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Tomás Ruiz González. Presidente del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

No hay tal cosa como una fiesta gratis.

Hacia finales de los años setenta la economía de un importante país se encontraba en una etapa de creciente deterioro. La inflación alcanzaba el 12%, el desempleo rebasaba el 7% y las tasas de interés llegaban a niveles cercanos al 20%. Mientras las elecciones presidenciales se acercaban, los dos partidos políticos contendientes, liberales y conservadores, presentaban propuestas de política económica para aliviar la difícil situación imperante.

Mientras que los liberales buscaban estimular la economía bajo las tradicionales mezclas de políticas fiscales y monetarias, los conservadores diseñaron una alternativa que prometía aliviar los problemas económicos de ese país sin que la población tuviera que pagar costo alguno. La receta era simple: para controlar la inflación era necesario aplicar políticas monetarias restrictivas, mientras que para expandir la economía recomendaban reducir impuestos sin que hubiera necesidad de recortar el gasto público.

¿Cómo convencer al electorado de que un recorte inédito a la carga tributaria de los individuos y las empresas no tendría consecuencias para la economía? Después de un gran esfuerzo por encontrar el fundamento teórico que apoyara esta mágica receta económica, los asesores del candidato conservador encontraron en la teoría elaborada por un economista heterodoxo de nombre Arthur Laffer a su principal defensor intelectual. El señor Laffer sostenía que un incremento en las tasas impositivas traería como consecuencia una reducción en la recaudación debido a que los contribuyentes buscarían naturalmente evadir el pago de los impuestos. Bajo esta misma lógica, una disminución de impuestos promovería un incremento desproporcional en la actividad económica, lo que finalmente se traduciría en una expansión de la base fiscal y de la recaudación tributaria. Si bien es cierto que los teóricos de las finanzas públicas reconocen que existe una relación entre tasas impositivas y recaudación, los políticos conservadores, a efecto de utilizar el argumento teórico como bandera política, omitieron comprobar y explicar los supuestos bajo los cuales se daría el efecto deseado.

La hipótesis del señor Laffer encontró eco muy pronto. Los simpatizantes del partido conservador, firmas de consultoría, organizaciones de empresarios, cabildeadores profesionales, periódicos de derecha, grupos de académicos y algunos economistas heterodoxos alimentaron estas ideas con nuevos argumentos, hasta integrar lo que posteriormente se le denominó como la teoría de la nueva «economía de la oferta», donde el recorte en las tasas impositivas representaba el principal motor para incentivar la oferta de inversión y trabajo del sector privado.

Según esta teoría, un recorte en los impuestos no implicaba un aumento en el déficit público. Además del mágico efecto en la recaudación vía mayor inversión, empleo y base fiscal, una reducción de impuestos implicaría que un porcentaje mayor de ingreso disponible de los individuos y las empresas sería destinado al ahorro, recursos que a su vez serían destinados a incrementar la inversión productiva. En resumidas cuentas, una reducción de impuestos representaba una invitación a una «fiesta gratis» para la economía en su conjunto.

Los propugnadores de la teoría de la economía de la oferta y de la «curva de Laffer» no se preocuparon por sustentar sus propuestas con evidencia empírica. Tampoco les interesó confrontar sus ideas con las corrientes tradicionales del pensamiento económico. Mucho menos les importó que ninguna universidad incluyera en su plan de estudios algún curso sobre la «economía de la oferta». Cualquier explicación que ellos dieran desembocaba necesariamente en los estímulos fiscales que el gobierno debería ofrecer para incentivar el trabajo y la producción. Cualquier llamado a la prudencia era considerado ofensivo, anticuado y dogmático. Simplemente creían que su teoría era necesaria y lógicamente correcta y que el mundo de la academia estaba rotundamente equivocado.

Las promesas conservadoras resultaron ser altamente atractivas para el electorado. Después de todo, ¿a quién le gusta pagar impuestos? ¿A quién le disgustan las «fiestas gratis»? Al comenzar los años ochenta, la «economía de la oferta» había penetrado ampliamente en una sociedad que buscaba nuevas estrategias para retomar el camino del crecimiento económico. La etapa del «reaganomics», o de la «economía del vudú» como posteriormente sería calificada, había iniciado.

Tan pronto se instalaron en el poder, los conservadores promovieron el recorte de impuestos más importantes en la historia del país. Sus iniciativas de reforma fiscal representaban un giro absoluto a las políticas del pasado. Mientras que éstas habían sido dirigidas hacia el diseño de un régimen fiscal proporcional y equitativo, que limitara tratamientos preferenciales a las fuentes de ingresos de los estratos más altos de ingreso y que redujera avenidas de evasión, los conservadores propusieron recortes indiscriminados. Lo mismo propusieron disminuir tasas marginales, que recortar los impuestos aplicables a ganancias de capital, depreciación acelerada de activos, crédito a la creación marginal de empleos, crédito a los gastos de investigación y desarrollo, reducción de impuestos a residentes en el exterior, etcétera.

El Congreso aprobó de inmediato estas reformas. Después de todo, el electorado había aceptado la invitación para asistir a la «mágica fiesta fiscal». No faltaron las voces que llamaron a la cordura y a la prudencia, advirtiendo los costos que tarde o temprano tendría que pagar la sociedad una vez que concluyera el espejismo de la «economía del vudú». Era demasiado tarde; los conservadores agotaron su laxa agenda fiscal hasta sus últimas consecuencias durante dos periodos presidenciales sucesivos. Así, la década de los ochenta transcurrió en medio de debates fiscales y recortes impositivos.

El inicio de la década de los noventa coincidió con una nueva etapa electoral en el país. Como cada cuatro años, los candidatos de ambos partidos comenzaban a organizar su oferta electoral con miras a la nueva elección. Sin embargo, algo estaba sucediendo en los cuarteles del partido conservador. Las frías cifras macroeconómicas parecían contradecir su extraordinaria y mágica teoría económica.

El abultado déficit fiscal alcanzado en una década de recortes impositivos representaba un foco rojo para la economía. Mientras que para 1981 el déficit del sector público era del 2.7% del producto, para 1992 la cifra alcanzó el 4.9%. La promesa de que los recortes impositivos generarían recaudación fiscal había fallado rotundamente. La ambición política de unos cuantos terminó por distorsionar los principios teóricos de Laffer y por provocar un desequilibrio en las finanzas públicas.

Para financiar el déficit, el gobierno contrató deuda pública en forma importante. Mientras que al final de 1981 la deuda federal ascendió a 994 mil millones de dólares (mmd), al final del año fiscal de 1992 la deuda sumó 4 billones de dólares. El financiamiento del déficit fiscal mediante el endeudamiento público provocó que el gobierno extrajera recursos de la economía que pudieron haber sido utilizados por el sector privado para financiar proyectos de inversión y generar empleos. Puesto de otra forma, los recortes a los impuestos promovidos por la administración conservadora provocaron el desplazamiento de la inversión privada para financiar el déficit público e implicaron el endeudamiento de una generación de ciudadanos que en aquel entonces ni siquiera había nacido.

La reducción de impuestos tampoco tuvo el efecto deseado en el ahorro y la inversión privados. Por el contrario, la tasa de ahorro privado del país bajó sensiblemente durante la década de los ochenta, al pasar de 9.1% del ingreso disponible en 1980 a 5.1% para 1987. Considerando además el abultado déficit fiscal, la tasa de ahorro interno total —público y privado— bajó de 7.7% promedio durante la década de los setenta, a 3% promedio durante los últimos años de la década de los ochenta. Por su parte, la inversión bruta promedió 18.8% del producto durante el periodo 1974 a 1980, mientras que para los años comprendidos entre 1981 y 1991, el mismo indicador arrojó 17%.

En términos de distribución del ingreso, las políticas impulsadas por los precursores de la «economía del vudú» fueron claramente regresivas. Los recortes a las tasas impositivas beneficiaron principalmente a familias de altos ingresos, mientras que los del gasto social perjudicaron desproporcionadamente a los estratos más pobres.

A pesar de todo lo anterior, el nuevo candidato conservador quería volver a la vieja receta económica que tan buenos rendimientos electorales había arrojado en la década anterior. En un célebre discurso de campaña, el candidato advirtió: «Lean mis labios… no habrá más impuestos». En cambio, el candidato liberal sólo tuvo que leer las cifras macroeconómicas para persuadir al electorado de la falacia de la magia del «vudú», de la irresponsabilidad fiscal de las propuestas de la administración pasada y del hecho de que las fiestas nunca son gratis, alguien tarde o temprano acaba pagándolas.

Había llegado la hora de que la sociedad enfrentara con madurez los costos que había que pagar después de una década de déficit fiscales, alto endeudamiento público y bajo ahorro interno. El candidato liberal ganó las elecciones, y tan pronto asumió el poder, emprendió una nueva estrategia económica para retomar el camino del sano crecimiento, y que naturalmente incluyó un paquete de aumento en impuestos de alrededor de 165 mmd, cifra que por cierto representa aproximadamente la mitad del PIB de México. Se espera que hasta el año 2002, es decir veinte años después de iniciados los recortes de impuestos, el gobierno de ese país podrá finalmente lograr el equilibrio en su balance público.

Como seguramente resulta obvio para el lector, los acontecimientos relatados anteriormente tuvieron lugar en la potencia económica más importante del mundo, lo que permitió que a pesar del grave error de reducir los impuestos, las consecuencias fueran manejables en el mediano plazo. Imaginemos ahora lo que sucedería si un error de esa magnitud se comete en una economía pequeña y abierta, importadora neta de capital, con escaso ahorro interno e insuficientes ingresos tributarios.

Las metas de inversión y crecimiento económico de México para los próximos tres años serán alcanzables en la medida en que el gobierno federal logre fortalecer el componente público de ahorro interno. En este contexto, la política tributaria para los próximos años deberá consolidar una base sólida de ingresos que además de promover un sano financiamiento de los bienes públicos, sea capaz de crear un ambiente macroeconómico que fomente el ahorro de las familias y las empresas, y propicie así mayor crecimiento y empleo.

Si consideramos que los ingresos tributarios esperados para el año 2000 serán apenas similares a los obtenidos en 1994 en términos reales, debemos reconocer el gran esfuerzo que sociedad y gobierno deben realizar juntos para evitar caer en la tentación de salidas políticamente atractivas en el corto plazo, pero fiscalmente irresponsables. De lo contrario, el ciudadano mexicano que contribuye y vota pudiera desencantarse del nuevo escenario político si éste no logra consolidar equilibrio fiscal y normalidad democrática hacia el fin del milenio.