Veracruz

La desaparición de personas en Veracruz es uno de los problemas más visibles a nivel nacional. No sólo por el número de casos, sino también por la gran cantidad de colectivos de familiares de personas desaparecidas y organizaciones de derechos humanos vinculadas al tema. Sobresale, también, la hostilidad que han mostrado los distintos gobiernos estatales ante las demandas de esas agrupaciones.

Según datos del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), en 2024 se registraron 6824 personas desaparecidas en Veracruz. Esto lo coloca en el cuarto lugar a nivel nacional, después de Jalisco, Tamaulipas y Estado de México. Debido a la fuerza organizativa de las familias de personas desaparecidas, han surgido más de cuarenta colectivos en el estado. Éstos han enfrentado tanto el bloqueo del diálogo, la burla institucional y la construcción de un marco normativo de atención a víctimas hecho a regañadientes por el gobierno priista de Javier Duarte (2010-2016); los intentos infructuosos de cooptación de colectivos desarrollados por el entonces gobernador panista Miguel Ángel Yunes (2016-2018); y el acercamiento entre un gobierno morenista que inició reconociendo el problema de las desapariciones como una crisis humanitaria declarada por el país, pero que terminó por degradarse en la medida en que Cuitláhuac García (2018-2024) reprodujo estilos, formas de acción y discursos del propio López Obrador. Para el expresidente los colectivos de familiares que buscan personas desaparecidas son, por decir lo menos, grupos minoritarios, desinformados y que se movilizan contra un gobierno que atiende las causas de la violencia.

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