Una de las calles que más veces he recorrido es la no muy gloriosa avenida Luis Cabrera, que conecta el Periférico Sur con la colonia El Tanque, pasando por San Jerónimo, Santiago y San Bernabé. Nunca me pareció especialmente bonita, pero antes de tener un segundo piso y devenir en “Supervía”, al menos uno podía apreciar sus árboles y estatuas. Mi primer recuerdo político es acompañar a mis padres a votar por Vicente Fox en el año 2000, pero mi recuerdo político más persistente es ver, desde la ventana del coche, una caricatura de Andrés Manuel López Obrador tamaño puerta. Una vecina de Luis Cabrera aprovechó su dirección sobre una avenida concurrida para manifestar su postura pro López Obrador y pintar su puerta. Viva la libertad de expresión. Recuerdo que junto a la caricatura de un jefe de Gobierno dientón y despeinado, la vecina había mandado pintar: “No al desafuero”.
Para el 2008, el mural había cambiado. Se mantenía la caricatura de López Obrador, pero las letras ahora ponían: “Sonríe, la victoria es nuestra” y “Alto a la privatización de nuestro petróleo y sus ganancias”, junto a un logo de Pémex. En 2011 la puerta regresó a un sobrio tono de madera teñida. En algún momento del 2012 los dueños de la casa pintaron un nuevo mural (“VAMLOS por la presidencia 2012”) que se quedó ahí hasta el 2015, cuando fueron grafiteadas tanto la puerta como la casa. En el 2024 ya no hubo mural, pero sí una lona que pedía a los transeúntes votar por Claudia Sheinbaum.
No estoy seguro de en qué momento la puerta se pintó por primera vez, pero supongo que fue durante los años en que AMLO y Fox dejaron de ser amigos para convertirse, primero, en adversarios y luego, para pérdida de la democracia mexicana, en enemigos. Es difícil de creer ahora, en pleno 2025, que alguna vez fueron, a decir de José Agustín Ortiz Pinchetti, “muy amigos”, pero se refiere a un breve periodo de armonía entre el Gobierno de la República y el del Distrito Federal que parece sacado de un universo paralelo, en el que nadie pronunció las palabras “chachalaca” o “mesías tropical”. Los gobiernos que nacieron el 2 de julio del 2000 mantenían una relación cordial gracias a una mutua desconfianza del PRI y a la buena relación entre Ortiz Pinchetti y el secretario de Gobernación, Santiago Creel, quienes se conocieron durante la construcción del Instituto Federal Electoral en los años noventa.
El idilio comenzó a caerse con un pleito por el horario de verano y se vino abajo de manera definitiva tras las elecciones del 2003, en las que el PRD ganó trece de las dieciséis delegaciones de la capital y una mayoría aplastante en su Asamblea Legislativa. Dolores Padierna, quien ganó en esos comicios una diputación federal por el PRD y hoy es vicepresidenta de la Cámara de Diputados por Morena, describe el contraste como la exhibición pública de dos proyectos de nación, “el que se estaba construyendo en la ciudad y el locuaz, sin ton ni son, que se vivía a nivel nacional”. El golpe para el PAN fue doble. Perdió 55 escaños en la Cámara de Diputados y tuvo que admitir que el PRI se consolidara como el partido más poderoso del Congreso.
Ortiz Pinchetti dejó el gobierno del DF y ocupó una curul en la Cámara de Diputados, como miembro de la nueva bancada de 95 perredistas, desde la que vio en primera fila el choque entre los dos políticos más importantes de la época: Fox y López Obrador. La primera ficha de ese desastre cayó casi sin ruido tres años antes, a finales del 2000, cuando la entonces jefa de Gobierno, Rosario Robles, expropió un terreno en Santa Fe para construir una calle de acceso al Hospital ABC. El dueño del terreno impugnó, obtuvo un amparo y la orden de un juez para detener la obra, pero el gobierno capitalino decidió continuar. Robles nunca pensó en la confrontación que acababa de catalizar. “No tenía la menor idea”, dice. “Al final se convirtió en un pretexto para golpear a López Obrador políticamente”.
El tabasqueño heredó un problema administrativo cuya trascendencia era imposible calcular. “Empezó y terminó mal”, escribe Ortiz Pinchetti. “Yo tenía interés particular en el tema, no sólo porque era el ataque más duro que podían organizar nuestros adversarios, sino porque me había familiarizado con el asunto”. La pregunta central era si la responsabilidad del desacato a la orden del juez recaía en funcionarios menores o alcanzaba al jefe de Gobierno. El enredo jurídico se hacía más complicado al considerar que López Obrador tenía fuero y sólo podría ser procesado si la Cámara de Diputados decidía quitarle la inmunidad.
Dentro del gabinete de Fox surgieron dos tendencias para resolver la situación. La primera, representada por el general Rafael Macedo de la Concha, procurador general, sostenía que el desacato era flagrante y que el jefe de Gobierno era el último responsable. La segunda, liderada por Creel, prefería una solución política: “No me quedaba claro cómo se podía, como decimos los abogados, imputar una responsabilidad de ese nivel, directamente al jefe de Gobierno”.
Fox convocó una reunión en pleno Domingo de Resurrección de 2004. A Los Pinos acudieron Macedo de la Concha y Creel, pero también María Teresa Herrera, consejera jurídica de la Presidencia, y el ministro presidente de la Suprema Corte, Mariano Azuela. Rubén Aguilar (portavoz de la Presidencia de Fox) y Jorge Castañeda (secretario de Relaciones Exteriores durante los primeros tres años de ese gobierno) escribieron años después que esa reunión se llevó a cabo para que el presidente de la República le preguntara al presidente de la Corte si la interpretación del general procurador general era correcta. “Yo estuve presente cuando el ministro Mariano Azuela le dijo al presidente que había un desacato que había que cumplir y que no podía dejarse sin cumplimentar la resolución del tribunal”, dijo Creel, quien asegura que le expresó a Fox que sería muy mala idea sacar a un candidato de la elección “a través de la barandilla de los juzgados y no de las urnas”.
Fox se posicionó con quienes leían la letra de la ley, pero no consideraron las implicaciones políticas de usar las instituciones contra un adversario que, además, era el favorito del PRD para ser candidato presidencial en la elección del 2006. Unas semanas después de la reunión en Los Pinos, la Procuraduría General de la República presentó una solicitud de juicio de procedencia contra López Obrador como presunto responsable del delito de abuso de autoridad.
Esa decisión permitió que AMLO trazara, entre 2003 y 2004, uno de los ejes narrativos más importantes para su manera de hacer política: la idea del complot en su contra. Su administración acumulaba escándalos. Primero, el Gobierno del DF se negó a cumplir con la orden de otra jueza, quien ordenó pagar una indemnización por la expropiación de otro terreno, conocido como Paraje San Juan, en Iztapalapa. Luego una nota aseguró que Nicolás Mollinedo, chofer de López Obrador (o coordinador de Logística, como decían los obradoristas), ganaba más de 60 mil pesos al mes. Más tarde se sumaron los videoescándalos: un video mostraba a René Bejarano, cercanísimo operador de AMLO, recibiendo fajos de billetes de un hombre que resultó ser el empresario Carlos Ahumada; y otra cinta mostraba a Gustavo Ponce, secretario de Finanzas del GDF, apostando en el Bellagio de Las Vegas.
Incluso si uno acepta que el desafuero no se concibió para golpear a López Obrador, es claro que, al menos durante unos meses, fue una consecuencia bienvenida para el gobierno. En todo caso, la revisión de hechos y versiones muestra más una trama de errores, descuidos y faltas de comunicación que una gran conspiración orquestada paso a paso. Aun así, donde unos ven coincidencias, oportunismo, caos y hasta mala suerte; el obradorismo encontró una conspiración tramada desde las altas esferas del poder. Dolores Padierna sostiene que el desafuero fue “una estratagema vil a la cual acudió la ultraderecha […]. Fue una operación de Estado. La Suprema Corte, la entonces PGR, todos, se confabularon: medios de comunicación, partidos, Estados Unidos, todo se confabuló para intentar minar la fuerte credibilidad y el cariño que el pueblo le comenzó a dar a [AMLO]”. En febrero del 2005, López Obrador ya acusaba a Carlos Salinas, Fox, Marta Sahagún, Creel, Diego Fernández de Cevallos, Roberto Madrazo y Manlio Fabio Beltrones de conspirar en su contra. Pero la realidad era más complicada.
La versión de la conspiración de Estados Unidos y Dios padre no es creíble. No hace falta conocer a muchos políticos para saber que a duras penas pueden organizar una cena, mucho menos una conspiración. Sobre todo porque, claramente, salió mal. Más bien fue una oportunidad: a una parte del foxismo le parecía útil el caso del terreno en Santa Fe para debilitar a López Obrador. El expresidente siempre ha negado que lo quería excluir a la mala de la elección. En una entrevista con nexos, a veinte años de los hechos, sostuvo que el desafuero fue un ejercicio por la defensa del Estado de derecho.
En lugar de ofrecer disculpas, López Obrador aprovechó los escándalos como pruebas del supuesto complot en su contra. A finales de junio de 2004, visitó los estudios de Canal 40 en el World Trade Center de la colonia del Valle. De saco gris y corbata azul, concedió una entrevista a Ciro Gómez Leyva.
—Tienen que cambiar ciertas actitudes —le dijo a Ciro.
—¿Cuáles?
—La situación que prevalece contra nosotros desde octubre del año pasado. […] Son 8 meses, 9 meses, de ataques permanentes, uno tras otro: Paraje San Juan en octubre, el caso de Nicolás, los videos y ahora el asunto de El Encino…
–¿Y entonces el juicio de desafuero?
—Tengo que demostrar, como lo estoy haciendo, que torcieron la ley. […] Lo que quieren es atajarnos con miras al 2006, porque le tienen mucho miedo a un proyecto alternativo de nación. […] Están actuando de manera mafiosa, de manera sectaria. […] Imagínate un presidente que llega al poder a partir de un cambio, enarbolando la bandera de la democracia y lo primero que hace es descalificar a la mala a uno de sus adversarios.
Para ese momento, el gobierno federal ya se había volcado de lleno en favor del desafuero y operaba para conseguir el apoyo de los diputados del PAN y del PRI. La aritmética parlamentaria era simple y la bancada del PRD no tenía los números suficientes para detenerlos. Pero, como dijo en su entrevista con Gómez Leyva, López Obrador ya no estaba en manos del PRI: “Estoy en manos de la gente. […] La gente me eligió y en una democracia el pueblo es el que pone y el pueblo es el que quita”.
Incluso algunos de los adversarios más férreos de López Obrador reconocen sus instintos políticos. Federico Döring, diputado del PAN y la persona que reveló el video de Bejarano, lo describe como “un animal político excelso, tiene muy buen olfato, tiene reflejos como poca gente en la vida ha tenido”. Quizá por eso el jefe de Gobierno no se disculpó, no ofreció a un funcionario menor como sacrificio ni arrancó una estrategia jurídica para protegerse. Se defendió en los medios, dijo que no contrataría abogados y salió a las calles. En agosto protagonizó una marcha “Por la legalidad y la democracia” a la que asistieron cientos de miles de personas. “López Obrador, como siempre, se burló de la ley”, asegura Fox. “Se burlaba de todos, se burlaba de mí”. Para el expresidente, AMLO sabía que una foto tras las rejas sería buena para su candidatura presidencial.
El secretario Creel vio las movilizaciones y obtuvo la autorización del presidente para dialogar con los adversarios y buscar una salida aceptable para ambos bandos. Se acercó a Ortiz Pinchetti y juntos convocaron a un grupo de abogados para encontrar una solución que fuera jurídicamente sólida y políticamente aceptable. Creel dice que le propuso a su amigo que él se hiciera responsable de la expropiación del predio en Santa Fe. Así los panistas podrían salvar cara y no sacar de la elección a uno de los aspirantes. Parecía una respuesta elegante.
Ortiz Pinchetti la propuso a López Obrador, pero él no aceptó. Entendía la ganancia política del desafuero. “Yo creo que AMLO fue feliz con el desafuero”, dice Robles. Los panistas pensaron que sería un asunto de abogados, a resolverse en la confidencialidad de sus despachos, pero López Obrador sabía que era un asunto público, mediático y hasta de masas. Por eso usó los recursos del GDF para realizar asambleas informativas, imprimir cómics, pintar bardas y convocar a movilizaciones. “El PAN no calculó que López Obrador iba a doblar la apuesta y a no responder formalmente”, dice Germán Martínez Cázares. “Creían que iba a responder con un escrito y un alegato jurídico, pero no lo hacen temblar unas ocho columnas”.
López Obrador se reunió con 4000 empleados del gobierno y constituyó una asociación civil llamada “No nos vamos a dejar” para hacer campaña contra el desafuero. “Fue una estrategia pensada como movimiento”, dice Padierna. “Se hicieron marchas multitudinarias de un millón y medio de personas, llenamos el Zócalo y todo Reforma, se hizo un movimiento popular para evitar el desafuero”.
Es tentador atribuir un significado oculto a eventos que probablemente no lo tienen, en especial veinte años después pero, a grandes rasgos, la estrategia de todos los partidos durante la crisis del desafuero fue clara: el PAN apeló al procedimiento, el PRD a la movilización y el PRI se posicionó del lado que parecía más conveniente.
Aunque los priistas no habían decidido si acompañarían el desafuero o no, para el presidente del partido, que albergaba aspiraciones presidenciales, la oportunidad de sacar a un adversario de la contienda era demasiado buena. Roberto Madrazo ha dicho que se reunió con Fox en Los Pinos para hablar del proceso contra López Obrador como una estrategia para descarrilar su candidatura. Reforma publicó en la época que Marta Sahagún dijo en una comida que la carrera por la Presidencia en el 2006 sería entre el PRI y el PAN. López Obrador aprovechó la noticia para responder que “a confesión de parte, relevo de pruebas”.1
En todo caso, el PAN vivía su propio debate interno. De un lado, si me permiten la simplificación, estaban los puristas, encabezados por Döring y Juan de Dios Castro, ferozmente a favor del desafuero: por razones formales (había un desacato a una sentencia de un juez) y, quizá, también por razones políticas (es imposible ganar la Presidencia si a uno no lo dejan competir). Döring recuerda que su argumento fue: “Este señor está acostumbrado a violar la ley para salirse con la suya y siempre antepone el reto y el desafío a las instituciones”. Se preguntaban con encono: “¿En serio el PAN le va a tener consideraciones políticas a un redomado y consumado violentador de la ley, nada más por miedo a ver qué dice o a que salga a la calle a marchar?”.
Del otro lado estaban los pragmáticos. “Nosotros veíamos el tema político más que el jurídico y ellos veían el jurídico más que el político”, dice Martínez Cázares. “Pero yo sostengo que el jurídico se podía interpretar”. Su compañero de argumentos era Gustavo Madero: “Estamos en un país donde el 95 % de los delitos quedan impunes y tú quieres hacerte el que quieres que no haya impunidad en un delito de tipo administrativo pero que tiene consecuencias catastróficas en temas político-electorales”.
Los puristas ganaron la votación interna por unos cuantos votos.
La decisión de los priistas tampoco fue sencilla. El PRI estaba dividido y, por primera vez fuera del poder, distintas facciones buscaban quedarse con lo que pudieran. Basta con decir que sus diputados no estaban a priori a favor de acompañar al PAN con el desafuero.“Yo dije claramente en el PRI, desde el primer momento, que me parecía que el desafuero era un error y que yo no votaría por él”, recuerda Roberto Campa, diputado priista en esa legislatura. “Incluso algunos de mis amigos estaban convencidos de que iba a salir bien”, continúa. “Que iban a descarrilar la candidatura de López Obrador y que el asunto les terminaría dando la razón”.
El 1 de abril, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, integrada por un panista, un perredista y dos priistas, votó a favor del desafuero. El único voto en contra fue del PRD. Ese mismo día López Obrador dijo que estaba preparado para ir a la cárcel. La votación en el pleno quedó agendada para el 7 de abril.
Cada partido preparó oradores y argumentos. Campa pidió uno de los espacios de su partido para hablar desde la tribuna y posicionarse en contra. “Naturalmente me dijeron que no”. Así que buscó al coordinador de la bancada perredista, Pablo Gómez, y le pidió uno de los turnos de su partido. Un día antes de la sesión, un grupo de priistas lo visitó en su oficina para pedirle que no votara en contra y, sobre todo, que no usara uno de los espacios del PRD para hablar. Les leyó el discurso que había preparado para el día siguiente. “Yo no coincidía con López Obrador. No me parecía que tenía los atributos mejores para conducir al país; pero estoy convencido de que la democracia no es pasar por encima de leyes, principios y reglas para no dejar que los electores tomen una decisión, aunque fuera equivocada”.
López Obrador comenzó el día del desafuero con una de sus estrategias favoritas: realizó un gigantesco mitin en el Zócalo, del que se fue solo, dejando a su público con un “los quiero desaforadamente”. Llegó a la Cámara de Diputados, resguardada por cientos de policías y, ante los argumentos jurídicos de la Procuraduría, respondió con un discurso dirigido no a los diputados que votarían en su contra, sino a las personas que veían el debate por televisión.
Dijo que un grupo de políticos y empresarios “que se creen amos y señores de México” querían echar abajo su candidatura presidencial “para perpetuar la corrupción, el influyentismo y la impunidad”. Acusó a Fox de actuar de manera facciosa y degradar las instituciones. “¿De cuándo acá los más tenaces violadores de la ley, los saqueadores, quieren aparecer como los garantes del Estado de derecho?”. Y sentenció: “Tengo la certeza absoluta de que no se me juzga por violar la ley, sino por mi manera de pensar y actuar, y por lo que pueda representar, junto con otros mexicanos, para el futuro de nuestra patria”.
“Yo me acuerdo de que fue un ambiente tenso”, me dice Madero. “Los argumentos técnicos parecían caer como lodo seco, no manchaban a nadie, pero los políticos, los sentimientos políticos eran los que privaban, y eran de malestar, enojo y molestia en ambos lados”. Campa recuerda la sesión como el momento de mayor tensión en su vida parlamentaria. “El discurso fue elocuente, poderosísimo a nivel de contenido, de sentimiento, a todos nos llegó”, dice Padierna. “Creo que toda nuestra bancada estaba llorando, como afuera el pueblo de México”.
“Andrés hizo una muy buena arenga política, pero todo lo que dice el dictamen es irrefutable”, argumenta Döring, quien no se arrepiente de votar a favor. “Violar la ley debe tener consecuencias en este país, porque lo único que tienes para defenderte del gobierno es la ley”.
Con los votos del PAN y el PRI, López Obrador perdió el fuero. Lo que siguió es una verdadera comedia de errores, incompetencia e indecisión. López Obrador dejó la jefatura de Gobierno, la Asamblea Legislativa del DF presentó una controversia constitucional cuestionando la competencia de la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados respondió con otra controversia. La Procuraduría anunció que no actuaría hasta que la Suprema Corte tomara una decisión; cinco días después solicitó una orden de presentación, en lugar de una de aprehensión. Dos panistas pagaron una fianza a nombre de López Obrador y el juez devolvió el expediente porque ese pago se hizo sin consentimiento del acusado.
El caos desembocó en la enorme marcha del silencio. Dos domingos después de ser desaforado, López Obrador lideró una manifestación masiva que terminó con un mitin en el Zócalo. Ese día, según Ortiz Pinchetti, Fox buscó al jefe de Gobierno para dialogar, pero López Obrador rechazó la invitación. Tres días después, Creel habló con él para avisarle que el presidente Fox daría esa noche un anuncio en cadena nacional.
A las 8 de la noche todas las señales del país mostraron a Vicente Fox, quien anunció la renuncia del general procurador general y propuso una reforma para que los derechos civiles no se suspendan hasta que un ciudadano sea declarado culpable. En cinco minutos de mensaje a la nación quedó claro que López Obrador fue el ganador de la contienda. “Eso ya es la derrota absoluta”, juzga Martínez. “La destitución del procurador ya es el aplastamiento político de todos nosotros”. Para Madrazo, quien después compitió con López Obrador y Felipe Calderón en la elección presidencial de 2006, la decisión de Fox de echar para atrás el desafuero fue un regalo para el jefe de Gobierno.
Días después, y con bajo perfil, la nueva procuraduría anunció que no ejercería acción penal contra López Obrador y el asunto se dio por terminado con una brevísima reunión entre el jefe de Gobierno y el presidente Fox. Para el PAN, el desafuero fue una vergüenza, pero a decir de Martínez, una oportunidad para los insurgentes calderonistas. Una de sus hipótesis es que el mal manejo del desafuero ayudó a apuntalar internamente la candidatura de Calderón.
Fox recuerda que después de que su gobierno se desistió del proceso, muchas personas le llamaron para quejarse. “Hey, pinche Fox, ya ni la jodes”, dice que alguien le reclamó. “Mantenlo en la cárcel para que no llegue a la Presidencia”. Las movilizaciones de AMLO vencieron al procedimentalismo de Fox, pero el expresidente asegura que también tuvo que ver su propia conciencia. “Con todo eso yo procedí con lo que mi buen juicio me daba a entender y lo dejamos libre para que pudiera ser candidato”, dice. “Yo me dije a mis adentros, ‘no le hace, a la hora de la elección se la vamos a ganar’”.
Las movilizaciones contra el desafuero son el inicio de la gramática del obradorismo: énfasis en las masas, los mítines, “el pueblo” y las calles. Los cómics, las marchas, las bardas pintadas y las pancartas que surgieron para impedir un procedimiento jurídico se convirtieron en símbolos de una victoria política sobre las instituciones y el gobierno federal. Tanto, que el desafuero se ha consagrado como fecha importante en el calendario del morenismo. Hace unos meses, por ejemplo, la presidenta Sheinbaum usó su conferencia diaria para hablar del proceso y decir que ahí surgió el movimiento cuyos simpatizantes llaman “Cuarta Transformación”.
En algunos sentidos, los veinte años que han pasado desde entonces parecen no haber ocurrido. López Obrador sigue siendo el personaje central de la política mexicana. Pero en otros, el panorama no podría ser más diferente. El DF ya no existe, igual que el PRD.2 Las instituciones de la transición fueron desarmadas por el movimiento de López Obrador, quien usó su propia legitimidad democrática para actuar de la misma manera que quienes actuaron en su contra.
“La decisión de perseguir a López Obrador por no cumplir la sentencia de un juez era éticamente sostenible, jurídicamente opinable y políticamente desastrosa”, asegura Martínez. La ironía de la historia es que la jugada concebida (o, al menos, aprovechada) para excluir a un contrincante fue la semilla del movimiento que finalmente lo llevó a la presidencia en 2018. “Al final tuvo efectos absolutamente contraproducentes: cada una de estas decisiones lo único que terminó haciendo fue fortalecer a López Obrador”, dice Campa.
Siempre he creído que la estupidez explica la realidad de mejor forma que la intriga y que donde uno ve estratagemas, probablemente encontrará incompetencia. El caos, pues, tiene la mala costumbre de parecer conspiración. Lo cierto es que, frente a la oportunidad de bajar a un adversario a la mala, los políticos de la transición resultaron no estar a la altura del momento. Madero admite que “en el poder, el PAN hizo suyas muchas de las prácticas que criticó en el pasado y eso fue gran parte de su deterioro como fuerza política”.
En vez de aprender que el poder del Estado no debe usarse con fines políticos, AMLO llegó a la Presidencia con una votación histórica para divulgar secretos fiscales desde Palacio Nacional, amedrentar periodistas, concentrar el poder en la Presidencia y cambiar las reglas del juego democrático. No regresó al Ejército a sus cuarteles, tampoco impulsó una reforma fiscal ni cambió el modelo económico, pero inauguró un nuevo sistema. La joven democracia mexicana no se ha repuesto de ese intento de usar el poder legítimo contra un adversario. La práctica nunca se olvidó. En 2018, por ejemplo, la procuraduría de Enrique Peña Nieto investigó al candidato presidencial Ricardo Anaya. Durante el sexenio de López Obrador, los poderes de la Presidencia crecieron al punto de que cotidianamente se revelaban datos personales, fiscales y bancarios de personas que criticaban sus acciones.
Entonces, ¿qué fue el desafuero? ¿El intento flagrante de un gobierno de descarrilar a un contrincante político? ¿Un enfrentamiento entre instituciones con herramientas y mecanismos legales? ¿El inicio del movimiento obradorista que luego se convirtió en el fenómeno electoral más exitoso de la historia democrática de México? ¿Una siniestra conspiración de fuerzas corruptoras? Probablemente ninguna de las anteriores y, al mismo tiempo, probablemente todas.
El fin de semana pasé frente a esa puerta en Luis Cabrera, camino a visitar a mis padres, y vi que había regresado al tono original: ya no había ningún mensaje nuevo.
Ricardo López Cordero
Director de Ibero 90.9
1 https://www.jornada.com.mx/2005/01/10/005n1pol.php
2 https://www.nexos.com.mx/?p=84098