de la certificación 

José Antonio Crespo. Politólogo.

Mucho ha dado de qué hablar la famosa certificación que el gobierno norteamericano, desde 1986, extiende a los gobiernos de países productores y traficantes de droga. Dicho procedimiento fue pensado para presionar a tales gobiernos para que colaboren intensamente en la lucha norteamericana contra el narcotráfico, so pena de recibir algunas sanciones de tipo económico (y también en materia de la propia lucha contra el narco). En el caso de México, nunca antes la certificación había pasado momentos tan difíciles, pues en ningún momento se había puesto seriamente en duda la disposición de nuestro gobierno a participar en la lucha contra las drogas. Esto no parece ser sino el anuncio de futuros procesos de certificación, más tensos y conflictivos, pues en realidad no es mucho más lo que el gobierno mexicano puede hacer para frenar la incontenible avalancha del narcotráfico. 

En efecto, el gobierno mexicano, incluso con la mejor disposición para dar esa pelea, poco a poco se ha visto rebasado por el avance de los narcotraficantes, cuyo poder de corrupción no parece tener límites. Todo ello ha hecho cuestionar la utilidad del proceso de certificación en la colaboración internacional en contra del narcotráfico. En realidad, el hecho de que cada año se desate un debate dentro del Congreso norteamericano sobre el éxito del gobierno mexicano en materia de narcotráfico, lesiona las de por sí difíciles relaciones entre ambos países, provoca que ambos se culpen mutuamente del problema, y genera un ambiente que en nada contribuye a mejorar la cooperación bilateral en esta materia. Si eventualmente se negara la certificación, como ha ocurrido en más de una ocasión respecto del gobierno colombiano, ello se traduciría en una disminución de la ayuda norteamericana en la lucha contra el narcotráfico, lo cual, paradójicamente, reduciría todavía más las posibilidades de nuestro gobierno para enfrentar con un poco más de éxito tan complicada tarea.

Es fácil pues caer en un círculo vicioso, en el cual la descertificación reduce la energía y la disposición de los distintos gobiernos para dar la batalla contra el narco, lo que a su vez provoca una nueva descer-tificación por parte de Washington. Y en consecuencia cuestionar seriamente la utilidad de la certificación para alcanzar las metas que dicho mecanismo se propuso. En un balance general, parecería que la certificación en realidad obstruye, en lugar de impulsar, la lucha contra el narcotráfico, además de ser un motivo de constantes fricciones y recriminaciones entre los países involucrados. 

Si por un lado se analizan las razones que se manejan en los corrillos legislativos de Estados Unidos, tanto para dar como para negar la certificación a México, se verá no sólo la inutilidad del mecanismo, sino incluso su irracionalidad (Reforma 12 / 11 / 97). Los principales argumentos para negar la certificación a México son los siguientes: 

a) México sigue siendo un importante punto de tránsito para la cocaína procedente de Sudamérica hacía Estados Unidos, así como un importante productor de heroína y mariguana. 

b) México produce o importa muchos de los precursores químicos para la producción de drogas ilícitas, y las organizaciones mexicanas del narcotráfico dominan la distribución de metanfetaminas. 

c) México es un punto de elección para el lavado de dinero procedente del narcotráfico. 

Razones de este tipo en realidad no reflejan la falta de disposición del gobierno mexicano para luchar contra los capos, sino la fuerza de éstos, lo cual no es responsabilidad del gobierno mexicano (o de ningún otro), sino de las características de esta rentable industria y sus exorbitantes utilidades. También es resultado, como mucho se ha dicho, de nuestra involuntaria cercanía geográfica con el principal mercado de estupefacientes. Esgrimir estas razones para descertificar al gobierno de México es confundir causas y consecuencias, y por tanto no hace sino provocar fricciones y entorpecer la cooperación bilateral.

Algunas otras razones que en principio sí apelarían a la responsabilidad del gobierno mexicano en los magros resultados de esta absurda guerra, son: 

a) El gobierno mexicano ha rechazado muchas solicitudes para extraditar sospechosos de estar vinculados con el narcotráfico, en alguna de sus múltiples facetas. 

b) México no ha sabido tomar medidas adecuadas contra la corrupción, y en los últimos años una serie de funcionarios de alto nivel han sido acusados de corrupción vinculados con el narco, o al menos se les ha asociado en la prensa con ese tipo de delitos. 

En realidad, tales argumentos hablan, de nuevo, del enorme poder corruptor del narco, lo que lleva a suponer no tanto que el gobierno de México no “haya sabido” evitar la corrupción vinculada al narco, sino que “no ha podido” hacerlo, que es muy distinto. Si se piensa que la democracia ayudaría a frenar dicha corrupción se piensa en la teoría democrática sobre el papel, sin considerar en la práctica que también las democracias, y en particular incipientes (como la que podría surgir en México), son igualmente vulnerables a la corrupción de los capos que los regímenes autoritarios. Así, si México se democratiza, no se ganaría mucho en la lucha contra el narco, pero en cambio se perdería en materia de rendición de cuentas y estabilidad (dos propósitos centrales de la democracia). 

Por otro lado, las razones que en Estados Unidos se esgrimen para dar la certificación al gobierno de México, tienen que ver poco con su esfuerzo (poco o mucho) para combatir el narco, y más con los perjudiciales efectos políticos y económicos en la relación bilateral entre ambos países (de ahí la modalidad de la certificación condicionada, por motivos de seguridad nacional). Entre tales razones, se encuentran: 

a) La descertificación sería vista como una medida unilateral, punitiva y de confrontación, en lugar de un enfoque bilateral y de cooperación con México. 

b) Se interpretaría como una pretensión de que toda la culpa del problema de la droga corresponde al país descertificado (México), olvidando que parte del asunto radica en la demanda norteamericana por los narcóticos. 

c) Provocaría un ambiente de tensión diplomática para el proyectado viaje de Clinton a México y América Latina. 

d) La imposición de sanciones por la descertificación puede tener efectos negativos en Estados Unidos, pues en lugar de fortalecer la cooperación entre ambos países, la podría debilitar, y podría afectar otras áreas de cooperación. 

e) Las sanciones económicas de México podrían ser contraproducentes para la economía norteamericana.

Estos argumentos dan lugar a dos conclusiones: la primera es que la descertificación provoca más problemas de los que intenta resolver, y dificulta la consecución de sus propias metas, en lugar de facilitarla. Por lo mismo, el mecanismo como tal resulta inheren-temente irracional. Segundo, la certificación de México por razones de seguridad nacional, reconocería un trato discriminatorio hacia otros países (como Colombia), por el hecho de no estar tan cercanos a Estados Unidos. Los colombianos (y otros gobiernos “castigados”) tienen razón al señalar que a ellos se les descertifica no tanto por no cooperar eficazmente contra el narcotráfico, sino por no ocupar una posición geopolítica de primera importancia, como ocurre con México. Con todo, algunas de las razones que se manejan para no descertificar a México, tienen validez en relación con otros países, incluso si el costo para Estados Unidos por descertificar a aquéllos no sea tan alto, o tan directo. 

Todo esto lleva a sugerir la revisión profunda sobre las “bondades” estratégicas de la certificación en la lucha contra el narcotráfico. Quizá los rozones que se han suscitado entre México y Estados Unidos por este motivo, sirvan para que en Washington se cuestione la utilidad de ese inútil mecanismo. De hecho, algunos comentarios han surgido ya en ese sentido, al otro lado del Bravo: Newt Gingrich, presidente de la Cámara de Representantes, señaló que habría que repensar el proceso de certificación, al cual calificó como “un instrumento torpe” y contraproducente en algunos casos. Por su parte, la secretaria de Estado, Madeleine Albright, afirmó que lo que Estados Unidos tendría que hacer es asegurar una continuada cooperación y no provocar una reacción en contra por parte de sus socios en este esfuerzo. Igualmente, Lee Hamilton, miembro del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, dijo atinadamente que la certificación puede socavar la cooperación internacional que busca alentar, y que “un país que es descertificado puede responder mediante la falta de mayor colaboración en el esfuerzo antidrogas”. Por tanto, haría bien el gobierno norteamericano en revisar a conciencia la utilidad de la certificación, pues probablemente le está creando más problemas de los que pretendía resolver cuando se inauguró, hace diez años, tan conflictivo instrumento de política exterior.