José Antonio Crespo. Politólogo.

Las elecciones del 6 de julio presentaron algunas sorpresas, si bien las últimas encuestas publicadas de alguna forma las preveían. Así, el PRI perdió en términos generales más espacios de los supuestos, pero en efecto los sondeos marcaban una tendencia a la baja en la votación que recibiría el partido oficial. De cualquier forma, los resultados reales el día de la jornada no dejaron de sorprender un tanto a todos los actores, tanto a los ganadores como a los perdedores en algunas de las plazas disputadas. Sin lugar a dudas, la mayor sorpresa fue la perdida de la gubernatura de Querétaro por parte del PRI, aunque también en ese caso algunas encuestas pronosticaron ese desenlace en el último momento. Y también se registró un ascenso importante del PAN en San Luis Potosí y Colima, que en efecto quedó concretado el día de la jornada electoral.

De estos dos estados, era menos esperado el resultado de Colima, al menos pocas semanas antes de los comicios, que vaticinaban un triunfo holgado al PRI. La izquierda había alcanzado en 1988 una votación del 31.5% (superando al PAN), para descender después de manera marcada, hasta alcanzar el 12% de la votación federal en 1994. Se configuraba una situación tripartidista en ciernes. En cambio el PAN había ido creciendo de manera sostenida. Entre 1991 y 1994 la votación panista subió once puntos porcentuales alcanzando un no despreciable 25.2%. En 1997 el PAN mostró un crecimiento sin precedentes en esta entidad, captando la mayoría del cuantioso voto antiPRI que ahí se generó, si bien el PRD logró avanzar nuevamente hasta alcanzar un 16% de la votación.

En San Luis Potosí también se rompieron las expectativas generadas por los sondeos, pues aunque éstos reflejaban una importante porción del voto en favor del PAN, todavía marcaba una distancia de cerca de veinte puntos respecto del PRI, que aparentemente tendría no un triunfo abrumador, pero sí holgado. Desde luego, San Luis hace mucho que dejó de ser un bastión unipartidista del partido tricolor, y en ese sentido sus resultados provocan menor sorpresa que en el caso de Colima. La oposición detenta en San Luis un largo historial, asociado fundamentalmente al movimiento encabezado por el doctor Salvador Nava a fines de los años cincuenta (recuérdese que la ciudad de San Luis fue la primera capital que perdió el partido oficial en 1958) y que después resurgió a principios de los ochenta, para prolongarse hasta 1991, cuando el doctor Nava por segunda ocasión se presentó como candidato opositor a la gubernatura, aunque no logró triunfar (o que su posible triunfo fuera reconocido); en cambio, estructuró una nueva protesta civil que provocó la caída del gobernador priísta, Fausto Zapata, que no logró preservarse en el cargo más de quince días.

Así pues, San Luis era todo menos un bastión priísta, pero aun así el resultado no era del todo esperado. Primero, porque no fue registrado cabalmente por los sondeos, y segundo, porque la fuerza de la oposición en el estado había estado asociada primordialmente a la presencia del doctor Nava, cuyo fallecimiento en 1992 provocó el debilitamiento opositor. En los comicios extraordinarios para gobernador celebrados en 1993, no hubo la fuerza y el empuje que la oposición coaligada alcanzó dos años antes; evidentemente, ello se explica fundamentalmente por la ausencia del doctor Nava (si bien el panismo ya se había apartado del navismo poco después de los comicios de 1991, en virtud de diferencias estratégicas). Además, después del fracaso del navismo en 1993, el movimiento en lugar de reestructurarse se fragmentó en diversas corrientes constitutivas, situación que no logró superar en 1997 (pese al intento de algunos de sus miembros en esa dirección).

La presencia más antigua del PAN, y el relativo conservadurismo ideológico potosino, explican que ese partido fuera el principal beneficiario del descontento antipriísta (en 1991, el PAN obtuvo cerca del 40% del voto frente a sólo 1.3% del PRD), si bien el PRD logró consolidar su posición de tercera fuerza (aunque muy por debajo del panismo) debido al sólido soporte que ese partido le brindó al navismo en 1991, al hecho de que su candidato a la gubernatura fuera Salvador Nava Calvillo, hijo del legendario líder cívico, y al fuerte trabajo político que aquél ha desarrollado en la zona de la Huasteca. Ya en 1994 el PRD consiguió el 8.4% del sufragio, cifra insólita en la entidad (que mantuvo en 1997).

Así, aunque el PAN logró acercarse significativamente al PRI en la elección, el apretado triunfo del partido oficial puede explicarse en parte por la dinámica de dos partidos y medio (tendiente al tripartidismo) que se ha desarrollado en la entidad, y que facilita las cosas al tricolor; el voto unificado de las dos fuerzas opositoras más importantes, o un escenario claramente bipartidista, hubieran provocado probablemente la derrota del PRI. En cambio, el tripartidismo volvió a traducirse en un triunfo del partido oficial, así haya sido por poco margen. Al fin y al cabo, el tripartidismo ha permitido al PRI prevalecer en varios estados (Michoacán en 1995, y en 1997 Sonora, el propio San Luis en alguna medida, y más claramente en Colima) y también en la contienda federal (en la que el tricolor obtuvo una ventaja de más de diez puntos por encima de cada uno de sus principales adversarios). El caso del Distrito Federal, en donde prevalece un tripartidismo desde 1988 y sin embargo el PRI perdió, constituye por ahora la excepción, y se explica por el altísimo nivel de oposicionismo desarrollado gradualmente desde hace décadas.

Tanto en Colima como en San Luis Potosí es posible suponer que el descenso del PRI en los últimos días se explique en función del descenso general de este partido en todo el país, y que esto se haya debido parcialmente a su crítica posición en la capital; sin embargo, el hecho de que haya sido el PAN el principal beneficiario de los votos en deserción priísta sólo puede explicarse a partir de la dinámica local en cada estado (pues la votación nacional del PAN también descendió notablemente, quizás a partir de la debacle de su candidato en la capital). En todo caso, el hecho de que los candidatos oficialmente ganadores en ambos estados (del PRI) hayan quedado a poca distancia de su principal adversario (del PAN) provocó nuevamente la duda sobre la autenticidad del triunfo priísta. Dicha distancia fue del 4% en Colima y 8% en San Luis Potosí.

Sin demeritar lo avanzado en estos comicios en términos de credibilidad, la protesta opositora en estas entidades y en Campeche marca los límites de la elección en este terreno, pues el objetivo fundamental de la reforma electoral instrumentada el año pasado consistió en hacer creíbles los resultados a todos los actores, y propiciar la conformidad de los candidatos perdedores. Eso se logró a nivel federal, pero no se tradujo en los comicios de estas entidades. Evidentemente, hacen falta algunos ajustes en el sistema electoral estatal para lograr que también en las elecciones a este nivel se logre la aceptación generalizada de los resultados.

¿Qué tanta razón tiene la oposición en su impugnación de los resultados? No es fácil documentarlo (ello constituye la responsabilidad de los partidos inconformes en cada caso), precisamente porque todavía se registraron algunos operativos ilícitos, fundamentalmente por parte del PRI o los gobiernos emanados de él, que podrían haber incidido de manera decisiva en los resultados oficiales en estas dos entidades. Si el margen que separa al vencedor de su adversario más cercano es muy estrecho, entonces cualquier nivel de fraude puede volverse decisivo, y si hay indicios de que ese fraude existió (así no haya sido masivo), los perdedores se sienten legitimados para impugnar el resultado. Esa impugnación puede encontrar eco en la ciudadanía, generando justamente lo que se pretende evitar en cualquier proceso electoral democrático: un conflicto postelectoral. Habrá que pulir estos asuntos para permitir que lo alcanzado en los procesos federales en materia de credibilidad, pueda penetrar a todas y cada una de las entidades, justamente las que más conflictos postelectorales han suscitado desde 1991.