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José G. Zamarripa de la Peña. Secretario Técnico del CEN del PRD.

A un año de haber asumido las riendas de la dirección nacional del Partido de la Revolución Democrática, el actual equipo dirigente del partido del sol azteca se enfrenta a nuevas responsabilidades, imaginadas por muy pocos hace doce meses.

Con el reto del gobierno en más de 230 municipios; con la exigencia de darle un nuevo sentido y rumbo a la capital de la República; con la obligación de contribuir a la construcción de nuevas prácticas y hábitos en el parlamento del país, el PRD tiene, por si algo le faltara, la imperiosa necesidad de consolidar su presencia pública como un referente político confiable, maduro y congruente. 

Por supuesto que sería un error abordar como asuntos diferentes las nuevas responsabilidades públicas y la reorganización interna. También sería un equívoco encarar los aspectos de la vida partidaria sólo como cuestiones de organización y olvidar que se tienen enfrente definiciones políticas ineludibles.

Una de ellas, quizá la principal, tiene que ver con el nuevo voto de confianza de miles de electores que han ayudado a modificar la imagen del PRD. Nada hay de vergonzoso en el hecho de que se le hubiera identificado con los sectores más empobrecidos de la nación. Sin embargo, el partido estaba urgido de dar un salto y dejar de ser visto sólo como un partido rural y representativo de manera exclusiva de esos sectores. 

Hoy, a la luz de los triunfos electorales en ciudades como Mazatlán, Acapulco, Tuxtla Gutiérrez, Morelia, Nezahualcóyotl, Ecatepec o el propio Distrito Federal, las identidades perredistas no pueden estar sujetas a parámetros exclusivamente ideológicos como sucedió en los años difíciles del acoso salinista.

Es cierto que las bases más firmes, el llamado núcleo duro del partido, se reconoce plenamente con el calificativo de neocardenismo. Pero también es verdad que los reclamos de ahora tienen más preocupaciones políticas, democráticas, que de definición ideológica. Si el PRD quiere renovar la confianza ciudadana y acrecentar su presencia nacional tiene que hacer más firme y explícita su vocación democrática, su carácter de fuerza política responsable, con la capacidad suficiente para coadyuvar en la construcción de un nuevo entramado legal e institucional.

Y para ello cuenta la congruencia con los principios, la que ha ejercido con constancia y le ha permitido incrementar su autoridad moral. Dicha autoridad será puesta en juego en el ejercicio de los cargos públicos y de representación popular, así como en las tareas de gobierno. En la definición de la relación entre el partido y el gobierno, el Partido de la Revolución Democrática tiene que hacer válida no sólo la autonomía de ambas entidades, sino dar pruebas concretas de su interés de construir una gobernabilidad incluyente y democrática.

Ahí se ubica un valor ético y moral muy importante que debe de ser parte de las definiciones principales de la propuesta política perredista: la tolerancia. Un gobierno democrático, así como un partido democrático, tienen que ejercer el respeto a las opiniones diversas que emergen de la propia sociedad, que se producen desde otros partidos o en la misma opinión pública.

Es una cuestión de sensibilidad, quizá también de pragmatismo. Pero en un escenario que va de los asesinatos políticos nunca aclarados hasta el ejercicio de la persecución moral y la mojigatería como actos de gobierno, el impulso de la tolerancia se presenta como un acto fundamental dentro de la renovación cultural de la nación. El ejercicio de la tolerancia es, pues, un asunto de cultura política que bien haría el PRD en cultivar. 

También importa contar con una radiografía puntual de la vida nacional. Por ejemplo, los resultados electorales del pasado 6 de julio son, nadie lo duda, un gran aliciente para el tránsito a la democracia, pero también han servido para identificar en dónde se encuentran ubicadas las más fuertes resistencias autoritarias que se oponen al cambio.

Una revisión de las prácticas políticas que se ejercen desde los gobiernos de Puebla, Tabasco, Campeche, Chiapas, Veracruz o Guerrero le sirven a cualquiera para documentar la presencia de esos resabios antidemocráticos. Los conflictos que se viven en esos estados no pueden verse como asuntos exclusivamente regionales o como parte de la picaresca en estado de extinción. Son pesados diques que se oponen al tránsito democrático, para lo cual se requieren de iniciativas políticas plurales, civiles y pacíficas, por supuesto, que permitan remover esos estorbos.

Dichas iniciativas tienen que ser de índole nacional y pasan por ámbitos diferentes. Por ejemplo, la disputa por la dignificación del Congreso mexicano va a enfrentar, seguramente, las resistencias de la bancada priísta de esos estados (una radiografía de lo que ha sido el antiparlamentarismo conocido como el «Bronx» lo puede corroborar puntualmente).

Es de esperarse que el oficialismo defienda el patrimonialismo parlamentario, que encuentra en la llamada Gran Comisión a su figura paradigmática. Sin la mayoría absoluta en su favor, la Ley Orgánica del Congreso no le garantiza al partido oficial la reedición de ese esperpento. Para que en el Congreso, particularmente en la Cámara de Diputados, no se alimenten las resistencias autoritarias regionales bien se haría en terminar con esas formas de organización del trabajo legislativo, propias del unipartidismo.

Lo anterior no quiere decir que la responsabilidad del PRD en la nueva legislatura se tenga que reducir a la coyuntura. El grupo parlamentario perredista tendrá que ser activo promotor de nuevas prácticas parlamentarias. Esto pasa por reivindicar una agenda legislativa que parta de la constitución de nuevas formas de gobierno y administración de ambas Cámaras, por la aprobación de una nueva Ley Orgánica y de Reglamentos de Gobierno Interior para cada una de ellas, y se exprese en el fortalecimiento del trabajo en las comisiones, como el primordial para la actividad parlamentaria.

La agenda legislativa, que incluye también un conjunto de iniciativas de reforma, tendrá que servir para la construcción de consensos y para la transformación del Congreso, como actos simultáneos y de igual importancia. La tolerancia y la gobernabilidad democrática también tendrán que pasar por el Poder Legislativo y el PRD tiene que asumir ese reto cabalmente.

Finalmente, se han escuchado en los últimos días voces, alarmadas algunas de ellas, que reclaman al PRD por no definirse como un partido de izquierda, y peor aún, según esos clamores, que en el perredismo predominan los expriístas. Bien se haría en tomar las cosas con calma, dejar a las fobias descansar un poco y meditar al respecto, porque, al menos en el pasado proceso electoral, lo que menos preocupó al electorado fue esta supuesta disyuntiva.

De cara a su próximo congreso, creo que el PRD tiene que reafirmar sus convicciones, eso es elemental. En el debate se tendrán que atender esas voces, pero evitar las tentaciones de la nostalgia. 

Porque, también vistas las cosas con detenimiento, el PRD no es, por fortuna, la continuación de aquellos grupos y partidos disciplinados, bien formados ideológicamente en todo el abanico que se conoce como izquierda, capaces de elaborar recetas y programas pero con una arraigada vocación contestataria. 

En todo caso habrá que darle su verdadero lugar a esta cuestión, ahora que las nuevas responsabilidades del Partido de la Revolución Democrática le exigen consecuencia democrática, no su ya conocida identidad ideológica.