Oscar Aguilar Ascencio. Politólogo. Candidato al Doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad de Notre Dame.

Cuando Prigione llegó a México, a principios de 1978, se encontró con una Iglesia políticamente tímida, con muy escasa presencia en los medios informativos, incapaz de establecer interlocuciones directas con el gobierno y lejos de pensar que fuese factible plantearle al Estado la modificación de los artículos de la Constitución que le desconocían personalidad jurídica, entre otras limitaciones y prohibiciones que, si bien en la práctica no se cumplían, ahí estaban como reliquias políticas que podían ser activadas en su contra. Con la notable excepción del obispo de Cuernavaca, Sergio Méndez Arceo, los obispos mexicanos parecían no tener voz, ni interés por realizar pronunciamientos sobre las condiciones sociales y políticas del país. Samuel Ruiz, quien ya llevaba 18 años en la diócesis de San Cristóbal, era una figura políticamente desconocida fuera de su estado. 

Prigione se encontró con un régimen inmerso en un proceso de reforma política cuyo logro principal fue institucionalizar la participación de la izquierda en los procesos electorales y ampliar la representación del Congreso a “las minorías” como en ese tiempo se llamaba a la oposición. Si en ese momento lo que se debatía era la apertura a la izquierda, muy probablemente Prigione comprendió que la apertura hacia la Iglesia exigiría una delicada estrategia donde la paciencia y el sentido de oportunidad política serían los elementos principales. La llegada al papado de Juan Pablo II, cuya primera visita a México eliminó los complejos políticos de inferioridad de los obispos, y las intensas presiones democratizadoras que cuestionaban de modo creciente la legitimidad del régimen, en el marco de una austeridad sin precedentes, fueron dos grandes factores aprovechados por el nuncio y los obispos para lograr uno de los objetivos centrales de su agenda: el reconocimiento jurídico a la Iglesia. 

Cuando Justo Mullor García llegue a México encontrará una Iglesia con derechos reconocidos, con una activa presencia en los medios de comunicación, un buen número de obispos realizando declaraciones sobre la situación política del país, que exhortan a votar críticamente y a defender el voto, que expresan abiertamente sus dudas respecto a las versiones oficiales sobre los casos del cardenal Posadas y de Colosio. Encontrará, en suma, una Iglesia plenamente incorporada al proceso político nacional, con rasgos acentuados de activismo declaracional, como el de Norberto Rivera, o con protagonismos políticos de algunos obispos como Samuel Ruiz, pese a los prejuicios jacobinos que todavía rechazan la presencia pública de una institución esencialmente pública como la Iglesia. El nuevo nuncio también encontrará un país más plural, mucho más abierto a la competencia política, con medios informativos más críticos, con significativos avances de la oposición, y donde la alternancia en el poder es una realidad en los estados y una seria posibilidad para el año 2000.

Con un panorama sustancialmente distinto al de 19 años atrás, el nuevo nuncio también despedirá a un antecesor desgastado, rechazado y cuestionado por gran parte del espectro político nacional y eclesial. Quizá ni el mismo Prigione dé importancia a los ataques y condenas que sus acciones dieron lugar, pero es un hecho que los éxitos de su gestión como representante del Papa en México corrieron paralelos a su creciente desgaste político frente a su Iglesia y frente al régimen. Esta puede ser la lección principal que Prigione puede dejarle al nuevo nuncio. Mientras más exitoso se es en la misión poítico-pastoral encomendada, más desgaste se sufre en la imagen personal en los medios y en los distintos sectores con los que se interactúa. 

La lógica de esta lección se debe a dos razones: la primera se relaciona con el carácter mismo de la función de los nuncios en un país que tiene dificultad en aceptar que la Iglesia es un actor social y político que requiere de una presencia activa para promover y defender sus intereses, valores y mensajes como institución.

La segunda razón tiene que ver con el agotamiento del modelo de interlocución política que Prigione fue capaz de imponer al gobierno en sus relaciones con la Iglesia. Veamos más en detalle estas dos razones. A grandes rasgos, las funciones de un nuncio son mantener informada a Roma de las condiciones sociales, políticas y religiosas que rodean el trabajo de la Iglesia en el país que se acredita; defender y promover los intereses de la Iglesia, desde la perspectiva de Roma, frente al Estado, y asegurar las condiciones políticas necesarias para que se lleve a cabo el trabajo de la Iglesia y sus obispos. Los problemas se originan en la concepción que el nuncio tiene de los intereses “de la Iglesia” y de las estrategias adecuadas para defenderlos. Vistos desde Roma, esos intereses y estrategias a menudo no coinciden con la percepción de los obispos que ven la situación social, política y de la Iglesia (incluida la conveniencia de mantener relaciones con el gobierno) en el contexto de sus respectivas diócesis. Vistas desde el Estado, las acciones de la Iglesia que se perciben como amenazadoras a la estabilidad política, se pueden percibir en la diócesis como la coherencia con la defensa de intereses legítimos. Vistas desde el nuncio, las acciones de la iglesia local tienen que supeditarse a los cálculos que se estimen más convenientes para mantener un clima favorable en la relación Iglesia-Estado.

Prigione comprendió que para lograr la confianza de la clase política en el poder, paso esencial para lograr éxito en sus objetivos, tenía que dar muestras de moderación y eficacia política. Una vez logrado esto, Prigione fue capaz de monopolizar con efectividad la interlocución del gobierno con la Iglesia. Con hechos, supo venderle al gobierno la imagen de controlador de los obispos. Así sucedió, por ejemplo, en el caso de las elecciones de Chihuahua en 1986 y en las llamadas de atención que reiteradamente hizo a obispos afines a la teología de la liberación. Para asegurarse que en el mediano plazo se redefiniera la orientación pastoral de obispos conflictivos, Prigione maniobró para imponer obispos coautores, aquellos que tienen el derecho de sucesión una vez retirado el obispo responsable de su diócesis. Hasta la fecha, la estrategia ha resultado parcialmente exitosa. En Chihuahua pudo sentar las bases para desmantelar el trabajo pastoral del obispo Almeida, y quizá lo pueda lograr en Tehuantepec. Pero en San Cristóbal de las Casas parece que la estrategia no ha funcionado tal como lo ha ilustrado la posición del obispo Vera López en la defensa de los derechos indígenas.

Después del asesinato del cardenal Posadas, una de las figuras más cercanas a Prigione, éste apoyó la versión oficial de la Procuraduría General de la República y maniobró para que la Comisión Permanente del Episcopado la respaldara, pese a que, poco tiempo después, muchos obispos, en particular el sucesor del propio Posadas, Juan Sandoval Iñiguez, han puesto en duda las versiones oficiales. Con el asesinato del cardenal se inició el declive político del nuncio. Apoyar la versión oficial de la PGR sobre el asesinato del cardenal Posadas, se convirtió en la mejor garantía para que esa versión perdiera credibilidad entre los obispos y en gran parte del bajo clero. La ironía que Prigione siempre sintió fue que, al constituirse en la pieza estabilizadora del régimen en su relación con la Iglesia, fue acusado de “intervencionista”. Su declive político se acentuó cuando dejó de ser útil al gobierno en la solución de conflictos, es decir cuando ya no pudo “intervenir” con eficacia cuando más se le necesitó. Después del intento de remoción a Samuel Ruiz de la diócesis de San Cristóbal, y una vez que estalló el conflicto en Chiapas, sus servicios ya no fueron requeridos. Ahora su adversario político se convirtió, al menos durante las primeras fases del conflicto, en la pieza central para lograr la tregua y la frágil pacificación en la zona. El gobierno había pagado el precio de la monopolización de la interlocución con la Iglesia, y tuvo que tratar de modo directo con el obispo de San Cristóbal y otros miembros relevantes del Episcopado como Ernesto Corripio y Adolfo Suárez. Su imagen pública acabó más deteriorada cuando trascendieron sus encuentros con narcotraficantes que buscaron su intermediación para dejar en claro su no responsabilidad en el asesinato del cardenal Posadas.

Si Justo Mullor logra asimilar las lecciones de Prigione, comprenderá lo delicado de su misión político-diplomática. Servir de enlace con Roma para supervisar a los obispos no es tarea grata. Si los alinea, se gana el reproche de los que intenta alinear y de los medios que hacen eco de sus posiciones políticas. Si no los alinea, se gana el reproche de un gobierno que desea una Iglesia apacible. Si el nuevo nuncio no aprende pronto los intrincados pasillos de la política nacional, puede verse rebasado por un proceso político caracterizado ahora por su fluidez, intensidad e incertidumbre. Con seguridad, Justo Mullor requerirá de los talentos políticos de Prigione, la sensibilidad de un diplomático de carrera, la prudencia para saber actuar en los difíciles tiempos que vivimos, la firmeza para saber defender los intereses de su Iglesia, y la paciencia para no desesperarse con el fluir de los acontecimientos por venir que acabarán por redefinir el rumbo político de un país y de una Iglesia.