Víctor Alejandro Espinoza Valle. Director del Departamento de Estudios de Administración Pública de El Colegio de la Frontera Norte.

El 1 de abril entró en vigor la nueva Ley de Inmigración Ilegal y Responsabilidad de los Inmigrantes en Estados Unidos -IIRIRA, por sus siglas en inglés1-; se trata de una de las reformas más drásticas contra la inmigración indocumentada de las últimas décadas. La creciente hostilidad de un sector importante de la sociedad norteamericana encuentra un asidero legal para seguir auspiciando la idea de que la migración indocumentada es la causante de buena parte de los problemas de narcotráfico y violencia. Tradicionalmente los migrantes han sido acusados de ser los causantes de los males sociales o utilizados como chivos expiatorios ante las crisis internas. Para no ir más lejos, recientemente Diane Jacob, supervisora del condado de San Diego, señalaba que los indocumentados eran los responsables de los incendios del verano pasado en California.

En términos legales, la nueva ley de inmigración ha sido precedida por otras reformas que afectan a la población extranjera: la Ley para Combatir el Terrorismo, promulgada el 24 de abril de 1996 y la Ley de Reformas a la Asistencia Social -conocida como Ley del Bienestar (Welfare)- que entró en vigor también el año pasado.2 La legislación está encaminada en el mismo sentido de las normas anteriores: criminalizar el trabajo indocumentado. Al concebir a la población extranjera como delincuente o criminal en potencia, se exacerban los sentimientos xenófobos y racistas. La proliferación de grupos que combaten a los indocumentados y a la población latina en general es una lamentable realidad. En términos del mercado laboral, la nueva ley tendrá al menos dos efectos importantes: por un lado, hará más vulnerables a los trabajadores indocumentados, precarizando el empleo. Los patrones norteamericanos se ampararán en el aumento en las sanciones para quienes contraten a indocumentados, y abaratarán la fuerza de trabajo.3 El otro efecto tiene que ver con el encarecimiento del proceso migratorio, esto es, los costos de la migración aumentarán considerablemente, por lo que tenderá a disminuir el flujo de indocumentados. Este efecto se viene a sumar a la tendencia iniciada con la crisis mexicana de 1994. Contrario a lo pensado, la devaluación se tradujo en un aumento de los costos de traslado desde los estados expulsores, lo cual hizo más selectivo el desplazamiento. Ahora, los “polleros” aumentarán sus precios, repercutiendo sensiblemente en las cantidades que deben pagar los migrantes por ir en busca del “paraíso americano”. Otra de las consecuencias paradójicas es que disminuirá la circularidad del flujo migratorio; esto significa que los migrantes tenderán a prolongar sus estancias en Estados Unidos, rompiendo con una de las características tradicionales de la emigración mexicana: el 60% de los mexicanos realizaban estancias de seis meses en Estados Unidos y regresaban al país; esto será cada vez más difícil.

La nueva ley, aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente William Clinton el 30 de septiembre de 1996, consta de seis capítulos, que irán entrando en vigor por etapas hasta alcanzar plena vigencia en diciembre de 2001. Es importante señalar que las nuevas disposiciones no sólo afectarán a la población indocumentada; también sobre aquellos que lograron obtener la residencia legal -conocidos como “emigrados”- habrá consecuencias negativas. Por ejemplo, aumentó la lista de delitos considerados como causales de deportación y se incluyeron algunos que con anterioridad no tenían ese carácter, mismos que podrán ser aplicados en forma retroactiva.

Algunos de los cambios o adiciones más significativos contemplados en la nueva ley, son los siguientes: a) Se autoriza el incremento de la Patrulla Fronteriza en un número de mil por año en un periodo de cinco años, con lo cual esta corporación duplicará sus efectivos; b) Se aprueba la construcción de la triple barda en una extensión de 14 millas a lo largo de la línea entre Tijuana y San Diego, California; c) Dentro de los nuevos mecanismos de control de ingreso, los residentes fronterizos deberán cambiar sus tarjetas de cruce a partir del año que entra; d) Ahora será considerado como delito mayor el huir de un retén migratorio y puede ser causa de hasta cinco años de prisión; e) Los traficantes de indocumentados -“polleros”- pueden ser condenados hasta a diez años de cárcel; f) Los patrones que en un periodo de un año contraten “al menos” a diez indocumentados, que “sean conscientes de que esos individuos son inmigrantes”, serán multados o encarcelados hasta por cinco años; g) Para poder “patrocinar” o “auspiciar” a algún familiar que desee obtener residencia legal, el patrocinador tiene que demostrar que obtiene ingresos del 140% -en el caso de residentes- y 200% -en el caso de ciudadanos- arriba del nivel de pobreza. Sobre estas cantidades, existen datos que indican que el 40% de los estadunidenses no cumple con los requerimientos del patrocinio; h) En el renglón de asilo, se niega el derecho de audiencia a cualquiera que ingrese a Estados Unidos con documentos falsos, con excepción de los inmigrantes cubanos; i) Sanción de diez años para entrada temporal o permanente a quien hubiera permanecido de manera indocumentada durante un año; o de tres años para quien lo haga por seis meses; entre otras.

Evidentemente, con la nueva legislación aumenta la vulnerabilidad de la población indocumentada y se abarata su fuerza de trabajo. La embestida contra los migrantes se recrudeció con las elecciones de noviembre de 1996, y ello no es casual. El tema de la inmigración indocumentada ha sido fuente de votos para todo tipo de candidatos en los Estados Unidos; el problema es que hay un proceso acumulativo en dicho discurso que implica un compromiso en ascenso con la ciudadanía. La sociedad norteamericana pasa factura a aquellos gobernantes que no cumplen sus promesas de campaña. Tanto republicanos como demócratas se han beneficiado del discurso antiinmigrante y prometen nuevas medidas contra los indocumentados.

Estados Unidos criminaliza la inmigración porque con ello obtiene beneficios sin riesgo. Hasta el momento ningún candidato o funcionario ha tenido costos políticos o económicos por sus actitudes o acciones xenófobas o racistas. El gobierno mexicano no ha podido reaccionar con la energía que requiere la defensa de una importante población que el año pasado fue la cuarta fuente de divisas para el país con un aporte de más de 3,500 millones de dólares. Las protestas de la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de comunicados al gobierno vecino o la positiva acción consular, palidecen si las comparamos con los recursos empleados para cabildear y lograr la aprobación del TLC.

1Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsability Act of 1996.

2En virtud de esta nueva legislación, sólo los ciudadanos norteamericanos tendrán derecho a programas de asistencia pública. Al amparo de esta ley, el gobernador de California, Pete Wilson, recientemente propuso recortar 200 servicios estatales a inmigrantes indocumentados. 

3Seguramente los empleadores encontrarán la forma para evitar sanciones. Con la legislación anterior (IRCA, Immigration Reform Control Act, también conocida como Ley Simpson-Rodino, que entró en vigor el 5 de mayo de 1986), los patrones contrataban de manera indirecta a través de empresas intermediarias que fácilmente desaparecían, y así burlaban la ley.