a México: La lógica interna 

Jesús Velasco. Investigador del CIDE.

El pasado 13 de marzo, la Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó, por 251 votos a favor y 175 en contra, la certificación emitida por el presidente Clinton el 28 de febrero en favor de los esfuerzos del gobierno mexicano en su combate contra las drogas. Los pronunciamientos en Estados Unidos en torno a la certificación y descertificación de México han provocado un acalorado debate en nuestro país. El presidente Ernesto Zedillo manifestó su pleno rechazo a tal disposición, señalando que esta ley atenta contra la “dignidad y soberanía de los mexicanos”. 

Declaraciones similares han sido expresadas por diversos miembros del gabinete, políticos nacionales y medios de comunicación de masas. La reacción mexicana ha sido exactamente la que algunos legisladores estadunidenses esperaban y temían: abiertamente nacionalista y antiestadunidense. En México, independientemente de lo comprensible o no que pueda resultar esa reacción, poco hemos hecho por tratar de entender la lógica interna de la descertificación de México. 

Lo primero que habría que decir es algo muy conocido pero no por ello irrelevante: las drogas constituyen un gravísimo problema de salud para Estados Unidos. A pesar de los esfuerzos de las autoridades por combatir ese problema, las cifras continúan siendo alarmantes. De acuerdo con la National Drug Control Strategy publicada por la Casa Blanca en 1995, cerca de 77 millones de estadunidenses declararon haber utilizado drogas en algún momento de su vida (70 millones mariguana, 23 millones cocaína, 4 millones crack-cocaína, 18 millones alucinógenos, 2 millones heroína). Las estadísticas son más alarmantes sí observamos el incremento en el uso de enervantes por parte de niños. Se calcula que 32% de la población de 12 años o menos ha usado drogas por lo menos una vez en su vida. Las drogas, pues, son un problema real, que no sólo preocupa a los políticos estadunidenses sino también a los padres de familia. 

En este contexto histórico, el combate a las drogas adquiere particular importancia tanto para los estadunidenses como para sus legisladores. Por un lado, es de esperarse que la población demande permanentemente de sus autoridades que presten atención a este problema. Por el otro, los congresistas encuentran en las drogas un medio para captar la simpatía de sus electores. La lucha antidrogas es un tema de incuestionable legitimidad, que permite que los congresistas proyecten una buena imagen ante sus electores. No importa cuál sea la posición adoptada por el legislador (respaldar la aplicación irrestricta de las leyes o apoyar las medidas preventivas y de tratamientos clínicos), difícilmente se pueden cuestionar sus deseos por aniquilar el problema. Las drogas, así, se tornan en un problema político, al vincular estrechamente los intereses de reelección de los congresistas con las preocupaciones del pueblo estadunidense. 

La oposición de la Cámara de Representantes a la certificación de México no sólo pasa por la ” conexión electoral”, sino que también es una expresión de las pugnas existentes entre el Ejecutivo y el Legislativo. La confrontación entre ambas ramas del gobierno no es un hecho inédito en los anales de la historia estadunidense. Por el contrario, es una constante desde la creación del sistema político estadunidense a finales del siglo XVIII. La anomalía actual radica en que desde la presidencia de Dwight Eisenhower a mediados de los años cincuenta, Estados Unidos no contaba con un Congreso dominado en ambas cámaras por republicanos. Lo peculiar, pues, es la conformación de ambas ramas del gobierno. 

Los republicanos, según Gary Jacobson, han predominado en la presidencia (desde la elección de Richard Nixon en 1968 sólo ha habido dos presidentes demócratas, Carter y Clinton) porque articulan un proyecto en donde los “bajos impuestos, la eficiencia económica y una fuerte defensa nacional” resultan muy atractivos para los estadunidenses. Mientras tanto, los demócratas presentan propuestas que pretenden minimizar los costos de las políticas presidenciales republicanas, concentrándose en asuntos que atañen más directamente a la vida cotidiana de los estadunidenses, como educación, salud, transporte, vivienda, etc. Sin embargo, desde 1994 tenemos una situación totalmente inversa, los republicanos controlan el Congreso y los demócratas la presidencia. Esto ha cambiado la tónica de confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo. 

A pesar de que en Estados Unidos la disciplina partidaria no es algo muy común, es evidente que los republicanos han manifestado en muchas ocasiones su abierta oposición a las iniciativas de Clinton. En el pasado reciente, han atacado al jefe del Ejecutivo por ser muy suave en su política antidrogas, por su programa de salud, por la violación a las leyes de financiamiento durante su campaña electoral, por la nominación de Alexis M. Herman como secretario del Trabajo, por el presupuesto, o por las iniciativas del presidente en favor de la educación. Todo parece indicar, parafraseando a James L. Sundquist, que el Ejecutivo y el Legislativo se encuentran sobre el ring en una interminable batalla.

En el caso concreto de las drogas, la votación del pasado 13 de marzo en la Cámara de Representantes manifiesta claramente esta tendencia. De los 251 votos emitidos a favor de la descertificación, 37 fueron demócratas y 214 republicanos. Por su parte, de los 175 votos en contra de cambiar la aprobación hecha por el presidente, 20 fueron republicanos y 155 demócratas. El resultado es por demás interesante, no sólo porque manifiesta una cierta unidad partidaria y posiciones contrapuestas entre los dos principales partidos, sino también porque expresa, al menos en este momento, que no existe una mayoría de dos tercios capaz de revertir un eventual veto del presidente Clinton a esta resolución. 

La posición expresada por la Cámara de Representantes no es más que una fuerte llamada de atención a México. Las tendencias predominantes en la Cámara indican que el Legislativo está presionando a México para que presente pruebas más contundentes de su lucha contra las drogas durante los próximos noventa días. Varios congresistas estadunidenses están conscientes de que descertificar completamente a México causaría serias dificultades a nuestro país y afectaría sus-tancialmente la relación bilateral. Por ello, es de esperarse que la cosa no llegue a mayores siempre y cuando no demos nuevas sorpresas. 

La descertificación mexicana no es una manifestación de descontento de los “enemigos de México en Estados Unidos”. Es un problema que no se puede desvincular de la propia dinámica de la política interna norteamericana. Es difícil pensar que el comportamiento del Legislativo hubiera podido ser de otra manera. Por mucho que deseáramos defender a nuestro país, es evidente que nuestras cartas de presentación en Estados Unidos son poco presentables. Asesinatos políticos, malversación de fondos por importantes funcionarios públicos, levantamientos armados y, por si fuera poco, nuestro zar antidrogas envuelto en corrupción. 

El gobierno mexicano podrá decir que lo acontecido con el general Rebollo es un hecho aislado (lo cual quizás efectivamente lo sea), lo que jamás podrá alegar es que en México no existe una grave crisis política. Si no queremos ser atacados o presionados por Estados Unidos, tenemos que empezar por poner orden aquí, en nuestro propio país. Lamentablemente nuestras dificultades son tan serias, que esto parece un sueño inalcanzable, al menos en el futuro próximo.