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Ricardo Becerra. Analista político. Pedro Salazar. Licenciado en Derecho.

Uno de los resultados más importantes de la reforma electoral de 1996 es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se trata de una creación para un tipo de justicia electoral radicalmente renovada: por los controles que establece, porque se consolidó su independencia del poder ejecutivo y se incorporó al poder judicial, porque adquiere nuevas facultades y porque sus procedimientos brindan ahora mayor certeza para la defensa de los intereses de los partidos.

Si un partido —luego de haber discutido el punto al interior de las estructuras colegiadas del IFE— considera que ha sido atropellado por alguna decisión ilegal, puede recurrir al Tribunal para que éste dé la última palabra (esto es lo que los abogados llaman «control de legalidad o de constitucionalidad»). La designación de los magistrados ya no corre a cargo del Presidente de la República: son votados en la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte, con lo cual se concreta su cabal independencia del ejecutivo. Por otro lado, es una estructura de justicia que ya no está limitada a atender los problemas de índole federal sino que puede ser recurrida por causa de conflictos locales; se trata de extender, sin cortapisas, el control de constitucionalidad a los actos de todas las autoridades electorales estatales, sin excepción. Y finalmente, la ley agrega nuevos procedimientos de defensa, nuevas vías legales para encauzar los reclamos político-electorales tanto para los ciudadanos como para los partidos.

La reforma constitucional de 1996 hizo del Tribunal Electoral un órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. El artículo 99 de la Constitución le otorga el grado de máxima autoridad jurisdiccional en la materia1 y establece que funcionará con una Sala Superior y cinco Salas Regionales (una para cada circunscripción). La Sala Superior se integra por siete Magistrados Electorales, mientras que cada una de las Regionales cuenta con tres magistrados. Hay que decirlo. Todos estos magistrados fueron nombrados por el voto unánime de la Cámara de Senadores, a partir de una propuesta realizada por la Suprema Corte de Justicia. Es decir, el mismo consenso que posibilitó el nombramiento de los consejeros electorales del IFE se reprodujo en la designación de los miembros del Tribunal.

El Tribunal Electoral tiene facultades para revisar, en ciertos casos, resultados de elecciones locales; para salvaguardar los derechos políticos de los ciudadanos y para resolver conflictos laborales del IFE con su personal. Pero su función primordial es garantizar que todos los actos del IFE se apeguen a las disposiciones legales y al marco constitucional. Por eso el IFE no es una autoridad todopoderosa ni atrabiliaria, existe otra instancia que corrige o afirma sus decisiones.

Así, las anomalías que hubiesen ocurrido el seis de julio no quedan impunes; las inconformidades hallan cauce, ya no tanto en la prensa o en las calles, sino a través de una nueva Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. De tal suerte que la última etapa del proceso electoral quedó en manos de un órgano independiente y distinto del Instituto Federal Electoral. Se trata de un diseño institucional eminentemente jurídico que otorga certeza a los partidos políticos y a los ciudadanos. En esta tesitura, después de la jornada electoral, una vez que se realiza la declaración de validez de las elecciones y se otorgan las constancias de mayoría a los candidatos ganadores, los partidos todavía pueden solicitar al Tribunal que declare la nulidad de la elección en una casilla o en todo un distrito electoral por irregularidades durante la jornada.

Efectivamente, ese día y los días posteriores pueden darse acontecimientos que la ley considera «causales de nulidad» de la elección en las casillas.2 Y aún más, en caso de ser acreditadas en el 20% de ellas, conlleva a la anulación de la elección en todo un distrito electoral.3 Para estos fines los partidos cuentan con dos medios de impugnación: el juicio de inconformidad y el recurso de reconsideración. El primero de ellos es resuelto por las Salas Regionales del Tribunal; sirve para impugnar actos relacionados con la elección de diputados o de senadores por ambos principios, así como de Presidente de la República. El recurso de reconsideración aparece después, y es resuelto por la Sala Superior del Tribunal; sólo procede para impugnar las sentencias de fondo dictadas por las Salas Regionales en los juicios de inconformidad, así como las asignaciones por el principio de representación proporcional que realice el Consejo General del IFE. Es un diseño bi-instancial que otorga todas las garantías jurídicas posibles para procesar las inconformidades. El dato es muy relevante: es una respuesta a las conflictivas experiencias postelectorales que el país ha vivido; se trata de que las impugnaciones sean sustentadas legalmente y que tengan una vía siempre abierta dentro de las instituciones, más allá de las calles y las movilizaciones.

En 1997, los partidos políticos interpusieron ante el Tribunal Electoral un total de 182 juicios de inconformidad, lo cual informa de una mejora sustancial en la confianza de los partidos hacia la autoridad electoral, pues apenas hace tres años, en las elecciones de 1994, se interpusieron 1,230 recursos de ese tipo.

En esta elección, 152 recursos correspondieron exclusivamente a la elección de diputados; los 30 restantes se referían a la elección de senadores o, de manera conjunta, a ambas.4 Del total de los juicios interpuestos, el PRD presentó 78 (en 1994 interpuso 904), el PAN 27 (en 1994 interpuso 142), el PRI 66 (había interpuesto 16), el PC 1, el PPS 1, el PT 3 y el PDM 2.

En el Distrito Federal no hubo ninguna impugnación en contra de la elección del Jefe de Gobierno. En contra de las elecciones de diputados a la Asamblea de Representantes, se presentaron 12 juicios de inconformidad y todos fueron resueltos sin modificar los resultados. El contraste con 1994 es ilustrativo: entonces fueron presentadas 48 impugnaciones; es decir cuatro veces más que ahora.

Las resoluciones de las diferentes Salas Regionales anularon la votación de la elección de diputados de mayoría en 1,331 casillas de todo el país, que contenían un total de 354,951 votos. Para el caso de la elección de diputados de representación proporcional, se anularon 335 casillas, es decir 102,814 votos.

Una lucha jurídica intensa tuvo lugar en tres distritos electorales: en el Distrito XIV de Guanajuato con cabecera en Acámbaro; en el Distrito X de la misma entidad que ratificó el trinfo del PAN por la diferencia de un solo voto; y finalmente el caso más polémico —el distrito 03 de Chiapas con cabecera en Ocosingo— que fue de plano anulado por la Sala Regional correspondiente.

Esos tres casos siguieron en suspenso hasta el último tramo del contencioso electoral: en la segunda instancia —al presentarse los recursos de reconsideración— el escenario sufrió otra recomposición: la Sala Superior (ya no las regionales) determinó que en Acámbaro la victoria correspondía al PRD; que en el Distrito X de Guanajuato al PRI, y que no eran suficientes los argumentos que clamaban por anular la elección de Ocosingo.

En otras palabras, la lucha política tuvo amplios cauces jurídicos. Incluso la provocación montada en Chiapas, mediante la cual un grupo de encapuchados impidió la expresión del voto en 102 casillas pudo ser ventilada legalmente. Este fue el único distrito, de 300, que vivió eventos graves, incluso el asesinato de un funcionario de casilla.5 No obstante, la legalidad básica fue conservada; todos los pasos relevantes fueron decididos unánimemente y por ello el Tribunal acabó defendiendo y tutelando justamente los derechos de los votantes —no de los que quisieron evitar la votación— y dio cauce al recurso de reconsideración, declarando válida la elección del seis de julio en Ocosingo.

El saldo final es muy importante: el Tribunal, en sus dos instancias, atendió y dio respuesta a todas las impugnaciones de los partidos. De un modo implícito, pero claro, los partidos confirmaron su confianza en la organización del proceso. La disminución de los recursos de reconsideración también informa de ello, pues si en 1994 se presentaron 210, en 1997 hubo únicamente 70. Además, al final del proceso, se validó la elección en los 300 distritos uninominales federales y en los 40 distritos locales del Distrito Federal. Por lo tanto, en 1997 no tendremos elecciones extraordinarias, el IFE presentará totalmente desahogada y completa a la Cámara de Diputados, a la de Senadores, a la Asamblea del Distrito Federal y a la elección del Jefe de Gobierno.

De este modo, la estructura electoral está encontrando un equilibrio entre la vitalidad de la competencia y la legalidad necesaria, un sistema fundado en el respeto y en la igualdad de los partidos ante la ley. Al final, el Tribunal Electoral se mostró a sí mismo como una institución viable, no solamente porque resultó un producto del consenso de los partidos, no sólo porque confirmó su independencia del ejecutivo, sino sobre todo porque a lo largo del proceso electoral de 1997 demostró su imparcialidad, obligó al rigor de los argumentos y suprimió la tentación de hacer justicia por mano propia. Y esos son otros activos del nuevo Estado democrático en México.

1 Salvo en los casos de acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes electorales, que son resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

2 ¿Por qué se anula una elección? El artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral establece que la votación recibida en una casilla será nula por: a) Instalar la casilla, sin causa justificada, en lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital correspondiente; b) Entregar, sin causa justificada, el paquete que contenga los expedientes electorales al Consejo Distrital, fuera de los plazos legales; c) Realizar, sin causa justificada, el escrutinio y cómputo en local diferente al determinado por el Consejo respectivo; d) Recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección; e) Recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por el COFIPE; f) Haber mediado dolo o error en la computación de los votos; g) Permitir a ciudadanos sufragar sin credencial para votar o cuyo nombre no aparezca en la lista nominal de electores; h) Haber impedido el acceso de los representantes de los partidos políticos o haberlos expulsado, sin causa justificada; i) Ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores; j) Impedir, sin causa justificada, el ejercicio del derecho de voto a los ciudadanos; y k) Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma.

3 El artículo 76 de la ley también contempla como causales de nulidad de una elección en un distrito electoral uninominal, las siguientes: a) Cuando no se instalen las casillas en el veinte por ciento de las secciones en el distrito de que se trate y consecuentemente la votación no hubiere sido recibida; o b) Cuando los dos integrantes de la fórmula de candidatos que hubieren obtenido constancia de mayoría sean ineligibles.

4 Cabe mencionar que estos 30 juicios fueron desechados por notoriamente improcedentes.

5 Se trata de Diego Gómez Sántiz de 60 años, presidente de casilla que fue interceptado en la ruta de traslado de su paquete electoral, el seis de julio por la noche. Al defender las boletas y las actas correspondientes, fue golpeado por un grupo de delincuentes encapuchados; murió en el hospital cuatro días después.