Adrián Acosta Silva. Sociólogo. Maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

Los resultados electorales del verano mexicano del 97 pueden, como toda cosa pública, inventariarse al gusto del observador. Sin embargo, para los enemigos o críticos acérrimos del Sistema (que van del EZLN o el EPR a la conocida paranoia de ciertos articulistas), las cosas no resultan cómodas cuando se trata de reconocer los cambios operados en el interior y en los alrededores del sistema político mexicano. Por un lado, las sospechas sobre un sofisticadísimo fraude se desvanecieron con pasmosa rapidez durante la jornada del 6 de julio. Por otro, las profecías que distribuyeron con singular entusiasmo, acerca de la imposibilidad política del triunfo del PRD y del ingeniero Cárdenas, se diluyeron abruptamente con los propios resultados electorales preliminares difundidos por el IFE durante la madrugada del lunes 7.

Así las cosas, ni fraude gigantesco ni imposibilidad política fueron las noticias que esperaban quienes en el fondo todavía acarician los sueños revolucionarios o el descontón democratizador. Por el contrario, la tesis de que en los procesos electorales las cosas comienzan a transcurrir con razonable normalidad -es decir, con certeza, legalidad y transparencia-, y la de que en ellos puede triunfar cualquiera de los contendientes, constituyen las buenas noticias postelectorales, las que reafirman la hipótesis de que la larga transición democratizadora mexicana ha comenzado a consolidarse, por lo menos en la dimensión electoral.

La primera impresión que puede extraerse del paisaje postelectoral es la de que no se encuentran espacios vacíos. Pareciera que de la votación de los ciudadanos emana una sensación de completud, es decir, de que las alternativas partidarias que compitieron llenan, por lo menos momentáneamente (y aquí lo momentáneo significa unos cuantos meses o años) el espectro de las aspiraciones políticas de la sociedad. Pero al examinarse más de cerca el escenario, pueden apreciarse algunos cambios y vacíos que trazan las grandes coordenadas de la nueva geografía política nacional y local.

El triunfo de una agrupación opositora de “centro-izquierda” en la capital federal (lo que eso signifique), aunado a los triunfos que en años anteriores ha obtenido en diversas entidades las fuerzas del PAN, significa que el código democrático del sistema político “gobierno-oposición” ha comenzado a adquirir una centralidad inusual en la historia postrevolucionaria del país. Se puede afirmar que el ABC de la democracia comienza a tomar carta de naturaleza en nuestro medio, y que 1997 presagia lo que puede ocurrir en el 2000, inclusive si el partido en el poder se mantiene como tal. El reconocimento de las distintas fuerzas de las reglas del juego, y la absoluta imparcialidad de los órganos electorales, constituyen dos activos centrales que podrían consolidarse en los próximos años.

¿Quiénes son los grandes perdedores de las elecciones? Por un lado, las agrupaciones políticas que no demostraron arraigo entre los ciudadanos. En primer lugar, el Partido Cardenista, ese armatoste político manejado por un personaje tenebroso (Rafael Aguilar Talamantes), cuya inocuidad ideológica y oportunismo político parecen estar destinados felizmente a la extinción. Por otro lado, el Partido Popular Socialista, con su metafísica estalinista, que lo ha alejado a años luz de los intereses y expectativas de una sociedad plural, diversa y crecientemente diferenciada. Finalmente, el Partido Demócrata Mexicano, una organización que ha naufragado desde hace años, obcecada en el funda-mentalismo pararreligioso y el integrismo moralizante. Estos partidos, a la luz de los resultados electorales, han pasado a convertirse en organizaciones outsiders respecto del sistema político.

Incluido pero situado en el fondo de la tabla de las preferencias electorales reveladas, el Partido del Trabajo parece haber recibido un golpe mortal en las elecciones, producto de la combinación de sus pleitos internos y sus múltiples ambigüedades ideológicas. Ello contrasta con el sorprendente ascenso del Partido Verde, situado a la mitad de la tabla, y que se perfiló como el partido de muchos de los electores indecisos, con todo y su errancia ideológica y su arrogancia antipolítica.

La alternancia por los liderazgos políticos se juega, como desde hace años, entre los tres partidos que han mostrado mayor afianzamiento entre la ciudadanía. El PRD se asumió rápidamente como un insider legítimo en el sistema político de la transición, a pesar de que durante mucho tiempo se presentó con la imagen contraria, con la que logró convencer a no pocos de sus militantes y simpatizantes. Su crecimiento en el Congreso en ambas Cámaras, y su arrollador triunfo en la capital del país, constituyen dos ascensos espectaculares en el escenario político nacional. El PAN, por su parte, logra una cosecha desigual pero no menos importante, pues se echó a la bolsa nada menos que dos gubernaturas (Querétaro y Nuevo León) y la cuarta parte del Congreso, con lo que consolida su presencia a nivel nacional. El PRI, finalmente, es el gran perdedor de las elecciones pues, a pesar de haber mantenido dos gubernaturas (Campeche y Sonora), perdió tres más y no alcanzó la mayoría en el Congreso, objetivo explícito de su participación en las elecciones federales del verano.

Así reconfigurado, el mapa político emergente del proceso electoral exigirá de los actores veloces reposicionamientos programáticos, pero también pragmáticos. Los nuevos equilibrios nacional y regionales constituyen el entramado político básico sobre el cual el viejo arte de la negociación y de la formación de acuerdos tendrá que desarrollarse entre los peligros del maximalismo irresponsable y el minimalismo inocuo. El nuevo actor, el PRD, tendrá que aprender rápidamente a ejercer el poder que le concedió un electorado móvil, que seguro le pedirá cuentas dentro de tres años, o menos, colocándose como un partido que puede comenzar a consolidarse al depender menos de sus tensiones internas y al involucrarse más empíricamente a la tarea de gobernar una ciudad endiabladamente complicada.

En este sentido, los primeros meses del nuevo gobierno capitalino y del Congreso serán cruciales. En el primer caso, se tratará del periodo de fuego del aprendizaje y formación de un equipo de gobierno que diseñe e instrumente diversas políticas sectoriales, en medio de las severas restricciones económicas y financieras que padece el DDF, y con las limitaciones que impone la coexistencia con un congreso federal que mantiene un conjunto de controles sobre el gobierno de la capital. Se tejerán también los códigos de relación política entre el nuevo gobierno capitalino y los diversos grupos de interés que habitan el escenario político local. Las redes de poder se reformularán en el nuevo escenario, aunque nuevas articulaciones surgirán con el ascenso al poder de una fuerza política tradicionalmente opositora. La política tendrá otra vez la oportunidad de convertirse en el instrumento por excelencia de la formación de acuerdos y negociación de los conflictos, pero ahora en manos de un gobierno capitalino elegido, por vez primera, por la mayoría de sus ciudadanos locales.

Por el otro lado, en el Congreso habrá de profundizarse el proceso de negociación y acuerdos entre las distintas fuerzas políticas. Las decisiones obedecerán forzosamente a esquemas de intercambio cooperativos, donde aprender a ceder será, como ha sido siempre, el código básico de la política. El horizonte en juego lo exige, y la necesidad de estabilización democrática lo apremia. El sonido del tiempo postelectoral sugiere, como las campanadas a medianoche, que un ciclo más ha terminado y otro, aún incierto, está por venir.