El proceso electoral de 2024 fue inédito. Tras la definición de las candidaturas, la elección de la primera presidenta de México resultaba inminente. Durante las campañas generó cierta expectativa sobre si la presidencia de una mujer traería avances tangibles en la agenda de género, aunque ninguna de las candidatas punteras provenía de la lucha feminista. Para Claudia Sheinbaum la expectativa era aún mayor, no sólo porque encabezó las preferencias electorales, sino porque además lo hizo en representación del movimiento que agrupa una buena parte de las izquierdas del país.
En campaña ninguna de las candidatas manifestó abiertamente una postura en torno a los temas más polémicos; en particular, la interrupción legal del embarazo. Durante el debate presidencial de abril de 2024, a pregunta expresa sobre su postura sobre la legalización y el acceso seguro al aborto, Sheinbaum respondió: “Eso ya lo decidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en nuestro país y de lo que hay que hablar es de los derechos en términos amplios de las mujeres”. En su momento, el silencio de Sheinbaum podía haberse explicado como una estrategia para no ahuyentar al voto más conservador dentro de su propio movimiento o entre las personas indecisas. Cabe recordar que en su gobierno, el presidente López Obrador identificó a las feministas como una “oposición conservadora”, pero quizás, al ser investida presidenta, Sheinbaum podría establecer una postura más abierta frente a los derechos reproductivos de las mujeres. A un año de la elección de la primera presidenta en México, parece oportuno preguntarse: ¿es Sheinbaum una aliada en la lucha por el reconocimiento de los derechos reproductivos de las mujeres mexicanas?
En la agenda reproductiva del plano local, la presidenta ha optado por invisibilizar el tema del aborto y evitó posicionarse de forma abierta a favor de su legalización, probablemente debido a los altos costos políticos que eso implicaría. Esta aparente contradicción puede explicarse en términos de la teoría de la representación propuesta por Hanna Pitkin: Sheinbaum privilegia una representación simbólica de las mujeres —presencia, imagen, discursos— sin traducirla en una representación sustantiva que implique la defensa activa de sus derechos, como el acceso al aborto legal y seguro.
En 2007 el entonces Distrito Federal fue pionero en el país y en la región cuando despenalizó el aborto hasta la semana doce de gestación y reguló la interrupción legal del embarazo en ese mismo periodo. Fue hasta 2019 que otras entidades federativas avanzaron en el mismo sentido. Entre 2021 y 2022 hubo una oleada de reformas legislativas locales, inspiradas en las de la capital de la república, que extendieron de forma significativa el reconocimiento de los derechos reproductivos de las mujeres. Este suceso obliga a cuestionarse por qué en tan corto tiempo un tercio de los congresos estatales aprobaron reformas que despenalizaban el aborto hasta la semana doce, mientras el resto ni siquiera discutía el tema. Según una investigación que desarrollé en coautoría en 2023, el crecimiento electoral de la izquierda y el aumento en el número de mujeres electas a cargos públicos favorecieron el reconocimiento de esos dere-chos. Sin embargo, el factor determinante para el avance de la agenda de género y reproductiva en ese periodo fue la representación sustantiva de las mujeres, es decir: el acceso a puestos de toma de decisiones permitió impulsar la agenda de sus electoras.
La primera ola de reformas terminó a mediados de 2023 en parte por la cercanía de las elecciones y porque, como mencionó Sheinbaum en el primer debate, la Corte emitió una resolución fundamental en septiembre de ese año, que pudo alimentar la idea errónea de que las reformas legislativas ya no serían necesarias. En la sentencia del amparo en revisión 267/2023, de septiembre de 2023, la Corte determinó la inconstitucionalidad de los artículos del Código Penal Federal que criminalizan de forma absoluta el aborto por ser contrarios “a los derechos a la dignidad humana, a la autonomía reproductiva y libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la salud y el derecho de igualdad y no discriminación”. Al mismo tiempo, ordenó al Congreso derogar las disposiciones inconstitucionales antes del fin de ese periodo de sesiones (septiembre-diciembre de 2023), lo que a la fecha aún no ha sucedido. Por tanto, el aborto sigue incluido como delito en el Código Penal Federal.
La decisión de la Corte de declarar inconstitu-cional el delito de aborto del Código Penal Federal tiene sobre todo un contenido simbólico. A partir de entonces, los jueces federales ya no podrían aplicar esas normas para encarcelar mujeres. Sin embargo, el ámbito de aplicación de dichos artículos es muy limitado. Según cifras del Inegi, en 2023 no había personas condenadas por el delito de aborto en el sistema penitenciario federal. Esto se debe a que, como han demostrado organizaciones de la sociedad civil, por lo general las mujeres no son procesadas por el delito de aborto, sino por delitos relacionados (homicidio, infanticidio, filicidio, omisión de cuidados). Además, en México el aborto es sobre todo un delito del fuero común y ha recaído tradicionalmente en la jurisdicción de las entidades federativas. El Código Penal Federal sólo se aplica en condiciones muy específicas, por ejemplo, si el suceso ocurre en territorios o instituciones federales o si tiene lugar entre dos entidades federativas. En cualquier caso, en 2022 había sólo cinco personas (tres condenadas y dos en prisión preventiva) en centros penitenciarios estatales por el delito de aborto. Todos eran varones.
Contrario a la afirmación de Sheinbaum de que los derechos reproductivos serían un asunto resuelto, hay que insistir en la legislación del tema. Primero, que el Congreso de la Unión derogue o modifique las secciones del Código Penal Federal que se refieren al aborto como delito. Segundo, y acaso más relevante, que se eliminen las disparidades en los códigos penales locales, que generan desigualdades en el acceso al aborto seguro dependiendo del lugar de residencia de las mexicanas. La Corte ha defendido los derechos reproductivos de las mujeres, pero no es su responsabilidad diseñar ni implementar políticas públicas. En un momento de transformación institucional como el que atraviesa el Poder Judicial, el reconocimiento de derechos debería reflejarse en la legislación. En 2024, mientras en México la élite política evitaba hablar del tema, Francia se convirtió en el primer país en proteger el derecho al aborto a nivel constitucional.
¿Ha cambiado el discurso de Sheinbaum ya como presidenta? En su toma de protesta enfatizó que con ella “llegaban todas” las mujeres del país, eligió como emblema de gobierno a una joven ondeando la bandera y se refirió a las luchas históricas de las mujeres al recibir la banda presidencial. Sin embargo, sólo siete de los cien compromisos inaugurales de su nuevo gobierno se dirigieron a las mujeres. Uno de ellos es el fortalecimiento general de la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Si bien no se menciona de manera explícita el acceso al aborto libre y seguro, esto ya implica un avance respecto a la negativa previa de siquiera abordar el tema.
A inicios de noviembre de 2024, el Congreso de Ciudad de México estuvo a punto de remover del Código Penal local el delito de aborto, lo que eliminaría por completo la carga punitivista de esta práctica. Aunque la iniciativa que ya había sido dictaminada en sentido positivo por las comisiones no llegó a discutirse en el pleno por la controversia que suscitó: se pensó que se abriría la puerta a abortar en cualquier momento del embarazo. Al ser cuestionada al respecto durante la conferencia matutina del 8 de noviembre, la presidenta otra vez evitó entrar en el tema y afirmó: “Entiendo que ya plantearon que ya no se va a discutir”. En efecto, el Congreso local ha mantenido la iniciativa en la “congeladora” desde entonces.
El 8 de marzo de este año —el primer Día Internacional de la Mujer bajo la Presidencia de Sheinbaum— constituía otra oportunidad para apuntalar los pendientes de la agenda reproductiva. En una ceremonia en Palacio Nacional, la presidenta estuvo acompañada de su gabinete femenino y encabezó un ritual con mujeres indígenas. Anunció diez acciones de gobierno enfocadas en las mujeres; entre ellas, la apertura de la Sala de las Mujeres en la Historia, la distribución de cartillas de derechos y la creación de nuevos apoyos sociales. No hubo mención sobre el derecho a decidir ni acciones concretas sobre autonomía sexual, salud reproductiva o aborto legal.
Por otra parte, el avance de los derechos reproductivos a nivel local ha seguido su marcha. Tras la elección de 2024, irrumpió con fuerza una segunda oleada de reformas legislativas centradas en el reconocimiento de los derechos reproductivos. En menos de un año (entre julio de 2024 y mayo de 2025) se duplicó el número de entidades federativas que reconocen la interrupción legal del embarazo por lo menos hasta la semana doce de gestación, pasando de once entidades a veintidós.1 En este recuento no se incluye el caso atípico de Aguascalientes, cuyo Congreso despenalizó en diciembre de 2023 el aborto hasta la semana doce de gestación, para unos meses después, en agosto de 2024, reducir el derecho a seis semanas.
¿Cómo entender la resistencia de Sheinbaum a pronunciarse de manera abierta sobre el aborto? El contexto de su llegada a la Presidencia parecería favorecer la expansión del acceso al aborto legal, libre y seguro a todo México: primera presidenta de un partido de izquierda; una opinión pública mundial crecientemente a favor del aborto; y agrupaciones feministas activas en casi todas las entidades del país.
Una primera explicación podría relacionarse con que en México se ha reducido el número de personas que expresan su apoyo al aborto. Según una encuesta realizada por Ipsos en 2023, la aprobación de esta medida en México pasó de 50 % a 45 % en un año, el porcentaje más bajo para el país desde 2015. En contraste, 56 % de todas las personas encuestadas a nivel mundial (29 países) aprobaban el aborto en toda circunstancia. Es difícil saber si la postura de la presidenta se ha visto afectada por estos números o si el silencio de la clase política ha facilitado el avance de la visión conservadora. En cualquier caso, el costo político de pronunciarse abiertamente en favor del aborto ha aumentado en años recientes. Algo parecido se observa a nivel local. Salvo alguna excepción, las gobernadoras se niegan a pronunciarse a favor del aborto, y la carga discursiva y la negociación política recae sobre todo en las legisladoras.
Otra posible explicación es que la estrategia de la presidenta esté basada en lo que Pitkin identifica como representación simbólica; aquella que se cimenta en elementos emocionales o de lealtad. Creer que la sola presencia de una presidenta haría avanzar la agenda de género, sin necesidad de un impulso político, implica que los derechos reproductivos se consolidarían sin necesidad del énfasis presidencial. La realidad es distinta. La manera en la que influye la Presidencia para establecer prioridades en materia de género es incuestionable. En esta legislatura, por ejemplo, se han presentado casi cuarenta iniciativas sobre derechos de las mujeres, pero las únicas aprobadas son las que envió la presidenta. La agenda de Sheinbaum se ha centrado en garantizar apoyos sociales a las mujeres que identifica como más vulnerables (mujeres de 60 a 63 años, artesanas o víctimas de violencia); así como medidas para eliminar la brecha salarial de género y ampliar la paridad en puestos políticos. No se ha mostrado el mismo apoyo a los derechos reproductivos.
Este recuento pone de manifiesto que la llegada de la primera mujer a la Presidencia representa, sobre todo, un hito simbólico y cargado de promesas para los derechos de las mujeres. El acceso de una mujer al poder, sin embargo, no garantiza transformaciones estructurales automáticas, sobre todo en los temas más controversiales como los derechos reproductivos. Mientras la retórica feminista y los gestos simbólicos no se acompañen de un compromiso claro y efectivo con el aborto legal, libre y seguro, se podría desvanecer la oportunidad histórica de consolidar los derechos reproductivos de las mujeres en México.
Grisel Salazar Rebolledo
Académica de tiempo completo del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México
1 Ciudad de México (2007) fue seguida por Oaxaca en 2019. Entre 2021 y 2022 se sumaron Hidalgo, Veracruz, Coahuila, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur y Quintana Roo. Finalmente, en 2024 y 2025 despenalizaron: Puebla, Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Estado de México, Chiapas, Nayarit, Chihuahua, Campeche, San Luis Potosí y Yucatán.