Adolfo Sánchez Rebolledo. Periodista.

Larga ha sido la espera desde la interrupción de las conversaciones entre las delegaciones del gobierno y los zapatistas, pero mucha agua ha corrido en estos meses de silencio en torno a los asuntos de Chiapas. La situación, por decir lo menos, resulta paradójica. El diálogo de San Andrés Larráinzar se apagó tras el éxito inicial sin que nadie se sintiera obligado a rendir cuentas cabales por tan silenciosa muerte. El gobierno, sencillamente, reemplazó a la figura que encabezaba la delegación oficial, pero lo hizo como queriendo subrayar que dejaba en el aire, sin sustento, todos los esfuerzos anteriores, una vez que éstos, presumiblemente, habían agotado sus influencias benéficas. El EZLN dio por buenos sus argumentos para romper las conversaciones retirándose hacia sus “posiciones de montaña”. Ni paz ni guerra, en un contexto que sufre graves anomalías. Es indudable que la violencia de origen político sigue presente en municipios, comunidades o parajes que no estaban registrados en el mapa del conflicto inicial, alentando el riesgo de una confrontación entre el EZLN y el ejército que por el momento entró en un extraño compás de espera.

Concluidas sin acuerdo las últimas gestiones para arribar a un compromiso consensual en materia de reforma constitucional, mediaciones y mediadores comprobaron su impotencia para alcanzar nuevos acuerdos y como fuera también salieron de la escena. Empantanadas las conversaciones en el asunto de la ley impulsada por la COCOPA, curiosamente ninguna de las partes exigió la reanudación del diálogo, como si cada quien hubiese llegado a la conclusión de que lo indicado era esperar la llegada de tiempos mejores. Pese a los ingentes esfuerzos realizados por algunos miembros de la COCOPA para convertirse en los interlocutores privilegiados, los zapatistas se agazaparon a buen resguardo del cerco militar, posiblemente para esperar a los resultados del 6 de julio, sabedores que los temas electorales debilitarían su visibilidad a la hora de dar luz verde a su proyecto de crear una fuerza política no electoral. El gobierno hizo lo propio. Ambos, gobierno y zapatistas, prefirieron ganar tiempo esperando, acaso, un vuelco en la situación general.

No obstante el reconocimiento generalizado de la urgencia de proceder a la reforma, empezando por el reiterado compromiso del presidente Zedillo de llevarla a cabo, el impulso para aprobarla permanece totalmente subordinado a la evolución del conflicto armado entre el zapatismo y el gobierno. Dicho de otro modo: la reforma está instrumentalizada, lo cual, a estas alturas, puede ser un error de enormes consecuencias porque anula su eficacia para reubicar la cuestión indígena, polarizada en el contexto de los demás cambios en la vida nacional.

Es encomiable, por supuesto, la pretensión de fundar la reforma en el consenso entre el gobierno, los zapatistas y los partidos que integran la Comisión de Concordia y Pacificación, siguiendo el espíritu y la letra de la ley que hasta ahora rige los esfuerzos para lograr la paz en Chiapas. Pero esta actitud generosa puede no ser la más eficaz si la voluntad de avanzar se paraliza ante las diferencias que parecen inevitables.

La instalación del Congreso de la Unión abre de nuevo el tema de la reforma constitucional y obligará a tomar decisiones al respecto. Es importante, entonces, no perder de vista la cuestión básica que es la consagración de los derechos de los indios en la legislación fundamental de la República. En realidad se trata de asegurar un hecho elemental que es sin embargo el más difícil de asimilar: que se reconozca a las comunidades y pueblos indios como parte de la nación pero también como sujetos del Estado. Hoy, a diferencia de otros momentos, esto puede hacerse. Reitero, pues, lo que escribe sobre el punto en La Jornada Miguel León Portilla: ” Si algo hace peligrar a la nación o al Estado no son los indios. En cambio tenemos mucho que ganar para el futuro de México reconociendo sus derechos. Se han dado pasos muy importantes para convalidar el carácter pluriétnico y pluricultural de México; gobierno y zapatistas suscribieron los acuerdos de San Andrés que coinciden en lo fundamental con los planteamientos vertidos en la Consulta Nacional sobre derechos y participación indígena, pero todavía falta que todo eso se lleve a la Carta Magna y a las leyes específicas”. Los acuerdos suscritos en San Andrés son, por así decir, la materia prima con la cual deben trabajar sin tardanza los legisladores durante el periodo de labores que se inicia. Cabe señalar una perogrullada: la labor de los representantes de la nación no puede ser sustituida por otras opiniones, así sean éstas las de los más respetables y respetados entre nuestros constitucionalistas. El Congreso debe apoyarse y atender todas las indicaciones que sean útiles para enriquecer su cometido, cuidando en todo momento que se conserven intactos los principios sobre los cuales descansa la República, pero debe hacerlo asegurando la preservación de los derechos de los indios. No son excluyentes.

1 Véase la descripción sobre la génesis de este fenómeno que hace Henry Kissinger, en La diplomacia, Fondo de Cultura Económica, México, 1994. El exsecretario de Estado estadunidense considera que la tendencia a vincular la política a las relaciones públicas es un rasgo característico del Estado moderno, y ubica su origen en la forma como ejerció el poder Napoleón III. “Los dos revolucionarios —señala— que surgieron al comienzo del sistema estatal contemporáneo europeo encarnaron muchos de los dilemas actuales. Napoleón, revolucionario renuente, representó la tendencia de identificar la política con el análisis del poder (_) Napoleón fue a su vez el precursor de un extraño fenómeno moderno: la figura política que intenta desesperadamente determinar lo que desea el público, y que sin embargo acaba siendo rechazada y tal vez hasta despreciada por éste” (p. 131).