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¿Hay remedio para la PGR? ¿Hay manera de extirpar de ahí la corrupción, las prácticas ilegales que se han convertido en forma de vida? La respuesta es desoladora: no. Como exhibe esta crónica hecha con materiales de primera mano, materiales extraídos del bajo mundo policiaco, la PGR ofrece muy pocas garantías para hacer cumplir la ley.


Supe que la PGR no tenía remedio, años antes de poder decirlo y explicarlo. Es como esas cosas que están ahí y no se captan. Es el tronco que no permite ver el bosque.

Lo intuí cuando un joven judicial se quitó la vida después de drogarse. Un par de veces escuchamos al Tri, a Silvio Rodríguez y hablamos de política. Sostenía, con razón, que el poder corrompe y que la policía era una mierda. Venía de Tepito, de lo más rudo del barrio, donde se hizo chavo banda. Su decisión de hacerse policía judicial provenía de un miedo antiguo, de esa sombra que te persigue, que te busca, sobre todo en lugares donde lo ilegal es una forma de vida. ¿Qué mejor protección que las armas y la ley? Se dio cuenta de su equivocación en el norte, cuando llegó a San Luis Río Colorado sin armas y sin dónde hospedarse. Ahí los únicos solidarios eran los narcos. Acostumbrados a la compra de gente, lo hacían desde el principio, sin coartadas.

Otro amigo, buen abogado y con un futuro brillante, se disparó en el corazón en plena calle. Discutió con su novia, luego de un operativo de dimensiones mayores. Sus ojos, decían, ya no veían. Estaban sumergidos en el silencio.

Venía de la sierra luego de una detención importante, complicada por una balacera que se pudo evitar. Por eso estaba armado. La contraloría lo investigaba, también, por el decomiso de un tráiler con herramientas. Se sospechaba que faltaban algunas, las más caras. Semanas después se sabría de su actuación siempre apegada a derecho. ¿De qué discutieron él y su prometida? De nada importante, pero se quebró, no pudo más. Ahí, frente a los Tacos Orientales de Cuernavaca, quedó su cuerpo. Dejó una niña pequeña. ¿Para qué?

Quizá desde las oficinas en Violeta y Reforma, donde despacha el procurador, el país y la policía se vean distintos. Burbujas de cristal se construyen a su alrededor y contrastan con la mugre que corroe toda la institución.

El poder del procurador, a fin de cuentas, es poco cuando se trata del control. ¿Qué puede hacer contra judiciales enloquecidos por la adrenalina a dos mil kilómetros de distancia? Nada.

Los últimos procuradores son, casi todos, gente honesta.

Cada uno inauguró una gran cruzada contra el crimen y desmontó los programas de sus antecesores. “Se combatirá la corrupción a fondo, donde tope”, suelen decir aún ahora. Casi todos terminan mal. inhabilitados para la función pública y obligados a contestar versiones que los involucran con el crimen, la mayoría falsas, pero que responden a intereses de grupos criminales y políticos.

¿Tiene remedio todo esto? Supongo que no y menos bajo el esquema actual en el que se libra una guerra perdida de antemano. Creo que las siguientes historias dan cuenta de ello. En algunas los nombres son distintos. No le dirían mucho al lector pero sí podrían afectar acuerdos construidos con el tiempo. Muchas las vi de cerca, otras son producto del reporteo y la labor periodística. Con los policías y sus vidas, me di cuenta de que el problema tiene raíces profundas y que no se puede ver en blanco y negro. Con varios de ellos recorrí caminos en el desierto, ahí donde la profundidad de la noche y el horizonte interminable hacen propicia la confidencia.

El Popeye vio cómo su esperanza se desvanecía por el desconocimiento de la biología, la química y la conservación de los materiales.

A la judicial llegó joven. Como tantos otros se formó en la época del botín de guerra y los operativos contundentes. La policía tenía, por aquel entonces, su comandancia general en la calle de López, detrás del viejo edificio de San Juan de Letrán, donde despachaba el procurador.

La mala suerte lo atrapó cuando lo ascendieron a comandante. Ya no era el tiempo de cierta soltura, cuando las fortunas se podían enseñar sin recato. Durante un operativo incautó 200, 000 dólares, dinero suficiente para darse un respiro. Decidió enterrarlo y lo hizo en bolsas de plástico, con las que envolvió los fajos de billetes de 20 dólares. Puso un clavo como señal del tesoro, y esperó el momento adecuado para disfrutarlo.

El día llegó y procedió al desentierro. Llevó sólo a la gente de más confianza, por dos cuestiones. La primera, por la discreción que requiere este tipo de empresa, y la segunda para repartir muy poco del botín. Cometió, lo supo después, varios errores. El primero, a decir de un buscador de tesoros, el de no enterrar a alguien para que cuidara el dinero. Asunto poco factible, en una época en que la impunidad no era como antes. En Guanajuato cuentan que las grandes fortunas aún permanecen bajo tierra y que es frecuente encontrar los cofres de monedas junto a los huesos de un infeliz parroquiano, elegido por hacendados y generales para resguardar, como fantasma, el patrimonio conseguido en la revuelta. El segundo y definitivo error fue no empacar los billetes al alto vacío. Cuando le explicaron, después, que fueron bacterias las que terminaron con su fortuna, no lo podía creer. El papel se fermentó y no quedó mucho que hacer.

El Popeye tampoco sabía que el dinero debe ser asoleado. No se le puede tener bajo tierra durante un tiempo indefinido. A un ex funcionario le gustaba contar los billetes en el jardín de su casa. Ponía toldos para evitar indiscreciones aéreas. “Los que tienen helicóptero son policías, narcos o culeros y todos van a querer su parte”.

Ahora el dinero se invierte, por regla general, en tiendas de ropa. “¿A qué se debe?”, le pregunté a un funcionario. “A la facilidad de lavar las ganancias”. Probar el lavado de dinero es un asunto tortuoso y complicado. Es como un juego en el que las mafias intentan aparentar que el dinero ilícito en realidad es legítimo y las autoridades lo contrario. Esto, como algunas anécdotas despiadadas, se lo debemos a Meyer Lasky quien desde el Bronx, en los años veinte, ideó los procedimientos necesarios para blanquear el dinero obtenido con la venta de licor durante la prohibición. Abrió una cadena de lavanderías, donde podía justificar el dinero de los casinos y la prostitución. A fin de cuentas, ¿quién sabe si se lavaron cien o doscientos pantalones? Pero para los policías las cosas son aún más complicadas, ya que no cuentan con contactos en el sistema financiero.

Mientras se hacía una revisión de rutina, funcionarios de la PGR se percataron de la riqueza de uno de los comandantes. A simple vista era evidente que no podía ser justificada. Se realizó una investigación y resultó que se había sacado la lotería. El problema fue que hizo negocio y agarró dinero que no pudo justificar. La suma del dinero ilícito era menor, pero ahí quedó sepultada su esperanza de lavarlo.

Las grandes transferencias de dinero y de drogas no pueden hacerlas los policías, quienes forman parte de una cadena y es la que suele romperse con mayor facilidad.

En 1993 los contactos entre el cártel de Cali y su contraparte mexicana se hicieron más intensos. La guerra de los Rodríguez Orejuela con Pablo Escobar estaba en su apogeo. Amado Carrillo avanzaba en la construcción de una organización poderosa. Semanas antes Rafael Aguilar Guajardo moriría asesinado en un puerto turístico. Desde un vocho le dispararon, sin dejarlo reaccionar.

Una noche se reunieron en Cancún. Ahí, a la luz de la playa, establecieron un nuevo compromiso: los colombianos se encargarían de transportar la droga hasta México. El cártel de Juárez haría lo propio hasta la frontera. El pago sería en efectivo y en especie. La cantidad de droga que permaneció en el territorio nacional hizo que de alguna manera se proletarizara y los delitos relacionados con esto aumentaran. Para agosto de 1993 se registraban al mes quinientos hechos delictivos relacionados con drogas. Se trataba de establecer una ruta segura y eficiente. Buena parte de las guerras del narco son por eso, por toda la red de complicidades que hacen que la droga pueda salir de Cali y llegar a Nueva York.

Inicia, con esto, un affaire que aún conmueve nuestra vida pública, porque el caso Cancún es el que más testigos protegidos ha propiciado. Uno de ello, José Luis Antún, pasó por Chihuahua. Acompañado de madrinas viajaba en un ford último modelo. Era gente del subdelegado Horacio Brun Acosta, quien saltaría a la fama luego de detener (aunque en realidad se entregó ya que no quería saber nada de Almoloya) a Juan García Abrego.

No duraron mucho en el norte y se establecieron en Morelos. Ahí ayudaron, según Antún, al Señor de los Cielos, y a Juan José Esparragoza Moreno, el Azul. Antún sostiene que Brun entregó a Adrián Carrera un millón de dólares para ser subdelegado en Sonora. ¿Podemos creerle? Lo único confirmado es que viajaron a Sonora con sus nombramientos.

La lectura de los expedientes integrados con información de testigos protegidos debe ser cautelosa. Por regla general la verdad está escondida entre montones de basura e intrigas. No tenemos otro modo de acceder a estas historias. Reservadas, como pocas, están protegidas por pactos de lealtad que sólo terminan con la muerte. La de Cancún, sin embargo, tiene aristas que penetran por todos lados. Un ejemplo es Adrián Carrera, el director de la judicial que aparentemente aceptó sobornos del narco. No es el único, pero decidió declarar para proteger su dinero a cambio de testificar contra Raúl Salinas.

De los documentos se desprende un sistema de pagos interesante. Las cosas funcionan con un cierto toque empresarial. Para conseguir credenciales de alguna corporación policiaca, Amado Carrillo pagaba 40, 000 dólares. Se trataba de tener a cierto número de guardaespaldas con permiso para portar armas de fuego. Los demás se arreglaban como podían, aunque era muy raro que algún incidente trascendiera.

Para los dueños de los aviones el pago es por kilo, entre 1, 200 y 1, 500 dólares; 200 dólares son para los grupos de judiciales involucrados y 1, 000 para el funcionario de más alto rango involucrado en el negocio. Las cosas llegaban muy alto, aunque no tanto como sostiene la imaginación popular. Es raro encontrar material que indique un involucramiento en los niveles más altos del poder.

El nombre de Amado Carrillo estaba prohibido. Su sola mención podía tener consecuencias fatales.

El director de un diario de la frontera había sido secuestrado. Después de múltiples avisos, se había empeñado en publicar reportajes sobre el cártel de Juárez. Un buen día se lo llevaron. Ahí se arreglaron las cosas, de mala manera y las dos palabras, Amado y Carrillo, no volvieron a publicarse.

Los otros diarios también optaron por no mencionarlo, temerosos de correr la misma suerte, ignorantes de la presencia del cártel, o arreglados por cualquier clase de procedimiento.

“Para entender estas cosas hay que estar en la guerra. No es como en la ciudad, aquí se mata”, me explicó un reportero que ahora vive en El Paso, Texas. Son muchos los que salieron de su tierra después de husmear en la vida del cártel de Juárez. Nunca se presentó denuncia. ¿Alguien podía culparlos?

Si se buscan referencias a Carrillo por aquellos años será en vano.

¿A quién acudir? A nadie, ya que las autoridades podían estar coludidas en ese juego que es la lucha contra el narcotráfico. A veces me recuerda al salón de los espejos, donde las imágenes, muchas veces deformes, dan una idea de lo que puede y no puede ser. Los narcos rondan a la prensa, la saben su aliada incluso sin proponérselo. El dinero va y viene en un festín sin fondo.

El Greñas, un narco de la región, intentó negociar con la PGR. Quería ser trasladado a Ciudad Juárez. No resistía el agobio de Almoloya. Ofrecía decir el nombre de un periodista que le debía un millón de dólares, dinero utilizado para sanear las finanzas de un diario. Imposible pactar, se quedó en el Estado de México, guardando su historia. Dueño del penal en Juárez, abofeteó al director cuando éste le “faltó al respeto” a un interno. Ahí, en las canchas, y rodeado por cientos de presos, dejó claro quién mandaba. Después de esto se apuró su traslado.

El anonimato y la discreción son irrenunciables. De poco sirven los capos famosos y por regla general terminan presos o muertos. Sus empleados en las procuradurías intentan mantener el secreto.

—Ya sé quién es el sustituto de Aguilar Guajardo dijo un alto funcionario destacamentado en la frontera.

—¿Quién es? —preguntó un burócrata que subiría como la espuma en los siguientes años.

—Amado Carrillo.

—No te confundas, ese señor es agricultor.

La imagen vuelve con frecuencia. ¿No sabía? ¿Se puede condenar a alguien por no saber? Por eso las mafias se modernizan. Ahora los hijos de los narcotraficantes son gente educada, capacitada para el lavado de dinero.

La relación de la prensa con la policía y con los narcotraficantes suele ser tortuosa. En Colombia fue asesinado el director de El Espectador, Guillermo Cano Izunza. Respondiendo a su naturaleza de periodista, sobrepuso el miedo y la seguridad y publicó historias en las que se daba cuenta de un hecho vergonzoso en la vida de Pablo Escobar: su oficio como violador de tumbas. Nada molestó más a Escobar que este escrutinio de su pasado, en el que quedaba claro que no existía mucha gloria y que de vulgar ladronzuelo se convertiría en jefe y señor del cártel de Medellín. Un gatillero de Pablo Escobar, Luis Carlos Molina Yépez, le dispararía en la víspera de Navidad.

El yerno del director de El Espectador, Carlos Eduardo Medellin, llegaría a procurador de Justicia. Pero no por una carrera alegre ni meditada, sino por su condición de víctima de la violencia, ya que su padre, el magistrado Carlos Medellin Forero, caería muerto por el fuego cruzado de la guerrilla y la policía, cuando se tomó el Palacio de Justicia. Curiosamente murieron varios de los magistrados que se oponían a terminar con la ley de extradición. El procurador poco pudo hacer contra la estructura del cártel y menos aún para detener al asesino de su suegro o para indagar los motivos de la violencia guerrillera.

Juan Manuel Izabal Villicaña, oficial mayor de la PGR, dejó el resumen de su vida en un mensaje escueto: “Alejandrina, perdóname, no quise lastimarte”. Le habían encontrado una caja de seguridad con 700, 000 dólares, inexplicables desde su condición de funcionario. Decidió quitarse la vida con un disparo de su arma Beretta que le perforó la garganta y le destruyó el cerebro.

A las 7:30 de la mañana sonó el localizador de Armando Alfonzo Jiménez. El secretario del procurador impartía su clase de teoría del Estado en CU. La bruma aún se distinguía entre las islas de la explanada. Los espejos de agua, inmóviles. reflejaban la torre de Rectoría. “Urgente, comunicarse con la guardia”, era el recado, escueto pero insistente. No atendió los primeros llamados porque pensó que se trataba de un enredo burocrático. Acostumbrado a jornadas de trabajo extenuantes, se daría tiempo para resolverlo más tarde. La llegada de más recados lo inquietó. Se comunicó a la guardia de agentes. Ahí le dijeron que el coordinador administrativo de la oficialía mayor quería hablar con Jorge Madrazo. Era raro que un empleado menor quisiera comunicarse con tal apremio. Pidió que lo comunicaran. Ahí. sin preámbulos, el colaborador de Juan Manuel Izabal Villicaña, le soltó:

—El oficial mayor está muerto.

El pasmo fue tremendo. El impacto confundió los pensamientos. Las manos sudorosas y los nervios a flor de piel despertaron la imaginación y el miedo. ¿Quién lo mató? ¿Quién quiere hacernos daño? No pudo evitar el pensar en su esposa, en la familia, en ese mundo frágil que existe fuera de los muros de la PGR en Violeta y Reforma.

Camino a la oficina vendría la revelación: el oficial mayor se había suicidado. Una bala de su pistola nueve milímetros le destruiría el cráneo. Los lentes, inmóviles, desatarían el rumor. Las versiones más inauditas viajaban por las ondas radiales y se iban convirtiendo en certezas, de esas que acompañan a nuestra vida pública: ejecutado, era el consenso de conocedores improvisados y de policías que se sentían con la capacidad y los méritos para informarlo.

Por la tarde, un día antes de la desgracia, Toñita, la secretaria de Jorge Madrazo, recibió una llamada. Era un alto ejecutivo del City Bank, que quería una cita con el procurador para informarle de una cuenta extraña, a nombre de un importante funcionario de la PGR. A las 7 de la noche Armando Alfonzo pasó al acuerdo, Reunión de trámite, excepto por la instrucción: “revisa las declaraciones de todos los funcionarios. Busca quién tiene una cuenta en City Bank”. Afuera esperaban Juan Manuel Izabal y Everardo Moreno, ambos con cita para despachar asuntos con el procurador. El primero, oficial mayor; el segundo, subprocurador.

Izabal traía los nuevos uniformes para los agentes de la policía. La chamarra estaba equipada con un chip porque se trataba de que fuera intransferible, para controlar la plaga de pseudoagentes que para ese momento ya invadían, de nuevo, la institución.

Armando Alfonzo le comentaría al oficial mayor, pensando sobre todo, en que Izabal tendría más capacidad para investigar el asunto por sus contactos con ese banco, que es el que lleva la nómina de la PGR desde el tiempo de Antonio Lozano Gracia.

—¿Qué dijeron los del City Bank? —preguntó Izabal Yillicaña.

—Que hay una cuenta rara, de dólares.

—¿Cuándo dices que vienen?

—Mañana al mediodía.

Izabal salió de la secretaría particular. No volvería más. Horas después se quitaría la vida.

Antes de dejar la PGR, el oficial mayor preparó dos cartas. Una dirigida a su mujer y la otra a Jorge Madrazo. La primera fue encontrada en el lugar de la tragedia, la segunda, en su escritorio. En la carta a Alejandrina, su esposa, le pedía perdón y la deslindaba del problema. En la de Jorge Madrazo trató de dejar un mensaje: “el dinero no es de ahora, es algo que vengo cargando desde hace mucho tiempo”. En efecto, la PGJDF concluyó que el dinero no lo recabó en los últimos años, pero aún quedan líneas por investigar, entre ellas la de la participación de algunos de sus colaboradores en el cambio de divisas.

Eran como las diez de la noche cuando dejó su oficina. A su secretaria le pidió:

—Limpie mañana el escritorio. Está desordenado. Se lo encargo mucho.

Ya con la convicción de quitarse la vida y con la certeza de que el segundo mensaje sería entregado, partió al sur de la ciudad. ¿Qué pasó con Izabal? Nadie lo sabe a ciencia cierta, porque hasta antes del escándalo sus credenciales eran irreprochables. Funcionario meticuloso y ordenado, parecía una buena barrera contra la corrupción. Quizá lo era, pero la fuerza de la corrupción es superior a muchas voluntades. Quizá su vida explique ese molino de carne que es la procuraduría. Ahí una mala decisión puede costar la vida, la honra, la familia.

Me lo decía un comandante: “No se pueden cometer muchos errores y el problema es que la mayoría viene de cuando estamos verdes. Ahí se acepta la lana y se queda enganchado para siempre. No hay respiro. Siempre lo buscan. Hace algunos años, ya fuera de la institución, recibí una llamada a mi celular. Me invitaban a un bautizo. En Torreón. Reconocí la voz. Hay cosas que no se olvidan. Cambié de teléfono. A las dos semanas me llamaron de nuevo para saber por qué no había asistido”.

 

Julián Andrade Jardí
Subdirector de La Crónica de Hoy. Es autor de La lejanía del desierto.