuestal que asignara el Congreso.
“Se puntualizó cuáles eran los riesgos, no operativos, sino de gobernabilidad en que se estaba poniendo, no al Instituto sino a la entidad. Creo que fue cuando empezó a haber sensibilidad para resolver la situación”. Y le plantearon un ejemplo clave al funcionario: “Imagine que llega el día de la jornada y no hay condiciones para garantizar un ejercicio fundamental. Le vas a decir a estas personas ‘¿Sabes qué? Pues no hubo condiciones para mandar a hacer boletas, no hubo condiciones para instalarte casilla’ ¡Imagine el ánimo que eso generaría en la ciudadanía!”. Días después, en respuesta a este mensaje, el Ople comenzó a recibir las mesadas de su presupuesto.
Víctor Díaz de León, coordinador de investigación y análisis del Think Tank Laboratorio Electoral, plantea que esto sucede porque la reforma electoral de 2014 no consideró que la realidad económica de los 32 Oples es diferente a la del INE que depende del presupuesto federal. Para ambos organismos, el financiamiento a partidos políticos estatales es intocable, no pueden modificarlo; la única salida son los recortes al presupuesto electoral (que se divide en gasto ordinario y organización de la elección). Aunque se les denominó órganos autónomos en la práctica no lo son del todo.
Quid pro quo electoral
Marco Baños, ex consejero electoral del INE, señala que en la práctica sólo uno de cada tres Ople no tiene problemas presupuestales; pero dos de cada tres sí por lo que se ven obligados a negociar con el gobierno en turno y pierden la posibilidad de ser un contrapeso político. Detalla también la razón por la que gobernadores y gobernadoras dan la espalda a su Ople a partir la reforma electoral de 2014: molestos, afirman estar obligados a dar un financiamiento cuando no fueron tomados en cuenta para la elaboración la reforma y son ignorados para designar sus consejeros electorales.
Díaz de León afirma que lo anterior abrió en la práctica tres escenarios: si la relación del Ople con el gobierno en turno es buena, no tendrá problemas. Si se trata de una relación neutral, aunque el gobierno en turno atraviese por limitaciones económicas, podría recibir una ampliación presupuestal. Pero si la relación es mala, no recibirá ni un peso adicional.
Said Hernández, investigador en temas electorales por la UNAM y la UAM y coordinador del libro Elecciones, justicia y democracia en México, enlista que el retraso en asignación de recursos genera tres impactos al Ople. El operativo (imposibilidad para hacer contrataciones y capacitaciones conforme al calendario electoral), logístico (para impresión de materiales y arrendamiento de edificios) e institucional (estrés y desgaste interno por la presión política local más la presión del INE para seguir con la organización del proceso electoral en turno).
Sin los recursos necesarios y su entrega puntual, explica, el sistema electoral se fisura: se recalendarizan fechas, hay improvisación operativa, sobrecarga de trabajo y de personal, todo se racionaliza, hay menor capacidad de respuesta y se debilita al Ople. “El objetivo era el diseño constitucional de esta situación: vulnerar la autonomía de los Oples para que en algún momento se subordinaran a la autoridad estatal. Obviamente esto no lo reconocen los partidos, pero el diseño tiene ese efecto y ese efecto yo creo que no fue algo no previsto. Al contrario, tenía toda la intención de que así sucediera”.
El 3 de marzo de 2021 Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Electoral de Sonora, pidió autorización al Instituto Nacional para la impresión plastificada de sólo ocho documentos electorales en lugar de trece. Era la papelería para capacitar funcionarios de casilla y faltaban tres meses para la elección local e intermedia.
Roberto Heycher, entonces director de Capacitación Electoral, respondió que sí, pero enfatizó que era relevante imprimir los otros cinco documentos. “Considerando las restricciones presupuestales estos últimos pueden realizarse en papel sustituyendo el material plastificado”, dijo. Éste es uno de 19 oficios públicos que diversos Ople enviaron al INE entre 2016 y 2023 con un denominador común: exponer textualmente limitaciones presupuestales, falta de recursos para el desempeño de su trabajo y entonces solicitar autorización para ajustar y/o flexibilizar requisitos obligatorios en la organización de una elección.
En 2027 la historia se repetirá: 31 Ople organizarán la elección de alcaldes y diputados locales, renovación del Congreso Federal y elección de 17 gobernaturas en un contexto de mayor austeridad conforme al plan B de reforma electoral que propuso la presidenta Claudia Sheinbaum y que aprobó el Congreso federal con los estatales.
Desde 2015 consejeros y consejeras electorales del INE que integraron o presidieron la Comisión de Vinculación con Oples, entablaron contacto con algunos gobernadores y gobernadoras a fin de respaldar y agilizar la entrega de sus recursos para no poner el riesgo una elección. Baños describe que todas estas negociaciones se caracterizan por “tejer fino con las administraciones locales” y recuerda así algunas anécdotas que vivió: “En Morelos Graco Ramírez (de la coalición PRD, PT y Movimiento Ciudadano) sí me parece que tenía una actitud un tanto negativa. Decía que él no había hecho la reforma de 2014 y que no tenía dinero de la entidad para organizar las elecciones, que en todo caso tendría que ser el gobierno federal el que, a través de un convenio específico, pudiera entregarlo”.
El Ople de Sonora, recordó Baños, no recibió recursos de octubre de 2014 a abril de 2015. “El gobernador Guillermo Padres era muy político, siempre decía que iba a entregar ese dinero y creo que la anécdota principal es que a quien le encargaba ese tipo de cuestiones, de manera institucional, era a Sergio Gutiérrez Luna”.
Relató que el caso del Ople de Chiapas fue delicado pues un gobernador del Partido Verde no entregó el dinero de las prerrogativas a los partidos políticos por lo que fue necesario intervenir. “San Luis Potosí que está gobernado por el Verde, Colima por Morena, Yucatán por Morena y antes por el PAN, han sido entidades federativas que han restringido la entrega de recursos”, enlistó.
La ex consejera electoral del INE, Dania Ravel hizo lo propio con mandatarios estatales mediante acercamientos semi formales. “A veces son fructíferos, a veces no”, describe, y detalla que cada negociación pasa también por un filtro: la personalidad de cada gobernador, gobernadora e incluso del registro o no, de desastres naturales.
“En Guerrero con la gobernadora Evelyn Salgado, a pesar de que había pasado el huracán Otis, el acercamiento fue fructífero porque hubo apertura de que prestaran, por lo menos, cosas" y ejemplifica que facilitaron en comodato ventiladores para funcionarios en oficina. "En un ambiente tan caluroso como Guerrero es un tema casi de humanidad que implica un ahorro de recursos para el propio Ople”, dijo. Además:
En Durango fue el hecho de que el gobierno del estado se comprometiera a pagar a Talleres Gráficos la producción de las boletas electorales. En el caso de Zacatecas fue complicado también con el señor Monreal porque pues le parecía muy oneroso el Ople y al final lo que terminó ocurriendo fue que les dieron, digamos un préstamo, adelantándoles parte del dinero que les iban a dar en el siguiente ejercicio fiscal para que pudieran cumplir con sus funciones elementales.
La ex consejera Ravel afirma que existe la presunción de que al INE le sobran recursos pese a los últimos recortes presupuestales federales que lo llevaron a interponer ante la Corte controversias constitucionales contra el Congreso. Y, en ese contexto, hay quienes piensan que el INE puede respaldar financieramente a los Oples cuando los gobiernos estatales limitan sus recursos. Sin embargo, afirma, aunque el INE ha brindado respaldado en algunos casos extremos, su Órgano Interno de Control ha emitido observaciones negativas por financiar temporalmente actividades que no le corresponden. Así surgieron los reportes trimestrales y anuales que el INE difunde desde 2015 para visibilizar esta problemática.
Cuando empatan elecciones estatales y federales cada Ople firma con el INE convenios financieros y de colaboración. "En términos formales los Oples suelen garantizar que las elecciones se realicen. El INE inyecta recursos no solo financieros también materiales y humanos, el sistema electoral tiene una alta resiliencia institucional" explica Said Hernández.
Entonces ¿Quién se beneficia directamente de asfixiar a los Ople en términos presupuestales? “Me resulta más sencillo decirte quién se perjudica directamente y sin lugar a dudas es la ciudadanía” responde la ex consejera Ravel. “Te pongo el ejemplo en el ámbito federal: cuando el INE no ha tenido los recursos suficientes hemos instalado menos casillas, así pasó para la Revocación de Mandato, la Consulta Popular; y en la elección judicial no se garantizó y no hubo el voto de mexicanos y mexicanas residentes en el extranjero”.
El ex consejero Baños expone otro ángulo. “Yo creo que en rigor es un balazo en el pie porque en la medida que las elecciones locales no se organicen correctamente y generen problemas, se generan problemas para los gobiernos en turno. Creo que eso se convirtió en un boomerang y el INE ha tenido que ir sorteando ese tipo de cuestiones (los PREP, la propia integración de las mesas directivas de casilla, la actualización de los listados nominales de las elecciones locales) que se endosan al Instituto Nacional Electoral”.
“En realidad perjudica a todos” asegura el investigador Víctor Díaz de León, “las elecciones se están haciendo con menor calidad, pues ya estamos en contra de lo que nos costó mucho llegar. No beneficia a nadie tener institutos electorales débiles”, subraya, “la única fortaleza que necesitan es asignarle un presupuesto por fórmula. Los estudios que hemos hecho indican que el 0.02 % del presupuesto total es lo que se le asigna a todo lo electoral. Son 2 centavos de cada 100 pesos que gasta el gobierno”.
Pero el investigador Said Hernández va al grano: “Es un proceso delicado porque los Oples deben defender su autonomía sin entrar en confrontación directa con las autoridades de los estados. Se escucha bien perverso, pero pues es la realidad: entre más competitiva es una elección, yo me atrevería a advertir, que es más probable que la estructura del gobierno estatal —el gobernador y su secretario de Finanzas—, ahorquen presupuestalmente a los institutos”.
Erika Flores
Reportera freelance de TV y prensa escrita