Héctor Aguilar Camín: ¿En dónde estamos con la violencia y con el crimen organizado? Podemos decir que antes la violencia del crimen organizado o narcotráfico, en particular, se entendía como un desafío de seguridad y el debate era: ¿qué puede hacer el Estado frente a este desafío? ¿Qué instrumentos tenía que poner el Estado en la mesa como políticas públicas, políticas de seguridad, para vencer el desafío de inseguridad que plantea el crimen organizado? Hoy la violencia y el crimen organizado tienen un componente muy amplio que no es sólo del narco, sino de control territorial a través de muchos otros tipos de crímenes. Específicamente, la extorsión y el derecho de piso. Eso le da al crimen organizado una dimensión territorial, social, política y de seguridad muy distinta a la que conocemos como la crisis de seguridad producida por el narcotráfico. Es en muchos momentos terrorismo, captura por el terror de poblaciones y ciudades enteras. Entonces, ¿cuál es el debate que sigue? ¿Cuál es el problema de seguridad, de violencia, de crimen organizado que tiene México? ¿En qué ha cambiado respecto del que teníamos, digamos, en la época de la guerra de Calderón contra las drogas? ¿Qué características presenta?
Héctor de Mauleón: Este año cumplimos veinte de que el país se metió en esta espiral de violencia que comenzó con los operativos en Chihuahua, Michoacán, etcétera, durante el gobierno de Felipe Calderón. Yo veo un cambio esencial: en ese momento la idea era que el Estado enfrentara organizaciones criminales que se estaban apoderando del territorio, ahora el propio gobierno es el crimen organizado. Lo que tenemos que dilucidar es cómo se dio ese proceso. Pienso en el caso de Tabasco: desde adentro del gobierno se van manejando estas redes criminales. Antes había una idea priista de que gestionando el crimen organizado se le podía controlar. Durante toda esa gestión priista, lo que hizo el crimen organizado es aumentar su poder económico, aumentar su armamento, aumentar su poder de infiltración hasta que llegó un momento en el que ya no era necesario que le diera permiso nadie. Creo que ése fue el proceso en el cual se encontraron Fox y Calderón.
Lo que pasó después es la historia de cómo el crimen organizado fue determinando la vida de México a través del financiamiento de campañas políticas a nivel municipal, después a nivel estatal. A partir de 2021 hubo un cambio brutal, nunca se había visto de manera tan impúdica la intervención del crimen organizado en unas elecciones. El caso de Sinaloa, que ya se contó aquí en nexos: camionetas del crimen organizado recorren la ciudad desde el viernes anterior a la elección y levantan operadores políticos de los otros partidos para cancelar la operación política del PRI, sobre todo; cómo permanecen secuestrados hasta una hora después del cierre de casillas del domingo, incluso hasta el lunes. Y así se da el triunfo arrollador de Morena en Sinaloa. Es el ejemplo más escandaloso de algo que pasó a lo largo de toda la costa del Pacífico, que pasó en lugares de la frontera, en lugares donde hubo elecciones en ese año. En el caso de Valle de Bravo fue escandaloso también cómo levantan a la candidata, la velocista olímpica Zudikey Rodríguez, que iba a la cabeza en las encuestas. Uno de los jefes de la Familia Michoacana le dice: “No te voy a matar, te voy a pedir que te bajes de la contienda”. Y ella cierra su casa de campaña, cancela su agenda. Llega Morena un año después de que gana la candidata calumniada por la Familia Michoacana. Lo que pasa en Valle de Bravo salta a los medios: hoteles controlados, restaurantes bajo cobro de piso, venta de materiales de construcción para tiendas y comercios señalados por el crimen organizado. El cobro de piso a taxistas, dentistas, lancheros. Control de la canasta básica, de la venta de carne, de pollo, de huevo. Las tiendas para vender una Coca o una bolsa de Sabritas tienen que dar una comisión por cada una de las cosas que vendieron. Éste era un poco el contexto que acompañaba a esa elección. Lo que pasó es que a partir de ese momento —que fueron unas elecciones muy muy violentas, como se documentó— es que quienes fueron humillados y aprobados por el crimen organizado y llegaron al poder, a raíz de esas elecciones ya no tenían solamente que responderle al partido político que los había postulado, sino al Señor que les había limpiado el camino, que les había dado el dinero que los había colocado, con el que habían hecho el negocio o el acuerdo de darles las direcciones de seguridad pública, de darles la obra pública o contratos de obra pública y de poner gente en Hacienda. Grupos criminales en las principales oficinas de los ayuntamientos. Esto fue creciendo. A mí me llama mucho la atención y creo que no hemos atendido suficientemente un estudio que hicieron algunos autores hace dos años: en un mapa de México marcaron cada municipio donde había un enfrentamiento, un ejecutado, señales de cobro de piso, narcomantas; donde había presencia de crimen organizado pusieron una banderita y el resultado después de seis meses de trabajo era que el 81 % de los municipios tenían banderitas rojas. Esto fue después de las elecciones del 21 y las del 24. Ahí se conformó otro México.
El operativo enjambre que se hizo el año pasado en el Estado de México estaba encaminado a desmantelar eso. Pero sólo pasó en diez municipios del Estado de México. En un país con 1500 municipios, solamente nos enteramos de lo que está pasando cuando ocurre algo malo. Como recordamos San José de Gracia porque fusilan a once personas en contra de una pared o nos enteramos de nombres de geografías que no habíamos oído en la vida por lo malo que pasó. En líneas generales, esto se dispara con la llegada de López Obrador al poder en 2024, cuando se vuelve a dar una intervención criminal que documenta el Mayo Zambada. En el periodo de López Obrador se da el avance criminal incontenible; millones de mexicanos abandonados a su suerte y a merced de los grupos criminales porque, entre otras cosas, desbaratan la Policía Federal que con todos los problemas que tenía servía de escudo entre las organizaciones criminales y sectores. Estaba reconocida en términos de su inteligencia contra el narcotráfico. Estaba reconocida en términos de secuestro a nivel internacional. La quitan para hacer algo que termina siendo nada: la Guardia Nacional. Y la sociedad queda a merced de policías estatales y de policías municipales infiltradas. Sacaron un estudio hace unos años del entrenamiento que reciben los policías estatales, de las policías de las fiscalías de los estados. Son personas que practican el tiro al blanco dos veces al año. Frente al convoy de armamentos de alto poder y de inteligencia desmedida desarrollada por los grupos criminales, y ves unas “patrullitas” de personas que no hacen acondicionamiento físico, que no tienen ningún tipo de entrenamiento. Básicamente queda terreno libre para que el avance criminal se dé y, al mismo tiempo, se da la autorización desde arriba de que no se les persiga.
Están los dos “culiacanazos”, donde se muestra el poderío y el músculo del Cártel de Sinaloa en el control de la capital de un estado. Y como el mismo presidente ha admitido que dio la orden para que no fuera a pasar lo que pasó: estallidos y balaceras por todas partes. Lo que pasó fue el tránsito de unos grupos criminales que habían sido gestionados por el Estado para mantenerlos aplacados. Y al brincarse la tranca vieron que ya no tienen que pedir autorización a nadie para hacer lo que tenían que hacer. Y luego el otro fenómeno crucial: la aparición de los Zetas. Cuando detienen a Osiel Cárdenas y se empieza a desmoronar la cúpula del Cártel del Golfo, quienes formaban el círculo de protección de Osiel, como no tienen los contactos transnacionales, lo que comienzan a hacer es empezar a picar a la sociedad para sacar dinero. Empiezan a inventar las bases del mercado. Empiezan con los giros negros. Todo lo prohibido me lo van a pagar, pero después dan un paso más y entonces van avanzando hacia los comercios, hacia los profesionistas, hacia los empresarios. Luego comienzan a hacer este modelo militar, de poner estacas, de mandar células, de conquistar territorios en donde no había presencia criminal o donde estaba operando otra organización. Los Zetas ponen el modelo de cómo dar el paso para prescindir del tráfico de drogas para empezar a sacar dinero de otras actividades. Y en ese camino se les cruza la perforación de ductos que comienza en la zona precisamente del Golfo y luego se va extendiendo hacia todos los lugares por donde pasan ductos. El caso de Guanajuato es el más escandaloso. Pero todo parte de una decisión política: “Yo no le voy a hacer el trabajo a los gringos. Que ellos se arreglen. Vamos a hacer un acuerdo para bajar los muertos y que pase”. Y el resultado de ese acuerdo es el México que tenemos hoy.
Eduardo Guerrero: A mí me parece que la historia que hemos tenido desde 2008 hasta ahora, que son casi veinte años, es la historia de un Estado que nunca tuvo capacidad para anticiparse a los problemas relacionados con el crimen organizado que estaban por surgir. Nunca tuvo una visión, un diagnóstico mínimamente certero de lo que estaba pasando de modo subterráneo en vastas regiones del país. Creo que ahí hubo una primera falla y me parece que esta falla es patente en el sexenio de Vicente Fox: nunca vieron venir el tsunami. Cuando lo vislumbró Felipe Calderón, su reacción fue poco cauta y reflexiva, más bien fue una reacción atrabancada, aunque también hay que admitir que fue un presidente audaz, echado para adelante y proactivo, que no rehuyó al problema, que lo enfrentó. Desgraciadamente, se engolosinó con su triunfo inicial en Michoacán (un operativo militar que, además de reducir la violencia y debilitar al crimen, elevó su popularidad después de una elección altamente controvertida), quizás esa victoria inicial lo cegó sobre las consecuencias que tendría una confrontación ambiciosa pero improvisada, como la que él impulsó contra varios cárteles de manera casi simultánea, con operativos militares en varias zonas del país. En lugar de sostener un combate más planeado, más estratégico, más cerebral, de carácter secuencial y por regiones, como me parece que debió haber sido. Eso incendió al país. El descabezamiento masivo de cárteles primero generó un problema agudo de fragmentación y dispersión geográfica, después de esto también contribuyó a la gran diversificación de los portafolios de negocios de un número creciente de organizaciones criminales.
El Estado mexicano —y hablo de los tres niveles de gobierno— muestra a lo largo de esta guerra contra las mafias una flaqueza, una anemia institucional impresionante. La falta de profesionalización de los elementos de seguridad en todos los niveles (y su cooptación masiva por las bandas criminales en varias entidades del país) nos cobró una factura muy alta. También hubo una subestimación inicial de la real magnitud del desafío. Ésta ha sido una tara sistemática: minimizar la verdadera dimensión del problema, la falta de continuidad en las estrategias para remediarlo. En cada sexenio se cambian los mandos, se busca otra estrategia, y casi nadie mira más allá del corto plazo, como la necesidad de construir servicios de carrera policial a lo largo del país. Y la mayoría de nuestras policías municipales siguen estando para llorar, salvo casos excepcionales. Y pareciera que todo mundo elude esa responsabilidad. Pareciera una bola de fuego que nadie sabe o quiere apagar; una bola de fuego que literalmente causa pavor entre nuestros gobernantes. Tienen mucho miedo. Éste es un factor muy emocional que casi nunca se aborda, digamos, en las discusiones académicas, pero que está muy presente cuando uno conversa con ellos. Te das cuenta de que gobernadores y alcaldes tienen mucho miedo y de que prefieren llevarla en paz con los criminales e incluso asociarse con ellos en algunos negocios cuando hay oportunidad. Y eso también es algo sorprendente: cómo gradualmente las clases políticas de los estados han ido explorando maneras de acomodarse con el crimen, de negociar con los capos y de colaborar juntos en muchos asuntos y negocios. El tema de la infiltración de los procesos electorales es algo más reciente, sobre todo cuando, como dice Héctor de Mauleón, en 2021 es evidente el ímpetu de esta voluntad de influir en los resultados electorales. Ahora tenemos en varios estados del país jefes criminales que son al mismo tiempo jefes políticos de alcaldes y que, entre otras facultades informales, cuentan con la de autorizar obras públicas importantes. Son quienes deciden quién no puede reelegirse en el cargo, palomean las candidaturas que les parecen aceptables y vetan, hostigan, amenazan o eliminan a candidatos que por alguna razón no favorecen el avance de sus negocios.
Luego tenemos la irrupción de este gran cártel que se está convirtiendo en monopólico en muchos estados del país: el Cártel Jalisco Nueva Generación. Aparece este monstruo criminal desde 2011 pero registra una expansión geográfica sin precedentes desde 2014, ya con Enrique Peña Nieto, cuando impulsa con gran éxito la industria, altamente redituable, del robo de combustible, sobre todo en la zona centro del país; que le brinda ganancias de miles de millones de pesos en un breve lapso, que le permite expandir su presencia y consolidar su control territorial en varias regiones, lo que lo convierte en el cártel más poderoso del país. En aquel momento rebasa en capacidades y cobertura territorial al Cártel de Sinaloa, que entonces conservaba el liderato criminal. El Cártel Jalisco se impone e implementa, sin tregua, una estrategia de expansión muy agresiva hacia todos los rincones del país.
Cuando Andrés Manuel López Obrador llega a la Presidencia decide eliminar a la Policía Federal. Me parece que éste fue un duro golpe a lo que llevábamos construido, a duras penas, en materia de profesionalización policial. Su gobierno crea una nueva organización, la Guardia Nacional, que nace como una especie de Frankestein, construida con base en retazos de varias instituciones que hasta ahora no logran acoplarse plenamente. Hasta hoy esta policía militar no posee un sentido de misión claro ni espíritu de cuerpo. Y adolece también de problemas de corrupción interna, como los tuvo también la Policía Federal. Es una institución que todavía no cuaja, a pesar de los esfuerzos, pero que por su naturaleza militar goza de una muy alta aprobación de la opinión pública, a pesar de que no haya mostrado gran eficacia para debilitar al crimen. Además, por cierto, hubo una orden del propio presidente López Obrador (para que no lo fueran a acusar de haber militarizado y con eso impulsado ejecuciones extrajudiciales) de que los elementos militares eludieron enfrentamientos en terreno con las organizaciones criminales. Cuando los criminales percibieron este modus operandi, lo aprovecharon a su favor para expandirse a nuevas zonas de influencia. Registramos con López Obrador una gran expansión de los principales grupos, surgimiento de nuevas células, más bandas locales, una diversificación aún mayor del portafolio criminal (robo de gas, robo de agua, pesca ilegal de algunas especies marinas, etcétera), sofisticación mayor en sus métodos de reclutamiento. Las mujeres, por cierto, que son víctimas del 10 % de las ejecuciones del crimen organizado, representan el 40 % de las víctimas de desaparición forzada, lo cual tiene implicaciones en las esferas de la trata de personas y explotación sexual. Éstos son delitos que cada vez cobran más víctimas en el país. Desde 2022 el crecimiento de las desapariciones ha sido exponencial. Otra vertiente de las desapariciones tiene que ver con la labor intensiva de reclutamiento criminal, sobre todo en este primer año de la presidenta Sheinbaum en el que se han registrado cerca de 40 000 arrestos vinculados con integrantes del crimen organizado. Esto ha vuelto indispensable para las grandes organizaciones el reclutamiento de varones para fungir como sicarios, guardias, conductores, etcétera. Lo estamos viendo, por ejemplo, en diversas carreteras del país donde los “levantan” masivamente. Y luego tenemos una tercera vertiente de las desapariciones, en la que “levantan” a personas que no pagan diversos impuestos criminales y que son “levantadas” y después asesinadas en lugares remotos, debido a pactos del crimen con las autoridades para no asesinar personas en espacios públicos o dejar tirados los cadáveres en las calles. Estas personas son transportadas a espacios rurales o semiurbanos, asesinadas y enterradas en fosas clandestinas. Este problema, de las desapariciones ligadas con las extorsiones, es uno de los problemas más graves y complejos que enfrenta ahora el Estado mexicano.
A pesar de los cuestionamientos actuales a las cifras de lictivas y de las acusaciones de ocultar y manipular algunas cifras, este tipo de acciones han sido más bien una constante durante los últimos veinte años. No es un tema exclusivo de Sheinbaum o de López Obrador. También Calderón y Peña Nieto fueron acusados de esfuerzos similares. Yo no veo ahí un gran cambio ahora. Sí hay una caída moderada del homicidio probablemente porque, además de los numerosos arrestos de generadores de violencia, tenemos el desmoronamiento del Cártel de Sinaloa, lo que está propiciando el surgimiento de monopolios criminales a nivel estatal, muchos vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación. En otros estados en disputa terminará por imponerse el Cártel Jalisco Nueva Generación en los próximos tres o cuatro años. Casi nadie lo enfrenta. Me parece que la idea ahí, aun con todos los riesgos que esto representa, es sostener la baja de homicidios con base en la dominancia de una sola organización a nivel estatal. Con la que pueda haber cierta comunicación, cierto entendimiento, y también el acuerdo de no cruzar ciertas líneas rojas. O sea, el Estado mexicano parece resignarse a convivir con este monstruo y a diseñar un arreglo que prolongue los periodos de paz. Me parece también que los prejuicios de buena parte de la clase política mexicana le han impedido ver herramientas de cambio estructural como la de labrar un tratado de seguridad subcontinental. Con malos argumentos han rechazado la idea, se envuelven en la bandera nacional y se dicen defensores de la soberanía, cuando realmente la soberanía interna de México está altamente trastocada por el extenso control territorial del crimen. Un arreglo, un tratado internacional con nuestros vecinos del norte en materia de seguridad nos ayudaría mucho a restaurar esa soberanía perdida.
Lisa Sánchez: Añadiría a esta conversación sobre el diagnóstico, hallazgos importantes que arrojaron estudios como el que hizo la doctora Laura Atuesta sobre el comportamiento de las distintas organizaciones criminales y el efecto que éste tiene sobre el ecosistema criminal y los niveles de violencia que se ejercen en el territorio. Dicho estudio va más allá de la correlación que ya conocemos entre fragmentación criminal y aumento de la violencia y señala que el comportamiento de las distintas organizaciones criminales varía en el territorio y determina su recurrencia a la violencia dependiendo de dos variables: si establecen relaciones de cooperación con otras organizaciones criminales para maximizar sus oportunidades extractivistas y de control territorial o si establecen relaciones de rivalidad con otras empresas criminales, lo que en última instancia exacerbaría la violencia y el número de enfrentamientos entre ellos. Eso es importante verlo.
Ahora bien, en términos esquemáticos me gustaría subrayar algunos puntos que hacen eco de lo que ya comentaron mis colegas y otros que considero aún no han salido en la conversación. El primero es que, en definitiva, hay decisiones políticas —actuales y previas— que generaron importantes cambios en el ecosistema o comportamiento criminal. Una de ellas es la salida de los militares a la calle. Otra es la persecución selectiva de ciertos grupos y otras más pueden incluir la determinación de apoyar la creación de autodefensas o incluso las órdenes de “no recurrir a la violencia” (al margen de si éstas fueron acatadas o no, cosa que en sí misma es un tema para discutir). Esas decisiones políticas, sobre cómo conducir las políticas de seguridad y justicia, generaron y generan reacciones de los grupos criminales —muchas de ellas plenamente racionales— sobre cosas como el tipo de armamento del que se dotan y del que hacen uso en el territorio, el comportamiento violento o no de sus distintas células, en distintos estados, y dependiendo de la oportunidad y los incentivos que existan para ese uso de la violencia… Eso hace que la consecución de objetivos positivos para reducir el delito y la victimización sea aún más compleja. Primero, porque lograrlo implicaría revisitar decisiones políticas tomadas y aceptar que sus efectos fueron perversos. Segundo, porque implicaría salir de conceptualizaciones rígidas que asumen, erróneamente, que la misma organización criminal se comporta de la misma manera en un lugar u otro, o que tiene los mismos aliados o enemigos todo el tiempo y en todo lugar.
Segunda reflexión. Me parece que es muy importante desmitificar parte de la premisa sobre la que descansa la pregunta original, que tiene que ver con la ausencia de Estado. Y me explico. Yo comparto el diagnóstico que acaba de hacer Eduardo Guerrero de que hay una ausencia estructural, de inversión, de visión, de desarrollo de programas, de profesionalización y fortalecimiento de las instituciones, sobre todo de seguridad pública, que serían policías y fiscalías. Y aquí hago un paréntesis para decir que esa ausencia no se replica necesariamente en las instituciones militares, aunque podemos argumentar que en temas como ciberseguridad no son necesariamente las más eficientes —ahí está el hackeo de Guacamaya Leaks para demostrarlo—. Pero las Fuerzas Armadas tienen una estructura que las otras instituciones civiles no, y hemos perdido sexenio tras sexenio en cambiar la ley sin por ello construir instituciones. En algún momento la discusión legislativa giró alrededor de la imposibilidad de seguir teniendo policías municipales, estatales y federal, y por lo tanto se concentró en establecer mandos únicos bajo la autoridad estatal. En otro momento la discusión giró alrededor de la desaparición de la Policía Federal y su sustitución con una fuerza intermedia de carácter más bien militar, que fue la Guardia Nacional. Pero pese a los cambios, la realidad es que ni el mando único ni la Guardia Nacional solucionaron el problema de fondo: construir capacidades serias de investigación, persecución y sanción del delito, de diseño e implementación de una política criminal seria; de prevenir el delito o de hacer análisis de riesgos útiles para resolver el nivel de problemas que enfrentamos y anticiparnos a problemas futuros.
Pero regreso a la premisa de ausencia del Estado. Todos los estudios sobre los conceptos de gobernanza criminal y sobre redes de macrocriminalidad apuntan a que la participación de actores políticos y estatales es fundamental y casi definitoria para que tengan éxito los negocios ilícitos y sobre todo para que se mantenga o crezca el poderío tanto de fuego como económico de muchas de las organizaciones criminales. No se explica la popularización y la diversificación criminal si no hay apoyo tanto de autoridades y actores políticos como de otro de los actores que no hemos nombrado acá: los privados. Hay un montón de economías lícitas que tienen vinculaciones directas con áreas grises de la legalidad o que abiertamente funcionan para el blanqueo de capitales y el lavado de activos de los criminales. Y ésa es un área en la que tampoco hemos concentrado mucho la discusión. Parecería que los cárteles funcionan en sí mismos y que lo que seguimos analizando es cómo el Estado falla sistemáticamente en atajar esas organizaciones como si en el medio no hubiese una conexión muy importante entre economías lícitas e ilícitas. En los estudios de las redes de macrocriminalidad que se han hecho desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM eso sí se identifica claramente. Por ejemplo, en el caso de Coahuila o en el caso de Veracruz esas redes están compuestas sí, por actores criminales, pero también por actores políticos, actores estatales y también actores empresariales o privados que funcionan como brokers.
HAC: ¿Puedes abundar un poco en esto? Es decir, que hay también en la gran empresa formal una complicidad. ¿Es lo que quieres decir?
LS: Por supuesto. A ver, tú tienes un Cártel Jalisco Nueva Generación que se dedica al tema de la extorsión, pero todo el dinero que se genera a partir de esa extorsión se reinvierte en negocios ilícitos o, al contrario, se extrae de economías lícitas, ¿no? Entonces tienes, por ejemplo, bienes lícitos que fueron producidos de manera lícita. Que llegan a mercados secundarios que son entre lícitos e ilícitos, y que luego con la participación criminal se vuelven bienes ilícitos. Ejemplo: el huachicol. Tú produces legalmente la gasolina, tú produces legalmente el petróleo. Luego eso se manda a una especie de maquinaria gris y termina vendiéndose en un mercado ilícito con la ayuda de distintos actores. O al revés, tú tienes las drogas que son producidas de manera ilícita y luego terminas con reinversiones del dinero de la droga en los famosos tiempos compartidos o en las actividades turísticas o en otro tipo de actividades y empresas criminales. Pero lo que no vemos es la participación de esas empresas que se crean, que lavan ese dinero, que sirven de brokers, de los bancos, de un montón de actores políticos que es posible mapear cuando se habla de esas redes.
Y podemos discutir si tenemos evidencia en todos los casos o si el nivel de participación para el éxito criminal es mayor o menor, dependiendo de la actividad, dependiendo la organización o dependiendo del territorio. Pero creo que sí es importante decirlo: no puede haber ese volumen de economía si no existen actores políticos, estatales y privados que también lo permitan. Todo esto tiene que ver con el cuestionamiento que yo hacía de la ausencia de Estado, porque si bien hay un debilitamiento estructural y una falta de visión estatal sobre el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública, no podría explicarse el nivel de violencia y delincuencia organizada que tenemos si no participaran en esas redes.
HDM: ¿Estás hablando de la construcción de un Estado paralelo?
LS: En muchos aspectos sí. Porque si no reconocemos que parte del problema es que el Estado necesita investigarse a sí mismo y reestructurarse a sí mismo, creo que no vamos a salir de la discusión en la que estamos.
Y completo con otra cosa que a lo mejor va a ser particularmente controversial en esta mesa. Pero creo que la respuesta sistemática del Estado mexicano para lidiar con esas organizaciones y esos fenómenos de violencia y criminalidad ha sido dotarse de mayores capacidades supralegales o autoritarias. Todas las reformas del Plan C en materia de seguridad versan sobre cómo les damos mayor posibilidad al Ejército, a la Marina, a la Guardia Nacional de actuar por encima de los derechos y los principios democráticos básicos de una política de seguridad, con la promesa de que eso los va a hacer más efectivos cuando en realidad forman parte también de esos equilibrios criminales y ahora tienen menos obligaciones de transparencia, de sujeción al control civil, de rendición de cuentas, de legalidad, sin que eso se traduzca en resultados. Y eso a mí en lo particular me preocupa muchísimo, porque en lugar de abonar a una visión de Estado, de tener instituciones desde lo local hasta lo federal que sean fuertes, profesionales, que estén bien capacitadas, no hacemos nada de eso, pero sí les damos mayores márgenes de arbitrariedad para aumentar las flagrancias, las detenciones, las prisiones preventivas, los fueros militares, con tal de que “cumplan”. Y aunque numéricamente, porque Omar [García Harfuch] nos bombardea todos los martes con un montón de cifras de lo que están haciendo, parecería que tienen mucha actividad, eso no necesariamente refleja una reducción neta de la criminalidad ni del número de organizaciones ni muchísimo menos de esa infiltración de las organizaciones criminales en las estructuras políticas.
Sandra Ley está terminando un estudio cuya pregunta fundamental es: ¿por qué las organizaciones criminales tienen hoy más interés en influir en la política de lo que tenían antes? Porque Héctor, tú lo mencionaste. Claro que sí había interés en llegar a ser los jefes de la policía o los jefes de las de las áreas de obra que controlaban ciertos presupuestos e infraestructura. Pero hoy también tienen interés en imponer candidatos abiertamente para un montón de posiciones en lo local y en lo estatal, que quizás antes no necesariamente se veía.
HAC: Creo que está bastante claro en sus explicaciones en qué consiste el cambio profundo de lo que teníamos, digamos entre 2000-2008 a lo que tenemos en 2025. Es aterradora la idea de un monopolio criminal en manos del Cártel Jalisco Nueva Generación, conviviendo con una fragmentación criminal que tampoco está garantizada en su conducta local frente a las comunidades en donde está montada. Pero quizá lo que más me inquieta es si hay un Estado paralelo. ¿Hay una sociedad criminal paralela o es un Estado no paralelo, sino esclavo de criminalidad, digamos tejido de criminalidad, que necesita de algún modo esa criminalidad para sostenerse a sí mismo? La pregunta sería: ¿hay un Estado paralelo? ¿Hay una sociedad paralela o es el mismo Estado y la misma sociedad completamente trufados por el crimen, por la economía criminal, por el control? Y en todo caso, ¿se puede volver de allí?
HDM: Se han desplazado funciones del Estado a ese Estado paralelo. Entonces el cobro de aranceles o de impuestos o el cobro de peajes queda en manos del crimen organizado. El hecho de dar protección a comunidades y pueblos queda en manos del crimen organizado y así se va construyendo. Pues eso parece ser un Estado, un Estado paralelo. Efectivamente, hay una ausencia de Estado y en esa ausencia de Estado se ha montado esta nueva construcción.
LS: Pero podemos explicar: ¿a qué nos referimos con la ausencia de Estado? Si el Estado participa en la gestión de las economías ilícitas y de la gestión de la violencia, me cuesta mucho trabajo decir que está ausente. Yo creo que está presente, pero no para propósitos benéficos.
HDM: Sí, sí, es una manera de verlo.
LS: Porque al decir ausencia entonces parecería que el Estado no está.
HDM: Es que no está para lo que tiene que estar.
LS: No cumple con su objetivo, es un Estado que participa en la actividad criminal, pero existe.
HDM: Es que el proceso fue decir: “¿Por qué te voy a pagar para existir como organización criminal si estoy en condiciones de que seas tú el que me pague a mí?”. Y entonces vimos el proceso en el cual los gobiernos municipales, las autoridades les pagan con cargos, con obra pública, con dinero, con extorsiones a los grupos criminales. Y entonces el siguiente paso es: “¿Para qué te voy a estar cobrando si puedo poner a la cabeza del municipio a mi lugarteniente?”.
LS: Puedo ser yo mismo.
HDM: Entonces ahí se va dando la construcción de algo completamente nuevo. No nuevo en términos de que no lo hayamos visto. Estaba cantado que iba a pasar, pero nuevo en términos de existencia real, práctica. Y luego la otra cosa es qué fácil nos dormimos con las cifras de Omar [García Harfuch] diciendo tantos detenidos, tantos laboratorios. Yo no sé. Creo que la población criminal de México es de 230 000 internos. No sé cuántos ha dado, cuántas detenciones ha cantado y no sé dónde van a ir a parar.
LS: 35 000
HDM: O sea, teníamos 230 000 internos en penales saturados y llegan 35 000.
LS: No todos llegan a los penales, habrá que revisarlo. Son cifras de personas detenidas, no procesadas, encarceladas o sentenciadas.
HDM: Lo que pasa es que no se atacan las fuentes reales del poder criminal. Ésas están intactas. Lo que pasó con las aduanas de marítimas de Tamaulipas y la colusión de la Marina es una probadita de hasta dónde llegó la colusión, el involucramiento o esta operación en la cual el crimen organizado no está fuera. Lo que pasó en Tabasco es que el crimen organizado era el gobierno, el gobierno era el crimen organizado. Y el escándalo de Altamira y de todas las órdenes de Matamoros lo que revela es a qué nivel llegó en estos años la corrupción que hizo posible que estemos viviendo en una sociedad, en un país como este. Un país donde podemos hablar de una sociedad criminal. No hubo contención.
Sorprende la cantidad de cosas que vemos. Cuando escribí aquí lo del Pozolero de los Arellano dije que había visto ya el mal, el corazón del mal, después de ver las uñas y los dientes en los hoyos en donde disolvía los cuerpos. Pensé que después de ver eso, era ya lo último de la degradación de una sociedad y del avance del mal. Y lo que hemos visto en los quince o catorce años que han pasado es que no tiene fin, que cada vez vemos cosas peores que hablan no nada más de grupos criminales quitándole dinero a la gente o desapareciéndola o reclutando, sino que estamos viendo ya un proceso en el cual la gente está dispuesta a hacer muchas cosas.
Hay miles, decenas de miles de personas, tal vez cientos de miles de personas en este país que pueden hacer cualquier cosa Y ésa es la otra cosa que no hemos revisado ni medido. Los que en 2006 tenían 8 o 10 años y comenzaron a ver diariamente en la televisión y en los titulares de los periódicos a los descabezados, a los encobijados, a los encostalados, a los entambados, a los cuerpos colgados de los puentes, y han pasado toda su vida consciente, desde la niñez hasta la edad adulta, siendo expuestos diariamente a eso. Quién sabe quiénes sean. No sabemos quiénes son esos mexicanos, ¿qué tienen?, ¿qué les pasa por dentro?
Y al mismo tiempo, el desastre que hemos presenciado. El desastre de la educación, el avance de la miseria, la falta de movilidad. En todas las ciudades hay cinturones y cañadas y cerros de casuchas abandonadas, donde estaban los abuelos, estaban los padres y ahí están los que están viviendo ahorita y donde probablemente sus hijos van a seguir, abandonados y a merced de la descomposición de todo.
A mí me llama mucho la atención cómo cuando caen las Torres Gemelas y se sella la frontera, se comienza a regar de cocaína la frontera de México y comienza a bajar la cocaína, estableciendo tienditas y mercaditos y rutas por todo el país. Y comienza ese proceso con el cristal, ya estaban las rutas establecidas para que cada nuevo producto tuviera una salida. Y ahora pasa lo del fentanilo, que estalla en el sexenio de López Obrador, porque había empezado tal vez uno o dos años a finales del sexenio de Peña. Pero el avance fue brutal. De hecho, la irrupción de los Chapitos, su empoderamiento se da con el fentanilo. Y ahora que Trump descubre y le declara la guerra al fentanilo, vamos a empezar a ver un fenómeno semejante al que vimos cuando las Torres Gemelas, es decir: todo lo que rebote en la frontera se va a empezar a escurrir hacia abajo del país. A la degradación que hemos presenciado en estos años, se va a sumar todo esto. Entonces, hay una sociedad degradada, una sociedad lastimada, erosionada, consumida y un avance y un poderío criminal que ya no está nada más en la tiendita ni en las calles, sino que está en las casas. Ése es el cambio más notable y brutal de estos veinte años.
EG: México tiene en estos momentos una gran oportunidad para empezar a construir una solución de largo plazo a su problema crónico en materia de seguridad. Yo creo que es una gran ventana de oportunidad que hoy ocupe la silla presidencial en Estados Unidos una figura que ha colocado a México en un lugar central de su agenda de seguridad interior y seguridad nacional. Donald Trump parece estar obsesionado con “destruir” a los cárteles mexicanos, tema que también fue básico en su plataforma electoral como candidato a la Presidencia. Aunque Trump ha mostrado ser un gobernante poco predecible y es difícil saber a qué atenernos con él, ha sido muy congruente y sistemático con el tema de lanzar una gran ofensiva contra los cárteles mexicanos. En todo caso, lo que se ve en los últimos meses es que la presidenta Sheinbaum prefiere mantener una distancia con Estados Unidos y ha renunciado a impulsar una relación colaborativa más estrecha sobre todo en el arranque de su gobierno. Con todo, la relación tampoco ha sido distante, pues han asestado varios golpes al crimen que reflejan cercanía y comunicación fluida entre los jefes de inteligencia, jefes militares y policiales de ambos países. El punto central es que México aproveche el ímpetu del actual presidente estadunidense porque no sabemos si quien lo suceda en el cargo vaya a estar tan convencido como él sobre la necesidad inaplazable de debilitar radicalmente a los cárteles. Si el gobierno mexicano comparte el gran interés de Trump y también de muchos mexicanos de abatir a las poderosas y violentas mafias mexicanas, entonces aprovechemos esta fundamental coincidencia. Podríamos forjar acuerdos de largo plazo con ellos e institucionalizar esta colaboración contra el crimen y formular estrategias innovadoras para al menos anular sus efectos más nocivos en el corto plazo.
México tiene hoy como secretario de Seguridad a un profesional excepcional. Omar García Harfuch ha dado muestras de integridad y eficacia en las tareas que se le han encomendado, y forma parte del primer círculo presidencial. Sin duda ha sido el secretario de Seguridad más poderoso que hemos tenido en las últimas dos décadas, tanto por el gran respaldo que le ha brindado Sheinbaum como por sus vínculos familiares con la clase militar y el establishment de la seguridad civil. Harfuch cuenta también con una gran disposición de cooperación por parte de todos los gobernadores, tanto por razones de filiación partidista como por razones de necesidad. Y cuenta además con la cercanía y confianza de las diversas agencias de seguridad de Estados Unidos. Hay una excelente opinión sobre él. Dicho todo esto, me parece que es insuficiente tener a este gran jugador. Sin duda está haciendo las cosas bien. Sin duda ha tenido un buen arranque. Sin embargo, coincido con Lisa en que es todavía incierto el impacto real que las miles de detenciones están teniendo, pues además no estamos enterados de cuál es el estado que guardan tales detenciones. No sabemos, por ejemplo, el porcentaje de detenciones que han derivado en sentencias condenatorias. Este gobierno y el anterior han cancelado los mecanismos necesarios de transparencia y rendición de cuentas para realizar una evaluación que nos permite emitir un juicio medianamente sustentado sobre la eficacia de esta estrategia.
Me parece que una de las cosas que ha salido bien es que, afortunadamente, la disgregación del Cártel de Sinaloa no se ha convertido en una crisis nacional. Pero curiosamente, la contención del problema en Culiacán y el efecto atenuado de la división de este cártel en otros estados le han permitido al Cártel Jalisco Nueva Generación seguir expandiéndose y consolidar sus posiciones. Su alianza con la familia Guzmán ha sido uno de los varios factores que está favoreciendo actualmente esta expansión. Me parece que ahora atravesamos por un momento crucial en la configuración del nuevo mapa criminal del país.
Lo que me han comentado en corto algunos funcionarios del gobierno estadunidense es que no se explican por qué México se muestra tan recatado en las mesas de diálogo y negociación, por qué nuestros funcionarios se muestran tan cortos de miras en las conversaciones, tan tímidos en lo que solicitan cuando tienen la oportunidad de revelar sus barajas sobre la mesa. Me dicen mis interlocutores estadunidenses que ellos esperarían planteamientos más ambiciosos y audaces por parte de México, y que terminan discutiendo y dándoles vueltas a asuntos pequeños, a minucias; que se distraen demasiado con los asuntos operativos (dónde está el apoyo para algunas intervenciones). Pero que no hay un plan o una estrategia mexicana que le reserve un lugar destacado a Estados Unidos, con el propósito de cimentar una colaboración mucho más robusta que realmente modifique el comportamiento del crimen organizado.
Me parece que eso que Héctor Aguilar Camín comentaba sobre cómo está entrando el crimen en la sociedad y en el sector privado y en las empresas, y lo que Lisa mencionaba sobre esta zona gris, en donde tenemos a las burocracias públicas trabajando para los criminales, es ya una realidad en muchos estados. Pero también creo que en esos ámbitos los contrastes son grandes y el paisaje muy diverso. En un extremo, por ejemplo, tendríamos a Guerrero, que en mi opinión es una entidad un tanto suelta del Estado mexicano, es decir, quienes realmente mandan ahí son tres o cuatro grupos criminales. En este sentido me parece que se trata de un estado que se conduce bajo las reglas no escritas del crimen organizado. Guerrero es un estado donde incluso la gobernadora abdicó de siquiera tener un papel arbitral entre los grupos criminales; un papel, por cierto, que ahora desempeña episódicamente la Iglesia católica, a través de un par de obispos que fungieron como intermediarios de grupos criminales para negociar y repartirse las regiones de Guerrero hace que un par de años. Ese acuerdo, como todos los acuerdos con los criminales, son efímeros, y deben actualizarse o renovarse periódicamente. El acuerdo que la Iglesia católica labró hace un par de años dio señales de desgaste con el reciente asesinato y decapitación del alcalde de Chilpancingo. Por lo anterior, Guerrero me parece desde hace tiempo una entidad que hoy se encuentra fuera de la órbita, diría yo, del Estado mexicano.
En el otro extremo del continuum tenemos a Yucatán, que es un estado que prácticamente ha sido intocado por esta crisis mexicana. También tenemos en ese lado a un reciente milagro mexicano, que es el caso de Coahuila, que en una década se transformó en materia de seguridad y que hoy tres de sus ciudades (Torreón, Saltillo y Piedras Negras) figuran entre las diez con mejor percepción de seguridad en el país, cuando hace apenas diez años eran infiernitos. También tenemos los casos de Ciudad de México y de Querétaro, de los que hay mucho que aprender. Debemos entonces analizar y generar mejores prácticas basadas en estos casos exitosos, y de otros estados o ciudades que también han transitado hacia la paz durante ciertos periodos, como Nuevo León, Baja California Sur, Aguascalientes, o ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Playa del Carmen, entre algunas más. En ciertos estados el fortalecimiento de la seguridad será sobre todo una tarea de rediseño y fortalecimiento institucional, y en otros habrá que trabajar en lo institucional, pero también en el ámbito de la política social, sobre todo cuando el crimen está altamente arraigado en las comunidades. Ahí primero habrá que erosionar esas bases de apoyo social al crimen y después plantar instituciones sanas que puedan consolidarse en entornos menos amenazantes.
LS: Perdonen que regrese a la estructura de la discusión, pero necesito ciertos ejes para ordenar lo que hemos venido diciendo. Uno de ellos es el cambio en el panorama criminal y el cambio en su relación con el Estado mexicano, en términos de infiltrarse, amenazarle e involucrar a sus miembros en la gestión de las economías ilícitas y de las violencias.
Pero hoy tocamos poco, o todavía no de manera muy profunda otro eje que a mí me parece muy importante, que es el tema de las instituciones de seguridad en México y su funcionamiento. No ha habido en treinta años una inversión verdaderamente importante en creación de capacidades, sobre todo en el ámbito civil. Y, por el contrario, ha habido ya formalmente una política de entrega total de la seguridad a los militares. Los militares, por cierto, van también por el control de las policías locales desde una Guardia Nacional que “desde atrás” controle a las policías locales. Creo que no hemos entrado tampoco en cómo sí ha funcionado la institucionalidad que tenemos, no en términos positivos, sino en términos de las actividades que han desempeñado. Entonces tú decías, Eduardo, que no ves mucho un lugar para la cooperación con Estados Unidos. Y yo creo que de alguna manera sí ha habido alguna, pero que no es necesariamente la más productiva. ¿Y a qué me refiero? Según los datos oficiales del Inegi, la Guardia Nacional “rescató” 892 291 migrantes desde su creación hasta 2024. Eso es un eufemismo muy bonito para decir que la autoridad mexicana se encontró con 892 000 migrantes y quién sabe cuántos de ésos detuvo, cuántos de ésos deportó, a cuántos de ésos mantuvo en estaciones migratorias. Pero, al mismo tiempo, en esos mismos años de 2019-2024 sólo puso a disposición 29 993 supuestos criminales. Eso nos debe interpelar. ¿Para qué utilizamos a la institución de seguridad pública federal más importante del sexenio de Andrés Manuel? Para migración, no para seguridad, por lo menos según lo que reportan los propios datos oficiales.
Dado ese dato, me pregunto si nosotros en esta discusión no deberíamos también tener una mínima reflexión sobre en qué estamos usando nuestras instituciones y para qué o para quién. Porque mientras eso sucedió con la Guardia Nacional, que se llevó los reflectores durante todo este sexenio y que sigue siendo la fuerza estrella, Omar [García Harfuch] es uno de los secretarios más poderosos en términos del apoyo presidencial, pero de los que menos infraestructura o estructura operativa tiene. No cuenta formalmente con una policía federal civil, él no necesariamente manda dentro de la Guardia Nacional ni en la Marina ni en el Ejército. Podrá tener muy buenas relaciones e interlocución con el Ejército mexicano, pero el equilibrio de fuerzas hoy está a favor de los militares, al menos en términos de quién se quedará con el mayor control de la seguridad. Ellos (los militares) dicen que van a ganar y que Omar puede decir o hacer mucho o poco, pero ellos ya tienen las facultades legales, el dinero y el control de la tropa… y de ahí (de la seguridad pública) no se van a ir. Mientras tanto, el grueso de las detenciones y las puestas a disposición de supuestos criminales sigue estando en esas instituciones debilitadas en las que nadie cree y en las que nadie está invirtiendo, que son las policías municipales y estatales. Más de 2 139 457 personas puestas a disposición por policías municipales y estatales en el mismo periodo en el que la Guardia Nacional no pudo detener ni 30 000. Entonces, a mí me parece importante nada más que en el sobrediagnóstico de lo que estamos haciendo no olvidemos tener un eje estructurante bien importante de cuál ha sido el uso de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, y en qué las hemos utilizado porque, al menos en el sexenio anterior, parecería que no las utilizamos para la seguridad, las utilizamos para la migración.
HAC: Es un gran punto. ¿Cómo crees que está realmente siendo utilizada la estructura institucional de seguridad? Porque por las cifras que dices las policías municipales son las que funcionan. La Guardia Nacional funciona para migración… y poco más.
LS: Hay un contraargumento que te dicen los militares: “Nosotros, en realidad, no podíamos llenar los certificados, los informes policiales de las detenciones, entonces la Guardia Nacional detenía, pero se los daba a las policías y las policías eran las que presentaban ante la autoridad”. Puede ser. Pero incluso aunque doblen el número de detenidos, de todos modos, 892 000 rescates de migrantes vs. 29 000, aunque esos hubiesen sido diez veces más, sigue siendo mucho más el uso de la Guardia Nacional para los temas de contención migratoria, que es una de las demandas de la agenda de Estados Unidos; además de la obsesión con los cárteles. Nos tiene que poner a reflexionar qué están haciendo nuestras instituciones federales. Porque parecería que la seguridad sí se quedó en manos del Ejército y la Marina en lo federal, y no la Guardia Nacional. No sé cómo vayan a ser los próximos años. No sé si hay un cambio fundamental ahí. Yo sólo traigo las cifras de lo que reportaron ellos mismos. No sé si este año o en este sexenio sí van a usar más a la Guardia Nacional para prevención y persecución del delito que para contención migratoria, pero el sexenio pasado no lo hicieron.
HAC: ¿Qué han hecho las Fuerzas Armadas en materia de seguridad desde que quedaron a cargo de ellas tanto la Marina como el Ejército? ¿Ha implicado un cambio o no ha implicado un cambio? ¿Están iguales, parecidos? ¿Cómo están las Fuerzas Armadas actualmente?
EG: Primero, yo sí pienso que Omar García Harfuch (con su equipo) es el diseñador y jefe de la macroestrategia de la seguridad actual en México. Me parece también que en los nombramientos de los secretarios militares él tuvo una voz influyente y me parece, además, que su relevante participación en esos nombramientos lo dota hoy de ascendencia política sobre esos mandos. No estoy diciendo que sea un secretario que se entromete en asuntos internos de las secretarías militares, pero sí me parece que quien da las instrucciones sobre la implementación de la estrategia global en el gabinete de seguridad es, en primer lugar, la presidenta Sheinbaum y, en segundo lugar, el secretario García Harfuch. Las grandes orientaciones sobre la marcha, dirección y evaluación de la estrategia provienen de ellos dos; no me cabe duda. Por otra parte, me parece que el núcleo de la estrategia consiste en reducir la impunidad, haciendo uso intensivo de la investigación criminal y los análisis de contexto, algo que no había sucedido en México, algo relativamente nuevo que le dio buenos resultados a la presidenta cuando era jefa de Gobierno en Ciudad de México. Mi impresión es que el trabajo contra las grandes mafias regionales, que no contra el Cártel Jalisco —repito, al Cártel Jalisco no lo están tocando—, me refiero a los otros grandes cárteles como el Cártel del Noreste, la Nueva Familia Michoacana, los Zetas Vieja Escuela, Cárteles Unidos, obviamente las coaliciones bajo el mando de las familias Zambada y Guzmán del otrora Cártel de Sinaloa, ésas son las que están siendo combatidas por el Ejército y la Marina. A la Guardia Nacional la veo más en labo-res que típicamente corresponderían a policías locales; es una especie de fuerza subsidiaria para estados donde las policías municipales han sido cooptadas por el crimen (aunque la Guardia Nacional no está exenta también de ser penetrada, y de hecho algunos de sus contingentes han sido cooptados en varias zonas), pero que a diferencia de las policías municipales, la guardia sí tiene mecanismos de vigilancia interna. Cuando hay indicios claros de que guardias están vinculados con los criminales, son llamados a cuentas y en algunos casos enjuiciados y destituidos. Me parece también que la Guardia está muy involucrada ahora, por ejemplo, en combatir delitos como el huachicol. Los recientes escándalos de Adán Augusto y su equipo cuando se desempeñaron en Tabasco nos han abierto un panorama insospechado de redes extensas de corrupción que implican incluso a mandos militares incrustados en las cúpulas de la administración pública federal.
HAC: ¿Por qué no atacan al Cártel Jalisco Nueva Generación?
EG: Yo creo que hay un tremendo temor de que si lo atacan se genere una gran inestabilidad interior o se propicien rupturas en la cúpula que termine por fragmentar a la organización y, con eso, la violencia letal crezca de manera exponencial en varias regiones. Esto terminaría por arruinar los avances registrados recientemente en materia de pacificación y que constituyen una parte medular del discurso oficial en el ámbito de la seguridad.
Julio González: Pero hay un aumento en las desapariciones.
EG: Sí, pero la desaparición no es homicidio; es un fenómeno con implicaciones distintas.
JG: Por ejemplo, en el caso de Ciudad de México, que lo comentamos aquí en nexos, bajaron los homicidios, pero era típicamente correlacionado a las desapariciones. O como tres ejercicios distintos, estadísticos distintos, que decía la correlación no sólo es fuerte, sino que es casi pareja. ¿Se puede ver esto también a nivel nacional?
EG: Yo creo que un porcentaje que aún no tenemos claro, quizás un 30 % de las desapariciones se traduzcan rápidamente en homicidios, cuando las víctimas son “levantadas” y llevadas a lugares remotos, como comenté, y ahí asesinadas y enterradas en fosas clandestinas. Generalmente, esas personas asesinadas se negaron a pagar impuestos criminales de diversa índole o desertaron o se consideró que “traicionaron” de alguna manera al grupo criminal: se robaron mercancía o dinero o armas, no cumplieron con las órdenes que se les dieron, no pagaron deudas que tenían con la organización; éste es el tipo de faltas por las que una mafia decide eliminarlas. Las otras dos grandes vertientes de las desapariciones se relacionan con la trata sexual de mujeres y el reclutamiento de sicarios en el caso de los varones, quienes pueden convertirse en sicarios, pero también en conductores de vehículos o custodios de casas de seguridad, entre otras cosas. En el caso de las mujeres, muchas son trasladadas a centros turísticos para emplearlas en establecimientos de trata sexual o también las llevan a campamentos criminales a realizar labores domésticas o proveer servicios sexuales a personal diverso de la organización criminal. Por otra parte, los análisis de estadística descriptiva que hemos realizado en Lantia con las cifras de desapariciones nos arrojan los siguientes resultados: si consideramos que el 25 % de las desapariciones se tradujeron en homicidios dolosos, entonces la caída de homicidios que inicia en 2020 se detendría en 2022 y éstos aumentarían muy ligeramente en 2023 y 2024, para caer de nuevo en 2025. Asimismo, si consideramos el 50 % o el 75 % de las desapariciones como homicidios, entonces se sigue registrando una caída del homicidio entre 2020 y 2022, pero seguida de un aumento considerable del homicidio en 2023 y 2024. Pero aún en esos dos escenarios extremos se sigue registrando una caída del homicidio en 2025.
LS: ¿Estarías de acuerdo con que parecería que hay una prioridad de atender el Estado de México desde el gobierno federal?
EG: A mí me ha sorprendido el desempeño de la gobernadora Delfina Gómez en materia de seguridad. Es de las pocas gobernaturas que se han mostrado proactivas en esta esfera, con iniciativas innovadoras y perspicaces para combatir al crimen, y me han gustado los operativos que ha impulsado, que son diversos.
LS: Es el Zafiro, el Enjambre…
EG: Así es, varios de los cuales implican detenciones y cateos en una gran cantidad de inmuebles que formalmente operan como ranchos, bodegas, peluquerías, cervecerías, etcétera, pero que en realidad son centros de operación logística y financiera, así como puntos de vigilancia de diversos grupos criminales. Entre las decenas de detenidos figuran no sólo presuntos criminales, sino también políticos y exfuncionarios de gobiernos locales.
LS: Construcción en Valle de Bravo y Avándaro, la región de Tierra Caliente, donde empezaron con los operativos que incluían a las policías municipales. Veo que hay una concentración en los esfuerzos de cooperación federal y estatal en el Edomex.
EG: Así es. Pero en contraste con el Estado de México tenemos otros estados como Jalisco, por ejemplo, donde percibo una completa inacción frente al Cártel Jalisco Nueva Generación. Y, bueno, hay otros estados que se han ido deteriorando, lamentablemente, como Nuevo León, que trae problemas en la zona metropolitana de Monterrey, sin duda también Michoacán, Baja California, Veracruz, Morelos, Baja California Sur e incluso Oaxaca, además de los que ya he mencionado, como Sinaloa. Culiacán es la ciudad más violenta de México en estos momentos, Tijuana es la segunda, Ciudad Juárez es la tercera y León, la cuarta. Hemos observado una baja importante de la violencia en Guanajuato, que sigue siendo una de las entidades más violentas del país.
HAC: Quisiera sólo precisar que estamos hablando de la “pax narca”. Los que mandan ahí son los narcos, no la autoridad.
EG: Es una pacificación propiciada por acuerdos entre las autoridades locales y la organización dominante en la zona, digamos.
HAC: Pero incluye la captura casi total de la vida de esa comunidad por parte del crimen. La economía, la vida cotidiana, todos. Donde más han bajado los homicidios es porque ha crecido la pax narca. ¿Hay una conversación positiva entre eso?
LS: No sé si se trate del control total de la vida de las comunidades o si también, volviendo al estudio que citaba al principio sobre las alianzas y rivalidades entre organizaciones criminales, hay un no ejercicio de la violencia que responde a incentivos o decisiones racionales.
EG: No necesitan tener ese control total.
HAC: La palabra total es demasiado total.
EG: Con que ellos tengan influencia sobre los alcaldes es suficiente. Que los alcaldes les tengan miedo, con eso es suficiente para que ellos tengan capacidad de decidir un montón de asuntos que determinan la vida económica, política y social de ese municipio. Por ejemplo, la costa michoacana. Desde hace años hay grupos empresariales que quieren construir carreteras costeras para impulsar desarrollos turísticos en Michoacán. Estos proyectos han sido vetados sistemáticamente por los grupos criminales del estado. O sea, estamos en una situación en la que la obra pública de gran escala el país en varias regiones está orientada según los intereses del crimen organizado. Otra tendencia interesante es que la operación predatoria de los principales cárteles se ha ido especializando en ciertas industrias, como lo ilustra el cuadro.
Otro asunto que también me ha brincado en mis últimos análisis es cómo la autoridad gubernamental le indica al crimen los rangos en que deben ubicarse los montos de los impuestos criminales por zona, dependiendo del nivel de ingresos de los hogares. Entonces, en las colonias o barrios donde hay más gente pobre, el monto del cobro por derecho de piso debe moverse en un nivel inferior de los rangos que definen estos mismos montos para colonias de mayores ingresos. Digamos, entonces, que se ha sofisticado la coordinación de la autoridad con los grupos criminales para la recaudación de impuestos criminales. En ese sentido, pues sí es integral o totalizadora, como se ha mencionado, la acción del crimen en las diversas dimensiones de la vida colectiva. Pero eso no sucede en todos los estados, por lo que es un error generalizar para todo el país este tipo de dinámicas.
HDM: Desde hace años la Marina tenía grupos importantes de inteligencia operando contra el crimen organizado y en el sexenio pasado los quitaron. El repunte de la violencia más serio en Guanajuato es cuando se fue el grupo de inteligencia de la Marina porque López Obrador dijo que estaba haciendo una Marina donde no hay mar y entonces los mandó a las costas y luego les dio las aduanas. Cuando les dio las aduanas [marítimas], la Marina empezó a dedicarse a otras actividades. Y luego al Ejército le dio los aeropuertos y las aduanas terrestres. No sólo eso, convirtió al Ejército en empresario. Comenzaron a hacer aeropuertos, empezaron a tener hoteles, comenzaron a hacer trenes. Entonces, ¿qué función tuvo el Ejército en el combate al crimen organizado? No solamente se perdió la confianza de Estados Unidos frente a vicios que ya estaban muy claros, lo del general Cienfuegos era todo un aviso de lo que ellos estaban viendo en lo que respecta al involucramiento criminal. Las Fuerzas Armadas se quedan en un círculo extraño: se caen los decomisos de droga de una manera histórica, no decomisan absolutamente nada. O si lo decomisan, quién sabe qué haya ocurrido con eso. En medio del avance criminal se va dando un retroceso de las Fuerzas Armadas que se puede medir en cómo fueron decomisando menos cosas, cómo fueron teniendo menos puestas a disposición, menos aseguramientos. Entonces, queda volando la función de la Marina y del Ejército; los dos haciendo negocios, unos beneficiándose con las aduanas y otros robando materiales, vendiendo materiales a bajo costo o comprando huachicol.
Bueno, pues el tren transístmico: el que hoy es el almirante, el secretario de Marina, fue el encargado de ese negociazo con los hijos de los López Obrador. Decía Eduardo que les llama la atención a las autoridades de Estados Unidos la cortedad de miras o de proyectos o de intenciones del gobierno mexicano, pues es que tienen que andar de puntitas porque es tal la cantidad de colas que pueden pisar, que andan completamente aterrados de lo que pueda pasar. Ya se comprobó lo de las cincuenta visas que les retiraron a políticos mexicanos y que tenía relación con la lista de Marco Rubio, que desde hace tres meses decían que eran 45 personas de la política mexicana, operadores, funcionarios de Morena y gobernadores, que Estados Unidos había detectado que estaban involucrados con la actividad de grupos criminales.
Van saliendo pequeños ejemplos porque es tal el nivel de corrupción que no se puede tapar ni con las cifras de Omar ni con dos horas de mañanera diarias. El gran escándalo de Tabasco, que tiene ramificaciones que no sospechamos, que no hemos podido ver. Cuando decomisan el muelle, recinto fiscal, ese 289 que es donde descargaron millones de litros de combustible, descubren que el propietario que tiene la concesión de ese recinto fiscal es el que financió la campaña de Adán Augusto como precandidato a la Presidencia de la República, como corcholata. Le financió el huachicol la campaña al que fue secretario de Gobernación la mitad del sexenio de López Obrador. El nivel de corrupción que entraña todo esto hace que vayan deteniendo a 30 000, pero son el que iba manejando el camión del huachicol, el que cuidaba la bodega, el que llevaba unas armas. Hay una cantidad impresionante de seres irrelevantes detenidos. No cambia absolutamente nada hasta que veamos el siguiente peldaño. Pero ese siguiente peldaño pues ya llegó a los sobrinos, lo primero que hicieron fue exculpar al secretario de la Marina, decir que fue él mismo el que denunció a sus sobrinos y, sin embargo, siguieron operando los sobrinos. Y no sólo eso, los ascendió. Entonces creo que lo que estamos viendo es un momento en el cual el gobierno mexicano se encuentra entre las dos tensiones: lo de Estados Unidos, la cruzada de Marco Rubio, el conocimiento que tiene Marco Rubio de todo lo que pasó en el sexenio de López Obrador, porque él mismo lo señaló como el protector de los cárteles. Y, por otro lado, las tensiones que vienen del grupo que dejó incrustado López Obrador, la lealtad de la presidenta para no tocar ni con el pétalo de una rosa a López Obrador y la presencia ominosa de los hijos de López Obrador. En donde levantes encuentras un negocio de los hijos de López Obrador o de un pariente de López Obrador o alguien del grupo político de López Obrador. La lista ha ido creciendo de una manera escandalosa. Mario Delgado, desde el 2020-21, involucrado en el huachicol, el secretario de Educación del gobierno de Claudia Sheinbaum; el líder en el Senado, el coordinador de los senadores de Morena, metido en el escándalo del huachicol y de la Barredora; y un gobierno que le dejó sembrado López Obrador de funcionarios que le podía servir de cortina de protección y de operación y continuidad de su proyecto político. Estamos a la mitad de dos tensiones que han hecho que Claudia Sheinbaum haya cumplido un año sin poder gobernar, creo que se ha dedicado todo el año a reaccionar frente al tiradero y a los problemas que heredó de López Obrador.
Sí hay un avance, se tiene que aplaudir y celebrar que en lugar de estar cruzados de brazos viendo el desastre en que se convirtió la seguridad, se estén movilizando para hacer algo. Pero definitivamente la decisión política de atacar la fuente del poder criminal, ésa todavía no la hemos visto y lo que hemos visto ha sido por presiones de arriba, por presiones de Estados Unidos y por las mismas filtraciones que siguiendo sus intereses ha soltado, lo de las 45 visas es una filtración del gobierno de Estados Unidos.
HAC: Yo creo que nos han descrito realmente la evolución de un tsunami criminal, sobre la política, sobre la sociedad y sobre la economía. De dónde estaba la ola en el año 2000 a dónde estamos hoy, pues estamos en un tsunami. La pregunta es: ¿esto va a seguir a nivel nacional llevando el rumbo que tiene a nivel local? Es decir, ¿se va a detener esta apropiación del crimen, de la sociedad y de la política? ¿O más bien estamos en camino de que, si hubiera ocurrido la candidatura de Adán Augusto, ya tendríamos ahorita a un presidente financiado por el crimen? ¿Podemos volver desde donde estamos a una sociedad no criminal? ¿O qué posibilidades hay, más bien, de que suceda lo contrario, de que la lógica de esta energía de criminalización de la sociedad, de la economía, de la política de México, sea la triunfadora?
EG: Yo creo que si México no reacciona pronto y no concentra sus esfuerzos en detener esta creciente catástrofe e irla resolviendo en los próximos diez o quince años, entonces empezarán a proliferar en el país estados en una situación semejante a la de Guerrero. Y en esa ruta podrían encontrarse pronto entidades como Chiapas, Michoacán, Colima, Tamaulipas o regiones del Estado de México, Puebla, Jalisco, Sinaloa o Nayarit, por mencionar sólo algunas. Y lo que yo he promovido es acelerar el paso e ir construyendo un Tratado de Seguridad para América del Norte. Una primera elaboración de esta propuesta, por cierto, la publiqué en nexos en febrero de 2024. Yo veo moviéndose a ciertas regiones a escenarios tipo Guerrero por la cooptación o erosión de sus instituciones de gobierno. El financiamiento de campañas electorales por parte del crimen, les permite a las mafias tener un control muy amplio sobre las futuras decisiones de gobierno de los candidatos triunfantes. Mientras más nos tardemos en avanzar hacia auténticas soluciones de carácter estructural, más cara nos saldrá la factura. Y restaurar lo que el crimen ha destruido hasta ahora nos llevará muchos años.
LS: Tengo una pregunta para Eduardo sobre la propuesta que él apoya: ¿cómo se fortalecen las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia en México? Porque son un gran ausente de esta discusión. ¿Cuál es el papel de la Fiscalía General de la República? En las fiscalías sólo el 10 % de los delitos se denuncian, y el 68 % de ese 10 % abre una carpeta de investigación, y sobre ese total menos de la mitad tiene algún tipo de resolución que no necesariamente es una sentencia condenatoria. Creo que podemos llegar a muy buenos acuerdos en los próximos diez o quince años, pero ¿cómo se viven los siguientes cien años sin instituciones?
EG: Lo que pienso es que la elaboración e implementación de un tratado de ese tipo —que hasta ahora es sólo una idea— nos obligaría a realizar una reingeniería profunda de nuestras instituciones de seguridad y justicia. Incluso muchas de estas instituciones quizás tendrían que suprimirse de golpe o subsistir sólo por unos años más, dado que probablemente parte de nuestra nueva arquitectura institucional tendría que armonizarse con modelos de Canadá y de Estados Unidos que han mostrado mayor resiliencia frente a las amenazas del crimen organizado trasnacional. Quizás también muchas otras instituciones no serían afectadas en lo esencial, sino más bien robustecidas para cumplir con los objetivos que les han asignado las leyes. Tener como socios en la mesa de seguridad a Estados Unidos y Canadá tendría un impacto mayúsculo en cómo nosotros diseñaríamos y pondríamos en la práctica nuestras propias reformas. Muchas instituciones mexicanas son como las salchichas, no en el sentido de que nadie desea saber cómo se elaboraron, sino porque al pasar por los filtros político-burocráticos de México, experimentan una transformación que las vuelve irreconocibles frente a quienes las concibieron en los recintos legislativos. Entonces, construir instituciones acompañados en la mesa por dos países con unos niveles de desarrollo institucional muy superiores al nuestro, que además vigilarían la implementación debida de estas reformas, tendría un impacto formidable en cómo crearíamos nuevas instituciones o reformaríamos las existentes.
HDM: Este sueño de que tenemos una superpolicía que ha logrado el cambio no es cierto. Vamos a tener un amargo despertar cuando ese sueño se termine y vamos a encontrar el verdadero legado: instituciones destruidas, inoperantes, sin inversión. Que se conforman con tener una figura leal al frente para que le dé un uso político y haga lo que el de arriba le ordene.
EG: Quisiera reaccionar a esto. Yo sí creo que hace una gran diferencia tener a un jefe o responsable en materia de seguridad como Omar García, en lugar de los perfiles políticos que frecuentemente ocupan este tipo de cargos. Pienso que el nombramiento de un profesional acreditado como García Harfuch sí implica un cambio importante. Coincido contigo plenamente en que la idea de que un superpolicía o incluso muchos superpolicías podrían por sí solos sacar al país del atolladero en que está metido es ingenua, por decir lo menos. Además de buenos líderes en los planos operativos y estratégicos, necesitamos orquestar un trabajo muy disciplinado y perseverante de construcción institucional, sin las interrupciones fatales que suelen ocurrir por el inicio o fin de ciclos político-electorales. Y en esta tarea de construcción y desarrollo institucional no hay atajos. Ningún superhéroe nos salvará si no contamos con instituciones sólidas que laboren cotidianamente a favor de la seguridad y la justicia.
HDM: Pero no hay ningún proceso de construcción, de reconstrucción de las instituciones.
LS: No, no hay. El Estado está muy débil en términos de hacer funcionar esas instituciones para los propósitos para los que fueron creadas. La Ley del Secretariado Ejecutivo tiene los principios de estándares homologados, de desarrollo y profesionalización policial, con la obligación de que esto no se diluya en las conferencias de gobernadores, sino que se reporte y se adopte. Es el único brote de desarrollo institucional que yo veo.
A mí lo que me preocupa muchísimo de este tipo de conversaciones es que nos concentramos solamente en la dimensión de delincuencia organizada y creo que el fenómeno de inseguridad y violencias de México es mucho más complejo que eso. Creo que hay mucha delincuencia común que tampoco se está atendiendo y muchas violencias que tampoco se reducen. Le pega mucho a la percepción de inseguridad de la gente y la reacción es punitivista, lo que acarrea todos los problemas de una estrategia punitivista y de aumento de la arbitrariedad de la autoridad que ya conocemos. Después, como fenómeno superpuesto, viene el crimen organizado y por último el de los efectos de las políticas de seguridad, que como ya vimos, han influido en la expresión de las violencias que vemos.
Tampoco veo una reflexión hacia qué tipo de Estado estamos construyendo con todas las reformas de los últimos treinta años en materia de seguridad. Porque no son sólo las del Plan C. La prisión preventiva oficiosa no es un invento de Andrés Manuel López Obrador. La militarización tampoco, aunque la llevó a extremos. El tema de la destrucción del Estado de derecho tampoco, pero aquí estamos. Hoy tenemos fiscalías que no funcionan, policías superdebilitadas, una Guardia Nacional que, perdón, pero si dirige el tráfico automovilístico en ciudades como Cancún, Tulum o Veracruz no está haciendo sus deberes, y aunque está la intención de reconstruir el sistema de inteligencia para generar más y mejores productos de investigación, seguimos sin los cambios fundamentales. Ésos que necesitamos para que realmente se prevenga y persiga el delito, sin militarización, sin impunidad y sin abusos. Y yo sé que esto es tremendamente impopular en el sector de seguridad, pero no creo que los militares sean impolutos. Al contrario, han sido tremendamente violentos y extremadamente opacos. No podemos evaluar la efectividad de lo que hacen ni marinos ni soldados porque no reportan nada y porque la información que producen no es pública. Las propias cifras de decomisos de drogas reportadas por los militares varían muchísimo dependiendo de quién las produce o quién las entrega y nunca coinciden con los reportes oficiales de la autoridad civil. Lo peor es que hoy en día tienen ya la facultad de hacer seguridad pública, pero sin perder su excepcionalismo jurídico (ése que los exceptúa de rendir cuentas). Y eso es una cosa que todavía vamos a tener que resolver hacia adelante. Entonces, yo lo único que quiero es dejar la constancia de que se nos escapan dos dimensiones importantes. Primero, la inseguridad relacionada a la delincuencia común y los efectos perversos de las políticas de seguridad; y segundo, la necesidad de tener una reflexión seria sobre cuál es el proyecto de construcción de instituciones civiles de seguridad y cuál es el plan de desmilitarización que debe tener México para recuperar la seguridad y la paz. Porque si no, no sólo vamos a tener problemas parecidos o agravados en seguridad a los que ya tenemos hoy, sino que también vamos a tener otros, relacionados con el funcionamiento del Estado mexicano en un contexto de tan grave militarización, con la prospectiva de que terminemos pareciéndonos mucho más a Egipto o a Turquía de lo que nos pareceremos a Canadá.
EG: Creo que tengo dos diferencias con Lisa. La primera es que ella menciona que tenemos también un gran problema de delincuencia común. Yo estoy convencido de que el problema fundamental para el país es el crimen organizado. Obviamente tenemos problemas de delincuencia común, pero en algunos lugares esos problemas han aminorado por el trabajo que realizan diariamente las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz. Si vemos las encuestas de percepción de seguridad en centros urbanos, hay una mejora sistemática en la percepción durante el sexenio de López Obrador. En mi opinión, la caída considerable en el robo de vehículos es un dato correlacionado con la caída de otros tipos de delitos callejeros en los últimos años. Por otro lado, coincido con lo que dice Lisa sobre la relevancia de la reconstrucción institucional en las áreas de procuración de justicia, pero quizás en un contexto de anemia institucional y recursos escasos sea necesario jerarquizar nuestras necesidades, y me parece que antes de instrumentar algunas reformas institucionales debemos debilitar radicalmente al crimen organizado.
Quizás hemos dimensionado la magnitud de la crisis que traemos a cuestas, y quizás, llegado el momento, tendremos que tomar ciertas medidas de carácter excepcional para superar algunos desafíos. Además, me parece que en un tratado de seguridad como el que he planteado podríamos aterrizar un paquete ambicioso de reformas en materia de procuración de justicia.
LS: Yo no digo que el problema de la delincuencia común sea más grande que el problema de la delincuencia organizada. Lo que sí sostengo es que si estamos reflexionando sobre seguridad y violencia, entra esa dimensión también para analizar cuál ha sido el efecto de las políticas sobre la inseguridad y las instituciones en un contexto de plena impunidad con una victimización que no deja de crecer. Segundo, yo tengo muchos problemas con este ciclo de “primero necesitamos resolver esto para poder llegar a aquello” porque llevamos treinta años en eso y lo único que ha sucedido es que se amplían las excepcionalidades para “atender el crimen organizado” sin que se mantenga bajo control la inseguridad, la violencia o la injusticia y mientras, al contrario, la criminalidad se diversifica y el mapa criminal se atomiza. Entonces, ¿cuándo vale la pena iniciar la inversión en esas instituciones (de seguridad pública civil)? Eso es lo que no llega nunca. Y el problema de que no lleguen es que entonces se te cumple la profecía completa. Tienes que mantener el statu quo en el que estás (es decir, los militares) porque no tienes a quién dejárselo. Es terrible. Yo no creo que sea una u otra, pero sí creo que hemos perdido tiempo y gastado enormes recursos en muchas tonterías. Vimos el ejercicio del presupuesto de la Sedena: la mitad del presupuesto está asignado al fortalecimiento de sus capacidades corporativas, pero eso no es inversión en seguridad. ¿Cuándo se construyen esas instituciones? Mi problema no es que no tengamos que atender la crisis y ver la dimensión del problema. Mi problema es que creo que no son dos cosas que tengan que ser o una o la otra, porque el Estado mexicano —estoy de acuerdo contigo, está paupérrimo—, pero le roban una enorme cantidad de dinero sus propios políticos (en corrupción o en malas decisiones).
HDM: Estamos volviendo a la posibilidad de un cártel dominante en el país para que mantenga en calma el asunto. Si ésa es una posible solución pues no tiene salida y simplemente se trata de una restauración del mundo que nos dejó el PRI. El mundo donde había un cártel que controlaba el Pacífico y otro que controlaba el Golfo y otro que estaba ahí en la frontera y cada quien por su lado. Y no había nada de violencia. Si ésa es la aspiración y al mismo tiempo todo intento de reestructuración del sistema de justicia se queda en un papel, lo que vamos a tener es exactamente otra vez lo que pasa en Durango. No tienes muertos, pero tienes al Cártel de los Correa controlando todas las entradas del estado y con un presidente municipal y con un gobernador que son accesorios del grupo criminal. Pues parece que hasta este momento ésa es la aspiración. Nos van a llenar de cifras, de éxitos, pero lo que está pasando en la realidad es que el avance criminal sigue y no con el mismo ruido con el que avanzó en el sexenio de López Obrador, pero porque ya no hace falta. Pero esa presencia se va a hacer cada vez más visible en la vida diaria y cotidiana. Ya no tenemos carreteras, las carreteras son del crimen organizado; ya no tenemos la noche porque la noche es de ellos. Ya no tenemos muchos hábitos. Ahora son cosas de ellos. Estamos en un México que cambió radicalmente en veinte años y que no se ve que en veinte o treinta o 40 años pueda cambiar para bien. Vamos a tener un México sin instituciones y vamos a tener un México cada vez más militarizado. Eso es lo que está sobre la mesa ahora.
Héctor de Mauleón
Periodista y escritor
Eduardo Guerrero
Socio de Lantia Consultores
Lisa Sánchez
Maestra en Gestión Pública y Gobernanza. Es directora general de México Unido Contra la Delincuencia A. C.