Luis Salazar C. Filósofo. Profesor e investigador de la UAM.

Por muchas razones, los comicios del pasado 6 de julio suponen el término de una etapa en nuestra transición a la democracia. El desarrollo y los resultados de aquella jornada electoral pusieron en evidencia, efectivamente, que el largo litigio en torno a los procedimientos y a las instituciones encargadas de la organización y cómputo de los sufragios, lo mismo que la desconfianza, los conflictos y las negociaciones relacionadas con supuestas o fundadas reclamaciones de fraude y manipulación, han quedado atrás. En el mismo sentido, el predominio abrumador del partido oficialista, sustentado en una inequidad flagrante de recursos así como en el control corporativo de múltiples organizaciones populares, también ha dejado su lugar a un escenario en el que la competencia y la posibilidad efectiva de la alternancia son las notas predominantes en prácticamente toda la República. 

No obstante, la pretensión de que con ello hemos accedido ya a una cabal normalidad democrática sigue pareciendo prematura. Pues si bien contamos ya con las reglas y las instituciones capaces de garantizar la expresión democrática de la voluntad ciudadana y, por ende, la formación de gobiernos y congresos legítimos (el input de la democracia), carecemos en cambio todavía de los pactos y las instituciones capaces de traducir adecuadamente este naciente pluralismo competitivo en una nueva gobernabilidad eficaz y eficiente (el output de la misma). Más aún, nuestro sistema de partidos sigue pareciendo insuficiente para lograr la normalidad democrática en la medida en que, a pesar de los avances alcanzados en términos legales e institucionales, buena parte de su estructura, de sus tradiciones y rutinas, permanece anclada en las herencias y los agravios de nuestra muy prolongada transición política. 

Así, cuando el presidente Zedillo afirma que, después de las elecciones mencionadas, ya nadie podrá tildar al PRI de “partido de Estado, de partido prácticamente único o de partido dependiente del gobierno”, seguramente suscita en el ánimo de muchos -incluidos muchos miembros de ese partido- la pregunta acerca de lo que es ahora y será en adelante el Revolucionario Institucional. Pues aun suponiendo sin conceder que la vieja organización ha dejado de ser lo que solía ser, aun reconociendo la meritoria actitud asumida por el actual titular del poder ejecutivo para eliminar los viejos privilegios de su partido, resta la cuestión sobre lo que éste habrá de ser en el futuro. La idea de transformarlo en un verdadero partido político, en una organización capaz de contar con principios y reglas propias, así como con iniciativas y programas que no dependan de la presidencia en turno, se dice fácil, pero dadas la naturaleza y las tradiciones de ese instituto político, dada la heterogeneidad de los intereses y corrientes coaligados y dada la aparente carencia de liderazgos modernos y reconocibles capaces de promover tal transformación, no resulta para nada claro el futuro del priísmo. 

Sin duda la posesión de una mayoría exigua en la Cámara de Diputados, y sobre todo la de la presidencia de la República, le permitirán a la vieja maquinaria mantener por algún tiempo cierta cohesión en sus filas. Pero la irreversible tendencia decreciente de su fuerza electoral y la posibilidad cada vez más cercana de perder su monopolio más preciado, sólo pueden augurar complicadísimos problemas para que su dirigencia, por lo demás opaca y carente de prestigio, pueda mantener la unidad en ausencia de una identidad y unas reglas realmente propias. La apuesta por un retorno nostálgico a los viejos tiempos dorados, la absoluta falta de imaginación política de sus más avezados cuadros, el divorcio evidente entre los llamados tecnócratas y los autodenominados políticos, todo ello habla más bien de fuerzas centrífugas en el seno de la vieja coalición, que carentes de todo horizonte de mediano plazo, seguramente cobrarán cada vez más caro el mantenimiento de su disciplina.

Con lo anterior no se trata de desconocer que el PRI sigue siendo una fuerza política fundamental para la vida nacional. Tampoco se trata de negarle toda posibilidad de futuro en un entorno propiamente democrático. Pero sí se trata de apuntar que no habrá cabal reforma del Estado y plena normalidad democrática si no se pasa por una transformación profunda del anquilosado aparato priísta, si no se asume que sus reglas y mecanismos actuales en efecto son incompatibles con el pluralismo democrático competitivo y con la alternancia en todos los niveles. Lo que parece sugerir una sola alternativa: o la descomposición conflictiva y políticamente costosa (no sólo para los priístas sino para el país) del PRI, o su difícil reforma de fondo. Pero insistamos, ¿existen en su seno las fuerzas y los dirigentes capaces de realizar esa reforma? 

Por su parte, el PAN también tendrá que adecuarse a las nuevas circunstancias creadas por los votos del 6 de julio. Después de un periodo en el que todo parecía favorecerlo políticamente y en el que su cohesión se veía garantizada por un crecimiento electoral incontenible, el partido de Gómez Morín ha topado con obstáculos imprevistos que aparentemente han dado lugar a fuertes tensiones entre sus diversas corrientes internas. Mucho habrá de discutirse acerca de la cadena de equívocos y equivocaciones que condujeron a su candidato a la jefatura del gobierno del Distrito Federal a una campaña por demás desastrosa. Desde las lamentables actuaciones del exprocurador general de la República, pasando por las estridencias grotescas de su excandidato presidencial, hasta la obvia incapacidad de Castillo Peraza para identificarse con su papel de conquistador del voto ciudadano, todo ello debiera llevar a la dirección de Acción Nacional a reconocer que los tiempos han cambiado y que ya no cuenta con los recursos que en el pasado le permitieron presentarse como la única oposición democrática confiable para la ciudadanía descontenta del oficialismo. Que los tiempos han cambiado y que ya no tiene por qué esperar un trato privilegiado por parte del gobierno a cambio de sus posturas más razonables. 

Pretender que lo que ha ocurrido es que “el PRI-gobierno” ahora ha preferido aliarse con el PRD para impedir el avance democrático (es decir, los triunfos panistas), no sólo pone en evidencia sintomáticamente la pobre visión que el PAN tiene de la democracia, sino expresa la tendencia a seguir reduciendo la política a un oscuro juego de negociaciones turbias y tratos privilegiados según la cual lo malo es que ahora el PRD es el que goza de tales privilegios. Para colmo, como suele ocurrir, esa insistencia en contubernios y alianzas perversas entre sus adversarios puede convertirse en una profecía autocumplida, en la que la animadversión panista contra todo lo que tenga que ver con el priísmo histórico, termine por favorecer una no imposible unión para la defensa de la Revolución Mexicana. 

El PRD, sin duda el gran triunfador en los últimos comicios, enfrenta también complicados problemas para ajustarse al nuevo escenario político. El indiscutible magnetismo popular de su (ahora) sonriente caudillo no sólo le permitió ganar ampliamente la jefatura del DF y la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, también le posibilitó un incremento considerable en su caudal de votos a nivel federal. La nueva actitud de Cárdenas, menos intransigente, más conciliadora y razonable, en poco tiempo logró hacer olvidar la mala fama rijosa y hasta violenta de su partido, logrando convencer a buena parte del electorado defeño de que nada peor que el continuismo priísta le podía suceder a la capital. Pero este gran avance electoral, este triunfo aplastante en lo que respecta al DF si bien supone enormes recursos y oportunidades para el desarrollo del partido del sol azteca, también implica enormes riesgos de agudización de sus tensiones y conflictos internos.

De alguna manera, el PRD, lo mismo que el PAN y que el PAN, sigue pareciendo incapaz de superar su pasado. Su estrategia, hasta donde es posible entenderla, se sustenta básicamente en la idea de recuperar los principios de la Revolución Mexicana, de recuperar y defender todo aquello que, supuestamente, habría sido traicionado y abandonado por las tres últimas administraciones gubernamentales. De ahí su manifiesta intención de profundizar y capitalizar las contradicciones del viejo priísmo, así como de atraer a sus filas a todos aquellos cuadros, políticos y caciques que, por la razón que sea, encuentran que ya no tienen cabida en el PRI. Su dirigente nacional, López Obrador, no ha escatimado ocasión para declarar que lo que hace falta es la desaparición de ese partido en beneficio de un bipartidismo genuino, auténtico, representado exclusivamente por el PAN (partido de la reacción) y el PRD (partido de la revolución). 

Bajo esta estrategia conviven corrientes enfrentadas por todo tipo de consideraciones que sólo se mantienen unidas por el peso avasallador de la figura de su candidato máximo y prácticamente único. Corrientes que van desde los simpatizantes de las aventuras neozapatistas hasta ambiguos expriístas de la talla de Layda Sansores, y que hablan no de un partido político consolidado sino de una constelación de intereses heterogéneos siempre al borde de la descomposición. Lo que explica en buena medida las esquizofrénicas posiciones de un partido que a la vez que reconoce la pulcritud de los resultados electorales federales, denuncia fraudes en Campeche cuando las cifras son prácticamente idénticas. 

El pluralismo expresado en las urnas podría interpretarse como un mandato ciudadano dirigido a crear, a través de pactos públicos, nuevas maneras de entender y ejercer la autoridad. Nuevas maneras cabalmente democráticas, ajenas a la cultura y a las tradiciones no sólo del PRI sino también del PAN y del PRD. ¿Sabrán nuestros partidos ponerse a la altura de este desafío? La moneda sigue en el aire.