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Rodrigo Morales M. Consultor político de GEA.

El Congreso como tema hizo su arribo al debate público de manera abrupta. Los actores políticos recorren a tientas las novedosas condiciones y sus actos semejan más las torpezas y desatinos de los primerizos, que los pronunciamientos y desplantes de quien ha buscado crear justamente la situación que hoy se vive. No deja de ser paradójico que en un proceso de cambio político tan lento como el mexicano, con grandes periodos de reflexión entre los distintos puntos de inflexión, los actores (y analistas) se conduzcan con tal ausencia de previsión.

Da la impresión que estamos ante el arribo de un nuevo entramado que nadie entiende cabalmente, y los actores ajustan sus expectativas a ese cambio radical de reglas. Sin embargo, por inédita que sea la situación generada tras el seis de julio, ésta siempre fue predecible, al menos en términos de que las consecuencias legales que se desataban con tal o cual resultado estaban previstas. De nuevo, no deja de llamar la atención que recién hoy se descubran las deficiencias del diseño institucional o se quieran explorar sus vericuetos.

Acaso esta colección de reacciones propias de primerizos encuentre una explicación en la ausencia de una visión estratégica y generosa de la transición, y en el hecho de que los cambios se han pensado siempre con una duración limitada y siempre sujetos a revisión según varíen las circunstancias. Hoy padecemos todos esa ausencia de visión estratégica. En el caso del tema emergente, las reglas de la dinámica legislativa están intactas en la Constitución desde hace muchos años, y la norma para conformar el órgano de gobierno interno de la Cámara de diputados —tema polémico si los hay— se reformó apenas el 20 de julio de 1994. Entre la clase política nadie contemplaba de manera seria la posibilidad de que hubiera que formar gobierno interno de los diputados sin el cobijo de la mayoría absoluta. Es absurdo, pero da una medida del alcance de miras de nuestros reformadores.

Pero, además, aficionados como son a las reformas contra reloj, recién a dos semanas de la instalación de la nueva legislatura, los futuros coordinadores de las diversas fracciones parlamentarias habían logrado sentarse a negociar; hubo de pasar más de un mes para que el conjunto de los actores comenzara a asimilar el significado de los resultados electorales del seis de julio.

Y pronto, al contingente debate sobre el gobierno interno de los diputados, habrá que sumar la discusión sobre otras polémicas consecuencias del diseño constitucional, la más obvia: la capacidad que en exclusiva tiene la Cámara de diputados para aprobar el presupuesto de egresos. Dicho de otro modo, estamos ante una poderosísima herramienta de negociación que hoy está en manos plurales y que bien puede, sin exagerar, paralizar la economía del país. Al legislador no se le ocurrió nunca que sería más sano y equilibrado disponer de un mecanismo de contingencia que dejara a salvo al menos alguna parte del ejercicio presupuestal del gobierno federal.

El veto potencial que hoy tienen los diputados sobre la política económica del gobierno, no se corresponde con el conjunto de atribuciones que ostentan como legisladores. Hay pocos países en el mundo en que un sistema presidencial le otorga al legislativo un veto tan absoluto. La celebrada y deseada pluralidad se puede convertir en una verdadera pesadilla si las prácticas de nuestros principales animadores institucionales no se hacen cargo de manera responsable de lo que tienen entre manos.

Y esta perogrullada si algún sentido tiene es el de advertir sobre el desafortunado debut que han tenido nuestros actores. Repasemos. Primero fue el debate sobre el IVA que si por algo se significó fue por documentar, de parte de los partidos políticos, la incapacidad para procesar políticas públicas, y poder situar alguna modificación fiscal dentro de una estrategia más amplia; y de parte de las autoridades quedó patente la deficiente lectura que hacen de las nuevas circunstancias al pretender que nada cambiará tras los comicios. Asumir que la agenda de temas a negociar se amplió de manera considerable tras el seis de julio, es una operación que debería ir acompañada de solvencia técnica y política para hacer frente a las negociaciones.

Hasta ahora ello ha estado ausente, pareciera que con lo que contamos es con dirigentes políticos, que habilitados como legisladores, no han logrado adecuar sus reacciones a los nuevos tiempos: los temas los siguen pensando desde la perspectiva del dirigente (el IVA es, o puede ser, una gran bandera de lucha) y no desde la óptica del legislador (la política fiscal como un amplio universo de problemas). Del lado de la autoridad, disponemos de técnicos muy capacitados, pero habituados a dictar órdenes, no a convencer, acostumbrados a convivir entre semejantes han podido prescindir de la elocuencia, y no es claro qué tan bien equipados están en el arte de la persuasión y seducción intelectual. La necesidad de modificar hábitos, de tener un rápido aprendizaje, está presente en ambos lados.

Sigamos con el repaso. La conformación del bloque opositor, con todas las virtudes que tuvo en términos de sacar del pasmo al priísmo y emplazarlo a negociar, rápidamente se volvió una alternativa confusa y una arena para expresar las diversas visiones que existen al interior de la antiguamente llamada oposición. Cuando este texto aparezca, los partidos (espero) ya habrán llegado a algunos acuerdos mínimos, de manera que es poco lo que se puede decir sobre el particular, sin embargo es posible llamar la atención sobre algunas de las visiones que se empezaron a enraizar.

La particular aritmética que algunos animadores del bloque han aportado sugiere que la legitimidad del bloque proviene del hecho de que todos los que no votaron por el PRI, el partido más votado, lo hicieron contra el PRI, de manera que sumados éstos, efectivamente el tricolor es la nueva minoría. Por supuesto sin compadecerse de las ofertas diferenciadas con que concurrieron a las urnas. Esto, de consolidarse, puede distorsionar en extremo la lógica parlamentaria.

Si la lectura que se impone es la de que cualquier colaboración con el PRI implica una traición al mandato de las urnas, pronto habremos arribado al absurdo de tener una cámara plural incapaz de discutir y desahogar racionalmente su agenda, porque la deliberación está atada a una visión reduccionista de la política. La historia reciente del poder legislativo ciertamente no aporta optimismo: el PAN nunca ha votado a favor de ningún presupuesto de egresos (acaso porque ésa nunca fue una discusión sustantiva toda vez que existía una mayoría prefigurada, y nunca tampoco fue preocupación del gobierno consensar su presupuesto); el PRD y el PRI nunca han votado juntos solos (tal vez ahí está una de las tareas que si se superan puedan inducir una dinámica más racional al Congreso).

Finalmente, hay que insistir que el nuevo Congreso tiene que ser un espacio de alianzas fluidas, en que la construcción de mayorías no se oriente únicamente por la lógica electoral, sino por las coincidencias objetivas a las que puedan arribar las distintas fuerzas en los distintos temas. Si las nuevas condiciones creadas tras el seis de julio son pobladas por desplantes revanchistas y mezquindades, se habrá desaprovechado una oportunidad histórica que costó muchos años construir. No hay que olvidar que en el año 2000 los electores votaremos premiando la eficiencia. En ausencia de partidos responsables, la votación del próximo siglo puede ser una verdadera pesadilla. Ojalá nuestros partidos salgan pronto del pasmo, actúen con responsabilidad y le den cabal sentido al cuasi sacralizado mandato de las urnas.