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El gobierno de Fox necesita más recursos, y los necesita para atender, entre muchas cosas, dos asuntos prioritarios para el desarrollo: la salud y la educación. México se juega mucho con la reforma fiscal. Pero de qué hablamos cuando hablamos de ella. La claridad y la sencillez profunda de este artículo nos ayudan a comprenderla mejor, desde un lugar privilegiado en las primeras filas.


Vicente Fox se bajó del avión en Davos con el propósito de ofrecer a México ante los inversionistas de todo el mundo como el próximo milagro económico, como la “tierra del hoy, hoy, hoy”. Sin embargo, colocarnos en la dirección que busca el presidente de la República implica el respaldo del Congreso de la Unión en al menos tres reformas:

• Apertura eléctrica. Vicente Fox debe conseguir el apoyo legislativo en el desarrollo de un nuevo modelo que involucre inversión privada para garantizar el abastecimiento futuro de energía eléctrica en México. El gobierno no tiene recursos suficientes para invertir en este sector, que durante los próximos cinco años necesita unos 250,000 millones de pesos, según estimaciones de la Secretaría de Energía. Sin la participación del sector privado será imposible liberar un monto de esta naturaleza y esto exige modificar la legislación vigente para abrirla a la inversión privada.

Las inversiones son urgentes porque los proyectos eléctricos tardan un mínimo de cuatro o cinco años en madurar y ofrecer resultados. En 1999. Ernesto Zedillo envió al Congreso la primera iniciativa para abrir el sector eléctrico; su propuesta fue rechazada.

Si el gobierno no obtiene noticias este mismo año, el crecimiento de la demanda no podrá atenderse de manera eficiente a partir del 2003. Para el 2007 el problema pondría en riesgo la operación cotidiana de empresas, gobierno y ciudadanía en general.

• Reconversión del sistema financiero. Se ha vuelto imperativo realizar ajustes que obliguen a la banca comercial a reducir sus márgenes de intermediación (el costo en el que incurren por realizar operaciones) para que las tasas de interés bajen y el crédito sea más accesible. Durante la administración recién concluida (1994- 2000), el crédito bancario se contrajo 75%, lo que implica que por cada 100 pesos prestados antes de la crisis de 1994, en el 2001 había sólo 24 pesos colocados como crédito.

• Reforma fiscal o hacendaría. El gobierno cobra impuestos por el equivalente a 11% del PIB cuando las economías desarrolladas ingresan alrededor de 20% del PIB como mínimo. El objetivo de este gobierno es, pues, elevar los ingresos para revertir rezagos sociales acumulados. La herramienta central de esta reforma es la política impositiva y en particular el IVA que, al ser un impuesto que grava el consumo, es más difícil de evadir porque todos, empresas y personas físicas, somos consumidores constantes.

Las prioridades del 2001 tienen un rasgo en común: la necesidad del gobierno de deslindarse de tareas que puede realizar el sector privado (reforma eléctrica), que exigen una banca fuerte que apoye el esfuerzo (reforma financiera), con el objeto de permitir al gobierno concentrarse en tareas de desarrollo social que le exigen un mayor gasto público (reforma fiscal). Esta última implica, además, pedirle a la población que haga el esfuerzo de pagar impuestos que el Estado le devolverá con más y mejores servicios, además de inversiones en educación, infraestructura y abatimiento de la pobreza.

En el tema de los impuestos el gobierno tiene que convencer a cuatro grupos centrales para conseguir su objetivo: el legislativo, los empresarios, los contribuyentes y los evasores. Se tiene una idea de cuánto se evade (entre 35 y 40% del ISR y del IVA), pero no de cuántos evaden. De todos los participantes en la economía, será el poder legislativo el que tenga la última palabra porque las decisiones de ingresos y gasto público son un asunto estrechamente ligado a los vaivenes políticos.

¿Es realmente necesaria una reforma tributaria?

El primer asunto por dilucidar es si verdaderamente el gobierno requiere más ingresos públicos o no, sobre todo cuando las últimas administraciones probaron de sobra que la forma de gastar lo que recibieron de sus contribuyentes no fue ni eficaz, ni transparente, ni apegado a los mandatos del Congreso. Y no sólo eso: México es cada vez menos rico y menos equitativo. En el año 2000 el salario mínimo de la población representó sólo la mitad del que tenían los trabajadores hace 35 años.

¿Para qué entonces pedir más recursos si los resultados no han sido satisfactorios? La respuesta nos remite a otra pregunta todavía más sustancial: ¿qué país queremos tener? O bien: ¿qué país podemos tener? El problema al que se enfrentará el gobierno de Vicente Fox es que esta batalla es mucho más política que económica. Los tres principales partidos representados en el Congreso han dejado claro que no están dispuestos a asumir el costo en posición y clientela electoral implícito en una reforma fiscal, léase incremento al IVA.

Un ejemplo de ello fue la actitud de los diputados panistas que se reunieron en privado con Francisco Gil durante los primeros días de febrero, en Ixtapan de la Sal, y donde sancionaron el asunto en unas cuantas palabras: “No se aceptará nada que afecte a la población porque ello representa un costo político innecesario que no queremos asumir”. El PRI y el PRD tampoco están dispuestos a apoyar la iniciativa de gravar alimentos y medicinas con IVA. sin pedir algo a cambio, como más recursos para los estados que gobiernan, o algún otro tipo de concesión política.

Antes de hacer los cálculos relacionados con la clientela política de cada partido, resulta indispensable revisar algunos datos fríos.

Un gasto raquítico para la salud. Las cifras de finanzas públicas más recientes en el mundo (1999-2000) ofrecen una referencia digna. En los países desarrollados el gasto destinado a la salud nunca es inferior a 6% como proporción del PIB. En los países latinoamericanos, el gasto destinado a la salud es de 4.3% del PIB en Argentina, y el 3% en México, Brasil y Chile, la mitad de lo que proporcionalmente canaliza Estados Unidos y una tercera parte de lo que los alemanes consideran pertinente. Nuestros rezagos en salud exigen al menos el doble del presupuesto.

Demasiado poco para la educación. Una de las pocas vías que han probado su capacidad para distribuir el ingreso a largo plazo es la inversión en educación. Otro sólido argumento para justificar la necesidad de un mayor ingreso público es la insuficiencia del presupuesto educativo. México destina 5% del PIB a este objetivo, cuando requeriría al menos 8% del producto, según reconocieron los estrategas económicos de Vicente Fox durante su campaña proselitista. El 8% del PIB es consistente con el porcentaje que Estados Unidos o Canadá destinan a este objetivo.

Los precarios resultados obtenidos por México en materia educativa se ilustran con claridad en el último Reporte de Competitividad Global 2000, elaborado en agosto pasado por los investigadores Michael Porter, Jeffrey Sachs y Andrew Warner de la Universidad de Harvard. Los especialistas intentan calificar o poner la competitividad de las economías en un ranking, en donde 1 significa lo mejor y 59 lo peor. Uno de los rubros que evalúan es la calidad cuantitativa y cualitativa de la educación. El primer caso significa cuántas escuelas existen para el número de habitantes de un país y, en el segundo, si la calidad de la educación pública es equiparable a la privada. En los dos indicadores México ocupa el nada gratificante lugar 50.

El Statistical Yearbook 1999 elaborado por la UNESCO coloca a México en el lugar número 39 entre 59 naciones, según el promedio de educación para individuos mayores de 25 años. El promedio de escolaridad nacional no ha logrado rebasar los siete años, lo que nos coloca detrás de países como Israel (19), Argentina (28). Chile (32) y Perú (37).

Una de las razones por las cuales no hay una mayor oferta de educación media y superior en el país es porque cada estudiante en aulas públicas le cuesta al gobierno, o dicho con más claridad, a nosotros los contribuyentes, 10,713 pesos anuales, según los anexos del VI Informe de Gobierno de Ernesto Zedillo.

La inacabable pobreza. Para todos los gobiernos el problema de la pobreza ha sido, al menos en términos declaratorios, asunto central, y Fox no es la excepción. El caso es que el número de pobres no disminuye.

México no cuenta con un consenso político para medir la pobreza. Sin este acuerdo —suficientemente respaldado por los académicos— no es posible medir los resultados de las políticas públicas dirigidas hacia los sectores marginados.

Las definiciones teóricas sobre la pobreza varían de país en país, y de gobierno en gobierno, pero una referencia internacionalmente aceptada incluiría dentro del renglón de “pobreza” a todo aquel que viva con aproximadamente 4 dólares diarios o menos. En tanto, la “pobreza extrema” implica sobrevivir con un dólar diario o menos. En enero el INEGI concluyó el estudio denominado “Niveles de Bienestar 2000”, en el que reconoce que 43% de la población, unos 40 millones, vive con menos de un salario mínimo mensual, lo que equivale a unos 120 dólares mensuales. Más aún, el INEGI establece también que de este grupo de 40 millones, casi la mitad (17.4 millones) está postrada en la llamada “pobreza extrema”.

En un país como México, 80 centavos de cada peso erogado de gasto programable tendría que destinarse a proyectos de carácter social. ¿Por qué? El gobierno divide el gasto en dos grandes rubros: programable y no programable. En el primero está todo aquello que puede prever, como los recursos que transfiere para educación, salud, vivienda, el IFE, el poder legislativo, el judicial, la burocracia. El gasto no programable incluye todo lo que tenemos que pagar pero no sabemos cuánto va a costar: los intereses de la deuda pública o las participaciones a estados y municipios (que están directamente relacionadas con los niveles de recaudación).

El objetivo de Fox es aumentar el gasto social en al menos 2% del PIB a partir del año 2002, si el Congreso lo respalda con la reforma tributaria. Esto permitiría que en lugar de canalizar a gasto social 60 centavos de cada peso del “gasto programable”, se destinaran 80 centavos de cada peso.

El Programa de Educación, Salud y Alimentación, conocido como Progresa, el más ambicioso proyecto contra la pobreza de la administración anterior, ahora recuperado por la administración de Vicente Fox, sólo atiende a 11 millones de pobres extremos. También otorga 2.2 millones de becas al año para educación primaria, aunque se requerirían cuatro veces más como mínimo, esto es, 8 millones de becas o espacios donde se imparta educación pública, ya que hay más de 30 millones de niños menores de 15 años y la matrícula de estudiantes (pública y privada) es de sólo la mitad (14.8 millones). Asimismo, otorga 20 millones de consultas médicas gratuitas, cuando se necesitan 3.5 veces más, pues de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Hacienda la población que vive en pobreza requiere atención médica al menos cuatro veces al año (vacunas, servicios de maternidad, atención a la senectud, etcétera).

¿De dónde proviene “lo poco” que ingresa el Estado?

Las finanzas públicas son siempre un tema intrincado y complejo, ya que el sector público tiene mil caminos para obtener ingresos y otros tantos para gastarlos. Sin embargo, la forma más sintética de agruparlos incluye los ingresos que genera el gobierno, que equivaldrán a 15.3% del PIB este año, y los que generan las paraestatales otro 5.71% del producto. Dentro de los ingresos del gobierno están los tributarios (11% del PIB) y los no tributarios (4.3% del PIB). En tanto, dentro de los ingresos de las paraestatales, que representan 5.71% del PIB este año, la mayor parte proviene de Petróleos Mexicanos. Sin embargo, en los ingresos tributarios, que son los que nos ocupan, los datos oficiales dejan claro que sólo uno de cada siete mexicanos cumple con el fisco.

Según la Secretaría de Hacienda hay casi 8 millones de asalariados que son contribuyentes cautivos, y hay otros 6.3 millones de personas físicas que tributan voluntariamente a través de sus declaraciones trimestrales. Sólo hay 500,000 empresas en México que pagan impuestos y sólo 10,000 de ellas, que representan el 5% del total, pagan el 60% de los impuestos tributados por las empresas, ya que son grandes consorcios. Por tanto, los niveles de evasión son alarmantes. El incumplimiento, que incluye a empresas y personas físicas que deliberadamente deciden no pagar al fisco, equivale a entre 35 y 40% del ISR y del IVA actual.

Así, debido al incumplimiento, el cobro de impuestos se traducirá para el gobierno en ingresos de sólo 11% del PIB este año, lo que equivaldrá a 665,997 millones de pesos. ¿De qué estamos hablando? Si todos cumpliéramos con el fisco puntualmente, con el esquema actual y sin cobrar IVA sobre alimentos y medicinas, el gobierno tendría ingresos adicionales por unos 210,000 millones de pesos, esto es, 3.5% del PIB adicional. Sin embargo, el gobierno no va por tanto con la reforma fiscal. En principio sólo quiere recuperar 2.5% del PIB a través del cobro de IVA sobre alimentos y medicinas y una reducción paulatina de la evasión. Esto le permitiría obtener ingresos adicionales por 150.000 millones de pesos en el 2001. Estos recursos serían suficientes para saldar en cuatro años el costo total del rescate financiero que se gestó vía Fobaproa (hoy Instituto de Protección al Ahorro Bancario). Si se les busca un destino más interesante, son también suficientes para duplicar el gasto destinado a salud en México.

México, uno de los peores recaudadores del mundo
Carga fiscal % del PIB
Promedio OCDE 29.1%
Promedio Asia 19.6%
Promedio América Latina 18.1%
Argentina 16.5%
Brasil 21.3%
Colombia 16.3%
Chile 21.8%
México 11.2%

Fuente: Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda. Datos a diciembre del 2000.

No obstante, como mera referencia, vale citar que el promedio de ingresos tributarios de América Latina es de 18.1%, lo que significa que —sólo para igualarse con sus homólogos de la región— México necesitaría elevar sus ingresos vía impuestos en 7% del PIB. lo que equivale a la nada despreciable suma de 420,000 millones de pesos. Estos recursos serían suficientes para cubrir dos veces el presupuesto total sumado de los poderes legislativo, judicial, el IFE y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el 2001. Más aún. son equiparables a 33 veces el gasto destinado a Progresa este año. Sí, 33 veces los recursos que se canalizarán al principal programa de abatimiento de pobreza en México.

Por otra parte, nuestro país enfrenta también una elevada dependencia petrolera que se corregiría si los ingresos tributarios alcanzan promedios internacionales esto es, si se logra que lleguen a un 17% del PIB como mínimo.

Aunque el gobierno logró “despetrolizar” la economía luego del descalabro ocurrido durante el gobierno de José López Portillo, no lo consiguieron las finanzas públicas. México se abrió en materia comercial y diversificó las exportaciones; no obstante, para las finanzas públicas 35% de los ingresos se derivan aún de la venta de petróleo. Por tanto, por cada dólar que baje el petróleo con respecto a la estimación del gobierno, éste pierde 6,000 millones de pesos que tendrá que compensar vía recortes al gasto, ya que no tiene margen de maniobra en los ingresos tributarios.

¿Para qué pagar?

En la batalla fiscal todo dependerá del acuerdo al que se llegue con respecto a dos puntos de vista en el gobierno. Todo dependerá de quién tome la batuta en la negociación. Si es Vicente Fox. es muy probable que el ISR baje de forma paulatina (para personas y empresas) desde que entre en vigor la reforma porque ésta fue la instrucción que dio como presidente electo a su equipo económico de trabajo encabezado por Luis Ernesto Derbez y Eduardo Sojo. Por ello, si Fox hace suya la reforma fiscal exigirá que existan compensaciones en materia de ISR. para personas físicas a través del ahorro de largo plazo (que quedaría exento del pago de este gravamen vía afores o bancos) y para las empresas reduciendo la carga de ISR para todo aquel que reinvierta utilidades.

Sin embargo, si delegara esta tarea al 100% en Francisco Gil Díaz, su secretario de Hacienda, esta reforma será fundamentalmente recaudatoria, esto es, sólo buscará garantizar más ingresos para el gobierno sin compensar al contribuyente de otra forma que no sea a través de más y mejor gasto, así como de la simplificación en los trámites fiscales. Gil Díaz quiere gravar con IVA alimentos y medicinas, que hasta ahora se encuentran exentos en el primer caso y con tasa cero en el segundo. Cuando se habla ele “homologar” el IVA, lo que el gobierno está planteando es aplicar una sola tasa de 15% para todo tipo de consumo. Todo.

Este 15% se traducirá en un incremento en precios que afectará el bolsillo de las personas físicas y las compras que hagan las empresas, cuyos insumos también se encarecerán.

Sin embargo, más allá del deterioro que podría experimentar buena parte de la población al pagar IVA por productos que antes no lo generaban, hay al menos dos beneficios en puerta para el contribuyente. Más gasto social: recursos destinados a objetivos prioritarios para los grupos de menores ingresos, como salud, educación, vivienda y proyectos para abatir pobreza. Menos evasión de impuestos: que los que nunca han pagado empiecen a hacerlo y también que las cargas se equilibren.

Hasta el momento, el esquema vigente del IVA exenta del pago de este impuesto a toda la población, incluido al 20% de la población que concentra 80% de la riqueza nacional, según reconoce el propio INEGI. Una reforma obligaría a esa población a pagar IVA, recursos que serían canalizados a la población que vive en pobreza a través de proyectos específicos de desarrollo. Hay un tercer beneficio que sólo se presentaría en caso de que sea Vicente Fox quien conduzca la reforma fiscal y no Francisco Gil Díaz. Se buscará que la carga de ISR se reduzca para personas físicas y morales desde que la reforma entre en vigor, esto es se compensará al contribuyente permitiéndole pagar menos impuestos sobre su ingreso, ya que aumentará el que está ligado a su consumo.

La reforma fiscal integral implica también nuevos esquemas del gobierno para reportar lo que hace, cómo gasta, en qué y, sobre todo, la forma cualitativa en la que ofrece resultados. No es sólo gastar más en educación o salud, sino los resultados que se obtienen con esos recursos. Un estudio realizado por el Banco Mundial en 1998 sobre la forma en la que gastan los distintos gobiernos arrojó una conclusión interesante. Latinoamérica gasta más o menos lo mismo que Asia en educación y los resultados cualitativos son mucho mayores en este último continente. Una reforma fiscal también abre la puerta para que los contribuyentes y los partidos políticos exijamos al gobierno que nos ofrezca resultados cuantificables sobre las decisiones de gasto.

Para las entidades federativas, una reforma fiscal implicaría asumir la responsabilidad a la que se han estado negando, que es cobrar algunos impuestos locales a servicios como el turismo o al consumo local (un 2% adicional al IVA federal).

El rechazo ha estado vinculado con el costo político de cobrar gravámenes por entidad, pero a cambio tendrían recursos disponibles para cubrir su propia agenda de necesidades. Hay una queja constante de que los recursos públicos que llegan a los estados están “etiquetados”; sin embargo, pocos gobernadores han aceptado que el camino más sencillo y eficaz es que ellos se hagan cargo de una parte de la recaudación.

El costo inflacionario

Curiosamente, y contrario a lo que se esperaba en principio, Banco de México —cuya misión, según la Constitución, es abatir la inflación paulatinamente— recibió de buena gana la idea de una reforma fiscal integral bajo la premisa de que sí es indispensable elevar los ingresos del gobierno. La reforma le costará al banco central un incremento de golpe de 3 puntos sobre la inflación, esto es, si la meta del 2001 es que los precios no aumenten más de 6.5%, éstos se irían en automático a 9.5%. Pese a ello, Guillermo Ortiz Martínez aseguró que el impacto sería compensado en unos cuantos meses porque el país requiere dicho ajuste tributario. Su prioridad es no perder de vista el objetivo inflacionario de mediano plazo, 3% para el 2003. y asegura que ése no está en riesgo.

El controvertido IVA y el resto de los gravámenes o la “madre de todas las reformas fiscales”.

La complejidad de los temas tributarios es bien sabida. Cada año la Secretaría de Hacienda propone adecuaciones diversas legislaciones y el paquete de ajustes es conocido en el Congreso como miscelánea fiscal. Como resultado de lo anterior, todos los meses de enero los despachos fiscales se dan a la tarea de “traducir al español”, para empresas y personas físicas, los ajustes recién aprobados por el legislativo en diciembre, realizan foros, emiten opiniones y, sobre todo, asesoran a sus clientes.

Está vez México va por la “madre de todas las reformas fiscales”. La propuesta preliminar del gobierno estará en la Cámara de Diputados antes del 31 de marzo, según los planes de la Secretaría de Hacienda, al menos a nivel de borrador para discusiones extra legislativas. Paralelamente, durante todo este mes, los partidos políticos, el sector privado y los académicos realizarán encuentros y elaborarán documentos en los que fijen su posición en torno a la nueva estructura fiscal que requiere el país. El Congreso sesionará de forma ordinaria entre el 15 de marzo y el 30 de abril y espera tener conclusiones sobre el tema antes de que concluya dicho periodo ordinario.

En todos los casos los impuestos estelares de la discusión serán dos y en ellos habremos de centrarnos: IVA e ISR. Estos dos gravámenes representarán el 72% de los ingresos tributarios del gobierno en el 2001, según la previsión contenida en la Ley de Ingresos de la Federación aprobada por el poder legislativo.

El maldito IVA

La controversia y el desacuerdo de buena parte de los políticos y la opinión pública se centra en el Impuesto al Valor Agregado. El gobierno de Vicente Fox quiere gravar alimentos y medicinas con IVA. No queda claro aún si sería a partir de una tasa general de 15% o si ésta sería menor. El primer punto, por tanto, sería determinar las implicaciones de esta propuesta y definir si 15% es una referencia elevada o no.

Lo cierto es que más allá de los argumentos de la Secretaría de Hacienda, de que los ingresos tributarios deben fortalecerse para depender menos del petróleo, que convencieron poco durante la administración de Ernesto Zedillo, es verdad que la tendencia internacional en materia impositiva apunta a fortalecer los impuestos indirectos para liberar la carga de los impuestos directos. Esto es, crecen los impuestos al consumo para reducir los impuestos que gravan el ingreso, en el caso mexicano, IVA e ISR respectivamente. En América Latina el IVA promedia 18% y en Europa supera el 20%. La tasa máxima de México es de 15%, pero su estructura actual se administra a partir de un esquema muy complejo que es una de las razones centrales de los elevados niveles de evasión que registra, pues contempla exenciones, tasa cero, tasa 10% y la antes citada de 15 por ciento.

Exención: para el consumidor de alimentos y medicinas. Tasa cero: beneficia al sector farmacéutico que está obligado a pagar IVA a la Secretaría de Hacienda, pero como no lo cobra al consumidor entonces tiene el derecho a pedir la devolución del mismo más adelante, proceso que complica la tributación. Tasa 10%: se utiliza para gravar bienes y servicios en la zona fronteriza del norte del país para no poner a México en desventaja frente a Estados Unidos. Tasa 15% o tasa general: es la que se paga por la ropa, servicios, viajes, electrodomésticos y, en general, por cualquier bien consumido que no sea de primera necesidad.

La multiplicidad de tasas enreda la fiscalización o proceso para vigilar que los impuestos se paguen a tiempo y en la proporción correcta. Como resultado de la estructura actual, sólo 45% de los bienes que se consumen pagan impuestos. El problema es que obligar a una tasa general afectará sin duda a los 40 millones de mexicanos pobres. De entrada, este año el IVA generará ingresos por 207,236 millones de pesos, que son 32% de las percepciones totales que se obtendrán vía impuestos.

Algunos escenarios:

1. Tasa 15%. Si el gobierno de Fox propusiera una tasa general de 15% sobre todo tipo de consumo obtendría ingresos extras por al menos 3% del PIB, unos 180,000 millones de pesos. Incrementando con ella la recaudación de impuestos a 14% del PIB, aún lejos del promedio latinoamericano de 18 por ciento.

2.- Tasa 12%. Si el Ejecutivo opta por una tasa general de 12%, que también se ha manejado en los escenarios preliminares, la tasa máxima se reduciría en 3 puntos porcentuales abaratando una larga serie de productos; el problema es que el 80% de los mismos no son accesibles para esos 40 millones de pobres en México. Esto es, el beneficio de una reducción de la tasa general a 12% beneficiaría a la clase media, media-alta y alta del país y atacaría directamente a los grupos de bajos ingresos que comenzarían a pagar IVA por sus alimentos y por las medicinas. Para el fisco, se lograrían ingresos adicionales por 1.5% del PIB, unos 90,000 millones de pesos.

3.- Tasa 10%. Si el Ejecutivo homologara el IVA en 10% no ganaría recaudación en lo inmediato, pero tampoco perdería un 5 por concepto de este impuesto. Su ganancia sería exclusivamente una fiscalización y administración mucho más sencilla que reduciría los niveles de evasión, lo que a la larga sí se traduce en mucho dinero adicional. Nuevamente, los grupos beneficiados serían los de elevado ingreso porque pagarían 5 puntos porcentuales de IVA y los dañados serían los de menores ingresos. ¿Los pobres subsidian a los ricos? Queda claro que la población con menos ingresos sería la más golpeada por este impuesto. Por tanto, la compensación para esos pequeños contribuyentes sería a través de gasto, subsidios y ahorro. Concretamente, el gasto en proyectos educativos, de salud y de infraestructura tendría que crecer de inmediato. Por otra parte, tendrían que multiplicarse los programas de abatimiento de pobreza, salud rural, campañas de vacunación y los subsidios tendrían que canalizarse de forma directa a la población de menos ingresos a través de bonos canjeables o servicios específicos que no reciba ningún otro grupo de la población.

En materia de ahorro, la Secretaría de Hacienda —propuesta que ya está en análisis— exentaría del pago de ISR inversiones de largo plazo, muchas de ellas a través de las afores, lo que aumentaría los ingresos de los trabajadores cuando lleguen al retiro.

El futuro del ISR está estrechamente ligado a lo que se decida sobre el IVA. Lo cierto es que cualquier ajuste sería a la baja, las tasas se reducirían. Por ejemplo, la tasa máxima para empresas que reinviertan sus utilidades y generen empleo podría ser de 28% y no del 32% actual, según los escenarios preliminares.

Para personas físicas también habría noticias, volverían a estratificarse los ingresos en el tabulador de ISR con objeto de no llegar tan rápidamente a la tasa máxima de 35%.

2001, el año clave

Vicente Fox está tomando al pie de la letra un consejo que recibió en Chile en agosto del 2000, durante su gira como presidente electo por Sudamérica. En encuentros privados con el presidente chileno Ricardo Lagos y con el expresidente Eduardo Frei, ambos le dijeron: “Es ahora o nunca. Usted tiene que capitalizar la euforia de la gente en las elecciones para obtener su apoyo en la reforma fiscal, después será más difícil”, como se publicó en el periódico El Economista durante los días de la gira.

El equipo de Vicente Fox lo sabe y aunque el anuncio de la intención de una reforma fiscal fue atropellado. no ha quitado el dedo del renglón porque no será igual de sencillo este proceso en el 2002 o el 2003.

Partidos políticos

El presidente de la República se enfrentará a las tres principales fuerzas políticas. Ni siquiera el PAN está de su lado porque el costo político de la reforma tributaria es elevado. PAN, PRI y PRD se oponen en principio a gravar alimentos y medicinas si no hay toda una estrategia integral para compensar a los más pobres; nadie quiere perder capital político. Pero sí están dispuestos a gastar los recursos adicionales que se obtengan. El PR1 critica agriamente al gobierno por no haber enviado ya una propuesta preliminar de reforma y el PRD ya comenzó a hacer la suya.

Hasta el cierre de esta edición, el PAN y el PRI podían darle una sorpresa a Fox. El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, el panista Luis Pazos, se reunió a trabajar con el priista Jorge Chávez, secretario de la Comisión de Hacienda, para hacer una “propuesta legislativa” de reforma fiscal, con lo que podrían desplazar a la iniciativa de Fox.

Nada está escrito con tinta indeleble. Estas semanas serán claves para que México consiga un ingreso público competitivo o para asestar un fracaso político rotundo sobre la espalda del primer presidente panista.

 

Andrea Ornelas
Periodista. Colaboradora del periódico El Economista.