En la colonia Linda Vista en Monterrey hay una casa que muchos conocen. Por fuera es como cualquier otra: reja negra, pintura blanca con unas plantas y mecedoras en el porche.
Por dentro, Sandra Cardona y Vanessa Jiménez han creado un santuario para abortar. Pasan los días en su oficina compartida que, a primera vista, puede sentirse caótica. Después de unos minutos el caos tiene sentido.
Primero, Jiménez cruza la oficina y camina por el pasillo lleno de cajas. Entra a la lavandería hacia el patio trasero, donde dos perros la esperan ansiosamente. Sube las escaleras al techo, donde hay otra estructura. “Antes era mi oficina”, explica. “También hacíamos fiestas, la cheve, la carne asada, todo”.
Ahora, el espacio tiene otro propósito escrito claramente en letras cursivas negras: “La Abortería”. Por dentro, el cuarto tiene una pequeña cocina y refrigerador con agua y fruta para sus huéspedes. Recargado en una pared, hay un sofá cama con sábanas puestas; enfrente, un escritorio. En las paredes azules cuelgan cuadros con mensajes como “Aborto libre y digno” y “Abortar también es un acto de amor”.
El cuarto es sencillo. “La idea de la abortería era mostrar públicamente que esto es lo que se necesita”, explica Jiménez. “No necesitan la gran inversión ni el hospital exclusivo. Nada más”.
Por casi diez años, Cardona y Jiménez han acompañado a mujeres antes, durante y después del proceso de aborto con medicamentos. No sólo comparten la información que establece la Organización Mundial de la Salud, también les proveen los fármacos y, en muchos casos, un espacio en su casa para abortar.
“Ser un acompañante es brindarles toda la información de un aborto seguro y, sobre todo, sin estigma”, dice Cardona. “Que conozcan que el aborto es un derecho, que no es un delito”.
Este servicio de acompañamiento tiene una larga historia en México, pero en los últimos años se ha convertido en una de las pocas opciones para mujeres en México y en Estados Unidos, que buscan interrumpir su embarazo. Cardona dice que cuando fundaron el grupo Necesito Abortar, en diciembre del 2016, acompañaron a 104 mujeres en el primer mes. Ahora son casi 1400 acompañamientos mensuales.
El aumento se debe a cambios políticos y sociales paralelos pero opuestos en ambos lados de la frontera. En México se amplía el mosaico de leyes que protegen el aborto. En Estados Unidos las mujeres tienen menos opciones para abortar que hace unos años.
El trabajo de Cardona y otros grupos de activistas mexicanas ahora tiene relevancia internacional debido a la aplicación de la ley SB8 en Texas en el 2021, que restringía el aborto a partir de las seis semanas de gestación, y a la anulación del caso Roe contra Wade en 2022. Esperan que haya un incremento mucho mayor de los acompañamientos durante esta segunda administración de Donald Trump.
No sólo en México hay una alta demanda de los servicios de acompañamiento. El modelo de Cardona y Jiménez se ha convertido en un ejemplo: otros países les piden ayuda para crear sus propias organizaciones de acompañamiento. Buscan incrementar por sus propios medios el acceso al aborto ahora que Estados Unidos ya no es un pilar en este asunto.
A principios de los años noventa, cuando México restableció relaciones diplomáticas con el Vaticano, un grupo de feministas liderado por Marta Lamas advirtió un momento crucial para los derechos reproductivos. Este cambio político amenazaba la tradición secular de México y complicaría el acceso al aborto. Después de un intento fallido de liberalizar las leyes del aborto en Chiapas, Lamas fundó el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) para darles información basada en evidencia a quienes toman decisiones.
“Hemos trabajado para cambiar el marco, para reconocer el aborto inducido como un servicio de salud y no como un crimen”, explica Rebeca Ramos, directora ejecutiva de GIRE. Esta filosofía ha impulsado décadas de trabajo de incidencia, incluida la despenalización del aborto en Ciudad de México en 2007.
A diferencia de Estados Unidos, donde la regulación del aborto se deriva de precedentes federales, en México se otorga a cada estado autoridad sobre su código penal. “Es un mosaico”, dice Ramos mientras señala un mapa que poco a poco se ha vuelto verde conforme las leyes cambian. “Tenemos 33 regulaciones diferentes sobre el aborto en todo el país”.
Este enfoque de estado por estado crea un panorama muy diferente al de países como Argentina o Colombia, que tienen códigos penales nacionales. Cuando Argentina despenalizó el aborto hasta las 14 semanas en 2020, todo el país cambió de una vez. De manera similar, la Corte Constitucional de Colombia despenalizó el aborto hasta las 24 semanas en 2022 y creó un estándar nacional uniforme.
El momento decisivo para México fue cuando, en 2021, la Suprema Corte dictaminó en el caso de Coahuila que la criminalización absoluta del aborto es inconstitucional. Eso desencadenó una ola de reformas a nivel estatal, con muchas legislaturas que de manera voluntaria modificaron sus códigos penales. Para los estados que se resistieron, GIRE estableció una estrategia legal nacional.
“En 2018 teníamos sólo una jurisdicción —Ciudad de México— donde el aborto durante el primer trimestre era un servicio de salud y no un crimen. Hoy tenemos veintiún estados”, explica Ramos. Además, en 2022, la Secretaría de Salud federal emitió lineamientos técnicos para la atención del aborto seguro, incorporando los criterios de la Suprema Corte.
El contraste con Estados Unidos es marcado. Mientras México cambia sus leyes hacia la liberalización, estados como Texas han impuesto límites de seis semanas que recriminalizan el aborto. Este enfoque apareció brevemente en México cuando Aguascalientes despenalizó el aborto hasta las doce semanas siguiendo una orden judicial y luego dio marcha atrás al limitar el acceso a seis semanas; plazo que Ramos describe como “irrazonable” y una prohibición.
“Somos parte de un movimiento global por la justicia reproductiva”, reconoce Ramos, “pero también lo son los grupos conservadores antiderechos que se oponen a la liberalización del aborto”.
Para un acceso efectivo al aborto, Ramos considera tres elementos cruciales: la despenalización legal, la desestigmatización social y el acceso práctico. En este marco, las redes de acompañamiento son esenciales porque brindan apoyo independiente del estatus legal.
“Lo que importa más allá de las leyes y las sentencias judiciales es que una persona que no quiere continuar con un embarazo pueda interrumpirlo de manera segura, sin arriesgar su libertad, integridad o salud”, concluye Ramos.
A fines de enero de 2022, casi setenta activistas de México pasaron tres días en videollamadas con organizadores estadunidenses que no pudieron viajar por una ola fuerte de covid y un frente frío en Texas. Discutieron estrategias para apoyar a mujeres estadunidenses a abortar antes de que las restricciones se multiplicaran en otros estados en Estados Unidos.
Verónica Cruz, fundadora de Las Libres de Guanajuato, consideró que las mujeres en Texas y otros estados con restricciones serias podrían cruzar a México para recibir acompañamiento o medicamentos. Compartió esta idea con Cardona y otras activistas, y decidieron organizar esa primera reunión virtual con las redes de acompañamiento de las ciudades fronterizas mexicanas con Texas.
Se reunieron antes de que la Suprema Corte de Estados Unidos revocara las protecciones de Roe vs. Wade en junio de ese mismo año. Aunque ya había entrado en vigor en Texas la ley SB8, que restringe el aborto a partir de las seis semanas de gestación, les sorprendió el miedo que tenían las activistas estadunidenses.
Cruz recuerda que todas mantenían sus cámaras apagadas y no utilizaban sus nombres reales. “Fue una sensación muy rara. Sólo atinamos a decirles: ‘No tengan miedo, así estábamos hace veinte años’”.
Durante ese fin de semana largo, integrantes de treinta distintos grupos a favor del derecho al aborto, tanto de México como de Estados Unidos, formaron lo que ellas llaman la Red Transfronteriza. Siguiendo un modelo que feministas mexicanas y de otros países latinoamericanos habían desarrollado durante las últimas dos décadas, la Red Transfronteriza “acompañaría” a las estadunidenses en sus abortos. Las guiarían a través del protocolo de la OMS para usar de manera segura pastillas abortivas sin la supervisión de un médico.
El 22 de enero del 2022, el último día de la reunión, dieron una rueda de prensa que, aunque poco concurrida, generó impacto. “Al otro día llegaron diez pedidos de gente de Texas que quería abortar”, cuenta Cruz.
Cuando la Corte Suprema de Estados Unidos anuló Roe vs. Wade en junio de 2022, “la demanda se multiplicó”, dice Cruz. No sólo llegaban solicitudes de Texas, sino de muchos otros estados, como Florida y Oklahoma.
Las redes transfronterizas operan de manera descentralizada, pero están coordinadas. Alguien contacta a Necesito Abortar, Las Libres o algún otro grupo establecido en México por Facebook, WhatsApp, Instagram. “Hasta nos han llegado por TikTok”, dice Cardona.
Les mandan un simple mensaje como “Hola, busco información” o “Necesito ayuda”. Cardona recuerda un caso en el que alguien en Texas la buscó porque padecía cáncer y estaba embarazada. Ya tenía su cita para abortar, pero al momento que pasó la ley en Texas le cancelaron el procedimiento.
Cuando saben dónde está la persona, buscan a alguien de la red en esa región y les hacen llegar los fármacos en Estados Unidos. Ése fue el primer obstáculo de la red: cómo pasar el medicamento. “Se nos hizo la cosa más importante y difícil de hacer”, explica Jiménez.
El sistema se fue desarrollando de manera orgánica. Mientras planeaban este proceso, se acordaron de los miles de personas que cruzan la frontera para compras cotidianas, ya sean estadunidenses buscando fármacos más baratos o mexicanos viajando a Laredo a hacer su despensa. Cruz empezó a ver mensajes de personas que venían de vacaciones a las playas de México que también querían formar parte de la red: “Nos decían: ‘Oye, estoy en Puerto Vallarta, estoy en Cancún, voy a comprar misoprostol; me lo voy a llevar a Estados Unidos y tú me dices a dónde lo mando’”.
Según Cruz, Las Libres ha formado más de doscientas redes en territorio estadunidense. Una red puede ser de dos o más de sesenta personas especializadas en el envío de medicamentos. El trabajo en Estados Unidos depende económicamente de estas redes de voluntarios. Jiménez explica que ellas pagan el envío y se aseguran de que el medicamento llegue al domicilio correcto.
Cuando les llega el paquete a las personas que buscan abortar, Cardona y Jiménez se encargan de acompañarlas durante todo el proceso. El acompañamiento normalmente se realiza por mensajes. Jiménez dice que siempre empiezan preguntando cuántas semanas llevan de embarazo y cómo lo confirmaron, ya que puede ser difícil conocer la fecha exacta. Después les explican el proceso y van contestando cualquier duda que tengan, como si influye su peso o su edad o si pueden tomar algo para el dolor.
Jiménez dice que ella nunca les recomienda qué hacer a las mujeres que están decidiendo si abortan o no. “Sólo estamos brindando todo el abanico de posibilidades para que esa persona decida. No somos consejeras de aborto”, aclara.
El sábado 3 de mayo una ola azul marchó desde el Monumento a la Revolución hasta el Congreso en Ciudad de México. Cientos de personas, la mayoría vestidas con paliacates azules, en contra del aborto atendieron la manifestación organizada por alrededor de treinta organizaciones como Red Familia, Provida y Pasos por la Vida. Su mensaje, escrito en una pancarta al frente de la marcha, era claro: “Cada vida es un triunfo”.
La marcha coincidió con el decimoctavo aniversario de la despenalización del aborto en la capital. “Este año se cumplen dieciocho años desde aquella despenalización del aborto en México”, dijeron las activistas Silvana Morales y Luisa Argueta frente a los manifestantes. “El saldo es profundamente doloroso: más de 292 000 vidas mexicanas jamás vieron la luz”.
Aunque en México su voz es una minoría, ha estado creciendo en los últimos años. Según la encuesta de Ipsos “Miradas globales del aborto”, publicada en agosto del 2023, el 45 % de mexicanos encuestados consideraban que el aborto debería ser legal en todos los casos.
Un año antes de que se publicara esa encuesta, un 52 % de personas sostuvieron esa opinión. El porcentaje de apoyo más alto se registró en el 2020: al menos seis de cada diez personas aprobaron el procedimiento sin limitantes.
En general, la ampliación del acceso al aborto suele reducir el estigma. Pero siempre existe la posibilidad de una reacción contraria y regresión en la política. Eso puede verse en el caso de Aguascalientes, donde trataron de imponer restricciones de seis semanas. Esa propuesta, aunque falló, coincidió con los cambios políticos en Estados Unidos.
Como las redes transfronterizas trabajan por fuera de la ley, ya sea en México o en Estados Unidos, el modelo de acompañamiento sigue creciendo en otros estados y países. En Chihuahua, Marcela Castro empezó su propia organización, Libres y Autónomas, usando como ejemplo La Abortería de Jiménez y Cardona.
Fundó el grupo en 2024 en el estado fronterizo y pronto encontró una comunidad con necesidades distintas de las estadunidenses. Castro enfatiza que Libres y Autónomas nace como respuesta de la crisis humanitaria en la frontera.
Ciudad Juárez se ha convertido en uno de los tapones más grandes para migrantes que intentan cruzar la frontera. Aunque es difícil conocer la cifra exacta, al principio de este año el gobierno de Chihuahua, anticipando las deportaciones del presidente Trump, instaló cinco campamentos con capacidad de recibir alrededor de 12 500 personas.
Para Cruz, las mujeres que viven en esos campamentos están en una situación más vulnerable que otras. Al explicar qué la impulsó a crear su organización, dice: “Las mujeres vienen siendo violentadas en todo el territorio nacional”. “Son arrojadas como basuras y quedan con el problema de un embarazo”.
Cruz siguió el ejemplo de La Abortería y abrió las puertas de su casa como refugio para estas mujeres: “Un refugio abortero donde puedas encontrar una solución a ese problema”.
Como sus aliadas en Monterrey y Chihuahua, sus recursos provienen de su propia comunidad. Cruz explica cómo sus amigos y vecinos con frecuencia le regalan paquetes de toallas sanitarias o cajas de analgésicos, y comida como arroz o frijoles. “Esas donaciones son para la población migrante”, dice.
A diferencia de La Abortería, el espacio en la casa de Cruz está diseñado como un espacio para familias, pues las mujeres migrantes suelen viajar con sus hijos. No sólo ofrecen una habitación y comida, sino también un patio grande, juguetes y otros materiales para los niños.
Jiménez y Cardona igual están ampliando su trabajo para ayudar a los migrantes que pasan por Monterrey. En La Abortería, una tarde calurosa de abril, había una montaña de mochilas sobre el sofá cama que normalmente es para las mujeres que están acompañando. Uno por uno, Jiménez va sacando los donativos de la mochila: un folder para documentos, un paliacate, un peine, jabón, shampoo, cepillo y pasta de dientes y, pensando en las situaciones violentas en las que pueden encontrarse, la pastilla del día siguiente e información sobre el aborto y su red.
Cuando terminó la rueda de prensa en la que se anunció la red transfronteriza, aquel 22 de enero de 2022, ninguna de las organizadoras esperaba el nivel de atención que recibieron. No sólo fueron las mujeres estadunidenses quienes empezaron a contactarlas en busca de medicinas, sino también medios estadunidenses y de más allá. Todos querían venir a la casa de Jiménez y Cardona a conocer La Abortería.
“No habían volteado a ver a Centroamérica, a Sudamérica ni a México para saber lo que era ser acompañante”, dijo Jiménez desde su oficina. “El mundo se quedó con la boca abierta”.
Tanta fue la atención que tuvieron que cambiar el nombre de la red en Facebook a “Necesito Abortar México” porque desde países como Angola les estaban llegando mensajes pidiendo ayuda.
A fines de mayo del 2022, un grupo de delegados estadunidenses viajaron de Texas y Arizona a Monterrey para conocer más sobre la red y el espacio dedicado a este trabajo. Para ellas, ésta fue una oportunidad importante para mostrarles a las personas en Estados Unidos que tienen más opciones si quieren abortar y “que nosotras como mexicanas estábamos haciendo esa labor”, dice Cardona.
Ésa es una de las partes más importantes de su trabajo en este momento. Cardona menciona el gran cambio que ha notado en las voluntarias de la red en Estados Unidos. Ahora, en la segunda administración de Trump, tienen más miedo. No hablan con medios, no comparten sus nombres verdaderos y se comunican sobre todo con aplicaciones como Signal, que encriptan las conversaciones.
La seguridad es una preocupación constante para estas redes. Cruz explica sus protocolos: “Clandestinidad, confidencialidad, intimidad. Nadie sabe en Estados Unidos quién le ayuda”. Aun la persona que ayudó no sabe el nombre de quien está acompañando.
Mientras tanto, la red transfronteriza sigue creciendo, aun si se legaliza el aborto o no en cualquier país. “A mí me da igual si se legaliza o no”, dice Cardona. “Tampoco voy a la lucha por eso”.
Jiménez tiene la misma opinión. En su trabajo han visto cómo la legalización no siempre conlleva al acceso. Como ejemplo, mencionan a los Países Bajos. Aunque el aborto está permitido hasta las 24 semanas, sólo una clínica o un doctor puede recetar el medicamento o realizar el procedimiento. Lo mismo se ve en Italia, donde la persona que lo solicita debe someterse a un examen médico y asistir a una sesión de consejería con un médico.
No sólo las leyes que pueden ser restrictivas aun en lugares donde es técnicamente legal el procedimiento. También existen obstáculos económicos que lo ponen fuera del alcance de muchas mujeres. En Estados Unidos, en ciudades como Los Ángeles o Nueva York, interrumpir un embarazo puede costar casi 600 dólares, una cifra que muchas mujeres no pueden cubrir.
“Para mí, el sueño sería que la mayor cantidad de gente posible sepa sobre el aborto, que esta información fuera de dominio común”, dice Jiménez sentada al lado de Cardona en su oficina. “Que una mujer pueda decir voy a abortar y me voy a tomar mis días de incapacidad”.
Mientras tanto, ese sueño parece distante en ambos lados de la frontera. Con la nueva administración de Trump, las activistas estadunidenses se han vuelto más cautelosas, más silenciosas. Los mensajes que reciben Cardona y Jiménez desde el norte reflejan un miedo creciente. Pero en lugar de desanimarse, La Abortería sigue expandiendo su alcance a migrantes atrapados en la frontera, a mujeres en comunidades rurales y a activistas en otros países que buscan replicar su modelo.
“Se siente que lo pierden todo al echar a reverso Roe vs. Wade”, dice Cardona. “Pero no están perdiendo tanto como creen porque, al final, la estrategia es que esa información esté en las manos de todas”.
Nuria Márquez
Periodista con experiencia en medios estadunidenses como Axios, NPR y Mother Jones. Actualmente, es profesora de Periodismo y Medios Digitales en el Tecnológico de Monterrey y la Universidad de Monterrey.