En 2024 el mundo registró un número récord de casos de autocratización activa, según el informe más reciente del proyecto Variedades de la Democracia (VDem) de la Universidad de Gotemburgo.1 Esta tendencia global no es nueva2 ni es ajena a América Latina. En este reporte México destaca como uno de los casos más preocupantes en la región. Tras más de cuatro décadas de apertura política, liberalización del sistema electoral y construcción de instituciones democráticas, el país se encamina hacia un régimen político menos plural. En lugar de profundizar la democracia, el régimen político mexicano transita hacia un pluralismo limitado, autoritario.
El retroceso ocurre después de casi dos décadas de avances democráticos que incluyeron alternancia en el poder, fortalecimiento del sistema electoral, autonomía de los organismos de control y un mayor pluralismo político. Sin embargo, los seis años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador estuvieron marcados por el debilitamiento sistemático de los contrapesos institucionales, concentración de poder en el Ejecutivo, militarización de funciones civiles y ataques a la prensa.
López Obrador llegó al poder con una narrativa de ruptura y esperanza: prometió transformar radicalmente el régimen político a través de lo que denominó la “Cuarta Transformación”. Muchos pensaron que este cambio estaría en línea con uno de los reclamos más sentidos de la nueva democracia mexicana: el funcionamiento del Estado de derecho. En particular, en tres frentes que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se habían vuelto insostenibles: la lucha contra la corrupción política sistémica, el combate al crimen organizado y la erradicación de la impunidad. Éstos son los problemas que los gobiernos de la transición, pese a haber conducido al país por una senda de alternancia electoral, no lograron resolver. Fracasaron en traducir esa apertura democrática en justicia, seguridad y rendición efectiva de cuentas, por no hablar de los elementos característicos de una democracia igualitaria, como la reducción de las desigualdades sociales y económicas.
Durante los sexenios previos al de López Obrador se acumularon evidencias sobre el desdén institucional ante violaciones graves a los derechos humanos y la penetración del crimen organizado en las estructuras del Estado. Casos como la infiltración criminal en instituciones federales de seguridad pública, las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa o el escándalo de corrupción conocido como la Casa Blanca durante el gobierno de Peña Nieto, mostraron de manera irrefutable el deterioro ético y funcional del régimen. El desencanto ciudadano no era sólo con los partidos, sino con una democracia incapaz de proteger vidas o castigar a quienes abusan del poder.
Sin embargo, lejos de fortalecer instituciones clave como las fiscalías o profesionalizar las capacidades del Estado, el gobierno de López Obrador optó por una estrategia distinta: atacar y desmantelar precisamente aquellas instituciones que sí habían sido reformadas durante la transición y representaban espacios de independencia política, contrapeso y vigilancia del poder político como el Poder Judicial, el INE, el TEPJF o el INAI. Bajo el discurso de combatir una “burocracia dorada” y enfrentar la corrupción se socavaron —formal o informalmente— organismos autónomos, se militarizaron funciones civiles y se atacó la independencia judicial.
Así, en lugar de construir sobre los aciertos institucionales acumulados, aunque fueran parciales y con problemas, López Obrador apostó por una recentralización del poder en la figura presidencial ¿Podemos hablar de la construcción de un régimen autoritario en México? Algunos ponen en duda el proceso de autocratización y mediciones y valoraciones como las de la Universidad de Gotemburgo, las de Freedom House o las de The Economist. Sin embargo, el cambio de régimen en México no es sólo una percepción, sino una realidad que puede ser documentada y medida a partir de cambios constitucionales y ataques a las instituciones. Indicadores clave de una democracia liberal, como la independencia judicial, la autonomía de las instituciones vigilantes o la transparencia del gobierno han sido socavados, formal e informalmente, desde el partido en el poder.
López Obrador abrió las puertas del autoritarismo en México.3
¿Teníamos una democracia en México? ¿Se cumplieron las promesas de la transición? ¿Las instituciones de la democracia funcionaban de manera efectiva? Estas preguntas son fundamentales para iniciar una reflexión crítica sobre qué es lo que hemos perdido como régimen político, hacia dónde nos dirigimos y tener claridad sobre si hay algún movimiento que nos “aleje de la democracia”. Un signo que, según Lührmann y Lindberg, es característico de los procesos de autocratización de la tercera ola.4 No se trata de una discusión meramente retrospectiva, sino de especial relevancia en un contexto donde, desde que inició el gobierno de López Obrador, se instauró una narrativa según la cual por primera vez el país estaba transitando hacia una “verdadera democracia”. Desde esta perspectiva, el éxito electoral de López Obrador en 2018 es interpretado por muchos simpatizantes de Morena como el punto de partida de un nuevo régimen y la ruptura con el viejo orden, al que consideran corrupto, ineficaz y conservador.
No obstante, esa narrativa debe ser puesta bajo escrutinio. La transición democrática en México, tal como ha sido ampliamente documentada por la ciencia política, culminó en el año 2000, cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) —después de más de siete décadas en el poder— perdió la Presidencia ante un partido de la oposición. Los estudiosos reconocen este hecho como uno de los atributos principales de una transición democrática: cuando el grupo político dominante pierde el poder y acepta cederlo a un adversario mediante reglas previamente pactadas.5 A partir de entonces se inició un proceso de democratización que dio lugar a una arquitectura institucional más robusta: se consolidaron órganos autónomos de control, aumentó la competitividad electoral, surgieron nuevos partidos políticos, se fortalecieron las reglas de paridad e inclusión y se ejercitaron mecanismos judiciales para revisar la constitucionalidad de leyes y actos de autoridad.
A partir del 2000, México puede ser caracterizado como una democracia electoral vibrante. Aun con sus deficiencias, el régimen contaba con una estructura pluralista que promovía alternancias partidistas y comenzaba a imponer límites al poder presidencial. Si tomamos una definición mínima de consolidación democrática como la que propone Andreas Schedler,6 quien afirma que la consolidación se da cuando los actores e instituciones son capaces de resistir y prevenir regresiones autoritarias, entonces es posible afirmar que México logró —durante los primeros dieciocho años del siglo XXI— consolidar un régimen democrático.
Esto no significa que dicho régimen estuviera exento de problemas. Ninguna democracia consolidada lo está. Por el contrario, la democracia mexicana ha coexistido de manera persistente con lo que O’Donnell denominó “zonas marrones”:7 espacios donde las reglas democráticas formales pierden efectividad frente a prácticas informales, clientelares o incluso ilegales.
Las debilidades estructurales del Estado de derecho fueron, y siguen siendo, uno de los principales déficits del régimen democrático mexicano. Instituciones como las policías, fiscalías, poderes judiciales locales, defensorías públicas o centros penitenciarios han operado, en muchos casos, de forma ineficiente, opaca o capturada por intereses particulares. Estas carencias no deslegitiman por completo la existencia de un régimen democrático, pero sí alertan sobre su fragilidad y su exposición a retrocesos. Es alarmante que haya una mayor amenaza del crimen organizado: no sólo recluta, coacciona y asesina con altos niveles de impunidad, además interfiere en las elecciones. Trejo y Ley advierten que en muchas regiones de México los grupos criminales han pasado de disputas violentas entre sí a una estrategia de “captura subnacional”, que implica controlar gobiernos locales, manipular resultados electorales y moldear las reglas del juego político para garantizar sus intereses.8 La violencia criminal no es sólo una amenaza a la seguridad pública, sino una fuerza desestabilizadora de la democracia misma.
En los últimos diez informes de Freedom House, México ha sido clasificado como un país “parcialmente libre” en lugar de “libre”. Otras mediciones de la democracia, como la elaborada por The Economist, clasifican a México como una democracia defectuosa o un régimen híbrido. Esto es: México tiene una democracia electoral, pero “enfrenta problemas graves en materia de Estado de derecho (…) La violencia perpetrada por el crimen organizado, la corrupción entre funcionarios públicos, las violaciones a los derechos humanos cometidas tanto por actores estatales como no estatales, y la impunidad generalizada son algunos de los desafíos de gobernanza más visibles que enfrenta México”.9 México no logró en los años de gobierno de Morena revertir esta tendencia. Por el contrario, se consolidó un proyecto con pluralismo limitado definitorio de regímenes autoritarios.
El camino hacia el autoritarismo
En este escenario, y sumando una creciente insatisfacción ciudadana con la democracia y el sistema de partidos, la narrativa populista de la transformación y la promesa de instaurar, ahora sí, una “verdadera democracia” encontró tierra fértil. López Obrador instaló una conferencia de prensa cada mañana como un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas. Se convirtió, en realidad, en un instrumento para manipular la información. La Mañanera fue utilizada para deslegitimar a críticos, atacar instituciones, a opositores, y para difundir información parcial, engañosa o falsa.10 Fue una herramienta de propaganda orientada a estigmatizar a quienes se oponían o eran críticos de las políticas del gobierno. De hecho, un análisis de la organización Artículo 19 sostiene que López Obrador comunicaba con frecuencia verdades a medias o información falsa.11 Asimismo, desde sus conferencias matutinas se construyó una narrativa de ataques retóricos a las diferentes instituciones de la democracia como el INE, el INAI, el TEPJF y la Suprema Corte.12 Una base de datos original muestra que de 1562 Mañaneras sostenidas por López Obrador entre diciembre de 2018 y septiembre de 2024, en 702 ocasiones el entonces presidente atacó al INAI, al INE y al Poder Judicial (personas juzgadoras en la Suprema Corte, el TEPJF, tribunales colegiados y juzgados de distrito). De esos 702 ataques, el 16 % fueron contra del INAI, el 23 % contra el INE y el 61 % contra el Poder Judicial (gráfica 1).
Los ataques fueron muy similares para las tres instituciones. López Obrador señalaba que las personas juzgadoras y consejeras eran corruptas, conservadoras, neoliberales, que estaban al servicio de intereses creados, no representaban al pueblo sino a la oligarquía y, claro, ganaban más que el presidente:
Se ampararon los del Poder Judicial y los del INE. Para empezar, no aceptaron ganar menos que el presidente, aun cuando en el artículo 127 de la Constitución se establece que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República. O sea, violaron la Constitución mediante un amparo, una argucia legaloide (…) Como no se pudo hacer la reforma constitucional en materia electoral porque se opuso el bloque conservador, optamos por llevar a cabo la reforma a la ley electoral, que no requiere de dos terceras partes de los votos. Se aprueba la ley y un ministro la suspende. Ya hablábamos ayer de cómo en los hechos tiene más poder real un ministro que el Poder Legislativo, que diputados y senadores que aprobaron la ley.13
Los ataques desde el Ejecutivo a las instituciones de la democracia fueron una estrategia exitosa para desmantelarlas con el apoyo del electorado. ¿Quién podría oponerse a que se “limpie la casa de la justicia”? ¿Quién se opone a que se llame a cuentas a funcionarios corruptos?
Millones de personas se sintieron interpeladas por un discurso populista que prometió “acabar con la corrupción” y limpiar las instituciones que estaban saqueando al pueblo de México y respaldaron un proyecto que implica no sólo la concentración del poder en torno a un partido, sino también una transformación profunda de la arquitectura institucional del régimen político.
López Obrador supo vender al electorado la necesidad de una mayoría calificada para reformar la Constitución y poner en marcha el Plan C, un paquete de reformas constitucionales que presentó el 5 de febrero de 2024, en una suerte de testamento político redactado en forma de iniciativas. El Plan C se convirtió en lo que denominaron “el segundo piso de la transformación”. Durante la campaña, tanto López Obrador como su candidata repitieron incansablemente el mismo mensaje: para quitarle el freno a la transformación y evitar que otras instituciones les pusieran límites a las políticas del Ejecutivo, necesitaban el “carro completo” en las elecciones federales de 2024. No se trataba simplemente de ganar, sino de ganar todo. Y lo hicieron, legitimando así el avance de reformas constitucionales que socavan las instituciones democráticas:
Las elecciones de este 2024 ratificaron la continuidad del segundo piso de la transformación, con la exigencia social de modificar al Poder Judicial para erradicar el nepotismo, eliminar la corrupción y generar un mayor acercamiento de los juzgadores hacia la población; sin invadir el actuar entre los tres poderes de la Unión, con un real equilibrio e independencia.14
La reforma judicial se convirtió en la primera jugada en el nuevo tablero político, ahora dominado por mayorías calificadas de Morena en ambas Cámaras.
Antes de dejar el cargo, López Obrador urgió a los legisladores electos a aprobar la que consideró la pieza clave del Plan C: una reforma constitucional que reconfigura por completo el Poder Judicial. El proyecto no sólo desmonta la carrera judicial tal como la conocíamos, sino que elimina la independencia judicial al establecer la elección popular y directa de todas las personas juzgadoras en todos los niveles. Bajo el pretexto de democratizar la justicia, lo que se consolidó fue el dominio del Poder Judicial por el partido en el gobierno. De hecho, las candidaturas judiciales fueron nominadas enteramente por Morena, que controla el Legislativo, el Ejecutivo y, en una maniobra inconstitucional, también se apropió de la nominación de las candidaturas que correspondían al Poder Judicial.
La retórica populista del presidente contra las instituciones democráticas dio resultados. No sólo fueron los ataques, sino que también López Obrador en sus Mañaneras usó de manera estratégica la baja aprobación ciudadana del Poder Judicial para vender su idea de reformarlo: “El 40 % de la población dice que los jueces son corruptos”, afirmaba. La retórica basada en una supuesta voluntad popular y su contundente respaldo electoral se convirtieron en herramientas clave para debilitar y desmantelar instituciones que le hacían contrapeso. Del mismo modo recurrió a una estrategia discursiva inversa hacia las Fuerzas Armadas: aprovechó sus altos niveles de aprobación ciudadana para justificar que se ampliaran de manera significativa su poder y funciones en la vida pública.
Es decir, mientras debilitó una de las instituciones fundamentales para el equilibrio democrático —el Poder Judicial— fortaleció otra que históricamente ha estado más asociada con regímenes autoritarios que con democracias: las Fuerzas Armadas. El último día de su gobierno publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional. El empoderamiento del Ejército en tareas de seguridad pública, bajo el argumento de su supuesta eficacia y alta aprobación social, contrasta abiertamente con los principios del gobierno civil democrático. No hay democracia en el mundo en la cual el Ejército desempeñe el rol que hoy tiene en México. Por el contrario, la evidencia comparada muestra que los gobiernos militares o militarizados ponen en peligro los derechos humanos y la vida democrática, como confirman los casos del Cono Sur en los años setenta o Venezuela ahora.
La nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aplaudió estos cambios con entusiasmo. De hecho promovió activamente la elección judicial como un hito histórico que haría de México “el país más democrático del mundo”. Asimismo, durante los primeros tres meses de su mandato, respaldó el paquete de reformas constitucionales que resultó en la desaparición de siete organismos autónomos, entre ellos el INAI. Este organismo fue clave para la labor periodística y la vigilancia ciudadana al permitir el acceso a información pública que expuso importantes casos de corrupción. Entre los más emblemáticos, revelados gracias a solicitudes de información al INAI, se encuentran la Casa Blanca y la Estafa Maestra durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, así como la Casa Gris del hijo de López Obrador y el desfalco multimillonario de Segalmex, considerado el mayor caso de corrupción en el gobierno de Morena. La reforma establece que las funciones del INAI serán absorbidas por una secretaría de Estado, lo que significa que el gobierno federal pasará a ser juez y parte en materia de transparencia: en lugar de ser supervisado por un órgano independiente, se vigilará a sí mismo. Un claro retroceso en materia de rendición de cuentas y transparencia.
Otras instituciones claves para la democracia electoral, como el INE y el TEPJF, sufrieron procesos de captura parcial durante el gobierno de López Obrador y han sido ampliamente usadas por la nueva presidenta para avanzar políticas violatorias del orden constitucional y que subvierten la integridad de las elecciones y la democracia. Estas instituciones son utilizadas estratégicamente por el oficialismo para legitimar decisiones inconstitucionales o para avanzar su agenda política bajo una apariencia de legalidad. Por ejemplo, una mayoría de tres magistraturas afines a Morena en el TEPJF ha emitido sentencias sobre materias que exceden su competencia, como el caso de los amparos contra la reforma judicial. Además, esa misma mayoría legitimó jurisdiccionalmente la intromisión del Poder Legislativo en la selección de la lista de personas candidatas del Poder Judicial, así como la promoción abierta y partidista de la elección judicial desde el Ejecutivo y el Legislativo, contraviniendo la norma constitucional vigente y contribuyendo a la erosión de la su credibilidad como árbitro imparcial.
Finalmente, la presidenta ha anunciado su intención de reformar el sistema electoral. No se trata de una sorpresa, sino de la confirmación del guion escrito en el Plan C. En Morena coinciden en que nuestro sistema electoral debe ser mayoritario, eliminando la representación proporcional (plurinominales), así como una reducción del financiamiento público de partidos políticos y un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas que sustituya al actual INE. Desde el partido en el gobierno se ha propuesto, en diferentes momentos, un regreso al pasado anterior a la reforma política de 1977, cuando el Congreso era un coro unívoco y la oposición cabía en una banca. Hoy, bastará con presentar las iniciativas y contar los votos.
El proyecto político de López Obrador y los cambios institucionales que introdujo su partido efectivamente son una “transformación” del régimen político hacia el autoritarismo. Su proyecto sentó las bases para centralizar el poder político en un solo grupo.
Hoy, como en los mejores tiempos del viejo PRI, ha vuelto a instalarse la lógica de “el que se mueve no sale en la foto”. Esa expresión de Fidel Velázquez, que sintetizaba la disciplina vertical y la lealtad incondicional características del régimen autoritario posrevolucionario, parece haber recobrado plena vigencia. Funcionarios, legisladores, gobernadores e incluso actores que deberían actuar con independencia frente al poder político —como magistrados electorales— parecen actuar bajo la lógica del alineamiento y la complacencia al poder presidencial.
No se trata simplemente de una estrategia electoral: lo que observamos es la restauración de una cultura política anclada en el clientelismo, la simulación institucional y la obediencia partidista como requisitos de supervivencia. Igual que en el viejo régimen priista, hoy muchos actores públicos toman decisiones no a partir de principios normativos, criterios técnicos o convicciones ideológicas, sino con el objetivo de agradar al partido en el gobierno. Ejemplo claro son las decisiones del TEPJF, pero también la complacencia de los gobiernos y congresos locales frente a las reformas constitucionales o el transfuguismo partidista que ha posibilitado una restauración de las formas más clásicas del autoritarismo electoral: un sistema de partido dominante y una red de incentivos y castigos que fomenta la adhesión incondicional. De nuevo se ha recomenzado a votar al autoritarismo. El ethos del priismo tradicional —su forma de hacer política, de construir lealtades y de disciplinar a los actores— ha encontrado un nuevo vehículo en Morena.
La reforma al Poder Judicial fue clave para avanzar el proceso de autocratización pues de facto elimina el poder de revisión constitucional de la Suprema Corte, impidiendo que revise las reformas aprobadas por el partido en el gobierno. Asimismo, somete a la entera justicia federal —tribunales colegiados y juzgados de distrito— al partido que controle las Cámaras y el Ejecutivo.
No es una invención, una exageración retórica ni una lectura apocalíptica: la regresión democrática y el viraje hacia un modelo autoritario están en marcha. Hay evidencia de cambios normativos visibles y decisiones institucionales rastreables; estamos frente a un proceso de autocratización o bien “de cambio de régimen hacia la autocracia que vuelve el ejercicio del poder político más arbitrario”.15
Las reglas del juego han sido reescritas —a veces con tinta constitucional, otras con la seducción o presión del poder— para concentrar en un solo grupo político el control de los espacios centrales del régimen político: el Ejecutivo que propone, el Legislativo que acata, el Judicial que vacila, los órganos autónomos que se doblegan. Basta observar la elección judicial: una simulación electoral que moviliza el voto en los sectores afines al partido en el gobierno. Hoy como en los años dorados del PRI se escenifican campañas y se organizan elecciones sin competencia plural: quienes tienen una candidatura hablan de “la transformación humanista del Poder Judicial” y en algunos estados los gobernadores de Morena eligieron candidaturas únicas. El aparato estatal se moviliza para alimentar esa farsa electoral y una narrativa de “democratización” del Poder Judicial. Así, lo que presenciamos no es la transformación del régimen en México en una “verdadera democracia”, sino su lenta transformación en una maquinaria de partido dominante.
Azul A. Aguiar Aguilar
Investigadora en el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara
1 Nord, M.; Altman, D.; Angiolillo, F.; Fernandes, T.; Good God, A., y Lindberg, S. I. “Democracy Report 2025: 25 Years of Autocratization – Democracy Trumped? Instituto V-Dem”. Universidad de Gotemburgo, 2025.
2 Cassani, A., y Tomini, L. Trajectories and modes of autocratization in the early 21st century. Partecipazione e Conflitto, 13(3), pp. 1539–1558, 2020.
3 Aguiar Aguilar, A. A.; Castro Cornejo, R., y Monsiváis-Carrillo, A. Is Mexico at the gates of authoritarianism? Journal of Democracy, 36(1), pp. 50–64, 2025.
4 Lührmann, A., y Lindberg, S. I. A third wave of autocratization is here: What is new about it? Democratization, 26(7), pp. 1095–1113, 2019. https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1582029
5 O’Donnell, G.; Schmitter, P. C., y Whitehead, L. (Eds.). Transitions from authoritarian rule: Latin America. Johns Hopkins University Press, 1986.
6 Schedler, A. “What is democratic Consolidation?”. Journal of Democracy. Vol. 9, issue 2, pp. 91-107, 1998.
7 O’Donnell, G. “Acerca del Estado, la democratización y algunos problemas conceptuales”. Desarrollo Económico, 33(130), 1993, pp. 163-184.
8 Trejo, G., y Ley, S. Votes, drugs, and violence: The political logic of criminal wars in Mexico, Cambridge University Press, 2020.
9 Freedom House. “Mexico”, 2025, https://freedomhouse.org/country/mexico/freedom-world/2025
10 Reyna, V. H. “‘A Mercenary, a Thug … not Even a Journalist”: The Stigmatization of News Workers in Mexico’”. Journalism Practice, pp. 1-19, 2023.
11 Artículo 19. Distorsión: el discurso contra la realidad. México: Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica, 2021.
12 Aguiar Aguilar, A. A., Castro Cornejo, R., y Monsiváis-Carrillo, A. “Is Mexico at the gates of authoritarianism?”, Journal of Democracy, 36(1), pp. 50–64, 2025.
13 Base de datos Ataques Instituciones Democráticas, 2024, disponible bajo solicitud en: https://aguiarazul.wordpress.com/contact/
14 Idem.
15 Cassani, A., & Tomini, L. “Trajectories and modes of autocratization in the early 21st century”. Partecipazione e Conflitto, 13(3), 1539–1558, 2020. DOI: 10.1285/i20356609v13i3p1539