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José Buendía. Periodista. Ha sido corresponsal de Notimex y El Mundo de Madrid en La Habana y de El Universal en Madrid.

La autoridad pública y los proyectos que impulsa hacia la sociedad se ganan, mantienen, y con frecuencia también se frustran, en los complejos procesos de la opinión pública. La idea de que la autoridad, el prestigio de la acción pública y sus programas pasan por el grado de aceptación entre la opinión de las personas parece especialmente pertinente en sociedades abiertas plurales y donde el voto puede cambiar gobiernos; pero lo es también para el caso de regímenes autoritarios, dado que es difícil pensar que algún poder pueda mantenerse sólo mediante la coacción.

Uno de los fenómenos más característicos del siglo XX ha sido la tendencia de los dirigentes, especialmente de países occidentales, a unir la suerte de sus políticas a la relación con el público.1 De hacer depender su actuación al respaldo que obtengan en las encuestas o del tratamiento que reciban de los medios de comunicación, más que a la confianza en la propia dirección. Situación ésta que, pese al aspecto positivo que representa el papel de control de la opinión pública, puede abrir el riesgo de que la autoridad y sus políticas se orienten por criterios tácticos. La decisión de subordinar la política a las relaciones públicas implica enfocar la acción a objetivos de corto plazo y que reporten resultados inmediatos. Tampoco debería de olvidarse que «es la realidad, y no la publicidad, la que determina si un dirigente ha establecido una diferencia».2 La intención de acercarse a la opinión pública para determinar lo que desea y ajustarse a sus designios, tarde o temprano lleva a la autoridad a separarse de sus propias ideas y a mantener una conducción tan errática como los cambios inesperados que pueden ocurrir en las encuestas de opinión o en los sondeos.

La conexión entre el público y la política, no obstante, es una condición para el funcionamiento de la vida democrática. La participación ciudadana necesita estar informada para ser efectiva, reclama conocer las acciones de sus representantes y las consecuencias de éstas, para poder esperar de ella respuestas cada vez más responsables; la información es un derecho del ciudadano y, para la autoridad, una obligación darla a conocer; es la correa de transmisión que, en un gobierno representativo, permite a los ciudadanos involucrarse en la vida pública, fiscalizar la conducta de sus autoridades, y apoyar o castigar sus decisiones.

Sin embargo, la opinión pública no siempre se mueve por conclusiones lógicamente correctas, a veces porque entre sus integrantes hay una información más o menos insuficiente, a veces porque los intereses están fragmentados y se restringen a una sola demanda, o sus objetivos son de ámbito puramente local. Porque la capacidad para procesar información está inscrita en un marco institucional, construido de rutinas y costumbres, tradiciones, juicios y prejuicios ideológicos; las instituciones juegan un papel en la modulación de las conductas, tanto como en la disposición o no de las personas para cambiar y ajustar la consecución de sus intereses a nuevas realidades.

Pero antes de seguir adelante quisiera establecer una definición general de opinión pública. Por ésta habrá de entenderse los juicios sobre temas controvertidos que pueden expresarse en público sin temor a aislarse o ser marginado.3 Esta delimitación implica: a) la capacidad de las personas de percibir la existencia de un «clima de opinión» en su entorno más o menos próximo y b) la reacción de la gente ante esa percepción, que ha de llevarla a mantenerse en silencio o a hablar sobre sus posiciones en público, defenderlas o no, y a sostener o modificar sus actitudes en relación con las transformaciones habidas en el medio ambiente.

Esta manera de observar a la opinión pública también presupone la existencia de partidos, bandos, autoridades y árbitros, cuyos distintos puntos de vista sobre asuntos públicos crean la controversia.

Pero esta descripción estática de la opinión pública poco nos serviría a efecto de aproximarnos a sus cambios, sin ofrecer una consideración sobre los factores dinámicos que hacen que las personas modifiquen o no su opinión en función de la competencia entre dos o más ideas.

¿Qué es lo que permite que unas ideas o acciones públicas logren la aprobación del público, mientras que otras la pierden?

En una sociedad heterogénea, diversificada, plural y desigual (en ingresos y en nivel educativo) como la mexicana, es difícil pensar en términos de OP sin medios de comunicación. Comunidades masificadas, como el DF y las principales capitales de los estados, junto con poblaciones rurales aisladas por la geografía, requieren de medios de comunicación de masas a través de los cuales las personas perciban el «clima de opinión» en el que están inmersas y, por tanto, como condición para reaccionar ante la competencia.

¿Cómo incidir en la formación del clima de opinión, a fin de que la percepción que de éste se tenga imprima una dirección determinada a la opinión pública?

Si durante años se creyó en la capacidad omnímoda de los medios de comunicación (la aguja hipodérmica), ahora se sabe que las posibilidades de éstos para cambiar las conductas y los comportamientos de las personas son muy limitadas, al menos en el corto y mediano plazo. Pero aunque los medios no puedan decirle a los individuos cómo pensar, en cambio pueden orientarlos hacia dónde pensar, en torno a qué hacerlo y sobre qué puntos de controversia deben dirigir su atención.

De este marco se desprende que una estrategia de comunicación social, que contempla a los medios como una herramienta para la construcción de consensos, pasa por la capacidad que tengan de situarse dentro de la agenda pública de temas; es una de las responsabilidades de la autoridad, del liderazgo, informar y señalar a la opinión pública sobre los asuntos que le deben importar, los problemas que debe exigir se resuelvan y el lugar donde puede encontrar propuestas para su solución, así como de los recursos y capacidades con que se cuenta para llevar a cabo una acción pública, y los esfuerzos que implica alcanzar un objetivo colectivo. Adoptar esta línea de comunicación entre autoridad y sociedad contribuye además a corresponsabilizar a ambos en la búsqueda de soluciones y en el compromiso de llevar una decisión hasta la consecuencia deseada. La repetición de esta forma de ejercer la autoridad, en el largo plazo, contribuye también a forjar una cultura política, el compromiso puede cristalizar en la instauración de valores morales compartidos, como por ejemplo el apego a la legalidad, que realmente son los cimientos de la estabilidad social.

Lo anterior significa también que la tentación de conseguir la aprobación de la opinión pública mediante la mera propaganda o buscando sus deseos para atarse a ellos, o presentando una sola postura y silenciando a las ideas en competencia, tiende a provocar más el enrarecimiento del «clima político» que la formación de un favorable «clima de opinión» social.

Tácticas como las de la exclusión o presentarse como el representante de todos cuando sólo se es una parte, resultan difíciles de procesar cuando se despliegan en sociedades plurales y en las que la OP sabe de antemano que existen bandos, opciones y distintos puntos de vista. La factura que generalmente se paga por estas estrategias es la pérdida de credibilidad en las políticas públicas o en las promesas partidistas.

En un juego abierto y que depende del resultado de las urnas; el derecho a silenciar a una fuerza política, de avalar una política o un programa de gobierno, corresponde al público —dejando de hablar de ella, protestando o votando en su contra.

¿Quiere decir esto que la autoridad o una institución, una fuerza política o un actor social, no puede ir más allá de entrar a debate y exponer sus ideas, o reaccionar ante lo que hacen los otros jugadores? No. Como se expuso en líneas anteriores, la posibilidad de asumir un papel activo de cara a la opinión pública radica en lograr que un proyecto sume opiniones y que tal avance se refleje en la conformación de un clima de opinión favorable. 

En síntesis, hacer que los principales puntos de interés que perciben los ciudadanos del «clima de opinión» coincidan con las prioridades de la agenda de temas y propuestas que tal o cual autoridad, este u otro actor público, quiere ofrecer a la gente. O dicho de otro modo, la posibilidad de ganar el respaldo de la opinión pública está en relación directa con la posibilidad de ganar la agenda de temas entre las otras ideas que también luchan por controlar el mercado político.

En la naturaleza de cualquier responsable de dirigir, a cualquier nivel, se encuentra el objetivo de ser quien señale a la gente qué es lo que está pasando en la realidad y mostrar la manera de alcanzar un futuro mejor, en función del proyecto que defiende y los valores que lo sustentan.