Jorge Javier Romero. Politólogo. Investigador de la UAM.

Mientras todos festejábamos el excelente trabajo del IFE, que logró unas elecciones federales inimpugnadas y con resultados inmediatos, en Campeche se vivían escenas muy parecidas a aquellas que predominaron en las elecciones locales de otras regiones del país durante los ochenta y los primeros noventa. Mientras en las elecciones del Distrito Federal los derrotados aceptaban sus derrotas y los triunfadores tendían puentes, en Campeche había movilizaciones no vistas antes y se impugnaban los resultados ofrecidos por el Instituto Estatal Electoral. Campeche se ha convertido en este 1997, año de la democracia mexicana, en el recordatorio de que todavía queda un trecho por recorrer antes de alcanzar la normalidad democrática plena.

En el polo opuesto de la ciudad de México, nuevo paradigma del recién alcanzado comportamiento ciudadano de los mexicanos, en Campeche las maneras de hacer las cosas poco se han modificado y las percepciones de la población con respecto a lo que significa la política parecen inalteradas. Lo nuevo en Campeche no es una ciudadanía que ha irrumpido en el escenario y ha apoyado determinado programa de gobierno, sino que el monopolio priísta se ha roto y los políticos que antes no tenían de otra más que disciplinarse, ahora han jugado por fuera y han movido sus redes de lealtad igual que siempre, pero ahora en competencia con la maquinaria que antes los unía y cobijaba. No es menor el cambio, pues modifica elementos básicos de las reglas del juego que dieron estabilidad al régimen. Pero no es equiparable a un desarrollo de una conciencia ciudadana plenamente identificada con la democracia. La disputa por Campeche es un litigio entre operadores políticos del mismo corte, no entre proyectos contrastables. En Campeche no se discute entre programas, sino entre personalidades, entre caudillos.

Más allá de las dudas razonables que puedan existir en torno a la limpieza de la elección campechana, lo que importa para el balance general de los comicios del 6 de julio y para analizar los efectos que éstos van a tener sobre los comportamientos políticos en el mediano y en el largo plazo, es el hecho de que la candidata arropada por el PRD parece estar apostando todo su capital en una sola ronda. Está jugando al todo o nada. No le importa que el monopolio se haya roto; no le importa que por primera vez desde que el PRI era PNR candidatos no apoyados por el PRI hayan ganado alcaldías y diputaciones de mayoría; no le interesan la perspectivas de futuro del partido que la apoyó; no ve en su carrera más horizonte que el del 15 de septiembre, cuando tome posesión el próximo gobernador.

Los modos de siempre. Para Layda no ha habido avances en la construcción de un orden jurídico cada vez más confiable; es más, Layda no parece tener ningún compromiso con el orden jurídico. Para ella, el único camino efectivo es la presión a través de la movilización, la negociación con la desobediencia. Y no hay más interlocutor que el presidente de la República: él es el responsable y sólo con su voluntad política se podrá limpiar la elección, según declaró la candidata agraviada a Proceso. No existen tribunales electorales ni nada ha cambiado para la hija de caciquil estirpe. Su caudillaje tiene que demostrar que no se raja, que no transige. A final de cuentas no importa tanto si se contaron o no los votos, lo que es relevante es que ella puede demostrar con sus huestes en la calle que sin su concierto no se podrá gobernar Campeche. ¿Por qué probar el camino de la legalidad, si la experiencia demuestra que por la ruta de la presión se obtienen mejores resultados? Guanajuato en el 91 es un precedente nefasto que, por fortuna, parece difícilmente reeditable en esta ocasión.

Del otro lado, los operadores de siempre que se quedaron dentro del PRI tampoco jugaron como si fueran socialdemócratas suecos. Las diferencias entre el total de votos emitidos en una y otra elección permite la sospecha. Tampoco Antonio González y sus seguidores pueden reclamar el agravio sin esconder la larga cola de saurio que corre el riesgo de ser pisada. No por nada tuvo que aclarar Gobernación que el hecho de que el Presidente lo recibiera como candidato triunfante, que no gobernador electo, no significaba un prejuicio sobre lo que determinen finalmente las instancias judiciales. El deslinde pertinente después del gazapo político.

El caso de Campeche es una llamada de atención para reflexionar sobre las dificultades que todavía habrán de ser superadas antes de alcanzar la modernidad política plena. En el país heterogéneo y desigual los comportamientos políticos evolucionan a ritmos distintos. No podemos simplemente echar la campanas al vuelo para recibir la finalmente alcanzada democracia. Es cierto que las nuevas reglas irán generando nuevos comportamientos, pero por ahora todavía tendremos que lidiar con jugadores rudos, que hacen las cosas a su manera y que sólo en la medida en que fracasen reiteradamente aceptarán que ahora sólo se vale jugar en el marco de la ley y lo que importa es obtener votos. Por ello, en el caso de Campeche, en las instancias judiciales recae una enorme responsabilidad, pues en ellas radica la posibilidad de dar un sólido paso para consolidar eso que conquistamos el pasado 6 de julio.