Gilberto Rincón Gallardo. Director General del Centro de Estudios para la Reforma del Estado.

Primera. Los nuevos instrumentos electorales abrieron, por vez primera, la posibilidad de alternancia en el poder, más el error que asoma consistente en vincular eficacia de esos nuevos instrumentos electorales con derrota del PRI.

La alternancia tiene como sustento la posibilidad legal de cambios en el poder, pero no significa, como pudiera darse en otros países, sucesión alternada entre A y B. Ese no es el camino de México, donde optamos por una transición pactada pluralmente, y todos los protagonistas de esa transición, incluido el omnipresente en el viejo sistema de partido hegemónico, tiene las mismas posibilidades legales. Transición, aquí y ahora, significa el paso de un sistema de partido hegemónico a otro plural y equitativo. La prueba de la eficacia de la nueva ley y sus instrumentos está en la conquista del valor del voto y la transparencia en las urnas, donde puede darse el cambio del viejo partido en el poder, o no; darse en unos espacios geográficos y en otros no; o darse en diferentes niveles políticos, como está sucediendo ahora en los distintos poderes de un mismo estado, o como es previsible que suceda pronto en el ámbito federal.

Segunda. Recordemos las experiencias de Lima y Sao Pablo. Se trata de dos ciudades latinoamericanas que han sido gobernadas por la izquierda, con Barrantes, la primera, y Orlandina, la segunda. 

Hoy en Lima desapareció la alternativa de izquierda y en Sao Pablo se retrocedió el trecho avanzado. En ambos casos, los gobernantes desde su primer día de gobierno estuvieron en campaña para la Presidencia de la República, lo que se demostró como grave error, pues es difícil hacer compatible la conducción del gobierno con la búsqueda de votos. 

El asunto viene al caso porque el próximo gobierno del DF tendrá una corta duración de poco más de dos años, periodo en el que la planificación se hará prácticamente imposible y puede ser absorbido por un inmediatismo vinculado a la campaña del 2000. El ganador de julio del 97 estará sometido a esa tentación si tiene en mente su candidatura para la Presidencia de la República. Y, por lo visto, esa tentación puede estar presente en los tres principales candidatos de la actual contienda por el DF. Ojalá también piensen que esta ciudad será la perdedora si quieren hacer campaña y gobernar en el mismo carril.

Tercera. Durante sesenta años la solución de los problemas del DF se ha presentado como asunto y responsabilidad única de los gobiernos priístas. El PRI-gobierno gusta de hacerse sentir como administrador que tiene en sus manos todos los hilos de la ciudad.

Así las cosas, hace falta información. ¿De dónde surgen los problemas? ¿De qué y de quiénes depende la solución? Los gobiernos, quizá sin proponérselo, han promovido la ignorancia de que los problemas de esta gran metrópoli tienen muy diversos orígenes; como conglomerado que cohabita todos somos parte y todos tenemos responsabilidades en las soluciones. El gobierno ciertamente es un administrador, pero es una expresión de la sociedad; no todas. 

Como reacción a esta realidad, la oposición se deja seducir por el anuncio de los grandes cambios, como si se fueran a producir con su llegada. Es inobjetable, sin embargo, que la complejidad y el gigantismo de los problemas de esta ciudad hace extremadamente difícil, si no imposible, las soluciones de corto plazo, y si bien es cierto que los gobiernos del PRI han perdido credibilidad, el desencanto produce peores efectos. Por eso, se requiere de la oposición un discurso mesurado, veraz y factible. Si se diera el caso de un triunfo opositor, mal principio del partido ganador sería provocar en la ciudadanía una borrachera de cambios. La falta de realismo traería una resaca de consecuencias muy negativas para el ganador, la ciudad y la credibilidad política.

Cuarta. Hace casi tres décadas que esta metrópoli ha venido creciendo como negocio. Toda la infraestructura se ha realizado en base a convenios con los grandes consorcios. Hablamos de energía, metro, agua, abasto, transporte, etcétera. 

Para dar un ejemplo: ICA es la gran constructora de la ciudad. En lo que se refiere a infraestructura hidráulica los contratos con esta empresa han tenido lugar principalmente para seguir sacando el agua. Esa prioridad es una herencia colonial a la que se enfrentó Nabor Carrillo cuando fue rector de la UNAM y criticó severamente los convenios que ya desde entonces realizaba el gobierno con la ICA. Hasta la fecha siguen con la misma prioridad y el mismo socio.

Como apunte suelto cabe señalar la preeminencia que se ha dado a la política del transporte individual, razón de que el Estado haya brindado todas las ventajas a la producción de autos, y haya puesto la vialidad a su servicio. 

De la concepción del crecimiento de la ciudad como negocio se desprende una dinámica de corrupción y una lógica ultraprivatizadora. La primera es base que anuda la gran mayoría de los problemas de hoy, y la segunda es un grave error.

Como es obvio, esta realidad que tiene firmas en el pasado y hacia el futuro no puede romperse de un golpe sin correr el riesgo de generar problemas mayores aún, pero es necesario, por medio de negociaciones, abrir camino a una nueva lógica y pactar con un nuevo sentido. 

Cuando la izquierda gobernó en Lima se fueron algunas de las grandes oligarquías vinculadas al crecimiento de la ciudad. Con el gobierno de Fujimori regresaron y exigieron su casa limpia de pobres que inundaban las calles de distintas partes de la ciudad, pero principalmente las del centro histórico. El presidente peruano aplicó un criterio parecido al que puso en marcha Carlos Salinas en Chalco y en otras partes donde se desplomó el caudal electoral priísta. El gobierno de Fujimori llevó agua, luz y vivienda a las zonas pobres con recursos que llegan de un impuesto del 7% al trabajo. La ciudad que fue ganada por la izquierda ahora apoya mayoritariamente a un representativo fiel de la derecha autoritaria. No todo es democracia. La eficacia de las instituciones ocupa un renglón por separado y cuando éstas atan sus planes de crecimiento urbano a los grandes consorcios el asunto se complica más de lo que anuncia la oposición, o de lo que oculta el oficialismo. 

Muchos son los grandes problemas de la ciudad y casi todos se han agigantado; sin embargo, un nudo que amarra a casi todos ellos es el crecimiento urbano como negocio. Ojalá que en vez de campañas negativas con una buena dosis de ataques personales, los candidatos nos explicaran cómo van a actuar frente a esta realidad. Seguramente en este tema encontraremos una clara diferencia política de fondo.

Quinta. Las invasiones son parte de la ilegalidad en la ciudad, pero ante la incapacidad de contenerlas se buscan leyes y reglamentos que las impidan. Sin embargo, legislar contra la necesidad genera corrupción. Ya es hora de ajustar los bandos a la necesidad. 

La respuesta está en cambiar la concepción urbanística e incorporar las grandes áreas agrícolas a las mecánicas que mueven la ciudad. Berlín es un ejemplo de lo que estamos hablando. Una ciudad habitable necesita proporciones equilibradas entre áreas verdes y casas de altura.

Para concretar en un ejemplo: el Ajusco es un foco permanente de conflictos. Inevitablemente será urbanizado ¿Cuál es la idea de los candidatos sobre el crecimiento de la ciudad hacia allá? ¿Qué piensan de las áreas verdes del Ajusco? ¿Desaparecerlas? ¿Conservarlas como áreas contemplativas? ¿O podríamos empezar a pensar en áreas verdes que compitan en los usos urbanos? Francamente quisiéramos saber si alguno de ellos conceptualiza la ciudad con su campo. Esto sería pensar distinto.