María Amparo Casar. Socióloga. Es investigadora del CIDE.

Es difícil de creerlo pero la decisión de los partidos y del presidente de negociar una ley electoral justa y equitativa junto con la voluntad política de acturar dentro de los cauces de competencia acordados y respetar sus resultados ha dado verdadero valor al voto. Haber convertido al voto en la moneda corriente de las transacciones políticas ha transformado al sistema. El poder transformador de la competencia política tiene variadas implicaciones pero quizá la más profunda sea la que se refiere a la institución representativa por excelencia en los sistemas democráticos: el Congreso.

Los resultados del 6 de julio no auguran el fin del mundo pero sí del equilibrio político que, aunque en los últimos años con muchos matices, prevaleció por más de cinco décadas. Con una composición de la Cámara de Diputados como la que veremos en la LVII Legislatura no nos queda ya ni la etiqueta de sistema de partido dominante. Si en 1988 se acabó la mayoría calificada de un partido, en 1997 no queda ni la mayoría simple. La geografía política electoral de nuestro país cambió tan radicalmente con las elecciones del 6 de julio que hoy por primera vez en México se presenta un gobierno dividido.

La nueva composición de la Cámara de Diputados que entrará en funciones el próximo 1º de septiembre altera los equilibrios políticos conocidos en México en al menos tres de sus dimensiones: la del Congreso, la del hasta ayer partido dominante y la de la relación legislativo-ejecutivo.

En lo que a composición se refiere, la Cámara quedará con una primera minoría o una mayoría minoritaria (239 asientos), dos fuerzas casi iguales (el PAN con 122 asientos y el PRD con 125) y dos minorías cuya importancia política no puede dejar de señalarse pues juntas representan 14 votos, pocos más de los que la primera minoría necesita para volverse mayoría. El mandato de las urnas es claramente tripartita y conlleva dos consecuencias políticas inéditas que alteran el funcionamiento del sistema y la conducta de sus particulares: la posibilidad de conflicto y parálisis, y la necesidad de negociar con otras fuerzas políticas y llegar a acuerdos para que la gobernabilidad subsista.

El monopolio primero y el dominio después por parte del PRI en el Congreso permitió al partido en el poder imponer de manera contundente y definitiva sus puntos de vista y traducirlos en actos de gobierno sin más restricciones que la propia negociación al interior de un partido pluriclasista pudiera imponerle. Con la aplanadora priísta al interior del Congreso, pudo evitarse durante más de 50 años, la necesidad no sólo de negociar sino también de debatir y confrontar ideas y, sobre todo, de ganar adeptos para el paso de leyes que garantizan el programa de gobierno. El 1º de septiembre el Congreso será otro, por la voluntad ciudadana se ha convertido en cuerpo plural que obliga al debate y a la concertación so pena de paralizar la acción gubernamental.

El segundo equilibrio que se ha quebrantado es el que prevaleció al interior del PRI. En aproximadamente diez años pasó de ser partido hegemónico a dominante y a primera minoría. Como ocurre en la mayoría de los países democráticos los partidos en México, incluido el PRI, tendrán al menos dos vertientes: el partido organización y el partido parlamentario. Las relaciones entre ambos habrán de someterse a la prueba de la política. El equilibrio político del que el PRI era pieza central partía de supuestos que hoy ya no se sustentan: el patronazgo y el paternalismo presidencial, la traducción automática de las nominaciones de los candidatos en puestos de elección popular, la base corporativa (en estas elecciones, de 42 candidatos cetemistas sólo 15 obtuvieron el triunfo), la falta de autonomía frente al presidente en turno. Es difícil creerlo, pero las implicaciones de este hecho, aunque profundas, no son todas negativas. La “derrota” tiene al menos dos consecuencias positivas que serán parte del nuevo equilibrio del México democrático. La primera es que a partir de hoy no recaerá solamente sobre él la responsabilidad de los actos de gobierno. La identificación que la mayoría de los mexicanos hemos hecho entre partido, gobierno y sistema no tendrá, en adelante, sustento. La segunda es que hoy está ante la posibilidad, debiéramos decir necesidad, de transformarse.

Finalmente, la tercera dimensión del fin del viejo equilibrio político está en las relaciones ejecutivo-legislativo. México ha dejado de ser la excepción entre los sistemas presidenciales. Una excepcionalidad dada, no por los poderes que la Constitución otorga al presidente, sino por la anulación de los principios de división de poderes y de pesos y contrapesos, a través de la inexistencia del principio de la soberanía electoral. Al haber instaurado como único principio para la conformación de los órganos representativos de la nación el de la soberanía electoral, el Congreso surge como actor político autónomo e independiente y la división de poderes cobra vigencia. A partir de la próxima legislatura, los partidos de oposición, y el PRI mismo, podrán influir en la formulación de las políticas públicas y con ello habrán roto el monopolio del ejecutivo en esta materia. Cuando menos desde 1935 en que ocurrió la última purga del Congreso, el presidente no había tenido que lidiar con diputados y senadores ni negociar con ellos y sus representados las políticas de gobierno. Hoy, al haber roto una de las fuentes de poder del presidencialismo mexicano, la negociación política pasa a ser imperativa no sólo con los partidos de oposición sino también con su propio partido.

Dada la nula experiencia que tenemos en cuanto al gobierno dividido, dos incógnitas deberán despejarse en lo que toca al trabajo legislativo: la capacidad del ejecutivo de armar coaliciones que lo lleven a conseguir las mayorías legislativas necesarias, y su capacidad para mantener la cohesión y disciplina del partido que llevó al poder. Del éxito de ambas tareas dependerá la gobernabilidad del país.

Los nuevos equilibrios políticos producto del voto ciudadano afectan la conducta de cada uno de los actores políticos y reclaman de ello una gran responsabilidad en términos de la agenda legislativa que vendrá. En ella se juega la gobernabilidad y la posibilidad de convertir los nuevos equilibrios políticos en la normalidad democrática que los mexicanos han buscado en esa larga transición que comenzó en 1968.