Es necesario, dice Arturo Warman, que a los indígenas se les otorgue verdadero respeto en lugar de simpatía superficial y pasajera. Es indispensable que los indígenas participen como ciudadanos plenos. Para ello, concluye, bastaría con la justa y rigurosa aplicación de las leyes existentes con la participación y vigilancia de la sociedad.


Se ha creado un consenso en la opinión pública para combatir la discriminación que afecta a los mexicanos indígenas. Son muchas y diversas las fuentes de ese consenso pero entre ellas destaca el impacto del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y la resonancia que alcanzó su jefe, Marcos, en los medios de comunicación. Las instituciones políticas del país asumieron ese consenso como voluntad para impulsar las medidas que promuevan la corrección de esa injusticia. Esa voluntad política no es profunda ni tiene dirección precisa, pero es significativamente más alta de la que se otorgó a la cuestión indígena en el pasado, es una nueva corriente generosa para atender a una minoría que ganó la atención nacional. Consenso y voluntad son buena noticia que abre nuevas oportunidades, aunque también contiene riesgos si no se procesa con rigor y seriedad.

El consenso para atender la injusticia que se abate sobre los indígenas es vago y superficial. Está mal informado y no tiene claros los sujetos ni los problemas que se deben atacar, es abstracto. Apenas reconoce que los indígenas son muy pobres y que reciben un trato desigual y discriminatorio. No distingue entre la gran diversidad de los grupos indígenas y sus circunstancias, es simplificador. Supone que los indígenas son diferentes sin precisar el origen y alcance de las diferencias. Se propone resolver el problema de “los otros”, de los menos, de los más pobres entre los pobres, como si fueran una excepción, un cuerpo ajeno incrustado en el país. El consenso está alimentando una falsa distancia entre los indígenas y el resto de los mexicanos.

Aunque la mayoría de las demandas de los indígenas, y de los problemas que las sustentan, no tienen origen en los ordenamientos legales nacionales sino en prácticas sociales profundamente arraigadas en las regiones indígenas, el consenso se ha inclinado por las reformas constitucionales para atender los reclamos y solucionar sus causas. Recurre al pensamiento político mágico que supone que la ley por sí misma transforma la realidad. Además, este supuesto deposita en las autoridades toda la acción necesaria para hacer cumplir la ley promulgada, transfiere la responsabilidad de la sociedad a su gobierno como si realizara un exorcismo. Se juntan voluntarismo y estatismo en el fácil pero incierto recurso de reformar la constitución como objetivo final de la movilización en la opinión pública y de la voluntad de las instituciones políticas.

Se ha creado una inercia que se propone reformar la Constitución para solucionar el problema indígena; así: en singular. Dentro de esa inercia podemos distinguir dos corrientes o enfoques sobre la dirección de las reformas necesarias. Una de ellas, que parece abrumadora, ha optado por conceder a los mexicanos indígenas derechos adicionales respecto al resto de la población para compensar las desigualdades que resienten. La otra corriente, que parece débil pero que está sustentada en tradiciones políticas y jurídicas profundas, propone que se otorguen a todos los mexicanos los derechos necesarios para que los indígenas puedan realizar sus objetivos y satisfacer sus demandas en un marco de igualdad frente a la ley.

Uno de los temas torales de las reformas propuestas es el de conceder a los indígenas la posibilidad de elegir directamente a sus autoridades en el orden de gobierno municipal en que sean mayoría. Para algunos, en eso consiste la autonomía indígena que se debate. En abstracto, la coincidencia con ese planteamiento sería casi universal; a fin de cuentas de eso se trata la democracia de que tanto nos preciamos. Pero la coincidencia no es tan amplia si se analizan las propuestas que hacen las corrientes y sus consecuencias jurídicas y políticas.

Conviene pasar revista sumaria a la situación actual para ubicar la magnitud y trascendencia de elegir a indígenas como autoridades municipales. Alrededor de 800 municipios, cerca de la tercera parte de los que existen en el país, tienen más del 30% de hablantes de lenguas indígenas entre su población total. En cerca de 550 de esos municipios la proporción de hablantes de una lengua originaria es superior al 70% del total; son nítidamente municipios mayoritariamente indígenas. En un poco más de 450 municipios del estado de Oaxaca las autoridades municipales se eligen por usos y costumbres como resultado de una reforma reciente en la Constitución local. Asimilando esos municipios oaxaqueños con los mayoritariamente indígenas, quedarían 100 de estos municipios en todo el país en que las autoridades no se eligen por usos y costumbres. En otros 250 municipios del país con fuerte presencia indígena pero sin mayoría clara o en estrecha minoría, la adopción de los usos y costumbres indígenas podría privar a una proporción muy importante de sus ciudadanos de sus derechos políticos o, peor, provocar conflictos y enfrentamientos étnicos.

Para el enfoque que postula consagrar derechos adicionales para los indígenas, el problema de la elección de gobernantes se resuelve reconociendo el hecho de que los indígenas han mantenido autoridades tradicionales propias, distintas de las de los órdenes de gobierno constitucional, y que las mismas se eligen conforme a usos y costumbres diferentes al voto universal, libre y secreto de los ciudadanos. Por eso propone que a los indígenas se les conceda el derecho de escoger a sus autoridades políticas —ayuntamiento y presidentes municipales— con los métodos y procedimientos utilizados en la selección de sus autoridades tradicionales.

Esa propuesta contiene varios supuestos que no tienen confirmación categórica. Acepta que todos los indígenas conservan autoridades tradicionales, lo que no es el caso en todas partes o ha dejado de serlo por la movilidad física y social de las personas y comunidades. En Las Cañadas de Chiapas, donde se supone que la propuesta se origina, los poblados formados por inmigrantes recientes no tienen autoridades tradicionales; por el contrario, adoptaron un sistema de asambleas para elegir a las autoridades de sus pueblos, que formalmente quedaban adscritos a un municipio remoto, ajeno y excluyente: el de Ocosingo.

Esa propuesta supone que las autoridades tradicionales, que con frecuencia desempeñan funciones religiosas vinculadas a la organización de las fiestas católicas que les otorgan prestigio e influencia en todas las esferas de la vida social, pueden asumir naturalmente las funciones políticas y administrativas de un orden de gobierno republicano. Ese tránsito no es natural ni automático y no pocas veces se ha traducido en intolerancia, corrupción y pérdida de legitimidad de las autoridades tradicionales. La separación en espacios institucionales especializados y autónomos de distintas funciones de la vida social es un proceso del que los indígenas no han estado ausentes. Lo prueba la conversión de los indígenas a iglesias cristianas distintas del catolicismo en proporciones más altas que el promedio nacional. Las autoridades tradicionales vinculadas con la iglesia católica pueden contradecir la definición laica de las instituciones del Estado.

Esa propuesta asume que las autoridades tradicionales son más legítimas y representativas que las electas por los métodos de la democracia formal. Muchos casos ponen signo de interrogación a ese supuesto. La exclusión de las mujeres en y de la selección de autoridades tradicionales ilustra esas interrogantes. También lo hacen los casos en que los sistemas tradicionales de selección de autoridades encubren y protegen a cacicazgos autoritarios e intolerantes que oprimen directamente a los indígenas, como sucede en San Juan Chamula en el estado de Chiapas. Las supuestas ventajas de las autoridades tradicionales, cuyo ámbito de acción se propone no sólo reconocer sino también ampliar como derecho reservado a los indígenas, requieren cuando menos de un cuidadoso examen con auténtica participación de los involucrados. Con descuido y superficialidad podríamos estar legislando a favor de normas que propicien la segregación de los mexicanos indígenas y la preservación de condiciones que sirven de caldo de cultivo a la pobreza.

La propuesta de conceder a los indígenas el derecho adicional a elegir a sus autoridades con métodos propios tiene implicaciones preocupantes para todos los mexicanos. Requiere que las instituciones del Estado adscriban a una parte de los mexicanos una categoría étnica para poder ejercer esos derechos. Se trata de una función dudosa para un Estado moderno y muy desprestigiada. La adscripción de filiaciones étnicas está asociada con Estados autoritarios que ejercieron la discriminación y el genocidio, con la distribución discrecional del privilegio y el estigma. Tras una larga lucha, México logró desprenderse de la pesada herencia colonial de clasificar a su población por origen, por sangre dirían algunos, y consagró la igualdad de todos los nacionales frente a la ley. Las implicaciones de que el Estado asuma la obligación de establecer o reconocer formalmente quienes se benefician con los derechos adicionales consagrados para los indígenas tienen mucho de anacrónicas y otro tanto de ominosas. No parece razonable volver atrás de lo que tanto nos logró conquistar.

Desde la otra vertiente que postula la ampliación y el perfeccionamiento de nuestra democracia para que los indígenas puedan alcanzar sus legítimas demandas de ser gobernados por sus pares en primera instancia sin la concesión de derechos especiales o particulares, se pueden explorar varias alternativas. La más sencilla y transparente propondría legislar para que los ciudadanos pudieran conformar planillas independientes para competir en el orden de gobierno municipal sin pasar por el requisito del registro partidario. Correspondería a las legislaturas locales establecer los requisitos para el registro de las planillas conforme a sus circunstancias, pero algo como el respaldo del 2% de los ciudadanos para las planillas independientes —la misma proporción necesaria para mantener el registro de los partidos políticos nacionales, que por cierto pocos cumplen encubriéndose en las coaliciones o alianzas— podría sugerir la viabilidad del esquema. En el municipio de Nezahualcóyotl del estado de México se necesitaría de una decena de miles de firmas para respaldar una planilla independiente, mientras que en el municipio de Abejones, en Oaxaca, bastaría con quince firmas de respaldo.

En ese escenario si las autoridades tradicionales fueran a ocupar los cargos municipales o como sucede más frecuentemente, a decidir quiénes los desempeñarían, no tendrían dificultad alguna para triunfar en la elección formal si son efectivamente legítimas y representativas. Así lo hicieron en el pasado, cuando una vez escogidos los candidatos por los métodos tradicionales acudían al PRI para que los registrara y triunfaran en la elección formal. Precisamente porque esas prácticas clientelares han sido superadas, se hace indispensable eliminar el registro obligatorio de los candidatos por un partido político para que los indígenas y todos los mexicanos puedan escoger directamente a sus autoridades en el municipio, la unidad política más pequeña y por ello más cercana a la población. Así no tendríamos que especular sobre las virtudes de las autoridades tradicionales; sus triunfos o derrotas las acreditarían. Tampoco tendríamos que preocuparnos por distinguir entre los mexicanos a los indígenas para concederles derechos particulares, ni por los riesgos de conflictos étnicos en los 250 municipios en que indígenas o ladinos tienen una estrecha minoría. Es más, estaríamos poniendo un granito de arena para impedir que la partidocracia se convierta en sucedánea de la democracia.

Por supuesto que ninguna de las propuestas para elegir autoridades planteadas por las corrientes participantes resuelve el problema de fondo: la débil participación y representación política de los indígenas. Este es mucho más amplio y complejo que el reparto de los cargos públicos ya establecidos. Requiere de la revisión y multiplicación de las demarcaciones municipales para dotarlas de coherencia interna y viabilidad. Necesita de municipios más fuertes y eficaces, con recursos crecientes para cumplir sus funciones con la participación de la población. Hace falta que los partidos políticos nacionales se comprometan para adquirir la representación de los indígenas, no sólo su voto. Es necesario que a los indígenas se les otorgue verdadero respeto en lugar de simpatía superficial y pasajera. Es indispensable que los indígenas participen como ciudadanos plenos. Para ello bastaría con la justa y rigurosa aplicación de las leyes existentes con la participación y vigilancia de la sociedad. Superar la desigualdad e injusticia que agobia a la mayoría de los mexicanos indígenas puede requerir de reformas constitucionales, pero necesita de mucho más.

 

Arturo Warman
Historiador.