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Ley de imprenta

Afrentas públicas

Por Raúl Trejo Delarbre

La Ley de Imprenta en México no se acata casi nunca, pero tampoco se reforma ni actualiza. Se trata de una ley promulgada en 1917, suspendida en el limbo de la inutilidad y el miedo a legislar.

La Ley de Imprenta, vigente hoy en día, mantiene los mismos resquemores que la definen desde que fue promulgada por Venustiano Carranza, en abril de 1917. Abandonada en sitios por fortuna inaccesibles en los desvanes del sistema judicial, desconocida por los editores de diarios y revistas, desatendida por casi todos, la Ley de Imprenta obedece a las discordias políticas y a la debilidad de la sociedad cuando todavía no se cumplían dos décadas de este siglo. Acababa de concluir la lucha armada; el país apenas edificaba sus primeras instituciones; tribunales, partidos y prensa eran notablemente débiles cuando no inexistentes: tal era el contexto en el que surgió esa ley. Pero aun cuando se trata de un ordenamiento para una circunstancia en la que ya no vive México, la Ley de Imprenta sigue vigente. No se le acata casi nunca. Pero tampoco se le reforma ni actualiza.

La Ley de Imprenta reconoce una prerrogativa esencial de la sociedad ante la prensa: el derecho de réplica. La rectificación que haga el aludido en un periódico tiene que publicarse al día siguiente de que se ha recibido y «en el mismo lugar y con la misma clase de letra y demás particularidades» con que se hizo el texto cuya corrección se pretende. Esa disposición prácticamente nunca se cumple. Cuando mucho, los diarios aglomeran las rectificaciones en su sección de cartas. De cualquier forma, el principio de equidad entre la prensa y el lector que en tal sentido establece la Ley de Imprenta es interesante.

El segmento más relevante de esa Ley, sin embargo, se dedica a tipificar tres clases de delitos. En primer lugar, se encuentran los ataques a la vida privada, entendidos, entre otras cosas, como «Toda manifestación o expresión maliciosa hecha verbalmente o por señales, en presencia de una o más personas, o por medio de manuscrito, o de la imprenta, del dibujo, litografía, fotografía o de cualquiera otra manera que expuesta o circulando en público, o transmitida por correo, telégrafo, teléfono, radiotelegrafía o por mensaje, o de cualquier otro modo, exponga a una persona al odio, desprecio o ridículo, o pueda causarle demérito en su reputación o en sus intereses».

Es decir, esa ley no sanciona solamente delitos de prensa. Una mentada de madre en la calle, o un mensaje injurioso a través de la Internet, podrían caber en la anterior definición. Pero para que tales expresiones sean consideradas como delito, es necesario que se compruebe que el afectado ha sido expuesto «al odio, desprecio o ridículo». Esos delitos, si causan «afrenta ante la opinión pública», son castigados con prisión de hasta dos años y multa que puede llegar a mil pesos (hay que recordar que las sanciones pecuniarias, como el resto de la Ley, corresponden a parámetros de hace más de ochenta años).

En segundo lugar, están los ataques a la moral. Esos son aquellas manifestaciones que, por los medios anteriormente descritos, «defiendan o disculpen, aconsejen o propaguen públicamente los vicios, faltas o delitos, o se haga la apología de ellos o de sus autores». También son ataques a la moral las expresiones con las que «se ultraje u ofenda públicamente el pudor, a la decencia o a las buenas costumbres, o se excite a la prostitución o a la práctica de actos licenciosos o impúdicos».

Con tales preceptos, siempre está abierta la posibilidad de que en la sanción de ese delito prevalezca la opinión subjetiva del juez. Las costumbres pueden ser buenas o no, decentes o indecorosas, según el discernimiento de quien las evalúe. La Ley de Imprenta no ayuda nada cuando establece cuáles son los actos considerados como impúdicos: «todos aquellos que, en el concepto público, estén calificados de contrarios al pudor».

Los ataques a la moral son castigados con arresto de hasta seis meses y multa que puede llegar a los 500 pesos.

El tercer delito establecido en la Ley de Imprenta es el ataque al orden o a la paz pública. Por tal se entiende, entre otras expresiones, «toda manifestación o exposición maliciosa hecha públicamente por medio de discursos, gritos, cantos, amenazas, manuscritos, o de la imprenta, dibujo, litografía, fotografía, cinematógrafo, grabado o de cualquier otra manera, que tenga por objeto desprestigiar, ridiculizar o destruir las instituciones fundamentales del país; o con los que se injurie a la nación mexicana, o a las entidades políticas que la forman».

Los ataques al orden o la paz pública son castigados con prisión hasta de un año, si se trata de agravios de carácter general. Sin embargo, si las injurias son contra el Congreso, la Suprema Corte, el Ejército o la Armada, la prisión mínima será de 3 meses y la máxima de dos años. Si el ofendido es el Presidente de la República, la pena es de hasta un año y medio pero además hay una multa de cien a mil pesos. Si se insulta a un secretario de Estado, al Procurador General o a un gobernador, el arresto es de hasta un año y la multa de 50 a 500 pesos.

El tabulador de vituperios incluye multas de hasta 200 pesos con arresto de no más de tres meses a quien injurie a un agente o funcionario público. Es decir, sale más barato insultar al policía de la esquina que a un secretario de Estado y una afrenta al Congreso no cuesta dinero, pero la prisión puede ser hasta de dos años.

La Ley de Imprenta, con preceptos como ésos, es una fuente de represalias potenciales contra la libertad de información y opinión. Si la arcaica concepción que propone como moral pública se cumpliera, muchos diarios y revistas tendrían que dejar de circular, o suprimir expresiones a veces juguetonas, fotografías que llegan a ser gozosamente perturbadoras y hasta ciertos espacios ahora de moda en el Aviso de Ocasión. Si se defendiera la idea de orden público allí establecida, serían censurados muchos comentaristas que hacen de la malicia un estilo o un recurso y, desde luego, serían abrogadas las caricaturas políticas.

Cuando se mencionan esos riesgos, hay quienes responden que la Ley de Imprenta ya no se aplica, así que no existe motivo para temer sus posibles consecuencias. Si es así, ¿entonces por qué sigue estando vigente? ¿No sería mejor derogarla y tener una ley más actual, congruente con el ejercicio de libertades y las necesidades de la sociedad de nuestros días?

Más preocupantes que los riesgos son las lagunas de esa ley. Un ciudadano cuya vida privada ha sido invadida por el fisgoneo de la prensa sólo puede defenderse si demuestra que ha quedado expuesto al «odio, desprecio o ridículo», situaciones harto difíciles de probar. En la legislación penal se contemplan los delitos de difamación e injurias, pero con exigencias tan tortuosas que los procesos legales por esa causa suelen ser interminables, o intransitables.

La Ley de Imprenta en México no contempla la principal garantía que suelen incluir las legislaciones relacionadas con la prensa en todo el mundo y que es el derecho de los ciudadanos a contar con recursos legales para defenderse de posibles abusos de la prensa. En cambio, contiene disposiciones riesgosas para el ejercicio de las libertades de información y opinión. La solución no es ignorar, ni olvidar a la Ley de Imprenta. Tampoco bastaría con derogarla, porque el trato entre los medios y la sociedad sigue requiriendo de una legislación pero no como la que tenemos ahora.  n

Raúl Trejo Delarbre. Periodista. Director de Etcétera. Es autor de Volver a los medios.