Francisco González de Cossío. Embajador. Su último cargo fue cónsul general de México en Houston, Texas, junio de 1992 a julio 1995, periodo durante el cual atendió a nueve mexicanos en pena de muerte en cárceles de Texas.

Desde 1920, cuatro mexicanos han sido condenados a muerte por la justicia estadunidense. La última ejecución, la de Ireneo Tristán Montoya, provocó un intenso debate en los medios informativos mexicanos. De ahí la oportunidad de este artículo, que no sólo interroga al presente sino que busca las razones o sinrazones históricas de la pena de muerte en el pasado.

La pena capital, la forma más extrema de castigo corporal, consiste en infligir legalmente la muerte y se ha aplicado desde los tiempos antiguos para castigar una amplia variedad de ofensas. El linchamiento, a diferencia de la imposición legal de la muerte, es la forma ilegal, no autorizada, de la muerte como castigo que más se ha utilizado. La alternativa más común a la pena de muerte es la cadena perpetua. La Biblia prescribe la pena de muerte para el asesinato y para muchos otros crímenes, incluyendo el secuestro y la brujería.

Los debates sobre los méritos de la pena capital continúan incesantes. Los simpatizantes la defienden en base a dos premisas: que la muerte es un castigo adecuado en contra del asesinato y que las ejecuciones maximizan la seguridad pública a través de la incapacitación y la disuasión. Los que se oponen a ella rebaten diciendo que no hay evidencia de que la tasa de asesinatos fluctúe de acuerdo a la frecuencia con la que la pena de muerte es utilizada. Objetan también que la ley del talión, “ojo por ojo y diente por diente”, no es un principio de justicia criminal; o sea, que la sociedad no puede tolerar que la brutalidad del crimen violento fije los límites de los castigos apropiados. También se discute si la pena de muerte continúa manifestando prejuicios raciales y socioeconómicos, tal y como lo esgrimen sus críticos.

Breve reseña histórica1

Los registros más antiguos muestran evidencias de la aplicación de la pena capital. Ya se mencionaba en el Código de Hammurabi (1750 a.C.) y la Biblia prescribía la muerte como el castigo para más de 30 diferentes crímenes, desde el asesinato (cfr. Exodo, 21:12) hasta la fornicación (cfr. Deuteronomio, 22:13), incluyendo el secuestro y la brujería. El Código Draconiano de la antigua Grecia imponía la pena capital para todas las ofensas graves.

Durante los reinados del rey Canuto y de Guillermo el Conquistador en Inglaterra, la pena de muerte no era practicada, aunque en cierta manera la muerte era el resultado más frecuente del interrogatorio acompañado de tortura. En la Europa del medioevo la hoguera era el método que se aplicaba a los herejes y hechiceros. Hacia finales del siglo XV la ley inglesa reconocía siete crímenes principales: traición grave, traición menor, asesinato, latrocinio, robo, violación e incendio. Hacia el año 1800 se identificaban más de 200 crímenes capitales y como resultado de ello más de mil personas eran sentenciadas a muerte anualmente, aunque gran parte de las sentencias eran conmutadas por medio del perdón real. En las colonias norteamericanas, la pena de muerte era autorizada usualmente para un cúmulo de crímenes. La gente de color, ya fueran esclavos o libres, era amenazada con la muerte por la comisión de muchos crímenes, que eran castigados menos severamente cuando los cometía gente blanca.

a) El movimiento reformista

Los esfuerzos para abolir la pena de muerte no alcanzaron auge sino hasta finales del siglo XVIII. En Inglaterra y Norteamérica la reforma fue capitaneada por los cuáqueros (sociedad de amigos). En Europa, un breve tratado elaborado por el jurista italiano Cesare Beccaria, denominado Sobre crímenes y castigos (1764), inspiró a pensadores de la influencia del filósofo francés Voltaire para oponerse a la tortura, al flagelo y a la pena de muerte. Animada por los escritos del filósofo Jeremy Bentham, Inglaterra repelió casi todos sus estatutos sobre pena capital durante el siglo XIX. En los casos en que la plena abolición de la pena capital no era posible de alcanzar, los reformistas se concentraban en limitar su ámbito de aplicación y en mitigar lo áspero de la pena de muerte.

b) El caso mexicano

En el México precolonial, los mexicas o nahoas practicaban la pena de muerte de variadas formas. Los delitos eran múltiples, especialmente el desacato o desobediencia al superior. Dos eran sus principales fuentes: la violación a una regla de vida antigua y tradicional y la ofensa al soberano. Como en todas las naciones de gobierno despótico, el soberano era el supremo legislador y la máxima autoridad judicial, quien la ejercía como el Tlatoani, representante de Dios en la tierra y supremo gobernante “que toma el poder sobre todos y tiene libertad de matar a quien quisiere”. Al mismo tiempo era el sumo sacerdote y el ministerio de impartir la justicia le era exclusivo, y merecía la pena de muerte quien sin su delegación la ejercía o usurpaba. El derecho penal mexicano era, por lo tanto, extremadamente duro y severo. Muy poco frecuente era la pena de prisión, muy pocas las penas pecuniarias y los castigos eran generalmente la muerte en múltiples y sanguinarias formas, la esclavitud y las penas infamantes.

Para el ministerio de la justicia había tres tribunales; el primero era el Tecali o primera instancia; el segundo, para crímenes más graves, era el Tlaxitlán y ahí se revisaban los asuntos del Tecali. Revisadas las causas, si el delito era asunto grave o resultaba aplicable la pena de muerte, se llevaba al Tlatoani o tribunal superior, que decidía en definitiva y era inapelable. En las 20 ordenanzas del rey Nezahualcóyotl se describen las causas para aplicar la pena de muerte, tales como el adulterio, en el que se aplica el apedreo; vender a un muchacho como esclavo, la horca; invasión de tierras, horca; traición en la guerra, despedazamiento; asesinato; difamación; emborrachamiento; alcahuetaje de mujer casada; incesto con madre, hermana, suegra y entenada; hechicería; hurto o robo; y fraude. Todos estos delitos constituían causal para pena de muerte. “Ahorcaban al puto o somético (sodomítico) y al varón que tomaba el hábito de mujer”(sic); “si una mujer pecaba con otra, la mataban ahogándola con garrote”. “Mataban al médico o hechicera que daba bebedizos para echar la criatura de la mujer preñada y a la que lo tal tomaba para este efecto”, y a los hijos que “gastaban mal la hacienda de los padres”.

La pena de muerte revestía varias formas, correspondiendo a los diversos delitos que la merecían: descuartizamiento, desollamiento, cremación, decapitación, estrangulamiento, garrote, machacamiento de cabeza, lapidación, empalamiento, extracción de las entrañas por el orificio anal, asaeteamiento, arrastramiento con cuerdas, despeñamiento por las gradas de los templos, ahogamiento, horca y degüello.

Entre los antiguos mexicanos algunas de las figuras delictivas eran las siguientes: deserción, indisciplina, insubordinación, cobardía, traición, rebelión, daño al enemigo prisionero, robo de prisioneros de guerra, robo de botín, usurpación de insignias, funciones y cargos, espionaje, información engañosa al superior, malversación, cohecho, concusión, mala aplicación del derecho en las sentencias, ejercicio de funciones judiciales fuera del recinto legal, deficiencia en el cumplimiento de comisión o empleo, impureza de costumbres -sobre todo en sacerdotes-, complicidad, encubrimiento, celestinaje, prostitución entre nobles, mentira, incontinencia, cópula contra natura, incesto, aborto, violación, estupro, sodomía, homosexualidad, uso de vestidos de sexo contrario, adulterio, injurias, amenazas, golpes, lesiones, riña, homicidio, portación de armas, prodigalidad, desobediencia, falta de respeto a padres y superiores, ebriedad, robo, fraude, despojo, daño en propiedad ajena, rapto de menor y venta de menor. Las penas se aplicaban con el mayor grado de ejemplaridad y con la mayor publicidad posible. Los procesos penales duraban cuando más ochenta días y la sentencia con la que terminaban se aplicaba de inmediato.

En el México colonial se aplicaba el derecho castellano y la legislación de Indias o Leyes Indianas. Los delitos se castigaban con toda severidad, incluida la pena de muerte, por tres causas: para pena y escarmiento del que los cometía; para satisfacción de los que por causa de ellos se hallaren damnificados; y para ejemplo de quienes se atrevieran a perpetrarlos. Los principales organismos judiciales de la Colonia eran las Audiencias; los funcionarios judiciales eran los alcaldes, los fiscales y los alguaciles. Colaboraban en la dispensa de justicia los relatores, los escribanos, los abogados consultores de las audiencias, los receptores de penas, los procuradores y los intérpretes. Los virreyes tenían facultad de perdonar “cualesquier delitos y excesos cometidos”. Había otros tribunales especiales como el de Minería, el del Consulado, el de Bienes de Difuntos.

Los poderes legislativo y judicial estaban intrínsecamente unidos al ejecutivo. De esta manera, en la Nueva España la comisión de un delito era una ofensa a la sociedad y a la “causa pública” y exigía una reparación, y la punibilidad de un acto descansaba en el hecho de que se había violado la norma impuesta e interpretada exclusivamente por una voluntad: la del Monarca.

La normatividad penal de la Colonia se encontraba básicamente en las 93 constituciones del Concilio Provincial, celebrado en 1555. Las penas menores, contra delitos no capitales tales como adulterio, incesto, mancebía, concubinato, poligamia y juramento en vano, eran muy variadas y, entre otras, podrían mencionarse las amonestaciones, las censuras, la excomunión, la vergüenza pública, la cárcel, el destierro y la multa. Había penas contra delitos religiosos o pecados, pues el brazo religioso estaba íntimamente ligado al brazo secular, como se pudo conocer drásticamente con las penas impuestas por el Santo Oficio de la Inquisición. En 1570 se estableció el Tribunal de la Fe y Santo Oficio de la Inquisición en México contra la “herética pravedad y apostasía” con los siguientes ministros: los Inquisidores Apostólicos, los Jueces, Fiscal, Notarios del Secreto, Comisarios Eclesiásticos, Familiares, Consultores y el Obispo o Arzobispo. Como oficiales del Santo Oficio había Alguaciles, Contador, Receptor, Notario de Secuestros, Juez de Bienes Confiscados, Abogados del Preso, Nuncio, etc.

La pena común a los delitos de “apostasía y herejía obcecada y contumaz” era la hoguera, o cremación en vida, quizá la forma más cruel de aplicar la pena de muerte. Aunque había diversas modalidades de tortura, como el castigo corporal, es menester señalar que el fuego no se usó como forma de tortura. Otras penas: cárcel temporal o perpetua, azotes, exilio, trabajos forzados y muerte por garrote. La Inquisición fue suspendida en 1820 gracias a los efectos de la Constitución de Cádiz.

c) Estados Unidos

Ahí la pena de muerte es practicada comúnmente en alguna de estas cinco formas: horca (un solo estado), el método tradicional de ejecución a través del mundo de habla inglesa; electrocución (practicada por 12 estados), introducida por el estado de Nueva York en 1890; la cámara de gas (por 5 estados), adoptada en Nevada en 1923; fusilamiento (practicado en Utah y Idaho); y la inyección letal (practicada por 15 estados), introducida en 1977 por Oklahoma y ampliamente practicada en Texas. Sólo 15 estados de la Unión no tienen pena de muerte.2

Hacia 1967 las ejecuciones fueron suspendidas para permitir a las cortes de apelación decidir si la pena de muerte era inconstitucional. En 1972, la Suprema Corte resolvió que en el caso Furman vs. Georgia la pena de muerte por asesinato o violación se oponía a la prohibición en contra del “castigo cruel y desusado.” La Corte argumentaba que la muerte era administrada con irregularidad “caprichosa” y que por lo tanto su uso era “arbitrario” y “cruel.” Sin embargo, la mayoría de los estados emitieron nuevos estatutos para la pena de muerte y, en 1976, la Suprema Corte, en el caso Gregg vs. Georgia, mantuvo que éstos no eran inconstitucionales. En 1977, sin embargo, la Suprema Corte resolvió también que la pena de muerte por violación era “grotescamente desproporcionada y excesiva” (Coker vs. Georgia). En 1987, en el caso McCleskey vs. Kemp la Suprema Corte se rehusó a dictaminar que la pena de muerte, tal y como es administrada, contenía prejuicios raciales en contra de negros encontrados culpables de asesinar blancos.

Numerosas encuestas de opinión pública dan cuenta que más del 70% de los estadunidenses están en favor de la pena de muerte por asesinato, porcentaje que ha ido en aumento con el tiempo; en Texas, por ejemplo, la cifra alcanzaba el 87% en 1993. En 1977 se reanudaron las ejecuciones, y ya en 1991 alrededor de 2,350 personas se encontraban con sentencia capital en 35 estados de la Unión. En 1994 ya eran 2,710 reos esperando la muerte. A fines de 1996, alrededor de 3,100 confinados se encontraban en el “pabellón de la muerte” (Death Row) y más de 350 personas, incluyendo a una mujer, habían sido ejecutadas en 22 estados, encabezados por Texas con más de 100 ejecuciones. Sólo en 1995 hubo 56 ejecuciones en los Estados Unidos.

d) Otros antecedentes

El decapitamiento y/o la muerte por apedreamiento se emplea aún como método de castigo en algunos países del Islam. En Arabia Saudita, por ejemplo, la pena de muerte se practica de manera regular en casos de crímenes por sedición, violación con lujo de violencia, asesinato, robo a mano armada y narcotráfico. Los reos son decapitados con sable los viernes, después del rezo del mediodía y en la plaza pública. La pena capital se ejecuta a manera de castigo ejemplar, se anuncia en los diarios con antelación y se publica después de la ejecución, explicando siempre que la pena se impuso para que el pueblo sepa por qué se ejecutó al reo y advirtiendo que quien cometa ese crimen correrá la misma suerte.3

Efectividad de la pena capital

La cuestión fundamental que siempre suscita la pena de muerte consiste en determinar si ésta es un disuasivo eficaz en la prevención del crimen violento y si es más efectiva que la cadena perpetua como alternativa de largo plazo. Los defensores de la pena de muerte sostienen que quitarle la vida al culpable es un castigo más severo que cualquier plazo en prisión, y que debe ser un disuasivo más poderoso. Sostienen también que la cadena perpetua no es un disuasivo para aquellos criminales en prisión con sentencias perpetuas y que cometen crímenes capitales mientras están encarcelados. Ni tampoco lo es, argumentan, para aquellos criminales que aún no han sido aprehendidos y que saben que si los arrestan merecerían cadena perpetua, así como no lo es para los terroristas, los traidores y los espías.

A principios de la década de los setentas, algunos informes publicados mostraban que cada ejecución en los Estados Unidos evitaba la comisión de ocho o más homicidios, pero investigaciones posteriores parecerían desacreditar tal hipótesis. El punto de vista que prevalece entre los criminólogos es que no existe evidencia convincente de que la pena de muerte es un disuasivo más eficaz para el crimen violento que la cadena perpetua.

Los argumentos morales clásicos en favor de la pena de muerte han sido bíblicos y de carácter retributivo: “El que a hierro mata a hierro muere” (Génesis, 9:6) y ha sido comúnmente interpretado como un dictado divino para sujetar a la muerte al asesino. “Que el castigo esté a la altura del crimen” es la contraparte secular; ambas máximas implican que el asesino merece morir. Quienes proponen la pena capital han sostenido también que la sociedad tiene el derecho de matar en defensa de sus miembros, tal y como el individuo puede matar en defensa propia.

Los críticos de la pena de muerte siempre han señalado los riesgos de ejecutar un inocente, aunque han sido muy raras las instancias en que se haya probado de manera concluyente que tal haya sido el caso. Han argumentado también que se puede aceptar la teoría del castigo retributivo sin que necesariamente se recurra a la pena de muerte, de tal suerte que adecuar la severidad del castigo a la gravedad del crimen no requiera aplicar la regla de “ojo por ojo”.

En los Estados Unidos la principal objeción a la pena capital consiste en que ha sido siempre usada injustamente en cuando menos tres ámbitos principales. El primero, que las mujeres son raramente condenadas a muerte, aun cuando el 20% de todos los homicidios en los años recientes han sido cometidos por mujeres. El segundo, un número desproporcionado de personas no blancas son condenadas a muerte y ejecutadas. Hasta antes de la década de 1970, cuando la pena de muerte por violación era utilizada en muchos estados, ningún hombre blanco fue ejecutado por violar mujeres no blancas, mientras que la mayoría de los transgresores negros encontrados culpables de violar mujeres blancas fueron ejecutados. El tercero, los acusados pobres, desamparados e ignorantes, con abogados inexpertos o defensores públicos, tienen las más altas probabilidades de ser condenados a muerte y ejecutados. A este respecto cabe recordar la famosa frase del magistrado de la Suprema Corte, el finado Thurgood Marshall, quien afirmaba que en los Estados Unidos la pena de muerte es para el pobre, para el ignorante y para el desamparado, nunca para el que puede pagar una buena defensa. Esta afirmación, avalada por la observación y por la práctica, lleva implícito el argumento de que la discriminación en materia de impartición de justicia no es contra los negros o contra los hispanos, sino contra los que no pueden permitirse el lujo de una defensa pagada y eficaz (recuérdese el célebre caso de O. J. Simpson en California).

Mexicanos en pena de muerte

En las prisiones de los Estados Unidos se encuentran 35 mexicanos condenados a muerte. En la prisión de alta seguridad de Huntsville, Texas, a 130 kilómetros de la ciudad de Houston, se encuentran recluidos actualmente 11 mexicanos condenados a muerte; en California hay 12, y en Virginia, Arizona, Oregon, Nevada, Carolina del Norte, Ohio e Illinois hay otros 12. Los crímenes de los que se les acusó y por los que se les condenó son variados, pero en todos los casos involucran asesinatos con violencia. Es en el reclusorio de alta seguridad “Ellis I” de Huntsville donde se han producido las dos únicas ejecuciones de mexicanos en los últimos 55 años4: el potosino Ramón Montoya Facundo fue inyectado letalmente el 25 de marzo de 1993 y el tamaulipeco Irineo Tristán Montoya el 18 de junio de 1997, por el mismo método.

La ejecución de Irineo representó la 131 ejecución de pena capital llevada al cabo por el Estado de Texas5 desde que la Suprema Corte de los Estados Unidos reinstituyó la pena de muerte en 1972 y el Estado de Texas en 1976 (aunque fue hasta 1982 en que este estado reinició las ejecuciones). Para efectos comparativos solamente, cabe señalar que a la fecha se han producido 4 ejecuciones en California y en el total de los Estados Unidos 335,6 convirtiendo a Texas por un amplísimo margen en el estado de la Unión Americana donde la pena de muerte se lleva a cabo con mayor frecuencia y rapidez.

a) El caso de Ricardo Aldape Guerra

Este caso, como es ampliamente conocido, atrajo una gran atención tanto nacional como internacional, debido a las muy evidentes pruebas de inocencia del mexicano. Después de la suspensión de la última fecha de ejecución, en septiembre de 1992,7 se interpusieron varios recursos de defensa. Su caso fue ventilado a nivel federal y del 15 al 22 de diciembre de 1993 tuvo lugar una audiencia de pruebas y argumentos orales ante el juez federal de Houston Kenneth Hoyt. El 14 de noviembre de 19948 este Juez Federal concedió el amparo Habeas Corpus a Ricardo Aldape Guerra al considerar que hubieron múltiples irregularidades en el juicio de primera instancia, y éstas fueron de tal gravedad que violaron la garantía constitucional del debido proceso legal en perjuicio de Aldape, con lo que se invalidó la sentencia de pena de muerte que se le había impuesto en el año de 1982. Como es sabido, Aldape fue puesto en libertad el 16 de abril del presente año después de que el juez del Ministerio Público, John B. Holmes Jr., decidió no volver a juzgar a Aldape por no tener suficientes pruebas.

Ricardo Aldape Guerra fue sentenciado originalmente en julio de 1982 por el presunto homicidio del policía James Harris en el barrio mexicano de Magnolia, en Houston. Su abogado defensor, Scott Atlas, del prestigiado bufete legal Vinson & Elkins de Houston, quien trabajaba para el caso pro bono, o sea de manera gratuita, fue el encargado de revisar las irregularidades encontradas en el juicio de primera instancia por la actuación prejuiciada y vengativa de los oficiales que intervinieron durante ese proceso. En una resolución de 45 páginas, el juez Hoyt criticó ásperamente a todos los agentes de la ley que intervinieron en el juicio de primera instancia, llamándolos “mercaderes del caos”, que sólo pretendían añadir una “ranura” más a sus pistolas y que actuaron para su propio engrandecimiento. El juez, en consecuencia, ordenó ya fuera la libertad de Aldape o la conducción de un nuevo juicio.

El autor de este artículo fue el conducto para informar en forma inmediata a Ricardo Aldape la decisión del juez federal de concederle el amparo antes mencionado. Asimismo, le informó a su señora madre, Doña Francisca Guerra, las buenas noticias. De igual forma le envió una carta de reconocimiento al abogado defensor Scott Atlas por su brillante labor en la defensa. Debería reconocerse la labor del abogado Atlas con la condecoración del Aguila Azteca.

b) El caso de Irineo Tristán Montoya

Como se dio a conocer ampliamente por la prensa nacional, Tristán Montoya fue ejecutado por inyección letal el 18 de junio pasado. Irineo fue sentenciado en primera instancia en junio de 1986 en Brownsville, Texas, por el robo y homicidio del estadunidense anglosajón John E. Kilheffer. Irineo Tristán enfrentaba una ejecución para el 17 de septiembre de 1992.9 En el juicio seguido a Tristán se violaron dos de sus garantías constitucionales, aquellas contenidas en las enmiendas Sexta y Catorceava de la Constitución de los Estados Unidos. Las violaciones consistieron en que el juez de primera instancia indebidamente presionó a los miembros del jurado a que emitieran un veredicto condenando al entonces acusado Tristán Montoya a la pena capital. Ello dañó la garantía constitucional del debido proceso legal. Asimismo, se consideró como violación a la Sexta enmienda el hecho de que se le imputase un nuevo delito al acusado no al inicio, sino durante el curso del proceso.

El 15 de septiembre de 199410 su abogado defensor, el señor Donald Flannery,11 esgrimió los argumentos antes mencionados en favor del ciudadano mexicano ante un tribunal federal. Después de haber agotado los recursos a nivel federal, la sentencia de pena de muerte fue reafirmada y, después de haber elevado el caso a la Suprema Corte de Justicia, la Junta de Perdones y Libertad Condicional de Texas se negó a recomendar al gobernador George W. Bush la clemencia de 30 días que el gobernador del estado tiene derecho a conceder. Así, y ante la negativa de la Suprema Corte de revisar el caso, y después de múltiples intervenciones del Gobierno mexicano, directamente y a través de su embajada en Washington, se llevó al cabo la sentencia, originalmente dictada el 17 de junio de 1986, exactamente 11 años después.

En México no se practica la pena de muerte. Sin embargo, en el párrafo tercero del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se consagra que “la pena de muerte […] sólo podrá imponerse al traidor a la patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación y ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar”.

En todas las constituciones del México independiente está consagrada la pena de muerte, reflejando con ello la vocación a la pena capital que nuestras dos grandes vertientes, tanto étnicas como culturales, profesaron en su tiempo: la nahoa o mexica y la española, a cual más de crueles y sanguinarias. De hecho, el México contemporáneo no sólo no ha codificado la pena de muerte contenida en su artículo 22 constitucional ni la ha plasmado en sus códigos penales,12 sino que hasta ha desarrollado una especie de repulsión hacia esa práctica usada aún en un buen número de países.

Este rechazo a la pena de muerte, expresado a veces con excesiva vehemencia y parcialidad, pues rara vez se hace mención a la víctima y a su familia, y cuando sí se menciona se hace en passant, quedó manifiesta cuando el estado de Texas aplicó la inyección letal a Ramón Montoya Facundo en la prisión de alta seguridad de Huntsville. Esta ejecución de un mexicano, por primera vez en más de 50 años, provocó más de 100 artículos condenatorios en la prensa y declaraciones de los entonces secretario de Relaciones Exteriores y Presidente de la República. En tales declaraciones se condenó la práctica como violadora del más elemental de los derechos humanos: el derecho a la vida, y fue calificada por la prensa mexicana como bárbara y brutal, practicada sólo por pueblos salvajes e inciviles. En los artículos de la prensa no hubo una sola mención al policía muerto a tiros ni a la esposa e hijos que dejó.

La respuesta a la ejecución de Irineo fue parecida. Docenas de artículos en la prensa nacional y en la de Texas. Los obispos, un Premio Nobel mexicano, organizaciones de derechos humanos, los gobiernos federal y estatal mexicanos, la televisión, expresaron su repudio a esta manera de castigar el crimen, aunque en la radio mexicana una importante estación el día 18 de junio estableció dos números telefónicos, para que la ciudadanía se expresara en favor o en contra de la pena de muerte; sorpresivamente, más del 70% de los que llamaron se pronunciaron a favor, lo que parece reflejar una brecha entre los pronunciamientos oficiales y públicos y lo que realmente siente la ciudadanía. Quizá ello refleje también una exasperación por el aumento del índice de crimen violento en México. En fin, habrá necesidad de hacer un estudio a fondo sobre el particular y conocer cuál es el verdadero sentir de la ciudadanía.

En el caso de Ramón Montoya, ejecutado en marzo de 1993, el autor de este artículo fue instruido para expresar a la familia del ejecutado las condolencias del pueblo y gobierno mexicano y lo visitó en cuerpo presente en la capilla de Cristo Rey en Houston. Las escenas fueron dantescas: un grupo de manifestantes afuera de la capilla expresaba con pancartas insultos a la entonces gobernadora del Estado, Ann Richards, y al Procurador de Justicia, Dan Morales. Una pancarta alusiva a la gobernadora rezaba: “Maldita …te los enviamos vivos y nos los devuelves muertos”. Los deudos y amigos rodeaban el féretro descubierto mostrando el cadáver embalsamado y comentaban cuán bueno fue Ramón en vida. Montoya fue acompañado a su morada final, en Reynosa, Tamaulipas, aunque Montoya era originario de San Luis Potosí, por un largo cortejo de activistas locales y tuvo un recibimiento en la frontera de héroe y mártir. Durante su entierro un grupo de mariachis le tocó Las golondrinas.

1 Bibliografía general: Francisco González de Cossío: Apuntes para la Historia del Jus Puniendi en México, Universidad Autónoma de Querétaro, México, 1963. Manuel Orozco y Berra: Historia Antigua y de la Conquista de México, México, 1960, 4 ts. Hugo Adam Bedau: Death Is Different, Northeastern, 1987; The Death Penalty in America, 3a. ed., 1982. Charles L. Black, Jr.: Capital Punishment: The Inevitability of Caprice and Mistake, rev. ed. 1981; Norton, rev., 1982. Thorsten Sellin: The Penalty of Death, Sage, 1980. Ernest Van den Haag: Punishing Criminals, Basic, 1975. Franklin E. Zimring and Gordon Hawkins: Capital Punishment and the American Agenda, Cambridge, 1987. Raymond Paternoster: Capital Punishment in America, Lexington Books, New York, 1991. Raoul Berger: Death Penalties, 1982. Walter Berns: For Capital Punishment, 1981. Thomas Draper: Capital Punishment, 1985. Roger Hood: The Death Penalty, 1990. Louis Masur: Rites of Execution, 1991. Ernest Van den Haag and John Conrad: The Death Penalty, 1983. Tomado parcialmente de Capital Punishment, Microsoft (R) Encarta. Copyright (c), 1993, Microsoft Corporation. Copyright. Funk & Wagnall’s Corporation; y de Grolier Multimedia Encyclopedia, 1995.

2 Los 15 estados que no tienen pena de muerte son Alaska, Hawai, Iowa, Kansas, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nueva Hampshire, Nueva York, Dakota del Norte, Rhode Island, Vermont, West Virginia y Wisconsin

3 El autor de este artículo fue embajador de México en ese país y le consta lo aquí dicho, la década de 1920, la segunda en 1942, habiendo transcurrido 51 años entre la segunda y la tercera.

4 En el presente siglo han habido 4 ejecuciones de mexicanos: la primera en la década de 1920, la segunda en 1942, habiendo transcurrido 51 años entre la segunda y la tercera.

5 64 anglosajones, 46 negros, 20 hispanos (de los cuales hay 2 mexicanos) y 1 asiático.

6 Al 31 de julio de 1996. Obviamente, a la fecha son muchos más.

7 El autor de este artículo era a la sazón cónsul general de México en Houston.

8 Ibidem.

9 Ibidem.

10 Ibidem.

11 Posteriormente se hizo cargo de la defensa la abogada Bonnie Goldstein.

12 Con excepción de un estado de la federación.