Gustavo Hirales. Politólogo. Su último libro es Memoria de la guerra de los justos (Cal y arena).

“La plena identidad entre los Acuerdos de San Andrés y el proyecto de la Cocopa es cuando menos discutible. Como en toda negociación, los Acuerdos de San Andrés expresan una transacción política. ¿Entre qué y qué? Entre lo que pudiéramos llamar el fundamentalismo indigenista del ezln (y de la mayor parte de sus asesores e invitados) más la visión integrista y paternalista de una Iglesia Autóctona que promueve la diócesis de San Cristóbal, y una visión de Estado que reconoce que, para propiciar la integración de los pueblos indígenas a la comunidad nacional, es necesario primero que todo reconocer su derecho a la diferencia, cultural en primer término; en segundo lugar reconocer la deuda histórica de sociedad y Estado con estos pueblos, y a partir de ello intentar reconstruir los puentes derruidos o levantar nuevos donde nunca existieron”.

A la luz del ya largo debate originado por las diferentes interpretaciones acerca de lo acordado en la mesa de San Andrés, entre el ezln y la delegación del gobierno federal, en lo relativo a derechos y cultura indígena, y acerca de si el proyecto de reformas constitucionales elaborado por la Comisión de Concordia y Pacificación del Legislativo (Cocopa) refleja fielmente o no dichos acuerdos, quizá convenga recuperar algunos antecedentes e ir a los textos motivo del debate. Para empezar, es un hecho que el ezln, sus asesores e invitados llegaron a la Mesa de Larráinzar con el propósito de sacar adelante un proyecto peculiar: el de la autonomía. ¿En qué se caracterizaba en esencia dicho proyecto? En la constitución de un cuarto piso de gobierno y poder, bajo la figura de “autonomía indígena regional”. 

Como lo señala sin ambages Héctor Díaz Polanco, quien fue uno de los principales asesores del ezln en San Andrés, la base de la posición ahí presentada por los zapatistas fue el proyecto de la anipa (Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía), que “se sitúa en la perspectiva de la autonomía regional”. Pugna este proyecto, dice Díaz Polanco, “por la creación de un ‘régimen de autonomía’ que incluya tres niveles de autogobierno (el comunal, el municipal y el regional). Como conjunto este régimen conformaría un cuarto piso de gobierno (junto a los tres preexistentes) en el sistema de poderes verticales del actual sistema federal”.1 Así, las cuatro columnas de la propuesta zapatista para conformar la autonomía indígena en México eran, según el mismo autor 1) el carácter territorial, incluyendo los tres niveles de autonomía; 2) el contenido jurisdiccional que daría calidad jurídico-política a los territorios para que los pueblos ejerzan allí gobierno y justicia; 3) la creación de gobiernos autónomos en el marco de la unidad nacional (autogobiernos) y 4) la transferencia a éstos de facultades suficientes, y de los recursos conexos, para realizar sus funciones. 

Que esto y no otra cosa buscaba el amplio espectro de antropólogos, indigenistas y representantes de organizaciones indígenas y de la “sociedad civil” que en San Andrés se agrupó alrededor de los nuevos zapatistas, no está siquiera a discusión. Véase si no lo que proponía un documento del Grupo de Trabajo 1 sobre autonomía (Principios, Fundamentos, Contenido y Alcances),2 que los asesores del ezln hicieron circular como documento interno, para “normar criterios”. El documento está dividido, para propósitos didácticos, en demandas y propuestas. La primera demanda es “reconocer en la Constitución a los pueblos indios como tales, con todos sus derechos (preexistentes —sic— y actuales)”. La propuesta es reformar la Constitución en el artículo 4 y en el 27, y la incorporación del convenio 169 de la oit al articulado constitucional. Surge la pregunta, ¿por qué era necesario reformar el artículo 27 para reconocer en la Constitución a los pueblos indios “como tales”? Por la cuestión de los “derechos preexistentes”, es decir, el reclamo de derechos originarios de propiedad sobre la tierra. 

La segunda demanda era “reconocer en la Constitución la autonomía de los pueblos indios que genera la creación de un régimen de autonomía para los pueblos indios (sic)”. La tercera es la de “establecer en la Constitución y leyes secundarias un régimen de autonomía que comprenda jurisdicción y responsabilidad sobre el territorio, instancia de gobierno (poder, administración de justicia, control sobre recursos económicos), niveles de la autonomía (comunidad, municipio, región autónoma)”. Ello implicaba reformar los artículos 4, 27 y 115 constitucionales. 

En el punto 2 del documento citado (Territorio y Tierra), la segunda demanda es “asegurar la integridad de las tierras indígenas”. Para ello se propone “restablecer en el marco legal que [las tierras indígenas] son inalienables, inembargables e imprescriptibles”. El sentido de la formulación es claro: restablecer una normatividad que impida el avance de un proceso histórico irreversible: el de la descomposición de las formas comunitarias de propiedad y el de la diferenciación social de los miembros de la comunidad. Más allá del debate teórico acerca de si las comunidades indígenas en México se han mantenido como tales gracias a la marginación histórica o a la fuerza de las raíces culturales propias, o a una combinación de ambas causas, lo cierto es, como nos recordaba hace poco José Blanco, que “la historia de la modernidad capitalista es la historia de la disolución de las comunidades del mundo”.3 Y contra este proceso, no está de más decirlo, poco valen los candados legales o los exorcismos ideológicos. 

Ahora bien, ¿qué fue lo que sobre estos puntos centrales, autonomía y tierras, se acordó en Larráinzar? En el punto 3 del “Pronunciamiento conjunto que el Gobierno Federal y el ezln enviaran a las instancias de debate y decisión nacional”, que es el núcleo de las definiciones y acuerdos conceptuales, y por ello el texto paraguas de los acuerdos, se dice que los compromisos que el Estado mexicano debe cumplir con los pueblos indígenas en su nueva relación son, entre otros, 

Reconocer a los pueblos indígenas en la Constitución general. El Estado debe promover el reconocimiento, como garantía constitucional, del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas …El derecho a la libre autodeterminación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía asegurando la unidad nacional. Podrán en consecuencia [los pueblos indígenas] decidir su forma de gobierno interna y sus maneras de organizarse política, social, económica y culturalmente. El marco constitucional de autonomía permitirá alcanzar la efectividad de los derechos sociales, económicos, culturales y políticos con respeto a su identidad.4

Compárese esta fórmula con las demandas previas, y se verá que hablar de las concesiones “demagógicas e irresponsables” del gobierno en San Andrés, que en su momento denunciaron los liberales puros, es una exageración. No hubo cuarto piso de gobierno, ni territorios autónomos ni derechos originarios. Tampoco se aceptó restablecer los candados legales previos a las reformas del 27 en 1992. Como lo señaló con claridad el citado Díaz Polanco, 

los primeros acuerdos de San Andrés pueden ser considerados como una especie de transacción entre las avanzadas propuestas tanto de la anipa como de los asesores zapatistas…, y los planteamientos procedentes sobre todo del ini. Se incluye en los acuerdos un importante conjunto de derechos para los indígenas (…). Pero estos derechos quedaron desgajados de un régimen de autonomía en sentido estricto “[cursivas mías]: o más precisamente: son concebidos dentro de un marco de “autonomía” comunal …El no reconocimiento de territorios compactos, de autogobiernos, competencias propias y otros atributos autonómicos esenciales deja a los pueblos indios en condiciones difíciles (sic) para ejercer los derechos que eventualmente pasen a la Constitución. Los pueblos indios seguirían siendo pueblos sin poder.5 

Así, lo que se pactó en Larráinzar fue precisamente el reconocimiento de una “autonomía comunal”. Y cuando se habla de libre determinación el sujeto social que la ejerce y el ámbito de su acción es precisa y básicamente la comunidad indígena y, en la escala mayor, por así decirlo, el municipio indígena. Todo ello tendría que quedar plasmado en un “nuevo marco jurídico”, que fue uno de los principales contenidos de los Acuerdos de San Andrés. Este marco jurídico es nacional y se expresa también en las entidades federativas. En este orden, el gobierno federal asume el compromiso de impulsar las siguientes acciones:

1. El reconocimiento en la Constitución Política nacional de demandas indígenas que deben quedar consagradas como derechos legítimos.

 Derechos políticos. Para fortalecer su representación política y participación en las legislaturas y en el gobierno, con respeto a sus tradiciones y para garantizar la vigencia de sus formas propias de gobierno interno.

 Derechos de jurisdicción. Para que se acepten sus propios procedimientos para designar sus autoridades y sus sistemas normativos para la resolución de conflictos internos, con respeto a los derechos humanos.

 Derechos sociales. Para que se garanticen sus formas de organización social, la satisfacción de sus necesidades humanas fundamentales y sus instituciones internas.

 Derechos económicos. Para que se desarrollen sus esquemas y alternativas de organización para el trabajo y de mejora de la eficiencia de la producción.

 Derechos culturales. Para que desarrollen su creatividad y diversidad cultural y la persistencia de sus identidades.

2. El reconocimiento en la legislación nacional de las comunidades como entidades de derecho público, el derecho a asociarse libremente en municipios con población mayoritariamente indígena, así como el derecho de varios municipios para asociarse, a fin de coordinar sus acciones como pueblos indígenas. Las autoridades competentes realizarán la transferencia ordenada y paulatina de recursos, para que ellos mismos administren los fondos públicos que se les asignen, y para fortalecer la participación indígena en el gobierno, gestión y administración en sus diferentes ámbitos y niveles. 

[Y luego]

Corresponderá a las Legislaturas estatales determinar, en su caso, las funciones y facultades que pudieran transferírseles. 

3. El reconocimiento de que en las legislaciones de los estados de la República, deben quedar establecidas las características de libre autodeterminación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones diversas y legítimas de los pueblos indígenas (subrayados míos). 

Así, en vez de autonomía regional y órganos de gobierno autónomos, básicamente se acordó pronunciarse por el reconocimiento a la autonomía comunal o comunitaria, que en varios sentidos ya poseen, por ejemplo la que ejercen como ejido o como comunidad agraria. Pero además, en el punto 3 arriba referido, queda claro que el reconocimiento de la autonomía indígena en la Constitución nacional no podía ir más allá de un postulado general, puesto que son las legislaturas de los estados quienes deberán fijar, en sus leyes respectivas, las características de libre determinación y autonomía que, como dice el texto, “mejor expresen las situaciones y aspiraciones diversas y legítimas de los pueblos indígenas” en cada entidad federativa. 

En lo referente al municipio, la autonomía municipal que se esboza en el “Pronunciamiento conjunto” no es mucho más que las atribuciones que ya ostenta el municipio libre tal como se asienta en los artículos 115 y 116 constitucionales. La fórmula de que los municipios mayoritariamente indígenas puedan asociarse libremente entre sí “a fin de coordinar sus acciones como pueblos indígenas”, sí implica ir más allá de lo que prevé el 115 constitucional, pero en varios estados de la República existen desde hace tiempo asociaciones de municipios, como las de la Sierra Norte del estado de Puebla, etcétera.6 Y en cuanto a las facultades que deberán transferirse a los municipios indígenas, son las que determinarán las legislaturas estatales, en un contexto de reforma federalista del Estado. 

Como se recordará, la Cocopa (Comisión de Concordia y Pacificación del Poder Legislativo, creada por la Ley para la paz en Chiapas) redactó, a petición de las partes, un proyecto de iniciativa de ley que debería traducir los acuerdos de Larráinzar a lenguaje constitucional. En términos generales, debe señalarse que la Cocopa realizó un trabajo concienzudo y meritorio. Sin embargo, introdujo elementos y temas de flexión que, matices de por medio, tendían a resolver en favor de las posturas zapatistas puntos contradictorios dentro de los mismos Acuerdos; en concreto, privilegió el documento 2 (“Propuestas conjuntas”) por sobre el documento 1 (“Pronunciamiento conjunto”), cuando para los actores de Larráinzar nunca estuvo a discusión la preeminencia del uno sobre el dos.

Pongo algunos ejemplos. Dice el texto de Cocopa (proyecto de reforma al 4 constitucional): “La nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas (hasta aquí es el actual texto constitucional), que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el país al iniciarse la colonización y antes de que se establecieran las fronteras de los Estados Unidos Mexicanos, y que cualquiera que sea su situación jurídica conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”. ¿Se encuentra este texto en los Acuerdos de Larráinzar? Sí, pero sólo como referencia: en ninguna parte dice que esta definición —que es la que consigna el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (oit)— deberá plasmarse en la Constitución. 

Enseguida dice la Cocopa: “Los pueblos indígenas tienen el derecho a la libre determinación y, como expresión de ésta, a la autonomía como parte del Estado mexicano”. En el documento 1 de Larráinzar decía: “El Estado debe promover el reconocimiento, como garantía constitucional, del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas”. Y enseguida señala que este derecho “se ejercerá en un marco constitucional de autonomía asegurando la unidad nacional”.7 No es lo mismo, aunque parezca, decir que la autonomía es “expresión” del derecho a la libre determinación, que afirmar que la libre determinación de los pueblos indios se ejerce en un “marco constitucional de autonomía”. Y menos establecer a la autonomía “como parte del Estado mexicano”; pues, ¿qué quiere decir esto?, ¿qué implicaciones constitucionales, de división de poderes, o en cuanto al sistema federal, conlleva? ¿No es acaso una manera sesgada de meter por la ventana el tema del cuarto poder? No lo sabemos, pues sus implicaciones no están claras, pero llevar la confusión al texto constitucional no es seguramente lo más prudente. 

Prosigamos. En la fracción v del proyecto de la Cocopa se dice que la libre determinación les otorga el derecho, a los pueblos indígenas, para  acceder de manera colectiva (sic) al uso y disfrute de los recursos naturales de sus tierras y territorios, entendidos éstos como la totalidad del hábitat que los pueblos indígenas usan u ocupan, salvo aquellos cuyo dominio directo corresponde a la Nación. 

¿Está en Larráinzar esta formulación? Sí, pero la fórmula de Cocopa parece estipular que, por un lado, sólo de manera colectiva pueden los pueblos indígenas y sus miembros acceder “al uso y disfrute de los recursos naturales de sus tierras y territorios”, lo que inhibe de antemano el ejercicio de derechos individuales agrarios, posibles a partir de las reformas del 27 constitucional. Por el otro, la fórmula parece querer ponerse por encima de lo que la propia Constitución establece en relación a la manera como los individuos o las organizaciones sociales pueden acceder a los recursos naturales que, en principio, son propiedad de la nación. 

No es casual que la primera alusión a tierras y territorios aparezca, en el documento 1 de San Andrés, en el apartado “Principios de la nueva relación”. En el tema de sustentabilidad se afirma que “es indispensable y urgente asegurar la perduración de la naturaleza y la cultura en los territorios que ocupan y utilizan de alguna manera los pueblos indígenas, según los define el artículo 13.2. del convenio 169 de la oit”. ¿Qué dice este artículo? Hay que señalar de entrada que con el artículo 13 empieza la parte ii del convenio que trata de “Tierras”. El 13.2. dice a la letra: 

La utilización del término “tierras” en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna manera.8 

Y los artículos 15 y 16 se refieren esencialmente, el primero, a los derechos de los pueblos indígenas a los recursos naturales existentes en sus tierras, lo que está resuelto en la Constitución mexicana en su artículo 27: es decir, no se les reconocen de antemano derechos ni a los indígenas ni a otros grupos sociales sobre los recursos naturales que pertenecen a la nación, por lo que estamos en el extremo contemplado por el punto 2 del mencionado artículo 15 del Convenio 169; que dice, “en caso de que pertenezcan al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derecho sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en esas tierras”, etc.,9 lo cual se trata explícitamente en el punto 2 de los “Principios de la Nueva Relación” (Sustentabilidad) de los Acuerdos de Larráinzar.

El artículo 16 del convenio 169 se refiere las condiciones que los gobiernos deben garantizar cuando, por causas de fuerza mayor, poblaciones indígenas deban ser desplazadas de sus tierras originales, por ejemplo para la construcción de una presa, etc. En síntesis, se refieren a la relación especial, cultural y religiosa, que los pueblos indígenas tradicionalmente guardan con la tierra, lo que obliga a un trato especialmente cuidadoso y respetuoso de los gobiernos en este aspecto, lo cual también está contemplado en los Acuerdos de Larráinzar.

Así, incluso la referencia que se hace al final del “Pronunciamiento conjunto” de Larráinzar acerca de un “nuevo pacto social”, que el gobierno de la República asume el compromiso de construir con los diferentes sectores sociales, y que deberá hacer efectivos un conjunto de derechos indígenas, entre ellos el “derecho a su hábitat —uso y disfrute del territorio—, conforme al artículo 13.2 del convenio 169 de la oit”, no va más allá de lo arriba explicado; es decir, no otorga ni atribuye derechos especiales sobre tierras o territorios —distintos a los que establece y reconoce la ley vigente— a los pueblos o comunidades indígenas. 

En su comentario sobre la propuesta de Cocopa y las “observaciones” del Ejecutivo, escribe Rosa Albina Garavito, respecto a la tenencia de la tierra: “mientras la iniciativa de la Cocopa establece acceder de manera colectiva al uso y disfrute de los recursos naturales comprendidos en el hábitat de los pueblos indígenas […], la iniciativa del gobierno establece el límite de ese disfrute en las formas de propiedad de la Constitución. En el primer caso estaría abriendo la posibilidad de la reforma a la tenencia de la tierra mientras que en el segundo la estructura de esa propiedad quedaría sin cambios”10 (cursivas mías ). Pero ése fue precisamente el litigio en Larráinzar: mientras que el ezln quería abrir la discusión sobre el artículo 27, en la perspectiva de acordar la restauración del texto previo a las reformas del 92, la delegación del gobierno propuso y obtuvo la posposición del debate de ese tema hasta la mesa 3, sobre “bienestar y desarrollo”.11

Otro ejemplo. Dice el punto 5 de los “Principios de la Nueva Relación”, que se refiere a la “libre determinación”, que “El Estado respetará el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas en cada uno de los ámbitos y niveles en que la harán valer y practicarán su autonomía diferenciada, sin menoscabo de la soberanía nacional y dentro del nuevo marco normativo para los pueblos indígenas”.12 Dice a su vez el proyecto de la Cocopa, en su propuesta de reforma al 115 constitucional, que el apartado ix diga: “Se respetará el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas en cada uno de los ámbitos y niveles en que hagan valer su autonomía, pudiendo abarcar uno o más pueblos indígenas, de acuerdo a las circunstancias particulares específicas (sic) de cada entidad federativa’’. 

Así, lo acordado es el respeto del Estado al ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas, a lo que el proyecto de Cocopa añade: “pudiendo abarcar uno o más pueblos indígenas”, lo cual en efecto está en Larráinzar, en el documento 2. El litigio aquí se ubica en si es aceptable que se intente meter a la Constitución una formulación deliberadamente ambigua como la de “pueblos indígenas”, en lugar de la más precisa y concreta de “comunidades indígenas”. ¿Por qué la Cocopa se orientó hacia la vaguedad en estas formulaciones? En el apartado “Nuevo marco jurídico”, entre los compromisos que el gobierno federal asume está impulsar (punto 2) “El reconocimiento en la legislación nacional de las comunidades (subrayado mío) como entidades de derecho público,13 [quienes tendrán] el derecho a asociarse libremente en municipios con población mayoritariamente indígena, así como el derecho de varios municipios para asociarse, a fin de coordinar sus acciones como pueblos indígenas”.14

¿En dónde está el truco? En sustituir comunidades por pueblos, intentando así introducir de contrabando lo que no pudo entrar por la puerta: la autonomía regional; lo cual se confirma por el hecho de que tal redacción no se plantea para el artículo 4 de la Constitución, sino en el 115, del municipio. El siguiente párrafo de la propuesta de Cocopa apuntala lo dicho: “Las comunidades indígenas como entidades de derecho público y los municipios que reconozcan su pertenencia a un pueblo indígena, tendrán la facultad de asociarse libremente a fin de coordinar sus acciones”. ¿Así nada más? ¿Independientemente de que las comunidades estén dentro o fuera de los límites municipales de que se trate? ¿Al margen de las divisiones constitucionales entre entidades federativas? 

Entre los compromisos que el gobierno federal asumió en Larráinzar con los pueblos indígenas están el de “asegurar educación y capacitación”, el de “impulsar la producción y el empleo”, y el de “garantizar la satisfacción de necesidades básicas”, entre otros. En este último se dice: “El Estado debe garantizar a los pueblos indígenas condiciones que les permitan ocuparse (cursivas mías) de su alimentación, salud, y servicios de vivienda en forma satisfactoria y por lo menos un nivel de bienestar aceptable”. 

El texto propuesto por la Cocopa para el artículo 26 de la Constitución dice: “El Estado garantizará su acceso equitativo [de los pueblos indígenas] a la distribución de la riqueza nacional”. Así, sin mayor trámite pasamos del principio cooperativo y autogestivo de Larráinzar, en cuanto a garantizarles a las comunidades condiciones mínimas que “les permitan ocuparse” de su propia reproducción en un nivel digno, a la obligación estatal (paternalista y subsidiadora) de “garantizarles” a los pueblos indígenas “el acceso equitativo a la riqueza nacional”, según la Cocopa. Esto confirma la impresión de que, al menos en una versión, lo que se buscaba era una autonomía indígena de empalizadas, pero subsidiada. 

Queda claro entonces que la plena identidad entre los Acuerdos de San Andrés y el proyecto de la Cocopa es cuando menos discutible. Como en toda negociación, los Acuerdos de San Andrés expresan una transacción política. ¿Entre qué y qué? Entre lo que pudiéramos llamar el fundamentalismo indigenista del ezln (y de la mayor parte de sus asesores e invitados) más la visión integrista y paternalista de una Iglesia Autóctona que promueve la diócesis de San Cristóbal, y una visión de Estado que reconoce que, para propiciar la integración de los pueblos indígenas a la comunidad nacional, es necesario primero que todo reconocer su derecho a la diferencia, cultural en primer término; en segundo lugar reconocer la deuda histórica de sociedad y Estado con estos pueblos, y a partir de ello intentar reconstruir los puentes derruidos o levantar nuevos donde nunca existieron. 

La delegación del gobierno en San Andrés estaba consciente de que muchas de las concesiones a las demandas del ezln estaban en deuda con los “principios liberales puros”, cualesquiera que estos fueran. Pero entendía, de una parte, que la propia historia nacional, en sus momentos de constitución y reconstitución, ha sabido combinar lo liberal con lo social en mezclas teóricamente híbridas pero históricamente ricas y fundadoras de nuevos rasgos nacionales como la Constitución de 1917. De la otra, sabía que reconocer el principio de autonomía indígena, acotado como lo fue en Larráinzar era imprescindible si se quería ganar al menos el beneficio de la duda de parte de quienes, por razones históricas y de todo tipo, se manifestaban renuentes a todo acuerdo con el “supremo gobierno”. En esta visión, la autonomía no era el principio de la secesión, sino el puente para iniciar una integración verdaderamente nacional y moderna con respeto a la particular identidad cultural indígena.

Había que actuar con audacia no exenta de salvaguardas y el resultado fueron estos acuerdos que hoy están bajo el fuego cruzado de una crítica mañosa y sectaria que pretende que el “proyecto Cocopa” es la síntesis última de San Andrés, y que como tal es intocable, por un lado, y de una visión acartonada de lo “liberal” y lo “constitucional”, por el otro. 

1 Héctor Díaz Polanco: La Jornada, 12 de octubre de 1996.

2 Dcto. mimeo., “Grupo de Trabajo 1: Autonomía”.

3 La Jornada, 4 de marzo de 1997.

4 “Pronunciamiento”, Acuerdos de San Andrés, mimeo. Con firmas.

5 Héctor Díaz Polanco: op. cit.

6 Constitución General de la República.

7 “Pronunciamiento conjunto”: op. cit. 

8 Convenio 169 de la oit. Edición del ini.

9 Ibidem, p. 88.

10 El Universal, 15 de enero de 1997.

11 Acuerdo respecto a los documentos emanados de la primera parte de la Plenaria Resolutiva correspondiente al tema de Derechos y Cultura Indígena.

12 “Pronunciamiento conjunto”: op. cit., p. 6.

13 En un sentido aproximado a lo que el artículo 27 de la Constitución establece, en su fracción vii, como reconocimiento de “personalidad jurídica”, para núcleos de población ejidales y comunales.

14 En un sentido aproximado a lo que el artículo 27 de la Constitución establece, en su fracción vii, como reconocimiento de “personalidad jurídica”, para núcleos de población ejidales y comunales.