Carlos Elizondo Mayer-Serra. Politólogo. Profesor-investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Benjamin Franklin decía que en la vida nada es seguro, salvo la muerte y los impuestos. Cobrar impuestos es una característica propia del Estado, pues de no ejercerla no podría sobrevivir. Por eso es inevitable que el ciudadano vea siempre con algún grado de desconfianza a una institución que tiene como una de sus actividades ineludibles obtener recursos de la sociedad.

Algunos autores distinguen entre organizaciones que obtienen sus ingresos voluntariamente y las que lo hacen a través de la coerción. Entre las primeras, destacan las empresas privadas, que venden bienes y servicios que el consumidor compra porque le dan algún beneficio. Entre las segundas, la que más impacto tiene sobre nuestras vidas es el Estado, que vía impuestos obtiene recursos de los ciudadanos. Desde esta perspectiva analítica (aunque evidentemente también normativa), el Estado es tan sólo un agente que usa su capacidad coercitiva para extraer la mayor cantidad posible de recursos, retribuyendo a la sociedad vía servicios lo menos posible.l

Microsoft es un ejemplo claro de empresa privada que obtiene altos ingresos gracias a la disposición de los consumidores a comprar los programas que produce. En 1996 acumuló efectivo, una vez descontados costos e impuestos, por cerca de 4,500 millones de dólares.2 Sirva como comparación que el gobierno mexicano cobró en 1996 vía IVA, que claramente no es un pago voluntario, poco más del doble. Esta cifra no descuenta el costo para el gobierno de obtener estos recursos.

A pesar del atractivo ideológico que puede representar para los defensores del mercado y la propiedad privadas la distinción entre intercambio voluntario y coerción, las cosas no son tan simples. Microsoft tiene una utilidad bruta de cerca del 90% de las ventas, porque el costo de copiar una segunda vez un programa es casi cero. Por ello, muchos usuarios -sobre todo en países donde el costo de no respetar la ley es bajo- en lugar de comprar el programa simplemente lo copian. Pero si muchos otros usuarios no hacen esto, y le compran a Microsoft el disket con el programa original, no se debe a que el ser humano naturalmente respete los derechos de propiedad. Esto se debe más bien al hecho de que “los piratas” pueden enfrentar la coerción estatal y corren el riesgo de ir a la cárcel por copiar ilegalmente programas de cómputo.

Para que Microsoft pueda generar tan fantásticos ingresos se requiere que los consumidores respeten sus derechos de propiedad intelectual. Microsoft podría tener su propia policía para asegurar que los usuarios de cómputo no le roben sus programas. Esto, sin embargo, le resultaría tan oneroso que su capacidad de generar utilidades caería significativamente. Más importante aún, una policía al servicio de Microsoft implicaría confrontar otras policías corporativas defendiendo otros derechos de propiedad, y que en caso de conflicto no les quedaría más que la violencia. En ausencia de coerción estatal, muy pronto surgirían también organizaciones coercitivas con el simple objetivo de tomar la propiedad de terceros. En este hipotético arreglo social, no sólo el clima de negocios se complicaría enormemente, sino que se podría perder el capital en manos de un agente coercitivo más poderoso.

Mucho más eficiente, aceptable y finalmente predecible, es que haya un monopolizador de la violencia legítima en un territorio dado. Como resultado de esta mayor eficiencia, el hipotético escenario anterior suele resolverse con la victoria de una de las organizaciones armadas que logra el monopolio. Fundado en este monopolio, el Estado, en principio, vela por el respeto de los derechos de terceros y se financia vía impuestos. Esto no implica que no haya asaltos y otros atropellos por parte de individuos o grupos armados. En Estados débiles pueden incluso surgir organizaciones criminales que lo confronten efectivamente en ciertos espacios. Sin embargo, la presencia de un agente monopolizador hace posible proveer cierto servicio de ley y orden, aun cuando éste sea caro e incompleto.

El riesgo para los ciudadanos es que este monopolizador concentre tanto poder que termine por expropiar para el beneficio de la élite que lo controla un gran porcentaje de los recursos de la sociedad, inhibiendo el crecimiento económico. Lo ideal es que el Estado tenga la fuerza para enfrentar cualquier acto criminal, pero que lo haga siguiendo reglas y que, sobre todo, la élite que controle al Estado esté obligada a responder al mandato de los ciudadanos, quienes vía elecciones periódicas aseguren que esta élite no abuse de su poder coercitivo. Esto, sin embargo, no es sencillo. En una democracia los intereses organizados también pueden manipular a su favor el sistema impositivo.3 Con todo, aun en el escenario más negativo, como se ha venido discutiendo desde que Hobbes escribió El Leviatán, este monopolizador, aun autoritario y explotador, es mejor que el estado de naturaleza, donde cualquier ser humano puede depredar a su vecino si tiene la fuerza para salir bien librado.

En toda sociedad cierto grado de coerción es fundamental para sostener la recaudación. No sólo para obligar a los que no creen en la legitimidad del pago de impuestos, como los llamados freemen de Estados Unidos, quienes se atrincheran en su propiedad y se niegan a contribuir al erario, sino para asegurarle a los que pagan por convencimiento que los demás están dando también su parte. Cuando se vive entre evasores fiscales, quienes están convencidos de la necesidad de pagar impuestos enfrentan una enorme tentación de no hacerlo. Por ello, la intimidatoria campaña de la Secretaría de Hacienda es bien vista por algunos de quienes sí cumplen con sus obligaciones impositivas y que les parece injusto que otros no lo hagan.

Sin embargo, un Estado fundado únicamente en la coerción no puede más que cobrar algunos impuestos, y esto sólo desestimulando el crecimiento de la economía y por tanto la propia bolsa de la cual el Estado puede obtener recursos en el futuro. Mejor que la coerción es la negociación y el convencimiento, única forma de construir los mecanismos para gravar amplia y efectivamente a la sociedad. Las democracias suelen recaudar un mayor porcentaje del PIB que los sistemas autoritarios, y con menos marañas reglamentarias.

Negociar los impuestos está en los orígenes del parlamento y de los regímenes democráticos en Europa occidental y Estados Unidos. El parlamento fue el cuerpo que los reyes utilizaron para poder convencer a los propietarios de que financiaran los gastos del gobierno. A cambio de la representación y de la posibilidad de influir en las características del gasto público, aceptaron una nueva carga económica.4

En sociedades democráticas e integradas, el ciudadano que no paga impuestos no lo dice con orgullo, como en México, donde pareciera que lo loable es no pagar. Este ciudadano sabe que está evadiendo parte de la carga de vivir en sociedad y sabe que los recursos gravados son utilizados con un mínimo de corrupción y que, además, los funcionarios corruptos suelen ser castigados. En estas sociedades es común escuchar que el pago de impuestos es justificado y muchos pagan porque sienten una obligación.

En una democracia que funcione bien, los impuestos son vistos como el pago por los servicios y transferencias que ofrece el gobierno. Estos van mucho más allá que la ley y el orden. Incluyen estabilidad monetaria, educación, salud, seguro al desempleo, inversión en infraestructura física. No hay vida civilizada posible sin un Estado que cobre impuestos para poder financiar ciertos servicios que nunca podrán ser adecuadamente provistos por el mercado y ciertas transferencias de recursos públicos que son demandadas vía elecciones por las mayorías o que son moralmente imperativas, dados los niveles de pobreza como los que enfrentan muchos mexicanos.

Casos de abuso y corrupción de funcionarios públicos habrá siempre. Sin embargo, en las democracias desarrolladas los beneficios derivados de estos servicios y transferencias son, para el grueso de la población, mucho mayores que el costo de algunos funcionarios corruptos, quienes tienen una buena probabilidad de terminar en la cárcel.

La cantidad de servicios provista directamente por el Estado varía. Muchos de los servicios que en México antes proveía el Estado, como el de la telefonía, ahora son responsabilidad de varias empresas privadas. En muchos de estos casos al Estado sólo le queda lograr una regulación efectiva, que no es poca cosa. Incluso hay países más radicales en la privatización de servicios. Las cárceles, por ejemplo, pueden ser una concesión privada, pero esto no implica que el Estado deje de tener cárceles, sino que provee este servicio de otra manera.

En todos los casos el Estado requiere de un porcentaje importante de los recursos sociales para proveer o regular adecuadamente muchos de los servicios que requiere una economía moderna y para transferir recursos a los sectores más necesitados. Incluso en países que han pasado por una reforma económica promercado, el porcentaje de recursos que obtiene el gobierno vía impuestos, y que luego se encarga de gastar, no ha bajado sustantivamente, como se supondría dada la retórica anti-Estado, en algunos países incluso ha aumentado.5 Lo que ha cambiado es el costo para el crecimiento de estos impuestos y quiénes se benefician de estos ingresos públicos. Ha cambiado también, en general, el tamaño del déficit público y, sobre todo, cómo se financia éste.

En una sociedad democrática, una de las funciones centrales de los representantes electos por los ciudadanos al Congreso es definir los montos y características de los impuestos que financian el gasto público. Vía impuestos no sólo se captan recursos para financiar servicios, sino que se logra estimular o no el ahorro, redestribuir el ingreso, fomentar o inhibir el crecimiento, penalizar ciertas conductas o actividades y promover otras.

El Estado a través de los distintos impuestos extrae y gasta un alto porcentaje de los recursos totales de la economía y afecta a la economía en su conjunto. La política impositiva es por ello un tema central en todas las democracias y un indicador de cómo se relacionan los distintos grupos sociales con el Estado. En Estados Unidos la discusión en torno a la política tributaria es quizá de las más importantes en el debate público y, sobre todo, durante los procesos electorales. A los congresistas y senadores les llevan el registro de cómo han votado. Bush prometió no incrementar los impuestos. Probablemente pagó con su derrota su mentira.

México está entrando a un nuevo proceso electoral. El seis de julio se renovará el Congreso en su totalidad, aunque se mantienen tres cuartas partes del Senado. Según la Constitución, los impuestos son responsabilidad de ambas Cámaras, pero sin la aprobación de la Cámara de Diputados no hay Decreto de Presupuesto y sin éste no hay fundamento para que el Estado cobre impuestos.

Como nunca antes estas elecciones se llevarán en un terreno más nivelado y los resultados no podrán ser alterados. El ciudadano tendrá así la posibilidad de elegir a sus representantes y mediante éste influir en el marco tributario.

Esto es una novedad. Aunque el Congreso ha tenido la facultad de intervenir en la votación de la ley de ingresos, ésta ha dependido mayormente de la propuesta de la Secretaría de Hacienda, institución donde los grupos de interés han insistido en lograr beneficios.

El gobierno mexicano no ha sido históricamente un buen cobrador de impuestos. La capacidad de recaudación del gobierno es más bien baja comparada con otros países de un nivel de desarrollo similar.6 Benjamin Franklin no vivió en México. Aquí ciertos grupos han podido eludir el pago de impuestos.7

La baja capacidad recaudatoria del gobierno está relacionada con una baja capacidad administrativa, pero sobre todo con la existencia de una sociedad que no se contempla como representada por quienes deciden quién debe pagar cuánto. El Estado en México se concibe más como un extractor de recursos que como un proveedor de servicios. Esto no deja de tener su lado paradójico, porque su labor constructora y distributiva ha sido amplia. No nos olvidemos del papel del Estado durante los decenios de crecimiento económico posteriores a la Segunda Guerra mundial. Sin embargo, la crisis económica, la debilidad de nuestras instituciones democráticas y la corrupción de funcionarios estatales ha fortalecido la imagen de un Estado extractor. El ciudadano reclama más servicios, exige subsidios, pero toma el gasto público como dado. No está dispuesto a financiarlo con impuestos.

Ante la ausencia de representación ciudadana efectiva, era difícil negociar impuestos amplios y el costo de imponerlos era prohibitivo. Los impuestos por momentos servían más para intercambiar privilegios por apoyo político que para captar recursos. Con todo, la Secretaría de Hacienda buscó modernizar la estructura fiscal. De ahí las reformas tributarias que desde los años sesenta viene llevando a cabo el gobierno. Estas reformas, si bien adelgazadas por los grupos políticamente más poderosos, permitieron cierto avance en la construcción de un sistema tributario más efectivo.

A pesar de la baja tributación, fue posible generar un impuesto sobre la renta relativamente efectivo, si se le compara con países que recaudaban más que el nuestro. Sin embargo, antes de las reformas impositivas de Salinas, negociaciones clientelares permitían muchas exenciones a grupos específicos. Esto no sólo era muy inequitativo y generaba enormes distorsiones, sino que impedía ampliar la base gravable y financiar sanamente el gasto público.

Si bien la sociedad se encontraba fragmentada, era capaz de presionar al Estado cada vez por más beneficios a costa del erario. Ante la ausencia de mecanismos políticos para negociar una base tributaria más amplia, la salida fue el endeudamiento (es decir, pasarle el problema a las generaciones futuras), o la inflación, es decir, un impuesto no negociado ni en el Congreso, ni con los grupos de presión. Este impuesto recae sobre los sectores con menor capacidad de fijar precios y con menor acceso a instrumentos financieros de alto rendimiento. Estos son generalmente los sectores más pobres.

Como parte de su programa de reforma económica, el gobierno de Salinas requería un sistema tributario que distorsionara menos la actividad económica, así como una base tributaria más amplia que le permitiera financiar el gasto público -incluido un aumento en el gasto social- sin generar presiones inflacionarias.8 Ante la ausencia de un Congreso que representara adecuadamente a los causantes, Salinas negoció con los empresarios un acuerdo concebido como de largo plazo que intercambiaba una mayor capacidad tributaria por un retraimiento del Estado de la economía.

Lo negociado en el aspecto tributario no fue aceptado por el grueso de los empresarios, pero los grandes empresarios controlaban las principales organizaciones empresariales y lograron imponer su alianza con el gobierno. La reforma de Salinas no sólo afectó a aquellos empresarios medianos que tributaron como no lo hacían antes. Grupos afines al PRI también perdieron privilegios, ya que se buscaba aumentar el número de causantes, por lo que la aprobación de una parte de esta reforma en diciembre de 1989 fue muy difícil. Algunos diputados no asistieron o abandonaron el recinto legislativo. Fue quizá la rebelión priísta más seria del gobierno de Salinas. Una crónica de prensa afirma que para cuando se votó la ley ya no había quórum.9

La reforma sirvió para aumentar la recaudación.10 Si bien el número de causantes aumentó, muy rápido el nuevo marco tributario fue parcialmente socabado por los grupos con mayor influencia. Los escritores y creadores, por ejemplo, pronto obtuvieron de nueva cuenta un trato especial, el que una parte de sus ingresos no implicara ningún tipo de impuesto.11 Otros, como los ambulantes o el transporte colectivo, simplemente se han negado a pagar, o pagan una cantidad simbólica, a pesar de las reformas que los obligarían a hacerlo, y el Estado no ha mostrado la capacidad de enfrentarse con ellos para obligarlos a cumplir con sus obligaciones impositivas.

Con la crisis que inicia en diciembre de 1994 cae el PIB y por tanto la fuente de gravación pública. Pero, además, se mina seriamente la legitimidad de la reforma económica, incluida la tributaria. Esto, aunado a la falta de liquidez de muchos y el oportunismo de otros que ven que el Estado se encuentra ante una rebelión de quienes deben (tanto impuestos como deudas), contrae dramáticamente los ingresos tributarios del gobierno. Para sortear la crisis el gobierno inicialmente sube el IVA del diez al quince por ciento, una de las decisiones más impopulares del gobierno de Zedillo. Ante la persistente caída de los ingresos, la Secretaría de Hacienda ha puesto en marcha una campaña intimidatoria donde alerta sobre los riesgos penales de no pagar impuestos, a la par de modificar algunas leyes que permitían la utilización de paraísos fiscales para evadir el pago de impuestos en México.12

Si bien el resultado de esta campaña es aún difícil de evaluar, los datos del primer trimestre señalan una mejoría en la recaudación tributaria, en términos reales, del 10.5%. Sin embargo, ante la ausencia de un espacio de representación de los intereses de los causantes, y de la baja capacidad del Estado para proveer mejores servicios, esta campaña ha acentuado la percepción social del Estado como extractor.

Las dificultades recaudatorias del Estado no se limitan al nivel federal. El predial, quizás el impuesto municipal más importante, es muy bajo. El municipio en principio está más cerca de la comunidad y podría, por tanto, cobrarlo mejor. A nivel municipal, además, se ha avanzado mucho más el proceso democratizador, cerca del 20% de los municipios del país son ahora gobernados por la oposición, y esto incluye a diez de las catorce principales ciudades.

Sin embargo, el municipio está más sujeto a las presiones de los causantes. Ha habido avances en la recaudación del predial, pero con todo el predial sigue siendo una fuente de ingresos relativamente marginal. Finalmente resulta más cómodo pedirle a la federación que se encarge del papel de cobrador de impuestos y presionar por un aumento en las participaciones federales.

En la Ciudad de México, por ejemplo, no faltan casas con valor superior al millón de pesos que pagan de predial 200 pesos al año. Algunas de estas gentes pagan por sus casas en el extranjero -donde residen unos cuantos días al año y no tienen ni siquiera el derecho a votar-100 veces ese impuesto. Mientras que en 1995 México recaudó por predial 0.3% del PIB, en Chile se recauda por ese impuesto 1% del PIB y en Gran Bretaña el 4 por ciento.13

Cómo se recauda es obviamente sólo una cara de la moneda. La otra, y quizás más importante, es cómo se gasta. Si el ciudadano percibe que los servicios son malos o inexistentes, o peor aún, que los impuestos se los roba el gobierno, se requerirá mucha mayor coerción para lograr el cobro de impuestos. A pesar de la espesa normatividad que controla el gasto público y la existencia de funcionarios públicos honestos, la percepción es que el gobierno es ladrón e ineficiente. Las millonarias cuentas de Raúl Salinas justifican ante el grueso de la población la evasión fiscal.

Una mayor democracia en presencia de partidos débiles y fragmentados bien puede llevar a una mayor capacidad de los grupos de presión para obtener beneficios y privilegios, pero cuando los partidos son fuertes y con un proyecto fiscal claro puede servir para asignar mejor el gasto y hacer más creíble el control del gasto. Una forma para ayudar a evitar la corrupción pública es precisamente lograr un sistema impositivo que en verdad obligue a todos los ciudadanos a reportar sus ingresos. Más allá de discutir el nivel del IVA o el del ISR, habría que ampliar aún más la base tributaria, para incluir todos las percepciones de quienes pasan cierto nivel de ingreso. Así es en los países con más capacidad de gravación.

En Inglaterra, por ejemplo, todo cheque debe ser depositado en la cuenta del beneficiario y el uso de efectivo es escaso. Un funcionario corrupto debe pasar el dinero que obtenga ilegalmente por su cuenta, manejar cantidades de efectivo que lo harían rápidamente sospechoso, o recibir depósitos en cuentas en paraísos fiscales. Pero aun este último recurso es complicado, porque al momento de ingresar ese recurso sería muy extraño ante los ojos de los recaudadores.

Son explicables las resistencias de muchos causantes en el pasado, incluidos quienes sí pagan sus impuestos, al uso obligatorio de cheques nominativos y otras medidas encaminadas a controlar los ingresos y gastos de los contribuyentes. Sin derechos claros, el ciudadano opta por dar al gobierno la menor información posible. Sin embargo, para controlar el gasto público de una manera adecuada es necesario también regular todos los ingresos de todos los individuos. Ahora que la representatividad del Congreso será más efectiva, donde la discre-cionalidad del ejecutivo tendrá más límites, un sistema que obligue a reportar todos los ingresos es menos riesgoso para el causante, y es indispensable para controlar a los funcionarios corruptos y a quienes se dedican a actividades ilegales. Un cambio como éste, al ampliar radicalmente la base gravable, permitiría bajar las tasas de los principales impuestos.

La revuelta de independencia de los Estados Unidos se inició con una protesta: no taxation without representation. Era un reclamo justo, y que al igual que en muchos de los países europeos, está detrás de la construcción de un sistema político democrático. La representación nos llega en un contexto de partidos de masas y con sistemas impositivos ya desarrollados, pero es la posibilidad de construir un sistema impositivo más amplio y legítimo.

Estamos frente a elecciones legislativas donde el fraude será prácticamente imposible, que se llevarán a cabo bajo condiciones de equidad sin precedentes y donde la oposición puede impedir que el PRI controle el Congreso. Por primera vez nuestro Congreso va a ser genuinamente representativo, aunque la ausencia de reelección vuelve menos creíble el compromiso de hacer valer las promesas electorales, ya que la actuación de un diputado no puede ser castigada por el electorado del distrito que supuestamente representa.

Con todo, una democracia efectiva puede servir para aumentar la legitimidad del Estado que recauda para poder financiar las enormes presiones de gasto que aún enfrenta el Estado mexicano. Un análisis detallado de las propuestas impositivas de los tres principales partidos políticos merecería mucho más espacio. Si bien tanto PAN como PRD prometen eliminar el impuesto al activo y disminuir el IVA, y el ISR, ninguno dice con claridad cómo compensarían la menor recaudación. El PRD sí contempla aumentar algunos impuestos a los sectores más privilegiados, pero también promete mayor gasto público y aumentar sólo en 50% de lo que resulte la inflación los bienes y servicios que provee el sector público.

La política impositiva, pieza clave en la distribución de cargas y beneficios sociales, está poco estudiada y poco presente en el debate público. Toda promesa política es finalmente un gasto que debe ser financiado. Con la importancia que en cualquier caso tendrá el Congreso, es imperativo que los partidos inviertan más en estos temas, ahora que podrán invertir menos esfuerzos intelectuales en las menudencias de la reforma electoral.

El estudio de los problemas tributarios es relativamente frecuente entre los economistas, pero su dimensión política ha sido bastante descuidada. La forma específica en la que se agregan las preferencias ciudadanas, el entorno institucional en el que compiten los partidos, el poder relativo de la burocracia hacendaria y la capacidad de veto de los capitalistas conforma finalmente cómo se constituye un sistema impositivo y qué margen de maniobra efectivo tiene un gobierno que busque modificar la estructura tributaria.

Dada la ineludible liberalización comercial y financiera que enfrentamos, la necesidad de ser competitivos con otros países y las necesidades sociales no atendidas, es difícil hacer cambios heroicos en la estructura tributaria. Tampoco es fácil imaginar que sea financiable establemente un déficit público, por menor que éste sea. Sin embargo, mucho se puede hacer en los márgenes, con impactos significativos en la cantidad, equidad y eficiencia de la recaudación. Los impuestos siempre serán un costo, pero se pueden distribuir mejor, hacer menos complicado su pago y ofrecer mejores servicios y más cercanos a las demandas ciudadanas. Así, el Estado se percibirá menos como extractor y podrá cumplir mejor su función de generador de bienes públicos y de apoyo a los sectores sociales más necesitados.

1 Esto se desarrolla en Mancur Olson¨: “Dictatorship, democracy and development”, en American Political Science Review, vol. 87, núm. 3, septiembre 1993, pp. 567-575

2 “Microsoft nada en un mar de efectivo”, Reforma, viernes 17 de enero de 1997.

3 La relación entre democracia y crecimiento es de hecho ambigua. Esto lo discuto en “Economía y Democracia”, Voz y Voto, núm. 44, oct. 1996, pp. 39-42.

4 Ver R.H. Bates and D. Lien: ” A Note on Taxation, Development, and Representative Government”, en Politics and Society, vol. 14, no. 1 (1985), pp. 54-57.

5 Sirva como ejemplo el caso de Gran Bretaña, cuna y paradigma del llamado neoliberalismo. En 1980 el gobierno recaudaba 35.2% del PNB, en 1989, 35.6, y en 1993, 36.2%. En estas mismas fechas gastaba 38.2%, 34.6% y 43.4% del PIB. World Bank, World Development Report, 1991, pp. 225 y 227 y 1995, pp. 181 y 183.

6 Ver cuadros 2 y 3 en Carlos Elizondo: “The Politics of Tax Reforma in Latin America”, Documento de Trabajo, CIDE, Estudios Políticos, núm. 32. Mucho se discute sobre si la carga impositiva para las empresas y los individuos es comparativamente alta en México, aunque no hay ningún estudio concluyente al respecto. Aquí no me meto con esta discusión, sólo comparo la capacidad de recaudación efectiva como proporción del PIB y la de México está entre las más bajas.

7 Un ambulante de la Ciudad de México no paga impuesto sobre la renta. Paga sin duda a su líder y éste paga mordidas, pero salvo algunos permisos que equivalen a una renta por el espacio público no contribuye a los gastos públicos. El ambulante como consumidor puede, en principio, comprar todo en el sector informal y vivir en una vivienda que no pague predial. Al líder le pagan, porque les ofrece un servicio: tramitar y defender su ocupación de un pedazo de calle. El gobierno negocia con este líder, porque en el pasado era un apoyo político importante y ahora tiene una capacidad de movilización no despreciable. Este pago es una especie de impuesto que cobra el líder a sus agremiados por un servicio. Es en algún sentido como un Estado dentro de otro, pero los ambulantes no contribuyen a financiar los servicios que sí utilizan, como educación pública para sus hijos.

8 En el caso del sexenio de Salinas, se cuidó el déficit público, pero se permitió un sobrendeudamiento privado y se sostuvo un tipo de cambio sobrevaluado financiado como una deuda interna denominada en dólares. Con la devaluación, el costo privado y público de esta estrategia se hizo evidente. El resultado fue un nuevo brote inflacionario, a pesar del balance de las finanzas públicas.

9 Esto lo discuto en “In Search of Revenue: Tax Reform in Mexico under the Administrations of Echeverría and Salinas”, en Journal of Latin American Studies, vol. 26, part 1, 1994, pp. 159-190.

10 En 1989 el ISR recaudado era 5.1% del PIB, en 1994, 5.8%. Los ingresos tributarios totales pasaron del 12.01% del PIB al 12.79%. Esto fue posible a pesar de que las tasas máximas del ISR pasaron de más del 50% a 35% y las del IVA del 15% al 10%. Datos del Banco de México y la SHCP.

11 Más congruente que muchos de nuestros escritores, Vargas Llosa proponía en su campaña eliminar todas las exenciones de impuestos, empezando por la de los creadores. Mario Vargas Llosa: El pez en el agua, Seix Barral, México, 1993, p. 417.

12 Los ingresos tributarios cayeron cerca del 20% en términos reales en 1995. Datos de SHCP reportados por GEA.

13 Con todo, la recaudación por predial en México era sólo del 0.08% del PIB en 1989. Estos datos y un análisis de las razones del éxito recaudador relativo de algunos municipios urbanos se encuentra en Juan Pablo Guerrero Amparán, “La municipalisation de l’impot foncier au Mexique (1983-1995). Un premier pas vers l’autonomie politico-administrative? Une etude comparee dans douze municipios de l’Etat de Mexico”, Institut d’Etudes Politiques de Paris, mimeo, 1996. Ver también Firdaus Jhabvala Marshall: “Un análisis de la recaudación de los derechos de agua y el impuesto predial”, El Economista Mexicano, enero-marzo 1992, pp. 85-99.