No cabe duda que una de las pruebas de credibilidad que pasaron venturosamente las elecciones del pasado 6 de julio fue la respuesta de los ciudadanos al llamado a votar. Analistas y actores políticos coincidieron en señalar que la contienda fue muy participativa, y algunos incluso se aventuraron a decir que habían sido las más participativas de la historia. 

Si observamos los resultados de la elección, habría que ajustar esta aseveración para colocarla en su justa dimensión, ya que solamente 57.9% de los mexicanos inscritos en la lista nominal de electores acudieron a las urnas, lo cual representa casi veinte puntos porcentuales por debajo del nivel de participación registrado en 1994 que fue de 76.7%. Es cierto que una elección intermedia como la de este año es siempre menos atractiva para el electorado que una elección presidencial, empero, si hacemos la comparación con la elección igualmente intermedia de 1991, 1997 queda igualmente en un lugar inferior de participación electoral, puesto que en aquel entonces se alcanzó el 65.5%. Vale la pena señalar que en números absolutos, en 1997 la afluencia fue mayor en la medida que votaron seis millones más que en 1991, el problema es que la lista nominal creció muy por arriba de esa cifra (de 36 a 52 millones de electores). (Ver cuadro 1) 

Cuadro 1

Participación electoral comparada

Año

Lista Nominal

Votación

% Participación

1991

36,177,558

23,697,468

65.50%

1994

44,595,141

34,210,174

76.71%

1997

52,208,966

30,214,419

57.87%

¿Cómo explicar esta brecha entre una percepción generalizada y lo que muestran las cifras? 

La participación electoral es uno de los datos más difíciles de pronosticar a través de encuestas electorales en virtud de que la población tiende a responder afirmativamente a la pregunta de si tiene intenciones de ir a votar, porque es una obligación ciudadana y porque socialmente se espera que la gente cumpla con ella. Sin embargo, los estudios señalan que la participación está asociada positivamente a los incentivos que se le presenten al electorado en el contexto político de los comicios.

El escenario político de 1997 ofreció variados estímulos para la participación electoral: una reforma electoral que permitió que la organización de los comicios estuviera en manos del IFE, ya sin intervención alguna del gobierno; una contienda fuertemente competida con partidos provistos de recursos suficientes para alcanzar una presencia importante en los medios electrónicos de comunicación y una primera elección del Jefe de Gobierno del Distrito Federal que permitió centrar la oferta electoral de los partidos, mitigando la dispersión de candidaturas propia de una elección de medio periodo que renueva órganos colegiados de representación. Todos estos elementos generaron tanto expectativas favorables para los partidos políticos como estímulos para la participación de los ciudadanos. 

La forma como las condiciones de la oferta política incidieron sobre la respuesta de los electores al “llamado de las urnas” se reflejó con bastante claridad en los niveles de participación en las diferentes entidades del país. Entre los diez estados con los porcentajes más altos de participación se encuentran las ocho entidades en donde hubo elecciones locales concurrentes con las federales (Campeche, Colima, DF, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora), es decir, en donde a las campañas poco lucidoras de diputados y senadores federales se sumaron las de los aspirantes a la gubernatura estatal o a alguna presidencia municipal. En estos casos, los niveles de participación fueron entre cinco y doce puntos porcentuales superiores al promedio de afluencia a las urnas. (Ver gráfica 1) Jalisco y Aguascalientes que son los otros dos estados con más del 60% de participación electoral se ubican entre aquéllos en los que se ha dibujado una tendencia participativa a lo largo de las últimas tres elecciones federales, es decir, reafirmaron que buenas condiciones de competencia resultan en un equivalente nivel de participación electoral. 

En contrapartida, Chiapas fue el estado en el que la asistencia a las urnas fue más baja (del orden del 35.9%), lo cual se explica por la persistencia de una zona de conflicto armado, que por desactivado que este sigue provocando un ambiente desfavorable a la emisión del voto. 

Contemplada esta relación, la explicación a que en la elección intermedia de 1991 hubiera participado un mayor porcentaje de ciudadanos con credencial se ubica en las condiciones mismas del documento para votar. En aquel momento, la credencial que todavía carecía de fotografía fue producto de un levantamiento censal que permitió que gran cantidad de ciudadanos contara con un documento recién expedido, lo cual se reprodujo en 1994 cuando se emitió la credencial para votar con fotografía. Ahora, en 1997, la credencial contaba ya con tres años de vida y esto se tradujo en una cierta desactualización del padrón electoral, es decir, personas registradas en una determinada sección electoral que cambiaron su domicilio sin actualizar su credencial se vieron en la necesidad de desplazarse el sitio de su domicilio anterior, lo cual implica un esfuerzo adicional, y no siempre posible, de parte del elector.

Las verificaciones que se hicieron al padrón electoral de 1997 revelaron que más del 20% de la población se ha movido del lugar donde habitaba cuando obtuvo su credencial para votar. Esto no significa que para mantener una elevada participación tenga que levantarse un nuevo padrón electoral cada tres años, implica que es necesario idear una fórmula capaz de alentar con mayor eficacia a la población para que actualice sus datos. Está claro que el beneficio adicional que ofrece la credencial para votar -proporcionar un documento de identificación- no está asociado a la puesta al día de la dirección del ciudadano, es decir, desaparece dicho incentivo sin poder compensar el tiempo que se requiere invertir en la tramitación de una credencial actualizada. 

Desde esta perspectiva, el hecho de que más de 30 millones de mexicanos acudieran a votar el pasado 6 de julio habla de una elección que fue capaz de atraer masivamente la atención de los ciudadanos. Entonces, sí fue una elección participativa; la percepción generalizada en ese sentido tiene fundamento y racionalidad, además de que confirma que en política, lo que parece es, la forma es fondo.