Antonio Santiago Becerra. Analista político.

Es casi una perogrullada decir que cada transición democrática tiene objetivos específicos distintos. Las múltiples experiencias transicionales en el mundo dan cuenta clara de la diversidad de metas perseguidas y de caminos transitados. Es por ello que en el campo de las transiciones políticas no existen modelos a seguir en el sentido estricto, sino sólo marcos de referencia para seleccionar los métodos aconsejables en la construcción democrática. Puesto que cada caso parte de condiciones diferentes, no puede haber metas comunes ni rutas similares.

Ello explica que mientras algunas transiciones son eminentemente fundacionales, otras, como la mexicana, se orientan esencialmente a la remodelación y el perfeccionamiento del entramado institucional. En el caso de México, más que fundar o refundar, como ha sucedido en otras latitudes, la prioridad es remodelar y depurar el entramado institucional para que sea plenamente funcional y creíble.

Pero si construir y preservar la credibilidad de personas e instituciones implica por lo general un proceso dilatado y perseverante, su construcción en el caso mexicano suele parecer siempre inacabada cuando de instituciones políticas se trata. En este ámbito, no bien se da por concluida la construcción de credibilidad de una institución dada, cuando ya se evidencia la necesidad de apuntalar otro ángulo de la misma, o bien de hacer creíble alguna de sus áreas limítrofes. 

Un buen ejemplo de lo anterior es el ámbito político electoral. Es indudable que los procesos electorales han evolucionado en los últimos años desde una situación de desprestigio generalizado hacia una en la que tiende a predominar la confianza ciudadana en las elecciones. Pero no hay duda tampoco de que la credibilidad en este terreno es perceptiblemente frágil, ni de que falta mucho por avanzar para que sus actores principales -los partidos políticos- sean vistos por la sociedad como instituciones creíbles.

Es por eso que los partidos deben aprovechar el proceso electoral en curso para mejorar sus niveles de credibilidad. La ciudadanía espera una contienda confiable no sólo en los resultados electorales, es decir, en lo concerniente a la efectividad del sufragio, sino también en los métodos partidistas para obtener cargos de elección popular. Y esto pasa por el discurso, el manejo financiero y la conducta postelectoral de los partidos. Vale la pena entonces conjeturar cuáles son las modalidades recomendables para cada uno de estos aspectos políticos. A continuación se aborda brevemente cada uno de ellos.

1. El discurso político-electoral. Los electores tienen más perspicacia política de lo que suelen pensar los políticos poco perspicaces. Por ello es que en el actual proceso electoral mexicano los partidos tienen ante sí el reto de utilizar un discurso articulado, responsable, realista, y por tanto, creíble. En la etapa actual de la transición mexicana no está en juego sólo la credibilidad de los partidos políticos, sino la de la política misma. Las propuestas de soluciones mágicas o simplistas a los problemas nacionales tienden a desembocar en la suspicacia y el desencanto. A final de cuentas, el elector comprueba que “para todo problema humano hay una solución sencilla, clara y equivocada”, como en cierta ocasión dijo Mencken. 

Pero con frecuencia no hay que esperar a que los políticos asuman el poder para que decepcionen a sus conciudadanos. La sola repetición de un discurso de campaña que estos últimos juzguen engañoso puede bastar para que se desilusionen de los partidos políticos y sus candidatos. De ahí la necesidad de practicar una estrategia discursiva que, lejos de desencantar, estimule el interés de la ciudadanía por participar en la contienda comicial en curso.

2. El manejo financiero. El desprestigio contemporáneo de los partidos políticos en el escenario internacional radica en buena medida en la detección de orígenes turbios de sus recursos financieros. Se ha hecho evidente que la escasez de recursos legítimos propicia que los partidos recurran a fuentes financieras ilícitas, que por lo mismo empañan su credibilidad institucional y afectan la imagen de la política misma. 

En el caso de México, la legislación electoral ha eliminado la penuria financiera de los partidos políticos mediante la asignación de financiamiento público para sus actividades permanentes y gastos de campaña. Tan es así que el PAN y el PRD han argumentado que los recursos públicos que se les asignaron por ley para el proceso electoral en curso resultan excesivos. 

Pero no debiera perderse de vista que uno de los objetivos prioritarios de la transición mexicana es apuntalar la credibilidad de los partidos políticos. Y en esa tarea el financiamiento público puede contribuir decisivamente mediante dos vertientes fundamentales. La primera es evitar a todo trance que los partidos utilicen recursos financieros cuyo origen pueda resultar sospechoso, lo cual implica privilegiar el uso del financiamiento público. La segunda es que tal financiamiento sea utilizado intensivamente para estimular la participación ciudadana en las elecciones, a fin de que no surja la sospecha de que los partidos basan sus expectativas de triunfo en el abstencionismo.

3.Aceptación de derrotas y supresión de conflictos postelectorales. El proceso electoral en curso se caracteriza por una fuerte competencia interpartidista, lo que podría sobrecargar la atmósfera política de expectativas de triunfo no satisfechas en la práctica; en esas condiciones, la falta de una cultura de la alternancia, es decir, la propensión a ver las derrotas electorales como definitivas y afrentosas, podría desembocar nuevamente en conflictos postelectorales que dañen la credibilidad de las instituciones políticas, y en especial, la de los órganos electorales.

Por lo anterior, es muy importante que todos los partidos políticos hagan un ejercicio de introspección y autocrítica previo a las elecciones, a fin de que sus dirigentes y candidatos asuman plenamente su responsabilidad de reaccionar democráticamente y con madurez política ante los resultados de la votación. No debe perderse de vista que, en el proceso de construcción de una cultura democrática, las élites políticas tienen como compromiso especial enviar a la sociedad señales claras de que se pretende dejar atrás nuestra ancestral cultura patri-monialista. La necesidad de consolidar una cultura democrática en la sociedad mexicana obliga a los partidos políticos a demostrar que su pretensión no es ganar a como dé lugar los cargos de elección popular que consideran “a su alcance”, sino competir con apego estricto a las reglas del juego.