Un choque de mitos

Miguel González Compeán. Abogado. Coordinador de Cultura Política de la Fundación Colosio A. C. del PRI.

Presentamos a nuestros lectores uno de los ensayos que obtuvo mención especial en el Certamen Carlos Pereyra 1996. En un tiempo en el que asistimos a la transformación de una sociedad de masas en una sociedad de medios, es necesario salvar el abismo que separa a la realidad de los discursos que intentan explicarla. El fenómeno político en México -dice González Compeán- no atiende a esta necesidad y se percibe desde una óptica esquizofrénica. El peligro que tal tipo de percepción entraña, es que seremos incapaces de conformar “una sociedad civil apta para la política y para soportar a cuestas las prácticas democráticas”. 

El mejor homenaje que un discípulo puede rendirle a su maestro es romper con él. 

José Gaos

El contexto del México contemporáneo no es indisociable del mundial y, por esta razón, nuestro país ha experimentado los efectos de una transformación acelerada y contundente, pero desigual en los ámbitos político y económico. Dichas transformaciones tienen sus raíces en el siglo XIX, se profundizan a lo largo del XX y se definen con una de las principales características del proceso mundial de modernización: el advenimiento de las democracias de masas. 

En este tránsito, una de las más significativas mutaciones consiste en que la diferencia clásica entre lo público y lo privado parece diluirse. En cambio, surge el elemento de lo social. Con él, el reino de la crítica, parcial e individual, tal como se entendía en el siglo XVIII, parece sustituido por el reino de la opinión pública. 

Esta ya no se nutre, como en tiempos del Iluminismo, por su liga pura o ideal con la razón. En el momento actual, la opinión pública designa más bien a la masa segmentada de opiniones particulares en la que se expresan intereses divididos y hasta conflictivos y contrarios. El carácter público de la opinión, representada institucionalmente en los medios de comunicación, ya no puede ser identificada como una voluntad general. Paradójicamente, la opinión pública -diría Luhman- “es el medio de autodescripción de la sociedad moderna. El Espíritu Santo del sistema”.1 

La propia transición de las sociedades modernas y el objetivo de las mismas, dan lugar a un diagnóstico que se expresa en una nueva feudalización del espacio público, en un avasallamiento de la opinión pública por medio de los partidos, de los sindicatos, las asociaciones y de todo un cuerpo intermedio; en una burocratización y tecnificación de la política; y en la sustitución final de la concertación por la manipulación; y también, en un abandono de la ciudadanía, en la que se inicia el proceso anómico de una pérdida de identidad vinculada con el eclipse de lo político, el fin del individuo, la sociedad administrada, el reino de la técnica y el triunfo del espíritu instrumental.2 

Así, vivimos la transformación de una “sociedad de masas” en una “sociedad de medios”. El espacio público o de la opinión y los medios, que con mucho desborda el campo de interacción definido por la comunicación política directa es, en sentido lato, el marco mediático gracias al cual el dispositivo institucional y tecnológico propio de las sociedades urbanizadas, es capaz de presentar al público múltiples aspectos de la vida social y del acomodo de sus valores y conflictos. 

Al constituirse en marco mediático, la comunicación se convierte en un elemento fundamental en el ejercicio del consenso necesario para administrar el conflicto en una sociedad moderna. Nuestra transición política no ha podido escapar a ese fenómeno y a sus perversiones. Diríamos, aún más, en él se ha planteado, desarrollado y dirimido buena parte del tironeo verificado en nuestro proceso de transición. 

Sin embargo, lo que ha quedado al margen de juicio, en el papel que han jugado los medios en nuestra transición es, sin duda, el discurso. La semántica que lo guía y su contenido chocan con la realidad en sinnúmero de espacios. “Se puede observar una creciente discrepancia entre semántica y realidad. Por una parte [porque] estamos ante un comercio de desechos intelectuales que se dedica al reciclaje de las ideas y que se distingue sólo por las marcas de fábrica: neo y post. Por otra parte, se asiste al hecho de que la comunicación social manifiesta una intensa sensibilidad, que se expresa con reacciones rápidas frente a problemas nuevos; […] y que éstas ya no se articulan, a la manera de la filosofía o el análisis de los grandes problemas de la sociedad, sino se ajusta a las normas [puramente] de los medios masivos de comunicación”.3 

Dicho esto, en el presente ensayo me propongo: en primer lugar, explicitar el papel que juegan los medios en las sociedades modernas como canales mediáticos ordenadores del conflicto y como espacios para la negociación. En segundo lugar, y ya que el orden y su capacidad mediadora no puede provenir más que de un código de valores políticos y de la sociedad, que describe y provee la Academia, es indispensable recrear, críticamente, la visión exitosa que sentenció el final del sistema político mexicano y la necesidad de su transformación. En tercer lugar, aclarar el uso que los partidos políticos hicieron del discurso producido por la Academia para apoyar la negociación, en la transición política, que se ha articulado en una estrategia de cooperación y enfrentamiento permanente. Ese discurso amplificado por los medios con sus consecuencias prácticas en el campo de la política, ha puesto en juicio la transición política mexicana al vulnerar los términos que permitirían avanzar en la reconstrucción de un vínculo real entre Estado y sociedad. En cuarto lugar, analizar la crisis de representatividad, producto de dicha dislocación entre Estado y sociedad, misma que ha sido cubierta por los medios, en su calidad de espacio mediático que contribuye a la representación y la negociación política. 

La preocupación que nos guía consiste en que se ha desestimado, en el contexto de la transición mexicana, la necesidad de hacer coincidir discurso y realidad para ofrecer a la sociedad civil -principal beneficiaria de la transición-una comprensión que la dote de instrumentos para asimilar y hacer coincidir expectativas con el proceso de transición y, por lo tanto, para que se comprenda quién representa a quién en dicho proceso, más allá de los intereses de las élites partidarias. 

En suma, el propósito quiere ser evidente: contribuir con modestia, a la comprensión del fenómeno político mexicano, aclarando la aparente esquizofrenia en que el entendimiento, el análisis, y lo que a partir de éste se especula en relación a nuestra vida pública, parecen chocar permanentemente con la realidad. Ello pareciera producirnos la sensación de que son el maquiavelismo y las trampas de una mano invisible, pero poderosa, los que mueven los hilos y las mentalidades de los mexicanos, para proseguir arando en esta aparente sinrazón. 

¿Quiénes son los medios y cuál su papel? 

Manuel Castells ha dicho hace poco y con cierto tino, que “en la sociedad y en la política, las nuevas tecnologías electrónicas amplifican extraordinariamente los rasgos presentes en la estructura social, sacando a la superficie tanto los ángeles como los demonios que llevamos dentro”.4 El tema de la transición política en México se ha vestido sin duda de ángeles y demonios. 

Nadie puede negar que el proceso informativo, base en la construcción de la democracia moderna, ha adquirido vertientes insospechadas y tendencias contradictorias. Las nuevas tecnologías han hecho de la transmisión de información algo mucho más flexible y mucho menos centralizado. La especialización de la información y de los medios en segmentos de mercado a los que están dirigidos ciertos mensajes, les han dado una mayor capacidad de penetración. Para efectos prácticos el big brother orwelliano se ha convertido en un cúmulo de emisores individuales o de grandes y pequeñas corporaciones de medios que definen patrones de consumo, comportamiento y actividad política. 

En los medios se reproducen dichas vertientes encontradas y sorpresivas, pues en ellos se ordena el proceso informativo y discursivo. En su ámbito, también, los gobiernos sucumben ante la tentación por la publicidad de sus acciones, que los legitima y los reproduce; pero esos mismos medios que utiliza, ofrecen a los ciudadanos elementos para el juicio efectivo y contundente, aunque, con frecuencia, parcial y escandaloso del mal ejercicio del gobierno. 

La video-política, diría Sartori, nos ha dejado a expensas de la parcialidad bidimensional de la televisión, carente de contexto. Ella ha producido la transformación del ser humano desarrollado en la lectura, a uno que no puede comprender más allá de lo que ve.5 

Los medios se han convertido en el espacio político por antonomasia. “No es que toda la expresión política se agote en los medios de comunicación, pero sólo la política que se expresa en los medios llega a los ciudadanos”.6 

En una buena medida, las expresiones políticas y las decisiones que conllevan, han sido construidas por los propios medios e influyen en los resultados políticos de dichas acciones. Así, los medios han transformado la focalización de la política: a partir de imágenes, los electores votan cada vez más por personas, y no por programas de gobierno; partidos o ideologías. 

En este contexto, es posible sostener que el eco estridente producido por los medios, del discurso que acerca de la transición mexicana han emitido los actores, y la visión que tenemos de ella, ha sido particularmente desafortunado. En un sentido, porque dicho discurso sobre la transición -del cual han abusado partidos y organizaciones-, encuentra en su origen imprecisiones y pretensiones utilitaristas producidas por la Academia; y en otro sentido, por la agenda misma de los medios, que incluye consideraciones políticas, pero también comerciales. 

Algunos ejemplos paradigmáticos de la confusión y la estridencia, los constituyen las apologías del subcomandante Marcos y el caso de Mario Ruiz Massieu. Prestigios cultivados hasta el paroxismo y decepciones que signan el carácter y la desilusión permanente que constituyen la impronta de nuestro proceso de transición. En ello, no existe la posibilidad de auditoría pública o llamado a la responsabilidad. En efecto, los medios no poseen la lógica de la consecuencia, sino de la denuncia y la audiencia. 

Así, lo trascendente es que tras la relación medios-Estado reside el hecho de que “los flujos del poder se convierten en dependientes del poder de los flujos”.7 

Para Niklas Luhmann la comunicación constituye el Poder mismo, ya que es el medio de interacción y de organización de las sociedades.8 El medio de comunicación es propio del subsistema político, en el que se generan condiciones específicas de organización y de consenso. Lo anterior parece sugerir que la comunicación es la forma como se dirimen los conflictos, que potencialmente constituyen los sistemas sociales. 

Esta es una de las perspectivas de la comunicación: si los sistemas sociales constituyen conflictos, de diversos niveles, dependiendo del grado de diferenciación del sistema y de acuerdo a su evolución social, parece que la comunicación termina siendo el instrumento principal de la administración del conflicto.9 

Existe otra perspectiva de la comunicación, que califica a ésta como poder, en tanto es correlativa a la crisis de representación política, que surge de la posible disociación entre Estado y sociedad. Dicha crisis parece sustentarse en tres aspectos principales, que ya no se organizan de la misma manera que hace unas cuantas décadas, a saber:10 

1) Las demandas sociales, económicas y culturales cada vez más diversificadas. 

2) Las exigencias y las obligaciones de un Estado, definidas sobre todo por su papel internacional. 

3) Las reglas institucionales en las que se basan las libertades públicas. 

Es justamente aquí, en la disociación entre Estado y sociedad, donde la realidad pública tiende a utilizar el marco mediático de la comunicación para mantener el orden público o para pasar de uno a otro orden. Los comunicadores son, ante todo, mediadores, en la misma medida en que el orden del Estado, el de las demandas sociales y el de las libertades públicas se separan unos de otros. 

Sin embargo, es claro que no se puede asignar a los medios el encargo o, peor aún, la decisión por entero del proceso de transición mexicana. Por ello es indispensable preguntarse, en lo alto de la montaña rusa de los estereotipos, conceptos y prejuicios creados por los medios, ¿qué papel juega, dentro de los medios, el discurso y su manifestación pública e interesada en el entendimiento de la transición política mexicana, para la Academia y para el ejercicio político en la coyuntura actual? 

¿Cuál es el problema: La transición o su discurso?

Se ha dicho, en los últimos meses, que nuestra “transición política a la democracia” ha tomado mucho tiempo; que no ha podido definirse, con claridad, la otra orilla a donde habrá de arribar; que son insuficientes los avances logrados a través del cambio jurídico-institucional para garantizar ese cambio y que lo más lamentable de ese hecho radica en que persisten en el poder personas, proyectos de gobierno y prácticas profundamente impopulares, contrarios al bienestar de los mexicanos y al avance democrático del país. 

Peor aún, la opinión pública y una buena parte de la crítica se lamenta de que el partido oficial siga ganando elecciones. Las razones de los triunfos, rápidamente, se hacen incomprensibles. En los medios, éstas se combinan de manera tal con los deseos de cambio, que la disociación entre lo que se dice o se desea y lo que sucede, se convierte con facilidad en un espacio abierto, pero gris e inexpugnable. La pregunta es indispensable: ¿qué sucede en la vida pública real y qué es lo que reflejan los medios? 

Los argumentos que se han esgrimido para entender o explicar el retraso y la tambaleante concreción del proceso de transición mexicana son variados. Entre las más frecuentes, dos: la tosudez de los sectores militantes tradicionales y antidemocráticos del partido oficial y del gobierno, que no quieren la “transición” pues temen perder prebendas, privilegios y mecanismos de intermediación e interlocución, con quién sabe quién y quién sabe para qué. 

Otras se refieren a las estrategias que la oposición ha instrumentado de cooperación y enfrentamiento con el régimen, donde las ganancias que la oposición ha querido obtener por la vía jurídica e institucional y la modificación de los términos en los que se da el juego político han sido mucho más significativas, que a través de la obtención de votos”.11 

En las explicaciones, parcialmente consistentes, que quieren dotar de un espíritu puramente coyuntural al comportamiento político de la sociedad,12 y aquellas que sostienen que la lógica y mecanismos autoritarios del sistema están entronizados en las prácticas e idiosincrasia del mexicano y, por tanto, las modificaciones al marco institucional son lo fundamental -y no los votos, pues sólo llegaron éstos cuando se concreten aquéllas-, hay una falta de capacidad para ver con objetividad y, por tanto, para explicar y dar salidas realmente constructivas a dicho proceso. Causa o síntoma de lo anterior, es la carencia de un debate público y real, serio y de altura, entre los partidos, las personas públicas o, simplemente, en las discusiones cotidianas. 

Es mi impresión que cualesquiera de las explicaciones mencionadas adolecen de la capacidad para describir la complejidad del fenómeno llamado “transición política mexicana”. Para el caso, pueden encontrarse tres razones: a) la simplificación utilitaria para servir al discurso de oposición, de los análisis de la Academia -herencia, tal vez, del propósito transformador al que se abocó, mayoritariamente, nuestra inteligencia en los campus universitarios durante los sesenta-; b) al uso indiscriminado del planteamiento de la Academia en el discurso de la oposición y c) el eco enorme que han hecho los medios de dichos argumentos para servir a propósitos ideológicos, políticos o comerciales. 

En efecto, la Academia mexicana de tiempos recientes ha provocado, usando el modelo explicativo del sistema político mexicano, construido hace veinte años, que el concepto “transición”, con todo y el cúmulo de buenos deseos que éste encarna, se convirtiera en el soporte utilitario más eficaz para el discurso político del presente. Prevalece intocado, por su éxito explicativo y lógico no ha habido, sin embargo, intentos críticos serios respecto de él. 

Las explicaciones exitosas: ¿Dónde quedó la realidad? 

La transición mexicana ha probado su singularidad. Pero su explicación y alternativas son, hoy día y de manera muy particular, un asunto de información pública y, sobre todo, de discurso, más que de un diagnóstico sofisticado, abierto y autocrítico. Por ello no es extraño que las razones para explicar los dos grandes problemas de su concreción, es decir, su temporalidad prolongada y tediosa y su aparente incapacidad para concretarse como modernidad política -por lo menos equiparable a la económica-, radiquen, me parece, en el hecho de que el acento de su realización ha sido puesto, fundamentalmente, en el estrecho margen de lo electoral. 

La lógica de la lucha electoral es la lógica del discurso; y la de éste, convencer y obtener el poder, incluso, por encima o a pesar de la realidad. La lógica del entendimiento se cultiva en otra parte. En nuestro país hemos abdicado de una buena parte de nuestro entendimiento en favor del discurso. Nos hemos detenido poco, me parece, en abordar puramente el campo fértil del análisis político. No es extraño, por ello, que en el diagnóstico que llevó a colocar en el centro de nuestra transición a las urnas, se encuentre una deficiente comprensión histórica y el abandono del foco fundamental en el análisis social: la sociedad misma en que la transición tiene lugar y cobra forma. 

El asunto no es menor. Si entre discurso y realidad hay divorcio, por el origen de su nacimiento o por el propósito que se persigue, debemos ser conscientes de que hay algo peor que la incongruencia. Un atentado contra el orden, las palabras y las cosas. El olvido de que la política es también orden que abreva de la experiencia social e histórica. Ya se han externado de manera amplia estas preocupaciones, con sentido teórico: 

[…] En lo heteróclito: las cosas están ahí “acostadas”, “puestas”, “dispuestas” en sitios a tal punto diferentes que es imposible encontrarles un lugar de acogimiento, definir más allá de unas y otras un lugar común. (…) Las heterotopías inquietan, sin duda porque minan secretamente el lenguaje, porque impiden nombrar esto y aquello, porque rompen los nombres comunes o los enmarañan, porque arruinan de antemano la sintaxis y no sólo la que construye las frases -aquella menos evidente que hace “mantenerse juntas” a las palabras y las cosas.13 

La sentencia puede ser aún más contundente:

Por ello, las utopías permiten las fábulas y los discursos; […] las heterotopías secan el propósito, detienen las palabras en sí mismas, desafían desde su raíz toda posibilidad de gramática; desatan los mitos y envuelven en esterilidad el lirismo de las frases.14 

En efecto, nuestra transición se ha llenado de mitos que suponen que la sociedad mexicana ha sido y es democrática, pero no ha podido expresarse, debido a los candados impuestos por el autoritarismo oficial de antes o de hoy. De esta manera hemos creado mundos fundados en heterotopías, con las cuales paradójicamente hemos construido utopías. Vale la pena, por lo tanto, tratar de dilucidar en qué punto arranca dicha construcción mítica-discursiva y qué consecuencias ha tenido. 

Numerosos académicos han escrito sobre el sistema político mexicano y sus características. Sin embargo, a este respecto, diría Fernando Escalante:

Ocurre, sobre todo, que la crítica académica del régimen ha seguido en mucho los pasos de la oposición política (o viceversa) y que ésta ha fundado su identidad, desde hace décadas, sobre la ilusión de su exterioridad. La estilización de ciertos rasgos, que puede tener utilidad teórica, ha sido exagerada por razones ideológicas muy comprensibles; y el resultado es una imagen confusa y poco realista del régimen, por decir lo menos.15

Pero si de escoger se tratara, podrían tomarse tres textos -entre otros igualmente valiosos y exitosos- para explicar la realidad política mexicana, que han servido para la construcción de un modelo que ha dejado a la transición en el impasse teórico y explicativo en el que se encuentra, incapaz de concretarse con alternativas viables y realistas. Cosío Villegas en El sistema político mexicano, ha propuesto el modelo básico.

La singularidad, notable en sí misma, de esta estabilidad política y de semejante progreso económico crece si se reflexiona que México los ha conseguido sin acudir a ninguna de las formas políticas consagradas: la dictadura o la democracia occidental. […] El poder para decidir no reside en los órganos formales de gobierno prescritos por la Constitución. […] [y] Es también comprobable que la independencia de los poderes legislativo y judicial respecto del ejecutivo es mucho menor que en una democracia. […] Por eso he concluido que las dos piezas principales y características del sistema político mexicano son su poder ejecutivo -o más específicamente, una presidencia de la República- con facultades de una amplitud excepcional, y un partido político oficial predominante.16 

La abstracción que logró Cosío para presentar y hacer asequible el sistema político mexicano a un público norteamericano,17 es asombrosa. Sobre la diada partido-gobierno, Cosío Villegas logra presentar una realidad compleja y lejana para aquel público. Logra, también, alimentar a una prolífica generación de politólogos que hicieron del modelo el soporte básico para la explicación del mundo político mexicano y su organización, hasta ese momento inexpugnable. 

En el libro representa un sinnúmero de conceptos y líneas de investigación posibles que fueron adquiriendo vida y uso político e ideológico a lo largo de más de veinte años. Entre otras, la incapacidad del partido oficial para establecer compromisos reales y representar, verdaderamente, los intereses de sus agremiados. De ahí surge la aversión por el corporativismo. Y con ella la visión académica y política sobre su necesaria desaparición, para defender los intereses reales del pueblo de México y evitar los límites que impone a las posibilidades de la democratización efectiva del sistema político mexicano. 

Claro, nadie ha dicho después -y lo uso a manera de ejemplo- que en otros países las organizaciones sociales de agremiados son profundamente corporativas como en Alemania, Francia, España, Inglaterra o los Estados Unidos. Que la diferencia con las mexicanas -eso requeriría una mayor sofisticación lejana de la ideología y del simplismo académico- es cómo se articulan con el poder. Nadie tampoco dijo cómo sustituirlas para conservar interlocutores y para tener espacios para la instrumentación de políticas públicas, más allá de las ventanillas institucionales, por supuesto. Ni tampoco nadie dijo que lo que había que hacer era democratizarlas y hacerlas representativas. Se optó por la consigna fácil: que desaparezcan dentro del partido oficial y de la vida pública. Olvidando, por cierto, que aunque a la academia o a los partidos -incluido el oficial- les estorben o les parezcan contrarias a la vida democrática, tienen poder real. ¿Quién ha hecho por cierto un análisis del poder y la representación política en México? 

En el libro mencionado, Cosío argumenta la necesidad de democratizar la vida pública del país y la del PRI, para tener mejores gobiernos y candidatos. El PRI, dice Cosío, “no recoge propiamente el sentir popular, sino lo interpreta, es decir, lo inventa”.18 Coloca al PRI como una maquinaria sin peso, pues las decisiones económicas se toman fuera del partido y le otorga al sistema una incapacidad inherente para limitar al poder, es decir, a sí mismo. 

En lo anterior, por supuesto y otra vez a manera de ejemplo, a la ciencia política posterior no se le ha ocurrido hacer investigaciones sobre la representación política real; sobre el peso y la existencia de una militancia19 con números y presencia. A nadie, tampoco, se le ha ocurrido investigar los pasillos interiores del PRI para la resolución de conflictos entre el centro y los estados, entre los propios estados y entre el poder presidencial y el partido. Es asombrosa la inexistencia de monografías tratando al PRI como un ente en sí mismo -salvo honrosas excepciones,20- que expliquen su mecánica e instrumentos, su capacidad para el ejercicio de la política práctica y su papel en el desarrollo político del país. Si es fácil usar la fórmula PRI-Gobierno para todo propósito ¿para qué preocuparse de desmenuzar esa realidad? El caso del PRI como objeto de estudio puede extenderse lamentablemente a casi todos los demás partidos. 

Son notorias, también, la falta de monografías para explicar el presidencialismo y su falta de límites. Con frecuencia se encuentran estudios que dicen lo que es, pero con dificultad asombrosa se pueden encontrar investigaciones que expliquen su origen histórico, por qué y qué resuelve y para qué. El resultado es una visión puramente ideológica, que pide su desaparición, lo que en efecto y hasta ahora ha dejado huecos que ninguna institución existente puede cubrir. A menos que, como se sugiere implícitamente y con ligereza, nos convirtamos en un sistema parlamentario o semipresidencialista para seguir con nuestra “democracia de boutique”21, tomando lo que nos acomoda de afuera sin juicio crítico. Lo grave es que no se dice abiertamente, y con ello la distancia entre entendimiento y realidad se hace más amplia. 

Hay sin embargo, en el libro de Cosío, un ánimo que asombra. Ve en la llegada al poder de Luis Echeverría y sus primeras acciones la esperanza de que el poder puede modificarse desde él mismo. Además se encanta con el nombramiento de Jesús Reyes Heroles: una esperanza para la renovación. Sobre el primero diría: “Todo el mundo se ha percatado de que es un gobernante nuevo, que quiere conducirse de un modo distinto y mejor; que sus intenciones son excelentes y que al servicio de ellas despliega una actividad y un celo verdaderamente ejemplares”.22 Sobre el segundo expresaría la importancia de que un intelectual haga y tenga sensibilidad política, lo que abonará el desértico campo de nuestra vida pública. 

Su visión sobre los hombres que hacen política y que tienen en sus manos la capacidad para el cambio, resulta de lo más interesante. Encuentro en ella una visión que hace de la política una cuestión de personas y no de grandes agregados teóricos y recetas maximalistas. Por lo menos, la sabiduría de la objetividad necesaria para tratar los temas de la política que son los de las personas, alejada del propósito político e ideológico que ha caracterizado nuestro análisis académico, amplificado por el ejercicio de nuestros medios de comunicación. 

Si para Cosío la visión macro del sistema tenía una importancia fundamental, al modelo le hacía falta recrear el espacio en el que se podría dar la transformación de nuestro sistema político. La renovación de la vida pública, influida hace más de veinte años por la lógica estatal, no encontraba al actor articulado que daría movilidad y ayudaría a la transición. La sociedad civil apareció primero en textos, luego en manifestaciones con tintes épicos durante los temblores de 1985, que rápidamente se convirtieron, también, en tesis y libros inacabables sobre su importancia y capacidad inherente para el cambio. 

La sociedad despierta del letargo y la opresión, contra el autoritarismo y la corrupción, se dijo hasta el cansancio; pero se dijo poco respecto del mecanismo. En un sentido, la modernidad, fortaleza y demanda de la sociedad son producto de la modernización misma del país. En ese sentido, el proyecto de la Revolución es culpable de su propia necesidad de cambio, para adecuarse al manejo del bicho que había creado. La base teórica que dio forma al argumento es de Carlos Pereyra. Sostiene el autor en “Gramsci: Estado y sociedad civil”, de manera convincente que: 

En este espacio [el de la sociedad civil] se sustenta parte considerable de la hegemonía del bloque dominante pero, a la vez, es el espacio abierto a la confrontación social, el lugar de la actividad política de los dominados. La homogeneidad de la clase obrera se va logrando mediante las posiciones conquistadas en este espacio de la sociedad civil.23

En manos de partidos y con el apoyo de la crisis de dichos institutos políticos, vivida en el mundo durante los ochentas, la tesis encontró carta de naturalización. Ofrecía una alternativa a la pesada y lenta maquinaria que los partidos tienen que poner en marcha; ya sea para representar o satisfacer necesidades individuales y de pequeños grupos o, para los partidos de oposición, para enfrentar al sistema de manera eficiente. Ofrecía la ventaja de su indefinición ideológica y de su inexistente responsabilidad política de largo plazo. Por si fuera poco, el argumento de la sociedad civil restañaba, de manera inmediata, la incapacidad que tienen los partidos para hacer valer el peso de individuos y genera el espejismo de la participación directa en los asuntos del gobierno. 

Fue fácil para los medios y para los partidos acuñar idea y concepto, iniciar con ella la batalla contra el tirano. Saldaba, además, el “agravio insatisfecho” planteado por Enrique Krauze: la democracia postergada desde los limpios y heroicos tiempos de la República Restaurada, porque “quisimos ser ricos antes que democráticos”; y ese propósito ha justificado -diría él- todas las inequidades y todos los retrasos en la conformación de nuestra modernidad política. 

Aunque el exitoso y convincente texto de Krauze24 está construido como una propuesta para recuperar la credibilidad y la legitimidad del gobierno, encierra en él la semilla de otra imprecisión: necesitamos democracia, antes que -o en conjunto si se fuerzan las cosas- tener desarrollo económico. La visión es interesante, si se mira a la luz, por ejemplo, de aquel otro texto famoso de Arnaldo Córdoba,25 que con visión histórica vincula el desarrollo económico, antes que a nada, a la existencia de un Estado fuerte, que entre otras cosas limitara los atavismos e intereses de las localidades a través de un gobierno central (federalista deseablemente) fuerte y reorganizara la dispersión de los factores productivos. Dicho de otra manera, lo que Córdova propone en oposición a Krauze es que antes que democracia se necesita un Estado capaz de llevarla adelante y ciudadanos capaces de ejercerla. En el ínterin, sólo con gobiernos fuertes ha sido posible construir el desarrollo económico y con él las condiciones reales para la eventual modernidad política. 

A lo largo del texto de Krauze se incuban algunas otras alegorías históricas que abonan a la confusión posterior, para la construcción del mito. 

Por diez años, bajo las presidencias de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, México ensayó una vida política a la altura de los países avanzados de Europa o Estados Unidos. […] Existía una verdadera división de poderes, un respeto fanático -¿y qué otro cabe?- por la ley, soberanía plena de los estados, elecciones sin sombra de fraude, magistrados independientes y una absoluta libertad de opinión.26 

Krauze ofrece la solución de por qué aquel sueño era inviable un párrafo abajo:

El golpe de Estado de Porfirio Díaz cambió nuevamente la posición del péndulo y puso fin a la arcadia republicana. […] La República había sido una edificación en el vacío.27 

Pero también se contradice, respecto del equívoco de querer ser ricos antes que democráticos: “A una vida política sana, robusta y libre, no correspondía una economía vigorosa o siquiera ágil y despierta”.28 

Un último apunte sobre el texto de Krauze. Ya hay quien sugiere que la vida política de la República Restaurada está construida sobre arreglos informales, más que legales. Las razones son lógicas: la necesidad del apoyo de las localidades al gobierno juarista y sus prioridades frente a “La Intervención” y luego por y para la construcción del desarrollo económico.29 El federalismo, como podría esperarse de los liberales admiradores del desarrollo norteamericano, por tanto, no es una aspiración realizable, en la medida en la que las necesidades políticas y económicas no lo hacían viable.30 

La ecuación está armada. Si este país quiere arribar a la democracia debe eliminar el soporte básico de su permanencia, construido por el andamiaje de la relación entre el ejecutivo y el partido oficial, quitándolos de en medio; permitir que la sociedad civil, después de un siglo de empeño democrático se manifieste y cumpla su deseo histórico de ser democrática antes que rica; eliminar los sectores autoritarios entronizados en el sistema y dotar de verdadera representatividad al PRI, eliminando sectores corporativos, representando intereses sociales y haciendo compromisos verdaderos para obligar al gobierno a su ejecución; finalmente, respetar la ley y ejercer un verdadero federalismo, y si es posible, un activo municipalismo. 

La no realización de la ecuación se ve como un asunto puramente voluntarista. Dice Fernando Escalante:

En algún momento, con intención o sin ella, ese tipo de razonamientos se asimilan a la idea, siempre popular, de la maldad estatal. Con mucha facilidad, además, porque puede traducirse en la malignidad de un grupo de usurpadores visiblemente hipócritas y, a veces, ostentosamente ricos. Los avatares de la democracia se explican, pues, por la posición beligerante de la “Sociedad” y el “Sistema”: una Sociedad civil, ansiosa por participar en la formación de un gobierno de leyes, y capaz por tanto de articular el interés público; y un Sistema de fraude e imposición, hecho para servir a los intereses particulares, privados. El modelo es lógico. Incluso demasiado lógico. Pero creo que es defectuoso, y que su falla es culpa, sobre todo, de la historiografía liberal que los sostiene.31 

Si, como dice Escalante, la construcción teórica que sirvió de base para el discurso de la transición tiene problemas, ¿qué fue lo que pasó entre la realidad y el discurso a lo largo de estos años? Y, si éste sirvió a su propósito sólo en principio pero fue encontrándose con las realidades históricas, ¿qué alternativa puede ofrecerse para entender el proceso y para darle salidas viables para su concreción verdadera? 

Los medios, los mitos y la transición 

La transición mexicana ha sido larga y tambaleante. En ella, las acciones de los partidos y de los actores en general, en el campo de la realidad política y en busca del poder, han sido consecuentes con sus estrategias. Sin embargo, el discurso ha caminado por un lugar distinto, aunque en él y en los medios, donde encuentra eco, han encontrado el apoyo necesario para la consecución de dichas estrategias. Estas, contrariamente a lo que los medios expresan, están orientadas tanto a la cooperación como a la confrontación. Esto nos pone ya frente a una verdadera, aunque reciente lucha política.32

Sin embargo, resulta que mientras los partidos se ponen de acuerdo, utilizan a los medios y al discurso para la resolución del conflicto que les permitirá estar en una mejor posición en la negociación interna y en la construcción de nuevas reglas para la competencia y el reparto del poder. Este hecho ha favorecido a la confusión. 

En esta lucha, diría Prud’homme, “el sistema de partidos mexicano produce incentivos que hacen suponer a las principales formaciones políticas, que pueden ganar tanto o más, sin llegar a un acuerdo consensual sobre las reglas del juego que llegando a tal convenio”.33 En efecto, mientras el arreglo institucional en materia electoral se concreta y las elecciones parecen resolver el conflicto del poder, los medios sirven para posicionar de mejor manera a los actores y a través de ellos resolver y sacar provecho de lo que no se ha podido, en las urnas, a través de las mesas y la negociación directa. La oposición en esa medida ha ganado terreno; no por la ganancia de votos, sino por la necesidad de legitimidad del sistema político mexicano. 

¿Pero dónde está el problema, entonces?, ¿en la coyuntura actual en la que medios, partidos y transición se reúnen, se usan y resuelven? Por un lado, me parece, el conflicto primario se encuentra en el hecho de que está confundido el juego de la producción de reglas para el juego, con el juego político mismo, es decir, con lo que los partidos harían de todas maneras en la lucha por la acumulación de poder. Por otro lado, se encuentra en que los conceptos que soportan la resolución del conflicto, a través de los medios, se fundan en una historia que ha construido mitos y conceptos que sirven bien para la lucha política y la resolución del conflicto en términos de maximización de posiciones, pero le hacen un favor pequeño al entendimiento y a la conformación de una sociedad civil capaz de crecer, fortalecer y soportar a cuestas las prácticas democráticas. 

El gran olvido es la historia y el uso del discurso de la lucha como fin en sí mismo. La resultante posible: el hastío e incredulidad en las instituciones y en el juego político, que ya vivimos. De ello: la apatía, la desidia y, ¿por qué no?, la deslegitimación y la incapacidad para representar intereses verdaderos. 

¿Acaso en el uso de términos no hipotecamos un poco de nosotros mismos? La transición no puede dejar cosas, heterotópicamente, ahí “acostadas”, “puestas”, “dispuestas” en sitios a tal punto diferentes que sea imposible encontrarles un lugar de acogimiento. De esa manera, sin duda se mina secretamente el lenguaje. Se impide nombrar esto y aquello, se rompen los nombres comunes o los enmarañamos y se arruina de antemano la sintaxis, no sólo la que construye las frases, sino la menos evidente, la que hace “mantenerse juntas” a las palabras y las cosas. 

¿Entre centralismo y federalismo, no deberíamos preguntarnos cuáles son las verdaderas instituciones para crear uno verdadero? ¿Pueden y deben ser representativas, por encima de los partidos, la sociedad civil o las ONG’s o pueden la sociedad civil y las ONG’s estar representadas en los partidos? ¿Democracia antes que riqueza? ¿Con elecciones creíbles y limpias el mayoriteo puede seguir teniendo una connotación denigrante, como la sigue teniendo a pesar del 94? ¿Será institu-cionalmente viable y seguro para el orden y la gobernabilidad, la ciudadanización de las instituciones del gobierno y en particular la de los órganos electorales? ¿Es el propósito de una Nación la alternancia en el poder, imperativa, aun sin los votos que la respaldaran? ¿Democracia sólo puede verse como la eliminación de otros actores o de uno específico? ¿La ciudadanía es democrática y el régimen autoritario no la ha dejado manifestarse? ¿El Presidente de la República es realmente omnipotente o vive, en realidad, de arreglos y consensos necesarios para el ejercicio del poder? ¿A quién beneficiaba un choque de trenes? ¿El EZLN es realmente el representante de las luchas étnicas? ¿A quién representan, los que dicen que representan a la sociedad mexicana? ¿Existe una mano negra que guía cada uno y todos los eventos políticos de manera coordinada e inexpugnable? 

Responder a estas preguntas, entre otras, crearía un espacio viable para las simples utopías. Las heterotopías secan el propósito, detienen las palabras en sí mismas; desafían, desde su raíz, toda posibilidad de gramática; desatan los mitos y envuelven en esterilidad el lirismo de las frases. 

A manera de mito: Una alternativa

Nos propusimos al inicio del presente ensayo contribuir en la comprensión del fenómeno político mexicano. También, sin embargo, aclarar esta aparente esquizofrenia en la que el entendimiento y el análisis de nuestra vida pública parecen chocar con la realidad permanentemente, dejándonos siempre con la sensación de que es el maquiavelismo y las trampas de una mano invisible, pero poderosa, los que mueven los hilos y las mentalidades de los mexicanos, para proseguir arando en esta aparente sinrazón. 

El modelo propuesto parte del reconocimiento de que el contexto del México contemporáneo no es indisociable del mundial y que por esa razón nuestro país ha experimentado los efectos de una transformación: el advenimiento de las democracias de masas y, con ellas, la construcción novedosa de una sociedad basada en la opinión pública de masas, que construye y otorga legitimidad misma. 

Allí hemos dicho que los medios se han convertido en el espacio del consenso, donde se apoya y dirime el conflicto. Estos, en la transición mexicana, han jugado un papel fundamental que se acrecienta con la libertad que la propia modernidad ha creado. A esa modernidad se debe la existencia de una sociedad civil más fuerte y demandante. Sin embargo, la modernidad, como los procesos históricos anteriores, son propuestas modernizadoras de élite. La democracia, por tanto, no ha sido posible, no por el voluntarismo oficialista de ayer u hoy, sino por condiciones específicas de nuestro desarrollo histórico. 

Por otra parte, los medios y el espacio y soporte que han brindado a esa lucha, parten de concepciones útiles a la lucha política, pero dejan fuera del entendimiento el proceso histórico de nuestro desarrollo. El peligro que lo anterior encierra, ya lo hemos dicho, es que seremos incapaces para la conformación de una sociedad civil apta para la política y para soportar a cuestas las prácticas democráticas. El gran olvido es la historia y el uso del discurso de la lucha como fin en sí mismo. La resultante posible: la negación de la política a fuerza de hastío y desidia; a fuerza de ser incapaces de representar algo. 

Los beneficiarios directos son los partidos y las élites que en ellos militan. Por supuesto, la pregunta continúa. Si la transición se ha hecho larga y tediosa, si en ella no pueden verse, a final de cuentas, más que los intereses de partidos, ¿a quién representan los que dicen representar a alguien? ¿Dónde ha quedado el análisis de la representación política para autorizar o desautorizar a los que negocian? ¿Qué quiere decirnos el discurso, entonces? ¿Que el proyecto modernizador es puramente elitista y, por lo tanto, no democrático? 

1 Ver Niklas Luhmann y Raffaele De Georgi: Teoría de la Sociedad. Universidad de Guadalajara, Universidad Iberoamericana, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Guadalajara, 1993. 

2 Ver Enrique González Casanova: El reino de la opinión ante el advenimiento de la sociedad de los medios. 1996, mimeo. 

3 Niklas Luhnamm y Raffaele De Georgi: op cit., pp. 430-431. Cursivas mías. 

4 Manuel Castells: “La Democracia Electrónica”. Ponencia presentada en el Seminario Internacional Sobre Democracia Postliberal, Fundación Sistema. Madrid, 14-15 de diciembre de 1995. Mimeo. 

5 Ver Giovanni Sartori: Elementos de Teoría Política. Alianza Universidad Textos. Madrid, 1992. Ingeniería Constitucional Comparada. Una Investigación de Estructuras, Incentivos y Resultados. Fondo de Cultura Económica. México, 1994. 

6 Manuel Castells: op. cit. 

7 Ibidem. 

8 Niklas Luhmann: El Poder. Universidad Iberoamericana. México, 1995. 

9 Ibidem. 

10 Ver González Casanova: op. cit. 

11 Ver entre otros a Jean François Prud’homme: “La Negociación de las Reglas del Juego: Tres Reformas Electorales (1988-1994)”. En Política y Gobierno, vol. III, núm. 1, CIDE, México, primer semestre de 1996. 

12 Como en las elecciones presidenciales de 1994: el voto por la paz y contra el EZLN. 

13 Michel Foucault: Las palabras y las cosas. Siglo XXI. México, 1986, decimoséptima edición. 

14 Ibidem. 

15 Fernando Escalante Gonzalbo: “Mexico’s Democracia Mafiosa”. En Nilhavy y Mónica Serrano (Edit.): Party Politics in an Uncommon Democracy. London. UK. Institute of Latin American Studies, 1994. 

16 Daniel Cosío Villegas: El sistema político mexicano. Joaquín Mortiz, México, 1972, p. 20-21. 

17 Las conferencias que son origen del libro se pronunciaron en la Universidad de Texas, en el Instituto de Estudios Latinoamericanos, que además publicó la primera versión de dichas conferencias. 

18 Cosío Villegas: op. cit., p. 65. 

19 A este respecto asombra cómo después de la XVII Asamblea del PRI la sorpresa general se centraba en el reconocimiento de la existencia del PRI como partido vivo, con militantes y con capacidad de beligerancia. ¿Sólo 20 años después? 

20 Al respecto pueden verse los libros de Luis Javier Garrido: El Partido de la Revolución Institucionalizada. Siglo XXI. O el de Robert K. Furtak: El Partido de la Revolución y la Estabilidad Política en México. UNAM. 

21 Expresión tomada de un artículo de Miguel González Avelar. 

22 Cosío Villegas: op. cit., p. 101. 

23 Carlos Pereyra: “Gramsci: Estado y sociedad civil”. En El Sujeto de la Historia. Alianza Universidad, Madrid, 1984, p. 218. 

24 Enrique Krauze: Por una democracia sin adjetivos. Joaquín Mortiz-Planeta. México, 1986. 

25 Arnaldo Córdova: La Formación del Poder Político en México. Era. México, 1972. 

26 Enrique Krauze: op. cit., p. 47 

27 Ibidem. 

28 Ibidem. 

29 Ver Mauricio Merino Huerta: El Municipio en la Formación del Estado Nacional Mexicano. Tesis Doctoral. Mimeo. México, 1996. 

30 John Costworth: Los orígenes del atraso. Alianza Universidad. México, 1984. 

31 Fernando Escalante: op. cit. 

32 Jean François Prud’homme: op. cit., p. 95 

33 Ibidem.