Un gran número de países ha apostado el diseño de sus economías y políticas de gobierno a modelos que suponen la formación de bloques económicos regionales. La participación de los Estados en estos esquemas globalizadores encuentra su fundamento en la necesidad de incrementar su capacidad para atender las aspiraciones económicas y sociales de sus pueblos. Sin embargo, el crecimiento macroeconómico no garantiza la asignación de recursos a programas sociales y productivos que alivien los principales problemas de la población.

Prueba de esto es el desempleo que asola a la gran parte de los países europeos, con niveles actuales que llegan hasta el 22% de la población económicamente activa. Este fenómeno ha sido atribuido a factores de índole coyuntural, al reacomodo de las fuerzas económicas y de los sistemas de producción. Sin embargo, los indicadores evidencian el elevado componente estructural del problema. Para algunos especialistas, el desempleo más que deberse a causas económicas, constituye una verdadera crisis social, que realimenta a su vez la problemática económica.

Un estudio reciente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reveló que la globalización afecta tanto la voluntad como la capacidad de los gobiernos para seguir sus lineamientos internos: la voluntad, por la obsesión de los gobiernos por convertir sus economías en modelos de competitividad mundial; la capacidad, en virtud de que la liberalización económica deja fuera de su control los movimientos de inversión de capital, impidiéndoles diseñar unilateralmente políticas de empleo.

Indudablemente, falta una estrategia social dentro del actual sistema comercial y de flujo de capitales. La liberalización y globalización de la economía no deben implicar el abandono de los problemas sociales por parte de los gobiernos, aunque esto represente un esfuerzo adicional al que han realizado hasta la fecha.