A quien nos lee,
si quieres apoyar nuestro trabajo te invitamos a suscribirte a la edición impresa.

SUSCRÍBETE

Los jueces son una pieza central del aparato judicial mexicano. Ante los tiempos de camino, ante la reconfiguración de las relaciones entre los poderes del Estado y de éstos frente a la sociedad, ¿qué papel están llamados a desempeñar? Hacia allá apunta este artículo, hacia los hombres y mujeres que cumplen la difícil tarea de juzgar.


Con motivo del amplio y profundo proceso de cambio que vive el país, la actividad de los órganos del Poder Judicial de la Federación ha cobrado mayor importancia. ¿Qué hace que la actuación de los jueces de distrito, los magistrados de circuito y los ministros de la Suprema Corte de Justicia sea más importante que en el pasado?, ¿es realmente esta actuación más importante o se trata sólo de la común percepción de que el tiempo que nos toca vivir es. tal vez por eso. más relevante que otros? Hay razones que hacen más destacada la actividad judicial federal respecto del pasado. Las razones son variadas: gran parte de la conflictividad social que vivimos, trata de resolverse mediante procesos judiciales; la dinámica del cambio político ha propiciado una importante sustitución de los órganos que durante años desempeñaron el papel de árbitros de muchos de los conflictos sociales (presidente de la República, PRI. Congreso de la Unión, etc.); los órganos del Poder Judicial Federal están dotados de nuevas atribuciones para resolver conflictos, especialmente la Suprema Corte de Justicia; la actuación derivada de las anteriores condiciones provoca una mayor atención de los actores políticos y los medios de comunicación, lo cual refuerza la idea acerca de su nuevo papel e introduce expectativas acerca de las tareas que están llamados a desempeñar.

Las consecuencias de la nueva significación de la judicatura federal son de la mayor importancia para la vida nacional, en tanto que, y así sea imperceptiblemente, se está produciendo un incremento de las atribuciones de sus órganos que, a su vez, significan la reconfiguración de las relaciones entre poderes del Estado y de éstos frente a la sociedad. Debido a que así fue construida la lógica de lucha de los últimos años, nos hemos acostumbrado a considerar que cada atribución retirada al presidente de la República y asignada a otro poder u órgano es de suyo democrática. Desde un punto de vista jurídico tradicional, puede decirse que aquello que subyace a cada asignación de competencias a un órgano estatal es su fortalecimiento frente a la posición de otros órganos y, con ello, a importantes cambios en las muy complejas relaciones orgánicas estatales. Aun cuando sea muy relevante esta concepción para detectar las formalidades de articulación del ejercicio del poder, la misma nos oculta el hecho de que todo cambio de atribuciones o, si se quiere, toda expansión de competencias, conlleva la modificación del juego político que se desarrolla a través de complejas formas jurídicas.

Dentro de las muchas limitaciones del análisis tradicional del derecho, está aquella que estima que la asignación de facultades o la construcción de los órganos del Estado debe reducirse a dar cuenta del conjunto de competencias que puedan ejecutar. Así comúnmente se estima que para hablar de una cámara legislativa o de un tribunal, por ejemplo, sólo debe realizarse un inventario acabado de sus formas de integración, competencias y procesos de creación normativos. Esta visión reduce enormemente el proceso de comprensión del propio órgano pues, nuevamente en un plano normativo, no nos dice de qué forma se relaciona con otros órganos ni cuál es la posición de validez de las normas que produce. Adicionalmente, esa visión nos impide considerar que cada órgano estatal está compuesto por titulares y que éstos, a final de cuentas, son hombres y mujeres con sus propios intereses, percepciones, compromisos. Si tratamos de superar la visión puramente normativa del derecho, resulta que al dotar de competencias a un órgano no sólo estamos realizando un ejercicio jurídico, sino también otorgando la capacidad para que ciertos individuos estén en posibilidad de realizar acciones legitimadas y susceptibles de ser ejecutadas mediante el uso de la fuerza pública.

Si, como ya quedó dicho, los órganos jurisdiccionales federales han sido dotados de importantes atribuciones y al ejercerlas participan de modo decidido en la conformación de nuestro entramado político y social, sería muy prudente realizar algún esfuerzo para comprender quiénes son los titulares de esos órganos de justicia. No se trata, desde luego, de reproducir los esfuerzos realizados por los más radicales de los realistas y sostener con ellos que todo el ejercicio judicial se agota con las más arbitrarias preferencias de los juzgadores. Posiciones como ésas han sido refutadas desde hace varios años por aquellas visiones que introdujeron al debate la variable institucional y concluyen que, aun cuando sí es posible que en ciertos casos los juzgadores le den cabida a sus propias concepciones, en la gran generalidad de los casos individuales hay factores institucionales que limitan tal discreción (posición en la jerarquía judicial, sentido generalmente otorgado a un ordenamiento, precedentes, educación jurídica). Lejos de pretender dar cabida a esas formas extremas del realismo, nos interesa anotar la necesidad de considerar la posición de los titulares en lo individual, sencillamente porque si a lo largo de un periodo más o menos extenso los juzgadores actúan de modo deliberado y coordinado para lograr la transformación de las condiciones institucionales de su quehacer, es muy probable que lo logren. En otros términos, si quieren predecirse los efectos que la asignación de funciones habrá de traer para la actuación de los órganos a los cuales se les traspasa y a aquellos que con él se encuentren relacionados, es preciso atender a los datos agregados sobre los individuos que actúan como titulares.

A pesar de la importancia de conocer quién nos juzga, hasta ahora han sido pocos las investigaciones en ese sentido. Salvo casos como los de Vallarta y unos cuantos jueces más, no se han producido trabajos relevantes, al grado que el género de la biografía judicial es prácticamente desconocido entre nosotros.1 El asunto es todavía más grave si consideramos los estudios que se han hecho respecto sobre quiénes actualmente nos juzgan y, todavía más, aquellos que se forman con datos agregados. De este modo, es poco lo que sabemos sobre nuestros juzgadores federales. Por supuesto que no es éste el lugar para reparar esas omisiones, sólo apunto algunas consideraciones generales que pueden provocar reflexiones más extensas.

Una primera cuestión tiene que ver con la forma en que se llega a ser juez o magistrado. En el pasado imperó lo que en otro trabajo2 di en llamar el “modelo tutorial”. Después de ocupar diversos cargos en los juzgados y tribunales, se ascendía a secretario de estudio y cuenta en la Suprema Corte. En esa posición se estaba un promedio de siete años, para luego ser designado juez de distrito; transcurrido un largo número de años en este cargo, se accedía al de magistrado de circuito. Este modelo tuvo indudables méritos, en tanto formó un personal de alto nivel técnico y comprensión de las formas usuales de operación del Poder Judicial. Entre sus defectos se encontraba, sin embargo, el lograr total disciplina a formas tradicionales de comportamiento. Una de las condiciones estructurales del modelo radicaba en el bajo crecimiento de los órganos jurisdiccionales, pues ello implicaba largos periodos de observación y prueba. Cuando a mediados de los años ochenta comienza un amplio programa de creación de nuevos juzgados y tribunales, se presentan dos problemas: la rápida movilización del capital humano y la falta de visión para lograr la capacitación acelerada de nuevos cuadros; y la posibilidad de que los integrantes del Pleno intercambiaran nombramientos dada la celeridad con que éstos se producían. Uno de los temas fundamentales de la reforma judicial de 1994 fue la modificación del sistema de designación de jueces y magistrados para darles cabida en la carrera judicial. En adelante, al menos esto dice la Ley Orgánica del Poder Judicial, sólo podrán ocupar el cargo de juez o magistrado quienes hayan aprobado un complicado examen de oposición, sea éste entre quienes ya se encuentran trabajando en el Poder o entre quienes fuera del mismo tengan importantes calificaciones.

Sea a través del método anterior o del que se encuentra en vigor, hoy laboran como magistrados de circuito (en un tribunal colegiado o en uno unitario) 521 personas, contra 218 que se desempeñan como jueces. De entre los primeros. 433 son hombres (83%) y 88 mujeres (17%). mientras que los jueces son 170 hombres (78% y 48 mujeres (22%). Estos datos ponen de manifiesto que. y a diferencia de lo que suele sostenerse, sigue habiendo una importante desproporción en la composición por género. Vale la pena señalar que la desigualdad apuntada no es producto de una política deliberada o del azar, sino la consecuencia de unas condiciones de trabajo que obligan a los funcionarios a mantener una gran movilidad dentro del territorio nacional. En una sociedad en la que la asignación de los roles profesionales es todavía asimétrica, las mujeres se abstienen de competir para la obtención de cargos que pueden alterar las funciones familiares que tradicionalmente desempeñan.

La edad promedio de los magistrados es de cincuenta años, y el reparto por edades es de 112 funcionarios entre los treinta y los cuarenta años. 76 de los cuarenta a los cincuenta. 30 entre cincuenta y sesenta y 1 entre sesenta y setenta. Tratándose de los jueces, la edad promedio es de cuarenta y dos años, y la distribución se da de la siguiente manera: 112 entre los treinta y los cuarenta, 76 de los cuarenta a los cincuenta, 30 de los cincuenta a los sesenta y 1 entre sesenta y setenta. Frente a esta distribución por edades, cobra particular importancia la permanencia en el cargo. Como ya se dijo, desde hace varios años se inició en nuestro país un acelerado proceso de creación de órganos jurisdiccionales, en buena medida sustentado en la idea de que el valor fundamental de la justicia era la celeridad, pues sólo así se estaba en posibilidad de cumplir con la garantía del artículo 17 constitucional. Frente a tal requerimiento, se ha llegado a un crecimiento desmesurado, lo que ha conllevado a una baja permanencia en los cargos de jueces pues la titularidad es requisito para ocupar el de magistrado. La gran mayoría de los jueces tiene una duración en el cargo inferior a dos años (179). mientras que sólo 17 lo han ocupado entre dos y cuatro años y 23 por más de este último lapso. Por ello, la situación puede llegar a ser preocupante, pues bajo la idea de tratar de satisfacer el valor de la celeridad, se ha dejado de lado el de la acumulación de experiencia. A final de cuentas, ¿es más valioso que las resoluciones se produzcan en tiempos breves o que se dicten a partir de sólidos conocimientos? La solución más adecuada no puede inclinarse por uno solo de esos extremos: de ahí que deba darse disminuyendo el crecimiento de los órganos jurisdiccionales y con ello la desmesurada rotación del personal, además de revisar el sistema de competencias de los órganos federal para atacar de fondo las causas del crecimiento. Sobre este segundo aspecto debe tenerse en cuenta que la poca permanencia de los jueces de distrito se debe, sin dejar de tomar en cuenta la creación misma de juzgados, a la necesidad de cubrir la creación de los tribunales colegiados. En este último punto parece estar uno de los elementos más perjudiciales para la correcta maduración de nuestros funcionarios judiciales, puesto que en la medida en que a través del juicio de amparo directo se revisa la totalidad de las decisiones de la totalidad de los órganos judiciales del país, es necesario crear cada vez más órganos, lo que produce los efectos apuntados.

Otro dato interesante se refiere a la duración de los magistrados de circuito en el cargo, puesto que 173 de ellos lo han ocupado hasta por tres años, 81 entre tres y cinco, y 239 por más de cinco. ¿Qué muestran estos datos? Que recientemente se ha dado un crecimiento muy importante de los propios tribunales, y que una proporción ligeramente superior de magistrados tiene poco tiempo en el cargo. La situación puede ser más favorable que respecto de los jueces por la mayor experiencia acumulada, aun cuando en el promedio no deja de ser preocupante. Esto cobra especial importancia en los tiempos actuales, cuando en ejercicio de la facultad que le fue asignada en las reformas constitucionales de 1999, el Pleno de la Suprema Corte ha decidido remitir muchos de los asuntos de su competencia a los tribunales colegiados (acuerdos 5/99/ 6/ 99  y 10/2000) para que éstos lleguen a pronunciarse incluso sobre cuestiones de constitucionalidad de normas generales. Es decir, estamos en una situación en la que, por una parte, los colegiados asumen cada vez más funciones (además de las que tradicionalmente venían ejerciendo) y, a la vez, se da un gran crecimiento en el número de órgano y una rápida rotación de sus titulares.

Si la importancia del Poder Judicial va en ascenso, necesariamente también habrá de ser más relevante el papel que realicen los hombres y mujeres que se desempeñen como juzgadores. ¿Por qué no tratamos de ir un poco más allá de la visión cómoda del derecho que nos hace suponer que todo se reduce a una decisión normativa? ¿Por qué no acabamos por aceptar que dentro de los procesos de creación del derecho sí importan diversos aspectos de la conducta? En el momento en que aceptemos esta visión y, por lo mismo, estemos dispuestos a salir del normativismo puro, comprenderemos la necesidad de considerar de manera más puntual quienes son nuestros jueces.

 

José Ramón Cossío
Jefe del Departamento de Derecho del ITAM.


1 Hasta hace algunos años la Suprema Corte publicó, bajo el título Semblanzas, una breve biografía de algunos destacados ministros del siglo XX.

2 José Ramón Cossío, Jurisdicción federal y carrera judicial en México, UNAM, México, 1996.