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La democracia es un sistema político que se instrumenta para resolver los problemas de titularidad y ejercicio del poder público. El voto popular ya resolvió en julio el quién, falta redefinir el cómo. La convivencia entre las distintas fracciones de la Cámara de Diputados ha demostrado que la norma no establece con claridad el trabajo parlamentario ante la ausencia de un partido con mayoría absoluta. Hasta ahora, las diferencias se han resuelto mediante una práctica reprobable de legislaturas priístas anteriores: el mayoriteo del bloque opositor. 

El debate legislativo pronto versará sobre el futuro de la política económica. La ley de ingresos, elaborada por ambas cámaras, y el presupuesto de egresos, facultad exclusiva de la de diputados, son determinantes para la consolidación del proyecto del gobierno federal. También representan una oportunidad para la oposición de modificar, en la norma, la rigidez económica del sexenio sin afrontar los problemas de su instrumentación. 

Este reto es complejo por las notables diferencias entre el PRD y el PAN para cambiar la tasa de los impuestos principales y reorientar socialmente el gasto. Para el PRI será difícil mantener uniformidad en su fracción para defender el IVA y un presupuesto austero ya que la opinión pública, a diferencia de Hacienda, no percibe los aumentos en el gasto y la reducción impositiva como una política económica equivocada sino como una política social indispensable. 

El Senado tendrá una función estratégica en la aprobación de la ley de ingresos. Más aún el Grupo Galileo, quien por su número define la mayoría en dicha cámara y podría decidir si se acepta, desecha o modifica el proyecto de los diputados. Al final del proceso existe un contrapeso más: el presidente de la república puede vetar dicha ley si no la considera conveniente para el país. De no haber dichos ordenamientos para 1998, se aplicarían entonces los del año anterior. El procedimiento legislativo que establece la Constitución estará a prueba. Veremos si permite resolver con eficiencia y seguridad jurídica los problemas propios de la pluralidad de intereses, personalidades y principios de los miembros de ambos poderes.