(Preguntas a Monsiváis)

Luis Salazar C. Filósofo. Profesor e investigador de la UAM.

No me cuento entre el numeroso grupo de intelectuales mexicanos que bajo la especie de un maquiavelismo malentendido consideran estéril y hasta ridículo formular juicios morales sobre el accionar de nuestra clase política. Admirando la obra del genial florentino, parto de que la responsabilidad intelectual no sólo incluye la descripción sino también la evaluación ética de la política, sin dejar de reconocer que siempre habrá una distancia considerable entre los imperativos morales, los ideales últimos y una realidad rebelde, irritante y ambigua. Descreo por ello de los moralistas políticos, es decir, de aquellos que tratan de instrumentalizar los valores morales para beneficio exclusivo de tal o cual causa política particular. También he aprendido que el fanatismo moral y sus encarnaciones son básicamente incompatibles con la democracia, el pluralismo y la tolerancia que nos obligan a frasear las dificultades sociales en términos de problemas objetivos y no de cruzadas o palingenesias revolucionarias. Y asumo que si bien la política con frecuencia propone complicados dilemas morales no tiene por qué ser ajena a cualquier exigencia ética civilizada. Más aún: supongo que justo el papel de los que nos dedicamos a labores intelectuales es, entre otras cosas, coadyuvar a generar un contexto de exigencia cívica para los políticos todos, con independencia de nuestras preferencias partidarias y de nuestros compromisos ideológicos. 

Hago todo este largo preámbulo para expresar mi perplejidad por los argumentos desarrollados por Carlos Monsiváis en su artículo “La credibilidad de José Córdoba Montoya” (La Jornada, viernes 13 de junio de 1997). Debo decir para empezar que dicha perplejidad surge precisamente de mi reconocimiento y admiración por la obra de un autor que desde siempre ha jugado un papel progresista en nuestro país, defendiendo mediante razones sólidas e ingenio los derechos y las causas de los sectores oprimidos, marginados y excluidos, así como criticando ferozmente las lacras de una cultura de la impunidad, de los privilegios, de la irresponsabilidad y de la perversidad propia de nuestras oligarquías de ayer y de hoy. A través de sus crónicas, de sus ensayos y artículos periodísticos, Monsiváis ha realizado una ingente labor sensibilizadora de importantes franjas de la sociedad mexicana, convirtiéndose con justicia en una autoridad moral para muchos de sus lectores (entre los que naturalmente me cuento). Para decirlo con una frase: nuestra manera de percibir al país y sus problemas sería diferente sin los textos de Monsiváis, sin su tozuda defensa de los derechos de las minorías, sin su intransigente cuestionamiento de las acciones y omisiones de nuestras élites políticas. 

Precisamente por eso es que me sorprende que en el mencionado artículo Carlos parezca olvidar el sentido jurídico y moral de la demanda planteada por el exjefe de la Oficina de la Presidencia del gobierno de Salinas de Gortari. Y ojalá que se entienda esto bien: no pretendo para nada justificar o defender la actuación política del que fue efectivamente la eminencia gris del pasado sexenio, entre otras razones porque careciendo de información suficiente para evaluarla, sólo me resta juzgarla por sus consecuencias -que sólo cabe calificar de muy negativas-. Pero me pregunto y le pregunto a Monsiváis si ello es suficiente para ignorar que este personaje demandó al candidato perredista al gobierno del Distrito Federal y a dos diputados por el daño moral provocado por una acusación difamatoria: la de haber conspirado para asesinar a Luis Donaldo Colosio. En este contexto no resulta relevante si Córdoba fue o no sumamente poderoso o influyente; tampoco si sus respuestas a la juez fueron honestas y lúcidas, o tramposas y estúpidas. En fin de cuentas, él no se presentaba como acusado sino como víctima de un presunto delito tipificado en nuestras leyes. De ahí que tuviera razón al señalar la impertinencia e insidia de la pregunta de la juez sobre su influencia y poder durante la administración pasada. Y de ahí que lo que estuviera en juego no fuera su credibilidad y mucho menos el juicio de la opinión pública sobre su desempeño, sino exclusivamente su demanda contra quienes públicamente lo acusaron, sin prueba alguna, de conspiración criminal. 

¿Es lícito lanzar así tales acusaciones? ¿Es moralmente aceptable hacerlo porque simplemente se repite una opinión muy difundida en la prensa y en los medios? Monsiváis parece creer que es “una estrategia equivocada”, porque “impide elevar el nivel del debate” y porque no conduce a un examen y a un juicio general sobre la administración salinista, de los cuales podrían entonces derivarse cargos precisos y específicos (?!). De manera que el error de Cuauhtémoc y sus brillantes diputados es de método: debieron haber ido de lo general (la política salinista) a lo particular (los crímenes salinistas) y no al revés. Debieron haber mostrado la perversidad intrínseca y omnipresente de ese gobierno para sólo después fincar responsabilidades específicas para todo lo que se nos ocurra. Mucho me temo que esta metodología tampoco nos lleve muy lejos: el juicio político sobre el gobierno de Salinas y sobre el papel de José Córdoba nada tiene que ver con acusaciones infundadas sobre su complicidad en los crímenes políticos. La debacle financiera en que terminó una gestión ensoberbecida con sus presuntos (y falaces) logros económicos permite comprender que una sociedad agraviada amalgame y confunda dos problemas radicalmente diferentes; pero que alguien tan informado y sensible como Monsiváis avale con su autoridad estas confusiones sólo puede suscitar preocupación y perplejidad. 

Tanto más porque en el citado artículo Carlos reitera un argumento según el cual resulta innecesario presentar pruebas para documentar las responsabilidades delictivas de Salinas o de Córdoba en la medida en que ya existe un veredicto popular, “un acuerdo nacional”, que condena taxativamente a ambos personajes de todos los males ocurridos y por ende (?) de los asesinatos políticos. Ahora bien, sólo puede asombrar que alguien tan conocedor y tan crítico de los impulsos irrracionales de las multitudes, que con tanta frecuencia llevan a linchamientos morales y físicos, parezca querer en este caso sacralizar rumores y sospechas que sin duda expresan el hartazgo de una sociedad agraviada pero que en modo alguno pueden legitimar las pretensiones de impunidad declarativa de demasiados personajes de nuestra vida nacional. 

Después de todo, esa opinión pública a la que apela Monsiváis no hace mucho consideraba muy aceptable la política de Salinas. ¿Era que entonces estaba manipulada, obnubilada y engañada y que, ahora, se ha vuelto lúcida y racional? ¿O será más bien que, sin menospreciar a los manipuladores de ayer y de hoy, antes estuvo ilusionada con la idea de un auge inmediato y actualmente se encuentra frustrada y vejada al extremo de tener que encontrar en quienes descargar el odio generado por una crisis tan inesperada como cruel? Seguramente en este hartazgo se expresa algún tipo de aprendizaje colectivo, lo mismo que una sensibilidad más exigente y más crítica, pero ¿no se expresa igualmente la superstición de querer conjurar las dificultades y los problemas mediante el sacrificio de los supuestos causantes de los mismos? ¿Y no se expresa también la voluntad de encontrar un redentor capaz de resolver mágicamente todos los problemas?

El inmoralismo priísta -ése que tan bien expresaba el cacique potosino al preguntar si la moral era un árbol que daba moras- ha generado su antítesis: el moralismo antipriísta. De algún modo este moralismo puede verse como un progreso cultural, pero también como un factor que promueve la tentación de instrumentalizar la moral para fines partidarios, convirtiendo la escena pública en una pastorela insufrible en la que se enfrentarían maniqueamente los malos contra los buenos. Por ello no sobra insistir en que las exigencias morales, para verdaderamente ser tales, tienen que ser imparciales y generales. O dicho de otra manera, que la pretensión no maquiavélica sino jesuítica de justificar los medios en nombre de la santidad de los fines, es absolutamente incompatible con los valores más elementales de una convivencia democrática. ¿No es entonces deseable y necesario que al igual que se critican la prepotencia y la corrupción de demasiados priístas y la gazmoñería de demasiados panistas, también se cuestione la evidente intolerancia maniquea de no pocos perredistas?