Pedro Salaza

Ricardo Becerra. Analista político

Pedro Salazar. Licenciado en Derecho

Poco después de la mitad del mes de abril, habrán arrancado todas las campañas electorales en el país: los candidatos a diputados que se disputan los 300 distritos uninominales, los que compiten por los 40 distritos a la Asamblea Legislativa del DF, los ocho aspirantes a la jefatura del gobierno de la capital, los militantes y aliados a los partidos que compiten por las 32 posiciones en el senado y los 200 espacios plurinominales en la Cámara Baja.1 La competencia electoral inundará las calles, los espacios de comunicación, el debate público, la atención de los mexicanos.

Antes de ese arranque, el IFE se dedicó a construir los instrumentos necesarios para dar una garantía que obliga la ley y que es reclamo de los partidos políticos: que la competencia se desarrolle en un contexto de equidad, vale decir, que ninguno de los contendientes haga uso de ventajas ilegítimas, de presiones ilegales, de recursos desmedidos.

Para eso estableció topes a los gastos de campaña; definió los instrumentos para permitir una revisión rigurosa de esos gastos; ordenó implementar monitoreos a noticieros de radio y televisión para que ellos se conduzcan con equilibrio y objetividad; cuidó que las encuestas difundidas estén realizadas con criterios científicos y verificables, etc.; es decir, ha diseñado una serie de medidas que permiten un terreno electoral sin deformaciones significativas.

En esa misma dirección, el pasado 25 de marzo, el Consejo General del IFE exhortó a las autoridades federal, estatales y municipales para que suspendieran la publicidad de sus programas de gobierno durante los 30 días previos a la jornada electoral. Esta convocatoria dirigida a todas las autoridades (sin importar el origen partidario de las mismas), tiene una finalidad precisa: evitar que la difusión de los programas gubernamentales se confunda con la propaganda de cualquier partido político. 

El sentido del exhorto no era una invención del Consejo General. Se contaba con antecedentes muy precisos: para la elección federal de 1994, el Ejecutivo Federal acordó suspender la propaganda de los programas sociales PROCAMPO y PRONASOL 20 días antes de la jornada electoral. En esa misma tesitura en la iniciativa de reformas al COFIPE enviada por el titular del Ejecutivo al Congreso de la Unión el año pasado, se contemplaba una disposición tendiente a suspender “las campañas de comunicación social en radio y televisión de las acciones especiales de políticas de apoyo social del Gobierno Federal” 20 días antes de la jornada electoral.

El Consejo General del IFE no hizo más que retomar el sentido de esos antecedentes presidenciales y, sin pretender obligar jurídicamente a los titulares de los órganos de gobierno -situación que por supuesto no le corresponde-, los convocó a la construcción de un ambiente en el que la equidad, la imparcialidad y la objetividad sean la nota característica. Donde la acción de los gobiernos no sea involucrada en la contienda electoral.

En esa misma sesión del Consejo General fue creada una comisión “para conocer de los actos que generen presión o coacción a los electores, así como de otras faltas administrativas, a petición expresa de los representantes de partidos políticos ante el consejo general”. Se trata de una comisión integrada por siete consejeros electorales que tendrá a su cargo recibir, analizar y tramitar a la instancia competente, todas aquellas quejas que presenten los partidos políticos sobre actos cometidos por ciudadanos, observadores (agrupados o en lo individual), extranjeros, ministros de culto, partidos y agrupaciones políticas, que puedan constituir faltas administrativas en los términos establecidos por el COFIPE, o que generen presión o coacción sobre los electores.

Es un instrumento que otorga garantías adicionales a todos los partidos de que la autoridad electoral atenderá con eficacia y rapidez las denuncias que le sean presentadas. El IFE, tal como lo establece el código electoral, tiene facultad para sancionar determinadas faltas administrativas por lo cual la comisión será de utilidad. En los casos en que no le corresponda resolver las denuncias, la propia comisión las turnará a las instancias correspondientes de conformidad con la ley. En pocas palabras, la comisión es un auxiliar de la autoridad al servicio de los partidos.

Y aunque el Partido Revolucionario Institucional consideró improcedentes estas dos medidas (y de hecho las impugnó ante el Tribunal Electoral), lo cierto es que tales medidas no salen sobrando. Al contrario, el IFE quiere reforzar las garantías de que la votación será escrupulosamente respetada, pero también de que la emisión de cada sufragio tendrá lugar en un contexto de equidad y libertad. 

Más sobre el padrón

Los números involucrados en el padrón electoral dan señas de optimismo: fueron 53,103,773 ciudadanos los que se registraron como electores ante el Instituto Federal Electoral. Fueron alrededor de 52,233,957 los que recogieron su credencial (el 98.3%) y, por lo tanto, los que aparecerán en las listas nominales el día de la elección. Esto significa que el universo de votantes potenciales es 6 millones 400 mil ciudadanos más que el que tuvimos en 1994. Significa un crecimiento del 14.2%, y todavía más, significa que el 94% de la población en edad de votar está efectivamente inscrita en el padrón electoral.

Son realmente pocos los países que pueden exhibir dimensiones así y coberturas tan vastas; son también pocos los que han incorporado a este instrumento medidas de seguridad y de confiabilidad como las que guarda nuestro padrón electoral; bien vistas las cosas, no solamente estamos ante un padrón que desde 1992 fue totalmente reconstruido, sino también ante el hecho de que incorpora en cada uno de sus eslabones a la vigilancia puntual y diaria de todos los partidos políticos: ellos están, prácticamente, metidos en la cocina del Registro Federal de Electores.

Pero aún hay más: en los meses de marzo, abril y mayo, el padrón electoral estará sometido a tres pruebas decisivas: la “auditoría ciudadana” (que consistió en que los inscritos verificaran si su nombre estaba realmente en las listas); la llamada verificación nacional muestral (cuyos métodos e instrumentos están definidos por los propios partidos) y la evaluación que el Comité Técnico (compuesto por científicos de alto nivel y sin filias partidarias) hará sobre el mismo padrón. Como se ve, en 1997 no habrá cosa más estudiada, supervisada y vigilada que el padrón electoral. 

Las pruebas sistemáticas se explican por la desconfianza política, pero también porque el padrón está expuesto a una situación especialmente compleja: la enorme movilidad demográfica de la población mexicana, hace que muchos registros (domicilios sobre todo) pierdan actualidad. 

Por lo pronto ha pasado, acaso, su examen más significativo: el de los ciudadanos de a pie; ellos son los que siguen recurriendo masivamente al Registro Federal de Electores, los que lo mantienen vivo, los que hacen uso de la credencial como medio universalmente aceptado de identificación, los que con ello, y después de todo, prometen unas elecciones ampliamente concurridas.

Resultados electorales, rápidos y confiables

La forma en que se difundieron los datos de la elección de 1988 produjo uno de los temores más difundidos y perniciosos de la vida política, que todavía merodea a las elecciones mexicanas. Ese temor quiere ser desterrado en 1997. El reto técnico y político es éste: difundir los resultados electorales sin restricción alguna, de forma inmediata, con absoluta seguridad y de un modo inviolable. El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) que será instrumentado en 1997, servirá para que la captura y transmisión de los resultados de las casillas se lleve a cabo en el momento en el que los 300 Consejos Distritales del IFE reciban las actas respectivas. 

De esta forma, la transparencia de los resultados electorales será garantizada a través de un complejo y seguro sistema de cómputo diseñado por expertos del más alto nivel. “Paredes”, “candados” y “pasaportes” informáticos permitirán la más amplia e inmediata difusión de los resultados electorales federales sin riesgo alguno de alteración en los datos. De esta forma, autoridades electorales, partidos políticos, medios de comunicación y miles de personas en todo el mundo -a través de una página de INTERNET- serán testigos de la limpieza y claridad con que se registran y se cuentan los votos. 

En la próxima entrega se reseñará a detalle el funcionamiento de este sistema que promete difundir la información a todo público, diez minutos después de haber sido capturada en los distritos. El objetivo político no puede ser más importante ni más compatible: desterrar para siempre el miedo de que los resultados electorales no fluyan de modo transparente, de que la autoridad electoral puede alterar o manipular las tendencias de la votación. En 1997 no pasará. El PREP tiene como misión exorcizar, ni más ni menos, los fantasmas heredados después de la “caída del sistema”.2

1Además seis estados desplegarán en paralelo sus propias campañas electorales para gobernador, Congreso local y ayuntamientos: Campeche, Colima, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora. Por su parte, Guanajuato sólo renovará Congreso y ayuntamientos. 

2Nota bene: en el artículo correspondiente al mes pasado, habíamos dicho que la agrupación política Sociedad Nacionalista quedó sin registro. Pero recurrió al Tribunal Electoral en un segundo intento por obtenerlo y tuvo una respuesta, favorable aunque dividida. Con esta agrupación, menos la renuncia de Alianza Cívica, sumaron 12 las que en definitiva cuentan con registro para el año de 1997.