Ana Laura Magaloni Kerpel. Profesora del Departamento de Derecho del ITAM.

Desde todos los rincones del país se escuchan voces que demandan con creciente insistencia seguridad y protección de las autoridades ante la progresiva ola de delincuencia que azota al país. Es frecuente escuchar en voz de nuestras autoridades su preocupación ante la inseguridad jurídica que se vive y su determinación a hacer de México “un país de leyes”. Sin embargo, poco se habla de qué es lo que no está funcionando en nuestras instituciones de procuración e impartición de justicia que hace que la delincuencia, a pesar de todo, no disminuya. El sentido común indica que antes de proponer soluciones, al menos se debe tener un buen diagnóstico sobre qué es lo que anda mal.

Cuando uno se atreve a asomarse al mundo de las cárceles, los ministerios públicos, los jueces y los procesos penales que se llevan a cabo en los juzgados locales, comienza a intuir qué tan grave es el problema.

La historia comienza desde que se presenta una denuncia ante el Ministerio Público. El solo trámite puede tomar hasta siete horas. Sin embargo, lo verdaderamente delicado es que las procuradurías no cuentan con el personal capacitado para recabar con todo cuidado la evidencia del crimen, ni mucho menos para analizar con pericia tal evidencia. Las huellas dactilares, las ropas de las personas involucradas, los posibles testigos, los análisis de balística, los dictámenes periciales en medicina forense, en criminalística, etc., son realizados con descuido y negligencia. Sin embargo, lo verdaderamente patético de esta situación es que con tales pruebas mal recabadas se llega a sentenciar y privar de la libertad a individuos concretos.

Además, durante la averiguación previa, esto es, cuando las procuradurías realizan la investigación del hecho delictivo, si uno cuenta con dinero y además contrata a un abogado que conozca las mañas del sistema, es factible “desaparecer” pruebas y con ello lograr que un verdadero delincuente quede en la más absoluta impunidad. Por ejemplo, según me comentó un policía judicial, con cinco mil pesos aproximadamente se puede lograr “cambiar” el resultado de la prueba que determina si una persona disparó o no un arma de fuego (prueba de Harrison). Si el resultado de la prueba de Harrison es negativo, entonces no hay forma de castigar a alguien por homicidio causado por un disparo.

Para abatir la delincuencia, en mi opinión, es indispensable determinar con precisión en qué partes de las procuradurías se encuentran los principales focos de corrupción, ya que sería un claro indicador de por dónde se están fugando los delincuentes. Evidentemente éste no es un problema de legislación, sino de la forma en la que operan dichas instituciones. El aumentar las penas a nivel de legislación, como lo hace la Ley para Combatir la Delincuencia Organizada, es, a todas luces, una medida tangencial que no roza el núcleo del problema.

La segunda parte de esta dramática historia sucede en los juzgados penales. Cuando la Procuraduría termina de integrar la averiguación previa y ejercita la acción penal en contra de un presunto responsable del delito, se da inicio propiamente al proceso penal. En esos procesos casi siempre está de por medio uno de los bienes más preciados para cualquier ser humano: la libertad. Ello en sí mismo es suficiente para consternar a cualquiera que se encuentre sujeto a un proceso penal. Sin embargo, si a eso le aunamos los vicios e ineficiencia de la propia maquinaria de impartición de justicia mexicana el resultado es simplemente aterrador.

Un principio básico del derecho penal en todo el mundo democrático es el de que se presume la inocencia del procesado hasta que no se demuestre su culpabilidad. Dado el rigor de las sanciones penales, este principio debe operar en forma estricta. A diferencia del ámbito del derecho civil, en donde sólo pueden estar de por medio cuestiones pecuniarias, en el derecho penal casi siempre está en juego la libertad de un individuo. De ahí que cualquier Constitución, incluyendo la mexicana, otorgue una serie de derechos básicos a cualquier persona sujeta a un proceso penal. Tiene derecho a un defensor, tiene derecho a no declarar, tiene derecho a estar presente en todas las audiencias, tiene derecho a ser juzgado en un lapso no mayor a un año, etcétera.

Por desgracia, en la práctica de nuestros tribunales, tales derechos no siempre son cabalmente respetados y garantizados. Ello depende, en gran medida, de los recursos económicos con los que cuente la persona sujeta a proceso. El poder pagar a un abogado particular hace una gran diferencia tanto en la forma en que se lleva a cabo el proceso, como en el resultado final del mismo. Toda vez que en la fase de averiguación previa, como señalé, existe descuido y negligencia en la forma de recabar la evidencia, las pruebas que aporta la Procuraduría pueden ser atacadas y desvirtuadas con un buen equipo de defensores, lo que puede llegar a significar la absolución del procesado. Además, a lo largo del proceso, un buen abogado hará uso de todos los mecanismos legales para hacer efectivos los derechos constitucionales de su defendido. Sea cual sea el resultado final del proceso, no cabe duda que con un buen abogado se puede hacer frente, aunque a veces con dificultad, a la implacable maquinaria de justicia.

Los grandes perdedores del sistema penal son todos aquellos miles de mexicanos que pertenecen a un estrato social de bajos ingresos. Al no contar con los recursos económicos para contratar a un abogado particular, su libertad queda en manos de los defensores de oficio. Salvo honrosas excepciones, los defensores de oficio no tienen ni la capacitación ni la infraestructura para garantizar el derecho a la defensa de los procesados. Su estrategia en el litigio generalmente se limita a presentar cartas de buena conducta y ampliarle la declaración a algún testigo. Son abogados que ganan un sueldo de miseria y además no cuentan ni siquiera con una secretaria o un pasante de derecho.1 En la gran mayoría de los juzgados locales sólo hay un defensor de oficio por cada juzgado, lo que implica que su carga de trabajo sea inabarcable. En ocasiones ni siquiera tienen tiempo para estar presentes a lo largo de toda la audiencia. 

El modo en que se llevan a cabo las audiencias en México, nada tiene que ver con las películas norteamericanas que tratan de juicios. La persona sujeta a proceso se encuentra detrás de las rejas. Ahí observa mas no escucha, ya que existe una placa de acrílico entre el procesado y el lugar en donde se lleva a cabo la “audiencia”. El diálogo con su abogado o con el personal del juzgado se efectúa a través de unos cuantos hoyos diminutos hechos para tal propósito. De ahí que el derecho constitucional de toda persona sujeta a proceso penal a participar en las audiencias sea absolutamente irreal: las “audiencias” para el procesado son sordas. Basta mirar a los ojos a una persona que se encuentra detrás de las rejas, para percibir la enorme vulnerabilidad que vive cuando ve cómo la secretaria mecanógrafa escribe a una velocidad vertiginosa y él no tiene forma de enterarse de qué es lo que está escribiendo.

La infraestructura de los juzgados locales es pobre. La tecnología de la computación aún no llega a habitar esos sitios. Las secretarias utilizan máquinas de escribir mecánicas, aunque lo hacen con una admirable destreza. La carga de trabajo de todo el personal, desde el juez hasta el que recibe los papeles en la oficialía de partes, es desbordante. Muchas horas de trabajo se ahorrarían si tuviesen un sistema de cómputo básico.

Los jueces luchan cotidianamente en contra del rezago. Como señalé, en el derecho penal, a diferencia de otros litigios, cuentan con el término de un año para dictar sentencia. Un juez me comentaba que, a efecto de cumplir con ese término, él tiene que dictar entre 4 a 5 sentencias diarias. Lo que implica que en un lapso de 2 a 3 horas el juez analiza todo el expediente y decide sobre la culpabilidad o inocencia de una persona. Cualquiera que haya tenido un contacto directo con los tribunales sabe de sobra que dictar cuatro buenas sentencias al día es simplemente imposible. Para que ello sea factible, los jueces prefieren expedientes cortos, esto es, litigados por el defensor de oficio, en donde se cuenta con las pruebas recabadas por la Procuraduría en la fase de averiguación previa y poco más.

Ello nos lleva al meollo de la cuestión: el sistema de justicia penal no cuenta con los recursos humanos y económicos para garantizar, con un alto grado de probabilidad, que quien está siendo condenado sea efectivamente un delincuente. En ese mundo de las probabilidades existen tres posibles escenarios: 

a) Condenar a alguien que es culpable, a pesar de que la evidencia presentada por la Procuraduría sea pobre y mal recabada y que el defensor de oficio haya hecho poco por su defendido. 

b) Dejar en libertad a alguien que es culpable. Ello es más factible si el procesado cuenta con un abogado particular. Este es un escenario perverso toda vez que no se logra castigar al delincuente. El único beneficio que ello puede tener al mediano plazo es que, si esto sucede con relativa frecuencia, entonces las procuradurías se verían obligadas a elaborar con mayor pericia sus averiguaciones previas y recabar sigilosamente toda la evidencia, esto es, a realizar con verdadera eficiencia su trabajo. 

c) Condenar a alguien inocente. Este es el peor escenario que puede existir, ya que, por un lado, se produce el efecto perverso del segundo escenario (queda en libertad el verdadero delincuente), con el agravante de que una persona inocente termina pagando con su libertad lo que otro cometió, lo cual es una tremenda injusticia. Pero además, a los ojos de la autoridades de las procuradurías, el contar con una sentencia condenatoria es cumplir con su trabajo, lo que es un claro desincentivo para realizar mejor su labor de investigación policiaca.

Para que en México se logre abatir la delincuencia es importante reducir el margen de probabilidad de errores judiciales. La diferencia entre un sólido sistema de justicia y uno ineficiente radica precisamente en qué tan amplio es ese margen de error. En el caso de nuestra justicia local es inquietante observar qué tan frágiles y poco contundentes llegan a ser las pruebas con las que se condena a personas concretas. Lo que hace presumir que el margen de error, a nivel de probabilidad estadística, es amplio. No quiero decir con ello que las cárceles mexicanas están llenas de personas inocentes. Sin embargo, lo que sí se puede afirmar es que el sistema penal mexicano opera con serias deficiencias que han generado desconfianza y temor en la población.2 La libertad se nos puede arrebatar con procesos penales poco claros y, en muchas ocasiones, sin haber tenido la posibilidad real de contar con un verdadero defensor. 

La construcción del Estado de derecho mexicano debe comenzar precisamente por el sistema de procuración e impartición de justicia penal local. Son las procuradurías y juzgados locales los que se encargan de perseguir y castigar los delitos que más preocupan a la población. El robo, el homicidio, la violación, el allanamiento de morada, todos ellos son delitos locales. En este sentido, la justicia local, esa justicia denominada de barandilla, es la juticia que enfrenta el común de la población mexicana y, por tanto, es ahí por donde hay que comenzar la reforma al sistema judicial mexicano. La discusión sobre los procesos judiciales a los políticos mexicanos, el debate acerca de La Paca y la osamenta del Encanto, la lucha entre procuradores priístas y panistas, nada tienen que ver con esas voces que, desde todos los rincones del país, en forma creciente demandan seguridad y protección de sus autoridades.

1En el Distrito Federal, actualmente un defensor de oficio gana entre $1,279 y $1,783 pesos brutos mensuales. Fuente: Departamento del Distrito Federal. Subsecretaría de Asuntos Jurídicos.