LOS PUEBLOS INDIOS Y EL DERECHO A LA AUTONOMÍA

POR LUIS VILLORO

Los derechos humanos individuales comprenden el derecho a la autonomía de la persona. Pero las personas no son individuos sin atributos, incluyen la conciencia de la propia identidad como miembros de una colectividad, y ésta no puede darse más que en un contexto cultural. Autonomía de la persona es la capacidad de elegir conforme a sus propios fines y valores y de ejercitar esa elección. Y los fines y valores están delimitados por el marco de una cultura determinada. Las creencias básicas, que determinan las razones válidas, los fines elegibles y los valores realizables pueden variar de una cultura a otra. Por lo tanto el reconocimiento de la autonomía de las personas implica el de las comunidades culturales a las que pertenecen. El “derecho de los pueblos” sólo puede contarse entre los derechos humanos fundamentales, en la medida en que el “pueblo” sea una condición para la autonomía de las personas; en esa medida, sólo puede referirse a la comunidad cultural en cuyo marco se da cualquier elección autónoma; en esa medida, también, el “derecho de los pueblos” no contradice los derechos del individuo sino, por el contrario, los refuerza.

Según esta concepción, ¿qué debe comprender un “derecho de los pueblos” para ser considerado entre los derechos humanos fundamentales? Debe incluir, desde luego, los derechos individuales. Además, cuando la asociación política se establece entre sujetos pertenecientes a una misma cultura, comprende el respeto a la autonomía de esa comunidad cultural. Es el caso de muchas naciones y nacionalidades. El derecho internacional debe reconocer la autonomía de las naciones, entre los derechos humanos fundamentales, como condición de la autonomía de los sujetos que las integran. Pero cuando los asociados en un mismo Estado pertenecen a comunidades culturales diferentes, debe comprender el derecho a la autonomía de dichas comunidades. Incluir, por lo tanto, el reconocimiento jurídico de la capacidad de cada pueblo para mantener y desarrollar su cultura, como marco en que se hace posible la autonomía de las personas: derecho al uso de su lengua, de su sistema simbólico, de sus formas de vida, derecho a la transmisión de su cultura mediante la educación, derecho a decidir de sus propias instituciones sociales y políticas. Comprendería también el control de sus recursos dentro del territorio que ocupa, porque, como ha señalado Guillermo Bonfil, la capacidad de mantener una cultura no sería posible sin el control de sus medios de vida. El ejercicio de esos derechos tiene, naturalmente, un límite: el que establezca el convenio político al que voluntariamente se llegue. Así, si una comunidad cultural acepta voluntariamente convivir con otras en el seno de un Estado nacional multicultural, el ejercicio de su autonomía estará limitado por la legislación de ese Estado, pero ésta será entonces una limitación que ella misma se habrá dado. El derecho de los pueblos no consagra el mantenimiento, sin condiciones, de tal o cual cultura específica, sino el reconocimiento de su facultad de elegir sin coacción formas de vida e instituciones, cambiándolas o limitándolas según sus propios criterios.

El derecho de autodeterminación no corresponde a cualquier comunidad minoritaria dentro del Estado nacional, sino sólo a aquellas que cumplen cabalmente con las características de un “pueblo”, que antes señalamos: 1) que tengan una cultura diferente a la de la cultura nacional hegemónica; lo cual se comprueba con la persistencia y uso de su lengua, de su sistema de creencias y valores básicos, de sus instituciones sociales y políticas, etc.; 2) que sean conscientes de su propia identidad y manifiesten la voluntad de conservarla; 3) que ocupen un territorio delimitado que consideran como propio. Esta noción es aplicable a las etnias o conjuntos emparentados de etnias, implantados desde siglos en un territorio limitado, que se identifican con una cultura de añejas raíces, que conservan sus propias organizaciones sociales y manifiestan la voluntad de compartir un destino común. No es aplicable, en cambio, a las etnias dispersas en varios territorios, mezcladas con otras, o a las que hayan perdido sus propias instituciones, olvidado sus formas de vida y carezcan de la voluntad de mantener un proyecto histórico común.

—Nexos 197. Mayo de 1994.