Gracias a la generosidad de Ediciones Era presentamos el primer capítulo del libro Antropología de la zona de silencio (2025), del antropólogo Claudio Lomnitz, colaborador habitual de nexos.
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La expresión zona de silencio se refiere a las regiones del mundo donde el periodismo no puede operar libremente debido a las amenazas que pesan sobre él. Es pertinente en México no sólo por el número escandaloso de periodistas asesinados recientemente –Article 19 ha documentado el asesinato de ciento cincuenta y siete periodistas en este país desde el año 2000–, sino por la combinación de amenazas y subsidios que intervienen en los medios y que llevan a que en nuestra sociedad exista la duda de si los medios ejercen el silencio de manera discrecional, aun en las ciudades o regiones donde gozan de relativa seguridad.
El caso emblemático de lo que significa para un medio operar en una zona de silencio es el de El Diario de Ciudad Juárez, que tras del asesinato del reportero Luis Carlos Santiago Orozco en septiembre de 2010 publicó una nota suplicándole al crimen organizado que les indicara qué esperaban de ellos como medio, para que ya no volviera a haber otro periodista asesinado.2 El periodista chiapaneco Isaín Mandujano trazó una descripción más reciente de esta dinámica en un tuit a propósito de la situación actual en Chiapas:
Ser periodista en la región de la Sierra Madre de Chiapas y en esa región fronteriza es una situación de alto riesgo, de vida o muerte. Los colegas se han silenciado. Se han autocensurado. Están en un escenario donde ninguna autoridad de ningún nivel les garantiza su seguridad ni su libre ejercicio a informar de todo lo que ahí pasa. Están atrapados en una espiral de violencia, donde lo que digan, escriban o denuncien les puede costar la vida […]. Algunos de mis colegas periodistas han hecho una pausa en el periodismo y se dedican a otra cosa muy distinta. Saben que reportear e informar en estos momentos es lo peor que podrían hacer. Están atrapados entre dos fuegos. Pido a los habitantes de esa región, a los pobladores que buscan una voz, que no los presionen, que no los señalen, que no los exhiban. Ellos también quieren sobrevivir en ese escenario de violencia.3
En el caso de Zacatecas, el periodista Alfredo Valadez cuenta que durante los años de dominación de los Zetas surgió en el estado un portal en Facebook, AccesoZac, cuyos seguidores pasaron entre 2012 y 2016 de 185 mil a 347 mil, es decir muchos más lectores que los de los cuatro medios de comunicación tradicionales del estado –ntr, El Sol de Zacatecas, La Jornada de Zacatecas e Imagen–, ninguno de los cuales se atrevía a reportar en detalle las noticias de la violencia ya fuera por “censura gubernamental, por autocensura o porque no había ningún dato ni información oficial sobre acontecimientos específicos”.4 El éxito de AccesoZac se debió a que hablaba de incidentes ocurridos en regiones alejadas de las principales ciudades del estado y a que “publicaba por igual los ‘narcomensajes’ de los Zetas y del Cártel del Golfo, así como de otras organizaciones criminales”.5 O sea, que el éxito de AccesoZac como fuente informativa fue resultado de su apertura a la noticia local, usualmente a través de mensajes en Facebook colgados por los residentes y, de otra parte, de su buena disposición para publicar los mensajes de las organizaciones criminales.
Importa detenernos en este segundo factor porque remite al hecho de que, como acto de comunicación, la violencia en sí misma puede ser ambigua y difícil de interpretar, y muy frecuentemente su ejercicio requiere de un suplemento lingüístico para dar a entender lo que el violento quiere comunicar, más allá del terror en sí mismo. Por lo general, es la propia comunidad la que construye ese suplemento verbal que es tan necesario para darle sentido al acto violento, pues usualmente hay en ella gente capaz de tejer interpretaciones verosímiles o autorizadas del significado y la razón de la violencia. Pero existen también ocasiones en que el propio actor violento quiere modular o explicar el motivo de su violencia y dar a conocer sus causas y a quién o a quiénes va dirigida. Al publicar los mensajes de las diferentes organizaciones criminales, AccesoZac se convirtió en un espacio de información vital, a diferencia de los medios tradicionales que, lógicamente, se negaban a ser meros transmisores de los mensajes de esas organizaciones.
La forma en que se anunciaba este sitio web da una idea de lo que significa estar en una zona de silencio desde el punto de vista de la comunicación:
AccesoZac es un portal donde decimos las cosas sin línea, sin protocolaridades ni cantinfleos. Lo que los medios tradicionales no se atreven a publicar. Los seguidores, fans y usuarios de AccesoZac podrán denunciar directamente al muro toda inconformidad y hechos de violencia y seguridad.6
En un contexto violento como el de Zacatecas, el anonimato de las contribuciones que se publican en una fuente abierta le ofrece más certezas al público que los medios “serios”, que insistirían por principio en pasar la noticia por el rasero del periodismo profesional y luego por la mesa de un editor que debe poner sobre la balanza los estándares periodísticos y las presiones o amenazas a las que pudiera quedar sujeto su medio por la publicación de noticias delicadas, como suelen ser las notas sobre la violencia organizada.
Por eso, aunque la noticia en fuentes abiertas como AccesoZac no siempre provenga de reporteros profesionales y aunque la apertura del medio signifique que pueda fácilmente convertirse en un espacio de desinformación, la falta de censura y la admisión de fuentes no autorizadas transforman el medio en un sitio de rumor digital, lo cual, en una zona de silencio, lo convierte en una fuente de información más útil y oportuna que la que pueda ofrecer la prensa tradicional.
Como espacios de comunicación, en las regiones de silencio predomina aquello que la antropóloga Rihan Yeh ha llamado un hearsay public, es decir, un público que se conforma a través del rumor antes que por mediación de la prensa.7
La autoridad de medios abiertos, montados en plataformas como Facebook o en grupos de WhatsApp, y el rumor digital son síntomas de la zona de silencio, pero quizá la mejor descripción que conozco de la manera en que opera el rumor en este tipo de zona es la que hizo la antropóloga Adèle Blazquez para Badiraguato, que arranca contando su llegada a la cabecera de ese municipio en 2014. Lo más llamativo de aquel viaje, de ese trayecto carretero, es la vigilancia a la que estuvo sujeto su vehículo desde mucho antes de llegar al pueblo. La carretera entre Culiacán y Badiraguato está cuidadosamente vigilada, y si te paras en cualquier comercio al borde de la carretera a comer, por ejemplo, o en alguna gasolinera, encontrarás halcones; los dueños de los establecimientos operan como informantes que les comunican a sus patrones cada entrada y salida del poblado.
Una premisa de todo este despliegue de vigilancia es que cualquier extraño que se dirija al municipio puede tener algún lazo, negocio o conflicto con el narcotráfico. Por eso la vigilancia es sorprendentemente intensa. Así, por ejemplo, rumbo a la cabecera hay algunas tumbas a los lados del camino que tienen cámaras de vigilancia instaladas.8 ¿Esas cámaras han sido colocadas por aliados del muerto o de quienes lo mataron? Si no eres de ahí, seguro que no lo sabes, y aun si eres de ahí quizá te quepa la duda; pero la cámara sí da a entender que el muerto que yace en aquella tumba forma parte de una historia inconclusa, de la que uno puede llegar a formar parte de manera involuntaria por el simple hecho de haberse parado a curiosear.
Dada la intensidad de la vigilancia, la gente del pueblo muchas veces prefiere desplazarse en autobús, un espacio que facilita el intercambio de información –un poco a la manera de AccesoZac–, donde la gran mayoría de las personas se conoce, sabe quién viene de dónde, etcétera. Dada la diversidad de los nexos y conexiones que existen entre los pasajeros del autobús, este medio de transporte puede resultar más seguro frente a cualquier retén, que si te bajan de tu camioneta a ti solo con tu familia.
En las entradas y salidas a la cabecera municipal desde la carretera Culiacán-Badiraguato, la zona de silencio se hace sentir tanto en la red de vigilancia como en la construcción de espacios comunitarios para el rumor. Por otra parte, el movimiento vehicular entre la cabecera municipal y los cientos de ranchos que existen en Badiraguato tiene todavía otros dobleces. Los caminos de la cabecera a los ranchos están patrullados por grupos de gente armada que detiene cada vehículo que pasa y que les cobra peaje a todos, menos a los militares.9 Estos grupos armados se comunican por radio con los ranchos de los que provienen y están ahí para impedir el paso o para darlo, según los tripulantes. Ya en esta sencilla descripción del movimiento vehicular desde la capital del estado a la cabecera municipal y desde la cabecera a los ranchos se alcanza a entrever una geografía compleja del rumor y, por implicación, del silencio. La entrada a cualquier parte del municipio, incluida la cabecera, está vigilada y es reportada, pero las personas monitoreadas pueden o no saber quién es la persona o el grupo que los está vigilando. Esto significa que el acto de ingresar a una comunidad exige tomar ciertas precauciones para darle legibilidad al movimiento, idealmente para comunicar la identidad y las intenciones del ingresante o, al menos, la ausencia de amenaza a los interesados.
La descripción de Blazquez sugiere que la cabecera está vigilada por fuerzas diversas, cada una de las cuales puede apostar sus propios halcones, montar sus propias cámaras de vigilancia o tener informantes pagados en los comercios que hay en el camino. Además, las terracerías y veredas que comunican la cabecera con los ranchos están controladas abiertamente por la gente de tal o cual rancho; la persona que busque entrar será vetada, aprobada o rechazada, y tendrá, asimismo, que pagarles a los vigilantes un precio por el uso del camino.
Las comunicaciones –deliberadas o involuntarias– que modulan el acceso a estos dos tipos de lugares –la cabecera y los ranchos– ofrecen pistas para empezar a ordenar la geografía de las zonas de silencio en una región como Zacatecas que, al igual que Badiraguato, se caracteriza por un patrón de asentamiento repleto de pequeños caseríos y ranchos, articulados social, comercial y políticamente desde una cabecera municipal. Son regiones internamente diferenciadas, donde los pueblos o ciudades principales, que poseen siempre una economía más compleja, están social y políticamente más abiertos que los ranchos, no porque en ellos no haya vigilancia, sino porque tienen múltiples dueños y, por lo tanto, cada uno de sus habitantes o de los transeúntes es vigilado por actores que pueden pertenecer o identificarse con grupos sociales diferentes. Por este motivo, los poblados más grandes están también más cargados de incertidumbre –pues no siempre se sabe quién está vigilando ni por qué–, y por eso también sus pobladores se caracterizan por prestar una atención puntillosa al rumor.
Quisiera poner un ejemplo de la dinámica de vigilancia zacatecana. Sólo en una ocasión he tenido el honor de acompañar una acción de búsqueda de desaparecidos. Fue apenas en noviembre de 2022, cuando la Comisión Local de Búsqueda de Personas, con la que he tenido el privilegio de colaborar, me invitó a asistir a una de esas operaciones. Saldríamos de la ciudad de Zacatecas tempranito, a eso de las 6:30, en caravana rumbo al municipio de Fresnillo, para localizar restos de personas desaparecidas en un predio que está casi a la orilla del camino que comunica Fresnillo con Huejuquilla. Quisiera detenerme un momento para analizar esta acción de búsqueda como un acto de comunicación.
No se debe salir a buscar personas desaparecidas y sin vida de manera espontánea. Los lugares donde se sospecha que pueden encontrarse sus restos –las fosas comunes o los quemaderos–suelen estar controlados por el crimen organizado y no siempre se sabe si se tolerará o no la búsqueda. Por esto, los colectivos de familiares de desaparecidos laboran a sabiendas de que pueden ser atacados. La propia Comisión Local de Búsqueda no sale a buscar sin tener la aprobación previa del fiscal general del estado y el acompañamiento de militares, de la Guardia Nacional y la Policía Ministerial, que además distribuye equipo táctico entre los buscadores, como chalecos antibalas. En algunas ocasiones, las caravanas de la Comisión se topan con señales de violencia que están orientadas a ahuyentarlos o, de plano, a impedir su trabajo. Cito una entrevista en que se narra uno de esos episodios:
Yo creo que quieren que no entremos, que no entre ningún tipo de convoy… Entonces son nada más como llamaditas de atención, como diciendo: “No entra nadie”.
Nos pasó precisamente en una salida que tuvimos en coordinación con la fiscalía del estado y la fiscalía de Aguascalientes, rumbo a Jerez. Entramos, y a los pocos kilómetros estaban incendiando un taxi […]. A un costado de la carretera estaba otro taxi incendiado.
Entonces eso nos dice: “¿Por qué traen gente que no debe venir? ¿Por qué vienen de Aguascalientes para acá?” Son mensajes como diciendo: “Esto [los carros incendiados] pasa, y puede pasar con ustedes”.
Sí, o sea, es para que ahora sí le midamos el agua [a los camotes].10
Los buscadores tratan de esquivar esta clase de situación: evitan fórmulas de búsqueda que puedan ser interpretadas como provocaciones y que conduzcan a actos violentos para ahuyentarlos, como esos vehículos incendiados en Jerez. Y, desde luego, tratan de obviar acciones de búsqueda que provoquen que les disparen directamente, cosa que también ha sucedido. Para evitar esta clase de situaciones, la comunicación indirecta es ya una parte integral de estas operaciones.
Así, por ejemplo, el convoy de búsqueda en el que participé constaba de alrededor de catorce vehículos: cuatro de la Guardia Nacional, cada uno con cinco guardias bien armados atrás; dos o tres camionetas de la Policía Ministerial, también con policías armados –además de sus peritos especializados–; un camión del ejército con trece soldados, todos completamente equipados, y en el centro de la caravana las cinco o seis camionetas de la Comisión Local de Búsqueda, en las que viajábamos el personal de la Comisión y los familiares de los desaparecidos.
Los organizadores del convoy saben que su salida de la capital la vigilarán halcones pagados por diferentes organizaciones, que reportarán desde la carretera cuántos vehículos van, de qué organizaciones son (todos están meticulosamente rotulados, porque importa mucho evitar ser confundidos) y hacia dónde se van enfilando. En principio, la vigilancia y la comunicación alertan a los grupos del crimen organizado para que salgan con tiempo de los lugares hacia los que se dirige el convoy y así permitir que las buscadoras y los buscadores hagan su trabajo. O, si por algún motivo prefieren que esos trabajos no se realicen, la vigilancia da tiempo también para que los dueños del territorio pongan señales hostiles, como los vehículos quemados mencionados arriba, para indicar el riesgo que correrá la Comisión en caso de que decida seguir por ese camino.
Hay, además, otro aspecto de la forma en que se comunican o negocian estos operativos de búsqueda que merece nuestra atención: el aviso previo –o a veces la falta de aviso– a los cuerpos policiales o a las fuerzas armadas. Cuando la Comisión quiere hacer una acción de búsqueda en algún predio –las cuales se realizan rutinariamente, una o dos veces por semana–, le presenta un pedido formal a la Mesa de Construcción de Paz que dirige el fiscal del estado y que incluye a representantes de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Marina y de la sociedad civil. La Comisión Local de Búsqueda no puede salir al campo sin haber recibido la luz verde del fiscal y de la Mesa de Construcción de Paz.
En principio, el fiscal sólo autoriza las búsquedas cuando sus policías le indican que la zona en que se quieren realizar está relativamente tranquila. Es decir, hay un trabajo de comunicación previo a la salida del convoy, que combina el trabajo de investigación policial con el de inteligencia militar y que lleva al fiscal a pensar que la exploración del predio en cuestión no arriesga el operativo porque la zona no está demasiado comprometida. Por tanto, la orquestación de una acción de búsqueda requiere una lectura previa del paisaje de parte de la fiscalía.
Es interesante notar que las policías municipales están excluidas de estas comunicaciones. La razón, según varias personas entrevistadas, es que, en Zacatecas al menos, las policías municipales están supeditadas a una u otra organización criminal, de modo que los canales de comunicación en el interior de las fuerzas policiales y militares se utilizan sólo para las fuerzas federales y las estatales. Así, por ejemplo, el enfrentamiento zacatecano más sonado recientemente en los medios nacionales, en el que murió el comandante estatal de la Guardia Nacional, el general José Silvestre Urzúa, fue resultado de un operativo para apresar a la policía municipal de Pinos, porque esa corporación formaba parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (cjng).
Con todo, la imagen de un frente unido entre fuerzas federales y estatales, de un lado, contra el crimen organizado y las policías municipales, del otro, es también imprecisa, pues las organizaciones criminales tienen capacidad de infiltración en las corporaciones estatales y federales; es bien sabido que hubo capitanes de policías estatales con puestos de liderazgo tanto entre los Zetas como en el Cártel del Golfo, por ejemplo.
La sospecha de que los cuerpos de seguridad estatales o federales puedan estar infiltrados, aunque no estén controlados de arriba abajo, como sucede con muchas corporaciones de policías municipales, y de que esos cuerpos estarían entonces siendo monitoreados por el crimen organizado, lleva a que corran rumores y versiones de todo tipo. En Zacatecas se ha dicho, por ejemplo, que la Guardia Nacional y el Ejército tienen preferencias encontradas respecto a los cárteles; también, que la muerte del general Urzúa se debió a una trampa que le pusieron desde el propio gobierno. Éstos son algunos ejemplos de rumores concretos. En general, se comenta que las unidades armadas de la Guardia Nacional no atacan las camionetas del crimen organizado ni siquiera cuando las tienen enfrente. Son rumores que reflejan preocupaciones y que llevan a que la comunicación sea discreta, en voz baja y en espacios determinados.
No parece necesario hacer conjeturas acerca de la veracidad o falsedad de esta clase de rumores. Lo relevante para la geografía de las zonas de silencio es que existen canales de comunicación abiertos entre el gobierno y el crimen organizado, y que esos canales no pueden ser investigados por la prensa sin incurrir en riesgos impredecibles. La porosidad en esa comunicación implica que mucha información fluya por canales que deben ser respetados por el periodismo.
Control único, control múltiple y geografía del silencio
En los pasados cuatro o cinco años, el estado de Zacatecas ha sido un frente de guerra cruento entre el Cártel de Sinaloa (cs) y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Cada una de estas organizaciones tiene como aliadas a otras relativamente menguantes en el país, como el Cártel del Noroeste, Los Talibanes o el Cártel del Golfo, y cada uno de estos grandes cárteles controla algún territorio limítrofe con Zacatecas: el de Sinaloa controla Durango; el cjng controla Jalisco y Nayarit, por ejemplo. Por otro lado, algunos de los cárteles menguantes también tienen alguna fuerza en otras zonas limítrofes: fracciones de los antiguos Zetas, como Los Talibanes, tenían tradicionalmente fuerza en San Luis Potosí; otras fracciones la tenían en los límites de Zacatecas con Coahuila y Nuevo León. Esto suele significar que los municipios que colindan con otros estados queden controlados por las organizaciones que tienen fuerza del otro lado de la frontera estatal.
Si se analiza el mapa municipal de Zacatecas, se puede constatar que apenas dieciséis de sus cincuenta y ocho municipios no tienen frontera con ningún otro estado. Los demás la tienen, ya sea con Jalisco, Nayarit, Durango, Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, Nuevo León o Coahuila. Por otra parte, los principales centros urbanos del estado están en los municipios centrales, que no tienen colindancias con otros estados, como es el caso de Fresnillo, Zacatecas, Jerez, Guadalupe o Calera.
Interesa entonces constatar que las violencias más cruentas y persistentes en el estado han solido ocurrir ya sea en estos espacios centrales o en regiones donde un cártel pretende expulsar al otro, lo cual ha tendido a suceder de manera especial en los municipios colindantes con Jalisco en años recientes. Para comprender la lógica que subyace en esta clase de geografía, es útil pensar en una distinción crucial entre municipios sometidos a lo que llamo “control único” –es decir, donde domina un solo cártel– y municipios sometidos a un “control múltiple”, que padecen la competencia entre dos o más cárteles.
El control múltiple
El ejemplo de cómo se negocia y organiza una acción de búsqueda nos abre una ventana a la naturaleza de la zona de silencio: las acciones que pueden afectar al crimen organizado, como una búsqueda de los restos de personas asesinadas por uno u otro grupo, se deben realizar, primero, habiendo recibido inteligencia policial o militar de la situación de dominio en el territorio en que se realizará la búsqueda y, segundo, tras comunicar de manera indirecta –a través del sistema de inteligencia del cártel– el destino en que se llevará a cabo la búsqueda. Este ir y venir de información no es público, y en parte se realiza por medio de actos: la caravana que sale a la búsqueda sabe que está siendo observada y procura que sus movimientos sean claros y legibles para los informantes del crimen organizado.
Consideremos ahora cómo puede funcionar este tipo de comunicación en un estado como Zacatecas, que tiene un millón y medio de habitantes y que está dividido en cincuenta y ocho municipios –cada uno de los cuales tiene una cabecera municipal y un sinfín de pequeños y medianos ranchos–; y que tiene, además, algunas pequeñas ciudades, como Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo y Jerez, ubicadas en puntos estratégicos de redes carreteras que cruzan el estado en varias direcciones clave.
Vale la pena analizar las estrategias de control que emplea el crimen organizado a partir de su lógica geográfica, ya que las organizaciones tienen que responder a una serie de variables socioespaciales. Así, por ejemplo, es mucho más difícil adueñarse de una ciudad mediana o grande que de un poblado pequeño, y por eso las ciudades suelen ser territorios donde compiten –o simplemente coexisten– varias organizaciones criminales, en tanto que los poblados pequeños pueden resultar más fáciles de monopolizar y de dominar de forma absoluta.
Desde que los Zetas –hasta ahora la única organización que ha detentado el monopolio del control en el estado– perdieron ese mando único de la economía ilícita en Zacatecas (2011), ya ninguno de los cárteles que operan allí –el del Golfo, el cjng, el cs y los restos de los Zetas (Talibanes o Cártel del Noreste)– se ha dado el lujo de quedarse sin un enclave en ese territorio.
Desde entonces las ciudades zacatecanas se convirtieron en territorios disputados y por lo tanto también muy peligrosos, ya que la lucha entre organizaciones criminales se manifiesta no sólo en enfrentamientos directos o indirectos, sino también en la necesidad de extraer suficientes recursos para triunfar sobre el contrario. En el caso de Fresnillo, que está en el centro de estas guerrillas, en 2022 se reportó que de un total de poco más de cuatro mil pequeñas y medianas empresas cerraron mil seiscientas, abandonadas por sus dueños debido a las presiones y extorsiones que enfrentaron, lo que provocó la pérdida de alrededor de diez mil empleos. Según Rogelio Saldívar, presidente de la Cámara de Comercio de Fresnillo, dos de cada cinco negocios han cerrado en esa ciudad. Los más afectados fueron tortillerías, panaderías, taquerías y tiendas de abarrotes, es decir, el pequeño comercio al que se le suele exigir cuotas de entre diez y veinte mil pesos mensuales.11
Además de la extorsión, esa competencia entre grupos en las principales ciudades se manifiesta en una lucha cruenta por la monopolización de la venta de drogas al menudeo, sobre todo de cristal y marihuana, y en el asesinato de los minoristas que distribuyen drogas de cárteles contrarios. En el caso de Fresnillo, una ciudad minera, también se intenta monopolizar la venta de droga en las minas, lo que puede implicar la construcción de alianzas con dirigentes sindicales mineros; por lo tanto, el conflicto entre cárteles se ha reflejado en algunos momentos en pugnas entre facciones sindicales y en la desaparición de personas a las que raptan para engrosar las filas de algún grupo, o bien para debilitar a un cártel contrario. Los patrones de desaparición en la ciudad de Fresnillo han presentado algunos rasgos extremos que son poco frecuentes en otras ciudades, aunque no en los ranchos, como por ejemplo el ingreso de sicarios a domicilios particulares por la noche para desaparecer a múltiples miembros de una familia o el asalto coordinado a varias casas de una misma cuadra o colonia para llevarse a un número importante de jóvenes, a modo de leva.
Así, por ejemplo, el 25 de febrero de 2023 se reportaron nueve desaparecidos en Fresnillo; el 17 de diciembre, una madre y su bebé fueron secuestradas y desaparecidas de su casa; el 10 de noviembre de 2022, diez personas fueron desaparecidas de sus domicilios, todas de una misma colonia; el 18 de diciembre de 2021, hubo un ataque en las colonias La Paz, Obrera y Plan de Ayala y en la periferia de Fresnillo (Plateros e Hidalgo de Ojuelos), donde se balacearon diez casas, se quemaron otras seis y desaparecieron a entre ocho y diez personas, posiblemente en respuesta a otro evento parecido, dos días antes, en la colonia de El Mineral. Ésas son algunas notas de prensa de los pasados años, además del asesinato de muchos policías, de un periodista y, desde luego, de muchas otras personas. Recordemos que el estado de Zacatecas tuvo una tasa de ciento nueve homicidios por cada cien mil habitantes en 2021, cuando la tasa media a nivel nacional en ese año fue de veintiocho homicidios; Fresnillo siempre va a la cabeza.
Este contexto habla de una ciudad donde la competencia entre varios grupos (no se sabe con exactitud ni cuáles ni cuántos) se traduce en la enorme presión económica ejercida sobre los pequeños negocios que no pueden contratar fuerzas privadas de seguridad para cuidarlos y en los ataques a casas y barrios controlados por grupos contrarios. No sabemos si las numerosas desapariciones que ocurren en estos lugares sean para asesinar a las víctimas o si se trate mayoritariamente de una modalidad de reclutamiento forzado, pero la gente más enterada opina que, por lo general, se trata de lo segundo, es decir, del robo de personas para ocuparlas como soldados.
El asesinato en marzo de 2022 de Juan Carlos Muñiz, un periodista que colaboraba con el medio Testigo Minero, abre la pregunta de cuáles han sido los efectos de la violencia en la modulación de la noticia, y no sólo en Fresnillo. En general, llama la atención en el estado la escasez de datos en los artículos periodísticos de la nota roja, así como la nula capacidad de darle seguimiento a cualquier noticia de esta índole. Por ejemplo, cuando se reporta que hubo “entre ocho y diez” personas desaparecidas, es raro que haya una investigación subsecuente que verifique si fueron ocho o si fueron diez. Los medios se suelen conformar con el parte que reciben de la policía: lo reproducen y se acabó.
No hay periodismo de investigación en los medios formales, y las notas periodísticas sobre hechos violentos contienen un mínimo de datos.
Pongo otro ejemplo que, a diferencia de tantos otros parecidos, alcanzó a trascender a medios nacionales. El 28 de octubre de 2022 fueron asesinados en Fresnillo un policía estatal, que estaba en su día de descanso, junto con su esposa. La prensa reportó el hecho y el lugar donde los habían matado, y afirmó que la fiscalía investigaba el caso. Después ya no hubo ningún seguimiento ni se sabe hasta la fecha nada más sobre este crimen, como tampoco sobre casi ningún otro. La nota roja es un registro diario de sucesos aparentemente inconexos, que no tienen ni pasado ni futuro.
Dada la falta de información –más allá del hecho mismo de un asesinato o una desaparición–, se entiende bien la predilección del público por el rumor o por las noticias que aparecen en las plataformas abiertas de las redes sociales, aunque uno y otras puedan incluir una buena dosis de noticias falsas. El simple dato, por ejemplo, de un policía estatal asesinado con su esposa deja demasiadas preguntas abiertas: ¿quién los mató? ¿Por qué los mataron? ¿Qué implicaciones tiene ese asesinato para la policía estatal? Y un largo etcétera.
Una de las características de la zona de silencio es que en espacios de control múltiple, como la ciudad de Fresnillo, sí aparecen publicadas cierto número de noticias, en parte, justamente, porque la ciudad no está controlada al cien por ciento por ningún grupo, pero cuando se trata de hechos violentos, esas noticias se caracterizan por ser verdaderamente escuetas, esqueléticas, cortas de información y carentes de interpretación, y por tener una falta de seguimiento casi garantizada. Las causas, las consecuencias o las secuelas de un asesinato o de una desaparición simplemente no se publican. Las zonas de dominio múltiple se distinguen porque en ellas prevalece la incertidumbre respecto de quién ha sido el responsable de determinado acto violento, por lo que dichos acontecimientos se publican de la manera más escueta y no se interpretan.
Zonas de control único
Desde el ocaso del monopolio de los Zetas sobre el territorio zacatecano, no se ha podido reconstituir el poder total de un grupo del crimen organizado en ese estado, lo cual ha llevado a lo que podríamos llamar un cierto pluralismo criminal, sobre todo en sus principales ciudades. Al mismo tiempo, sí existen tendencias a que se desarrolle el control único en los municipios más rurales, así como también en un buen número de las localidades de nivel secundario. Quisiera dar un ejemplo, sacado de una entrevista, de cómo se vive este control único en Sombrerete, un municipio que linda con Durango y que tiene sesenta y un mil habitantes, de los cuales alrededor de veinte mil habitan en la cabecera.
Mi entrevistado cuenta que, desde hace unos diez o doce años, el municipio está controlado por el Cártel de Sinaloa. Las fechas no son exactas, pero parecen coincidir de manera aproximada con los inicios de la caída de los Zetas en el estado. Explica también que en un inicio, cuando se instaló en el municipio, el cártel no cobraba rentas ni comisiones. Habría que ver si, antes de ellos, los Zetas las cobraban; si esa falta de cobro de derecho de piso se dio como una concesión para enraizar a los de Sinaloa frente a la alternativa de los Zetas o si el cobro refleja algún cambio en la economía de la ocupación y en las exigencias de una economía de guerra, como sucedió antes en el caso de los propios Zetas.
Hoy las imposiciones y los gravámenes del Cártel de Sinaloa en Sombrerete tocan incluso las tiendas Oxxo, que dejaron de vender cigarros porque ahora sólo el cártel lo puede hacer; los expendios de venta de cerveza tampoco la pueden comercializar sin la participación del cártel; a los productores de frijol les cobran mil pesos por tonelada cosechada; a los compradores de ganado les cobran cuatrocientos pesos por cada animal que adquieren. Los bares tienen que cerrar a la una de la mañana, y cualquier venta posterior de cerveza tiene que ser con miembros del cártel. Además de todo esto, ellos administran unas “loncherías” que son puntos de venta de drogas y de cerveza y donde también hay prostitutas.
El detalle de la monopolización de la venta de cerveza y cigarrillos abre algunas preguntas respecto de la economía de una ocupación como la que ejerce el Cártel de Sinaloa en municipios como Sombrerete. No se sabe, en principio, si el cártel lave dinero comprando cigarros y cervezas al mayoreo o si se trate de comercializar mercancía robada. Pude realizar una entrevista con un líder transportista hace unos meses, y dijo que en los pasados nueve años, aproximadamente, ha aumentado de manera considerable el atraco a tráileres en las carreteras de Zacatecas, y que los asaltantes se roban toda la mercancía, además de que ocasionalmente golpean o aun desaparecen a los choferes. Una de las mercancías robadas que el transportista mencionó varias veces fueron las cervezas, lo que sugiere que al menos una parte del monopolio cervecero que se va arraigando en lugares como Sombrerete se nutre de tener el control de las carreteras.12 Además de todo esto, el cártel obliga a los productores agrícolas a vender sus productos en el interior de su propio municipio, aunque les quede más cerca algún otro mercado. Es decir, los de Sombrerete tienen que vender en Sombrerete, los de Chalchihuites, en Chalchihuites, etcétera. Esta exigencia sugiere que la porción extractiva o rentista quizá les pertenezca o aporte rentas especiales a los jefes de plaza de cada municipio.13
Entre los rancheros y agricultores del municipio se sabe que si no pagan serán secuestrados o bien les matarán a sus animales. Ha habido algunos compradores de ganado que han abandonado el negocio por ese motivo. No se presentan demasiadas quejas de nada de esto porque, al igual que en los demás municipios del estado, la policía local depende del crimen organizado. Por otra parte, según este informante, a nivel popular, la justicia impartida por el cártel reporta lo que algunos verían como buenos resultados: a algunos jóvenes adictos que antes robaban para financiar su consumo de drogas les cortaron las manos, con lo que se redujo el tipo de crimen llamado “común”. Incluso, gracias al dominio único, hoy son relativamente raros los homicidios, y tampoco hay ya tasas demasiado elevadas de desapariciones. Por otra parte, no hay ya en el municipio una presencia regular ni de la policía estatal ni de la Guardia Nacional o el Ejército, de modo que la justicia está en manos del cártel. Quizá sea también por eso que el entrevistado se refiere a los miembros del cártel como los “nuevos señores feudales”.
Y el resultado de todo esto es que se ha normalizado la presencia social del crimen organizado. Respecto a la vida ritual, por ejemplo, la prensa regional ha hecho notar que en muchos municipios el crimen organizado cobra un dinero por la realización de las fiestas patronales, en las que además de tener el monopolio de la venta de cerveza “ya no se cuidan; no se tapan la cara, ni nada. Todos sabemos quiénes son, y no son gente de ahí, de la zona, son gente que viene de Durango, de Sinaloa, porque tienen un tono de voz muy diferente”.14 Además, en sus camionetas, en sus loncherías y fiestas traen “pura música que hace referencia a ese cártel. O sea, no traen de otro cártel”. Finalmente, en los municipios en los que existe un “dominio único”, un solo grupo criminal tiene el monopolio del uso de la violencia y la policía, lo que naturalmente significa que también sostiene una participación activa en la vida ritual de la comunidad.
Lo descrito para Sombrerete puede o no ser representativo de lo que acontece en otros municipios donde exista un dominio único, que además estén ubicados en zonas limítrofes con estados dominados por un mismo cártel, como en este caso, pero quisiera proponer justamente la hipótesis de que lo que sucede aquí es característico de toda una clase de lugares: los municipios de dominio único tenderán a albergar en su seno una casta guerrera o militar que impone una justicia paralela o en sustitución a la del Estado y que consigue enseñorearse. La metáfora de una nueva clase feudal me parece justificada en este tipo de lugar: se trata, al final, del dominio local por parte de una casta guerrera que se encarga de impartir justicia y que reclama a cambio rentas, monopolios y prebendas.
Municipios segmentados
Existe, por último, un tercer tipo de situación, distinta de la de las ciudades con dominio múltiple, como Fresnillo, Zacatecas o Guadalupe, y también de la de los municipios con dominio único, como Sombrerete y como –pienso, a nivel de hipótesis– todos los municipios que lindan con estados que están dominados por un solo cártel –como Jalisco o Durango– y que no son frontera de guerra. Ese tercer tipo de situación es la del municipio que sí está en una frontera de guerra. En lugares así, un pueblo o rancho puede hallarse bajo el control de un grupo, y otro del contrario, y la cabecera municipal puede o no encontrarse bajo control múltiple. En esos casos, la frecuencia con que se dan las desapariciones aumenta, me parece, aunque todavía no hemos podido realizar un análisis numérico preciso que lo demuestre. Quisiera, para considerar el tipo de situación a la que me refiero, mencionar el caso del rancho del municipio de Guadalupe de donde desapareció Gregorio en tiempos de los Zetas. Por esas épocas, los Zetas usualmente secuestraban gente para recabar dinero o para amedrentar a la clase política y empresarial, pero también a personas como Gregorio, un joven ingeniero de cómputo, para explotar sus habilidades. Desde entonces a la fecha, el poblado pasó de encontrarse bajo un dominio único a estar en una frontera de guerra; hoy, las desapariciones se han multiplicado de manera alarmante, aunque en general esos hechos no se denuncian y, por lo tanto, de la mayoría de ellos no hay registro.
Un informante me contó, por ejemplo, el caso de una vecina cuyo hijo, un joven gay muy querido en la comunidad, muy amable y servicial, fue desaparecido de su casa junto con su pareja, que era también trabajador del campo. Ambos fueron golpeados y torturados delante de la familia antes de que se los llevaran. Una de las razones por las que sus familiares no han querido denunciar las dos desapariciones –además de no creer que tenga caso hacerlo, por la casi nula resolución de casos de desaparición por parte de la fiscalía– es que, por el modo en que los trataron a la hora de llevárselos, la señora está segura de que ambos jóvenes fueron asesinados. Está segura de que están muertos. No reporta la desaparición porque la pérdida es definitiva y porque la denuncia no le traerá justicia.
Al especular con mi informante sobre las posibles causas de esta desaparición –a falta de investigación y justicia, no quedan sino el rumor y la suposición–, él no considera que se haya tratado de un crimen de odio contra homosexuales –aunque haya habido un derroche de odio en la forma en que los sacaron de su casa–; tampoco cree que hayan desaparecido al par de jóvenes para obligarlos a trabajar en el campo o como soldados en la guerra. Opina que lo más probable es que estos jóvenes le hayan comprado marihuana a un menudista del cártel contrario al habitual, y que la desaparición y el asesinato hayan sido un castigo ejemplar para evitar la pérdida de mercado en la zona.
Esta clase de acciones, orientadas a construir un monopolio local en la venta de drogas, es frecuente en ciudades como Zacatecas, Guadalupe o Fresnillo, como lo veremos en un capítulo posterior. Lo interesante de este caso es que todo sucedió en un poblado pequeño, con cerca de dos mil habitantes. Esta desaparición, entonces, sugiere que ese lugar está convirtiéndose en un espacio de dominio múltiple y que es probable que la epidemia de desapariciones sea resultado precisamente de esta situación. Lo difícil para quien busque documentar y estudiar esta clase de procesos es que tanto la situación de dominio múltiple como la de dominio único tienden a inhibir la denuncia, y más aún si se trata de comunidades pequeñas, donde el rumor y la vigilancia social abarcan la comunidad entera. Mi informante, que sí denunció la desaparición de Gregorio, terminó yéndose del pueblo; otro conocido del mismo poblado, que denunció un robo de camioneta por gente del cártel, inmediatamente mandó a su joven hija a vivir a otra ciudad.
Campamentos militares y comunidades desplazadas
Quisiera concluir este capítulo con un breve examen de dos fenómenos en extremo dolorosos que han surgido en Zacatecas durante la guerra actual: la formación de campamentos de entrenamiento militar para los soldados de los grupos criminales y el desplazamiento de comunidades en municipios de dominio criminal dividido, en especial en aquellos que son frentes de guerra, como Jerez, Tepetongo y Valparaíso.
Las condiciones en algunos de los campamentos de entrenamiento militar en el estado han sido descritas por periodistas, y discutiremos esta institución en un capítulo posterior. De momento, quisiera detenerme en el tamaño de los ejércitos que se han ido formando en estos campamentos. Distintos reportes que he recogido en entrevistas o que a veces aparecen mencionados en otras fuentes hablan de cientos de reclutas. He escuchado hablar de un campamento en el municipio de Jerez, donde al entrevistado le dijeron que había alrededor de trescientas personas entrenándose, y de otro, en Monte Escobedo, donde se hablaba de quinientas. Y se mencionan también a veces campamentos más pequeños y más cercanos a las ciudades. Así, por ejemplo, hubo rumores que atribuyeron el asesinato de seis policías municipales en Calera, en septiembre de 2023, a que el jefe de policía de esa ciudad había descubierto en ella un campo de entrenamiento y pensaba clausurarlo. Cierto o falso –no hay manera de saberlo–, el rumor sugiere que existen temores respecto a estos espacios tan famosamente cruentos, aun en la parte más urbana del estado.
Es relevante mencionar los campos de entrenamiento, ya que su presencia puede, en un momento dado, estar relacionada con la geografía de las zonas de silencio, tanto porque se habla de desapariciones como método de reclutamiento forzado como porque se dice que estas operaciones se llevan a cabo con mucho sigilo y la indiscreción es castigada con severidad. Los campamentos serían algo así como el ojo de ciclón de la violencia y del silencio.
Conferencia leída en El Colegio Nacional el 13 de marzo de 2023.
Claudio Lomnitz
Profesor de Antropología de la Universidad de Columbia. Es autor de El tejido social rasgado, Nuestra América. Utopía y persistencia de una familia judía y La nación desdibujada. México en trece ensayos, entre otros libros.
notas
2 Rubén Villalpando, “‘Tregua’, pide El Diario al crimen en Ciudad Juárez”, La Jornada, 20 de septiembre de 2010.
3 Isaín Mandujano (@isain) vía X, 9 de enero de 2024.
4 Alfredo Valadez Rodríguez, La guerra de Florencia: a sangre y fuego los cárteles se disputan Zacatecas, Ediciones Proceso, México, 2021, pp. 129-30.
5 Ibid., p. 130.
6 Ibid., p. 131.
7 Rihan Yeh, Passing: Two Publics in a Mexican Border City, University of Chicago Press, Chicago, 2017.
8 Adèle Blazquez, L’aube s’est levée sur un mort: Anthropologie politique de la violence armée et de la culture du pavot à Badiraguato (Sinaloa, Mexique), tesis de doctorado, Centre d’Étude des Mouvements Sociaux, París, 2019, p. 67.
9 Ibid., p. 81.
10 Entrevista realizada por Claudio Lomnitz, 28 de noviembre de 2022.
11 Jorge Martínez, “Reportan cierre de mil seiscientas empresas en Fresnillo por inseguridad y extorsiones”, Milenio, 4 de marzo de 2023.
12 Entrevista realizada por Claudio Lomnitz, 5 de septiembre de 2022.
13 Entrevista realizada por Claudio Lomnitz, 14 de febrero de 2023.
14 Ibid.