Pedro Salazar 

Ricardo Becerra. Analista político. Pedro Salazar. Licenciado en Derecho

Las elecciones del 6 de julio son trascendentes por todas sus aristas: porque arrojan una nueva configuración del Congreso, por el reacomodo de fuerzas y la nueva geografía política que muestran, y por el hecho de que son las primeras elecciones federales reconocidas plena y unánimente, como limpias y bien hechas. 

Asistieron 30, 214, 419 ciudadanos a una votación a la vez concurrida y limpia. Este hecho constituye en sí mismo un dictamen nacional, claro y amplio, sin incidentes mayores que lo oscurezcan como retrato efectivo de la voluntad mayoritaria. Este acontecimiento se sumó al trayecto de la nueva era democrática de México, es decir, a la era de elecciones claras, que no abren resquicios a la impugnación o a la inconformidad, y que sirve para resolver las diferencias de un modo institucional, en paz, para producir gobiernos y representaciones políticas legales y legítimas. 

Es posible que el 6 de julio hayamos dado ya el paso definitivo para que las elecciones dejen de ser la obsesión y la frustración recurrente de nuestra vida política, para que los partidos y los políticos no encuentren obstáculo para atender, ahora sí, a fondo los otros asuntos centrales de la construcción democrática de México. 

La “obra negra” de la elección, es decir, esa complicada arquitectura que hace posible la emisión del voto, cumplió su cometido: pudo sostener la participación de millones de ciudadanos, pudo inducir mejores condiciones de la competencia, pudo evitar que los partidos gastaran su tiempo en la impugnación a la autoridad electoral. Ninguno de los temas que habían sido parte de discusiones interminables y de litigios insalvables aparecieron en la escena: ni el padrón electoral, ni los recursos de los partidos, ni el trato de los medios electrónicos, ni la parcialidad de las autoridades, ni la forma de presentación de los resultados. Las diferencias ocurridas a lo largo de los ocho meses que dura el proceso electoral fueron acotadas y procesadas jurídicamente, en el IFE y en el Tribunal, con la ley, y ya no con la denuncia, el pleito público o la movilización. 

La transformación radical reside ahí: el IFE está dejando de ser un espacio que era expresión de relaciones de fuerza (porque lo habitaba el gobierno y porque incidían con su voto los partidos), para ser un espacio de relaciones de derecho, es decir, relaciones reguladas por normas precisas, preestablecidas, seguras y constantes. 

Los cuadros profesionales del IFE lograron demostrar que son parte de una institución bien hecha; con resultados eficientes demostraron que no hay autonomía ni organización electoral limpia, sin eficacia, profesionalismo, conocimiento técnico y compromiso con el trabajo. Su rendición de cuentas es incontestable: fueron instaladas 104,584 casillas en todo el territorio nacional, es decir, el 99.87 de las planeadas. Sólo se dejaron de instalar 130 (de las cuales 105 corresponden a la zona de conflicto en Chiapas). Fueron 418,336 ciudadanos los encargados de vigilar el curso de la votación y de realizar el cómputo de los votos. La eficacia de esta operación se refleja en un sólo indicador: el 99.8% del universo ciudadano que trabajó el 6 de julio emergió efectivamente del proceso de sorteo y capacitación. Otro de los elementos de confianza más contundentes es éste: a la una de la mañana del 7 de julio el IFE contaba ya con los resultados preliminares de 54,974 casillas en todo el país, es decir, a unas horas del cierre de la jornada podía ofrecer los resultados del 52% del total de las casillas; un hecho político, más que técnico, que no tiene precedente en la historia del país. 

Por su parte los partidos escenificaron una contienda electoral, como nunca, equitativa, equilibrada, pareja. El trato, la cobertura de los principales noticiarios del DF, pero con repercusión nacional, mejoró notablemente: por ejemplo, en la radio y televisión los noticiarios otorgaron al PAN 25.45% del tiempo de cobertura, al PRI 26.22%, y al PRD, 26.11%. Por su parte, en las cinco circunscripciones, para las campañas de diputados y senadores, se alcanzó un tiempo total en radio y televisión de 604 horas y 48 minutos. Nunca, los partidos y los candidatos habían estado tanto tiempo en el espacio mediático: los tiempos permanentes se incrementaron de 114 a 906 horas; los tiempos especiales pasaron de 25 a 208 horas; si en 1994 tuvieron 5,684 spots promocionales, en 1997 llegaron a 16,792. Esto significa, en tiempo efectivo, 62 horas adicionales al aire. Además esos programas se transmitieron en mejores horarios y por la vía de 20 canales de televisión (en 1994 eran sólo dos) y más de 100 frecuencias de radio (en 94 eran sólo 16). 

El financiamiento público abundante fue un factor esencial para lograr campañas intensas, grandes contingentes de activistas profesionales sosteniendo a la política, a la crítica, a los candidatos lanzados a los medios masivos de comunicación. Los partidos políticos tuvieron todos los elementos para desplegarse, argumentar y convencer. Por eso, 1997 es un año de consolidación de nuestras “maquinarias de la democracia”.

Los pendientes

La responsabilidad de que esas condiciones tuvieran lugar es del Instituto Federal Electoral. Pasada la contienda, ¿qué será de esa institución? Como es natural, sus atribuciones en años “no electorales” disminuyen considerablemente. Su función estatal como árbitro electoral pasa a un plano secundario; queda encargada de algunas tareas generales, en su mayoría de poca visibilidad pública pero de gran importancia para el adecuado funcionamiento del sistema electoral. De hecho, los 32 Consejos Locales y los 300 Consejos Distritales que conforman el grueso de su estructura directiva del IFE han entrado en un largo receso hasta el proceso electoral del año 2000; quedan en funciones únicamente el Consejo General y los órganos ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El IFE comienza un periodo en el que debe ensayar la discreción propia de una autoridad que acata la ley, sin protagonismo; que reconoce que su labor principal ha concluido y que se dispone a afinar serenamente su maquinaria para el año 2000. 

1) Dentro de las tareas novedosas y relevantes del Instituto, hay algunas que son herencia directa de la reforma electoral del año pasado. El Registro Federal de Electores tendrá a su cargo la difícil tarea de elaborar, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, el Registro Nacional de Ciudadanos para expedir la Cédula de Identidad Ciudadana que se espera sea utilizada en la elección del año 2000. Se trata de una labor técnica sumamente compleja; viene aderezada con ingredientes de carácter político que se explican en los principales usos que se darán al nuevo instrumento de registro: universal y obligatorio. 

2) Por su parte, el Consejo General, una vez que hayan concluido esas tareas, y con el apoyo de una comisión de expertos, tendrá la oportunidad de proponer una iniciativa de reforma legal para hacer posible que los mexicanos residentes en el extranjero ejerzan su derecho al sufragio en las elecciones de Presidente de la República. Como se ve, está en puerta un interesante debate sobre un tema complejo y masivo, para el cual no hay soluciones definitivas. 

3) Por segunda ocasión en nuestra historia electoral, la autoridad revisará los gastos de los partidos políticos realizados durante las campañas electorales. Con ella entran plenamente en vigencia las nuevas reglas de fiscalización que son producto de la reforma de 1996. Las instancias correspondientes estrenarán sus nuevas atribuciones revisando los informes de cada una de las campañas que deben rendir los partidos en un plazo de sesenta días contados a partir del día en que concluyeron las campañas electorales. Esta revisión que abarca las finanzas de todos los partidos, así como de las agrupaciones políticas que participaron en la elección y los grupos de observadores, desembocará en un dictamen y proyecto de resolución que será conocido y, en su caso, aprobado por el Consejo General. Cabe resaltar que, a partir de ahora y de cara a las revisiones financieras que año con año realiza la autoridad electoral, han cobrado vigencia importantes facultades del Instituto, como la de practicar auditorías al interior de los partidos y agrupaciones o la de ordenar visitas de verificación para corroborar el cumplimiento de sus obligaciones y la veracidad de sus informes. 

4) Sobre el mismo tema, el Consejo General del IFE debe calcular el costo mínimo de campaña que servirá como base para determinar el monto de financiamiento público, que será distribuido entre los 5 partidos que conservaron su registro, para el año de 1998. Se trata de un asunto de mucha importancia: como se sabe este tema dio al traste con el consenso en la reforma electoral, pero, asimismo, el otorgamiento de recursos abundantes demostró ser una palanca efectiva para consolidar a los partidos y aumentar la competencia electoral. La decisión del Consejo General tendrá importantes repercusiones para el desarrollo del sistema de partidos.

El nuevo reto: Una revisión introspectiva

Los diferentes órganos del Instituto Federal Electoral -principalmente el Consejo General-, por mandato de ley por y necesidad política, tendrán que llevar a cabo una reflexión hacia adentro de la propia institución. En atención a las demandantes cargas de trabajo que representó el proceso electoral ha quedado pendiente la revisión y actualización de los manuales operativos del Instituto. La reforma del año pasado implicó un rediseño práctico en la operación de algunas áreas del IFE, sin embargo, no hubo tiempo para adecuar la normatividad interna a esa nueva realidad. Evidentemente no se trata de una simple tarea administrativa, sino que implica un diseño estratégico de la nueva vida institucional. De hecho, en el apartado transitorio del decreto de reformas de 1996 se contempla expresamente que “una vez concluido el proceso electoral federal de 1997, se procederá al análisis de la estructura del Instituto Federal Electoral, proponiéndose en su oportunidad al Consejo General, las adecuaciones que se estimen procedentes”. Se está frente a una oportunidad para hacer más eficientes y transparentes el uso de los recursos humanos y materiales de la autoridad electoral; para determinar, a partir de objetivos concretos, las acciones prioritarias y las instancias reponsables. 

En la misma dirección, con la reforma de 1996 se otorgó al Consejo General la facultad de expedir el Estatuto del Servicio Profesional Electoral. Esta nueva atribución del consejo es un dato más a favor de la autonomía de la autoridad electoral, ya que el estatuto aún vigente fue expedido por el Ejecutivo Federal desde el año de 1992. Un buen diseño de este estatuto es esencial debido a que contempla las normas de carácter laboral que rigen el desempeño de los cuerpos profesionales del IFE: niveles, posiciones, requisitos para ascender, reglas para la capacitación y evaluación, sistemas de sanciones administrativas y remociones, horarios de trabajo, prestaciones, régimen contractual, entre otros aspectos de la relación laboral del IFE con sus funcionarios. El reto es múltiple: fortalecer su autonomía, hacerla mejor y más eficiente, demostrar la viabilidad de una institucionalidad distinta porque es más transparente, sellar el sentido de pertenencia de sus cuadros, dotarla de estabilidad y permanencia, consolidar, en suma, a una estructura socialmente legítima y técnicamente eficaz, que cumple con una función clave del estado democrático: administrar la competencia electoral, y por esa vía garantizar un tipo de convivencia y una estabilidad política para muchos años.